Encarnación Villegas Hernández

Expediente 6/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 12 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
6/2019
Año
2019
Actuