Enedina Juárez Gómez
Expediente 68/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 25 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 68/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 27/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Enedina Juárez Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
MESA VII VILLAHERMOSA, TABASCO. VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto; agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por la Directora General de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales, con residencia en la Ciudad de México mediante el cual en atención a la comunicación oficial recibida de la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), solicita información con la documentación respectiva del presente asunto, en términos del artículo 164, fracción VIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Atento a lo anterior, se le hace de su conocimiento lo siguiente: Antecedentes, desarrollo procesal y estado actual del expediente; así como los datos relativos en su caso, de los recursos interpuestos en la secuela procesal o contra las sentencias que se hubieran emitido. La quejosa Enedina Juárez Gómez, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16, 17, 35, fracción II y 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del numeral 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En proveído de diecinueve de enero de dos mil quince, se desechó de plano la demanda de amparo planteada. En auto de veintinueve de enero de dos mil quince, se tuvo a la parte quejosa interponiendo recurso de queja en contra el auto de desechamiento. Mediante ejecutoria dictada en el recurso de queja 30/2015, el entonces Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, declaro fundado dicho recurso, por lo que se procedió a admitir la demanda, el cuatro de marzo de dos mil quince. El veintinueve de abril de dos mil quince, se celebró la audiencia constitucional, dictándose la sentencia respectiva el treinta y uno de agosto siguiente, en la que se determinó negar el amparo y la protección de la justicia federal a la quejosa Enedina Juárez Gómez. La parte quejosa interpuso el recurso de revisión correspondiente, remitiéndose los autos al entonces Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, quedando registrado bajo el amparo en revisión 357/2015. Por acuerdo de doce de noviembre de dos mil quince, el Tribunal de Alzada, comunicó que remitió el amparo en revisión 357/2015, al Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. Mediante ejecutoria de veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, el tribunal colegiado antes aludido, desechó los recursos de revisión adhesiva interpuestos por el Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco y su Pleno; así como por la Secretaría General de Acuerdos del Consejo de la Judicatura y solicitó a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, ejerciera su competencia originaria para resolver el citado recurso de revisión, remitiendo los autos. El treinta de mayo de dos mil diecisiete, se tuvo por recibido el oficio 6651, signado por el Actuario del entonces Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, mediante el cual remitió copia certificada de la resolución de diecinueve de abril de dos mil diecisiete, pronunciada en el amparo en revisión 737/2016 del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en la Ciudad de México, en el que se determinó modificar, sobreseer y negar el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa Enedina Juárez Gómez y se ordenó el archivo del presente expediente. El estado actual del expediente: se encuentra pendiente de su total digitalización y archivo físico del expediente. Síntesis de los razonamientos jurídicos relevantes y el sentido de las sentencias emitidas, así como la fecha en que éstas fueron notificadas. La sentencia constitucional fue emitida el treinta y uno de agosto de dos mil quince, en la que se determinó negar el amparo y la protección de la justicia federal a la quejosa Enedina Juárez Gómez. Síntesis de los razonamientos jurídicos relevantes de la sentencia: 1. Todas las etapas del procedimiento de designación de cinco Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, que consisten en: (a) Primera etapa. El oficio SGCJ/PJE/1500/2014, de diecinueve de noviembre de dos mil catorce, emitido por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco, en el que comunicó al Gobernador del Estado de Tabasco, que el Pleno aprobó por unanimidad, cinco listas integradas, cada una, con cinco candidatos para ocupar las vacantes de Magistrados Numerarios. (b) Segunda etapa. El oficio de veintiuno de noviembre de dos mil catorce, suscrito por el Gobernador del Estado de Tabasco, dirigido al Congreso del Estado de Tabasco, en el que se formuló cinco ternas para que este último hiciera la designación de cinco Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. (c) Tercera Etapa. La designación por parte del Congreso del Estado de Tabasco, de los cinco Magistrados Numerarios, que comprendió: el acuerdo de sesión de tres de diciembre de dos mil catorce, en el cual, la Comisión Orgánica de Justicia y Gran Jurado del Congreso del Estado, emitió dictamen donde se consideró que cada uno de los profesionistas propuestos al cargo de magistrado numerario cumplieron los requisitos constitucionales y legales para ser designados a dicho puesto; la sesión de diez de diciembre de dos mil catorce, en donde se aprobó el citado dictamen y se designó como Magistrados de Número del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a Lorenzo Justiniano Traconis Chacón, Martha Patricia Cruz Olán, Mario Alberto Gallardo García, Samuel Ramos Torres y Lorena Concepción Gómez González; la toma de protesta por parte de dichas personas como Magistrados Numerarios, celebrada en sesión de veintidós de diciembre de dos mil catorce. 2. La promulgación, refrendo y publicación del Decreto 134, en el Periódico Oficial del Estado, número 3215, suplemento 7542 H, de diecisiete de diciembre de dos mil catorce. 3. El acuerdo emitido por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, como consecuencia del aludido procedimiento, en sesión extraordinaria de uno de enero de dos mil quince, específicamente, lo relativo a la aprobación de la remoción y desplazamiento de la quejosa en el cargo de Magistrada Supernumeraria de la Sala Unitaria Especializada en Adolecentes y como integrante de la Sala de Oralidad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. 4. Todos los actos de ejecución que derivaron de dicho acuerdo del pleno, como son: (a) La orden de entrega de la oficina y de todos los asuntos relacionados y del conocimiento de la ponencia. (b) La suspensión del pago de su salario y demás prestaciones laborales. (c) El oficio SGCJ/PJE/57/2015, de nueve de enero de dos mil quince, que contiene y comunicó a la quejosa el acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco, emitido en primera sesión ordinaria de siete de enero de dos mil quince, en el que se designó a la impetrante de garantías, como Juez de Primera Instancia, en el Juzgado Especializado en Materia de Adolecentes. Son fundados pero inoperantes los conceptos de violación relativo al acuerdo plenario tomado en sesión de uno de enero de dos mil quince, celebrada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, pues conforme al artículo 14, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco, entre otras, tiene como facultad remover libremente al personal adscrito al Pleno, a las Salas y a la Presidencia del Tribunal, por lo que si ese numeral refiere que los magistrados de número podrán proponer al personal que reúna los requisitos para el cargo que corresponda, como refiere la quejosa, la facultad que otorga al pleno, es relativa a la libre remoción sólo respecto del personal que se adscriba a las dependencias del propio tribunal y de las que se encuentren bajo su subordinación jerárquica del magistrado presidente; sin que en la Constitución, ni en la Ley Orgánica, ambas del Estado de Tabasco. otorguen facultades al Pleno del Tribunal Superior para que haga una libre remoción de los magistrados numerarios y supernumerarios. Sin embargo resultan inoperantes las aseveraciones de la quejosa, pues del acto reclamado basta darse cuenta que no se está ante una libre remoción de ésta, sino de la formalidad plasmada en un auto plenario respecto a la conclusión del encargo de Magistrada Supernumeraria que desempeñaba, con motivo de la designación de Magistrados Numerarios. Sin infundados los conceptos de violación en los que alega que se vulneró el derecho fundamental del debido proceso previsto en el artículo 14 Constitucional y los principios de seguridad y estabilidad de los Magistrados de los Poderes Judiciales de los Estados, previsto en la fracción III del artículo 116 de dicha Carta Magna, pues este principio no tiene como objetivo fundamental la protección del funcionario judicial, sino salvaguardar el interés social de que se cuente con un cuerpo de magistrados que por reunir con excelencia los atributos que la Constitución exige, hagan efectiva, cotidianamente, la garantía de justicia pronta, completa y gratuita que consagra el artículo 17 Constitucional. Que el texto del artículo 116 constitucional será evaluado en el procedimiento para la ratificación de los Magistrados. Asimismo, que el establecimiento de un plazo fijo de duración del nombramiento de Magistrado, así como la posibilidad de que le mismo sea reelecto o ratificado al término de dicho período, son garantías que directamente buscan otorgarle seguridad y estabilidad en su nombramiento al funcionario respectivo. En términos del precepto 63 de la Constitución local y 10 de la citada Ley orgánica, los Magistrados Numerarios duraran ocho años en su encargo, la término de los cuales, si fueren ratificados, solo podrán ser privados de sus puestos en los casos y conforme a los procedimientos que establezcan dichos ordenamientos. Los Magistrados Numerarios, serán nombrados en términos del artículo 56 de la Constitución del Estado, esto es, el Consejo de la Judicatura, encabezado por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, propondrá cinco candidatos al titular del Poder Ejecutivo del Estado, quien de entre ellos, formulará una terna la cual enviará al Congreso, para que previa comparecencia de estos ante la comisión correspondiente, designe a un Magistrado con la aprobación de las dos terceras partes de los diputados presentes; lo que en un término de quince días hábiles, el Congreso deberá resolver y elegir entre los propuestos de la terna y lo comunicará al Consejo de la Judicatura; en caso de no hacerlo, el Pleno del tribunal Superior de Justicia, elegirá al magistrado dentro de los de la terna, por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes de número. El artículo 55 de la Constitución local y 8° de la Ley Orgánica citada, establecen que los Magistrados Supernumerarios, son nombrados por el Pleno del Tribunal, de acuerdo al presupuesto y a la necesidad de la administración de justicia. El artículo 57 de la Constitución local, establece que los requisitos para ser Magistrado, son idénticos para los Magistrados Numerarios y para los Supernumerarios. En la parte final del artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, establece que para la ratificación solo aplica para los Magistrados en Número y se estará a lo previsto en el artículo 47 Bis de dicha Ley. Que en los casos de ratificación del Magistrado de Número, el Presidente del Tribunal dará aviso de la proximidad del vencimiento del período del nombramiento al Gobernador del Estado y lo comunicará al Congreso del estado, con una anticipación de seis meses cuando menos, acompañando el expediente personal o administrativo; además de contener un informe estadístico de las tareas jurisdiccionales en el desempeño del cargo en cuestión. La Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión Legislativa que corresponda, examinará lo concerniente a la actuación del interesado, pudiendo recabar constancias y someterá ante el Pleno en tiempo y forma el dictamen que legalmente procediere, antes del vencimiento del nombramiento de Magistrado. La garantía de inamovilidad judicial, sólo es aplicable para los Magistrados Numerarios y en relación al procedimiento de ratificación de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, solo podrán ser ratificados los Magistrados de Número. La natural distinción existente entre el cargo Magistrado Numerario y el de Magistrado Supernumerario, el primero es propietario y el segundo suplente. Las diferencias en relación con el tipo de nombramiento del Magistrado de que se trate, esto es, si es un Magistrado Numerario o Supernumerario. La figura de Magistrado Supernumerario, no está diseñada para contar con un funcionario que eventualmente ocupe le cargo el cargo de Magistrado Numerario o Titular de manera permanente y continua. Que se encuentra vedada para los Magistrados Supernumerarios durante el período de su designación, la posibilidad de ocupar el cargo de Magistrado Titular, pues su calidad no cambia ni aun y cuando ejerza el cargo en los supuestos señalados. De ahí, que la figura de la ratificación de los funcionarios judiciales, constituye una garantía de independencia de la función jurisdiccional. Las garantías de independencia y seguridad en el cargo, a la luz del derecho a la ratificación, son correlativas al ejercicio cotidiano y permanente de la función judicial, es claro que las mismas no operan respecto de los Magistrados Supernumerarios. Si se alegaron violaciones a su derecho al trabajo, a la independencia e imparcialidad judicial que por su cargo ostentaba; así como a la oportunidad de acceder al puesto de magistrada en condiciones de igualdad. La quejosa alegó violación al: Derecho a la seguridad y estabilidad en el cargo. Derecho humano a participar como candidata. Derecho a la función pública. Informe si alegó violaciones al debido proceso en su procedimiento de remoción, en particular falta de defensa adecuada, falta de imparcialidad y objetividad en la resolución de su asunto y omisión de tramitar los expedientes correspondientes; así como, transgresiones a su derecho al acceso a la justicia. Derecho de debido proceso. Si en el expediente de mérito manifestó o denunció acoso laboral o malos tratos e injerencias en su vida privada, honra, reputación y vida familiar. No se advierte de la demanda. Si tiene conocimiento de diversos juicios de amparo y recursos en los que la señora Juárez Gómez haya sido parte y que tenga relación con los hechos que refiere el Comité. De ser el caso, remitir los datos relevantes de los expedientes correspondientes. La quejosa Enedina Juárez Gómez, promovió diverso juicio de amparo 378/2018, en el que reclamó el proceso de cambio de adscripción, a través del cuaderno número 5/2016; así como el dictamen de siete de febrero de dos mil dieciocho y su ejecución. En el que se pronunció sentencia constitucional el cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, en la que se le concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Inconforme con dicha resolución, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, interpuso recurso de revisión. En sesión de catorce de febrero de dos mil diecinueve, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, determinó revocar la sentencia recurrida y sobreseyó en el juicio. De igual modo, como lo solicita la autoridad ocursante, remítasele copia certificada de la demanda, auto admisorio, sentencia, revisión, ejecutorias y auto en el que se ordenó el archivo del presente asunto, vía electrónica, por lo que se ordena remitir la misma a cualesquiera de los correos electrónicos dgdhigai@correo.cjf.gob.mx e informes dgdhigai@correo.cjf.gob.mx, en los términos solicitados. Por lo anterior, remítase oficio con transcripción del presente acuerdo; solicitándose el acuse de recibo respectivo. Notifíquese.
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MESA VII.- EXPÍDASE A LA PARTE QUEJOSA COPIA CERTIFICADA DE LAS CONSTANCIAS QUE SOLICITA.
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MESA VII.- AGRÉGUESE A LOS PRESENTES AUTOS EL OFICIO SIGNADO POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO CIRCUITO, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL TESTIMONIO DE LA EJECUTORIA PRONUNCIADA EN EL AMPARO EN REVISIÓN 737/2016, EN EL QUE SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE: PRIMERO. SE MODIFICA LA SENTENCIA RECURRIDA. SEGUNDO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO. TERCERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A LA PARTE QUEJOSA. CUARTO. QUEDA SIN MATERIA LOS RECURSOS DE REVISIÓN ADHESIVA. ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO.
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MESA VII.- SE TIENE POR RECIBIDO EL OFICIO DE CUENTA, MEDIANTE EL CUAL SE REMITE LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN EL AMPARO EN REVISIÓN 737/2016, DE LO QUE SE TOMA CONOCIMIENTO.
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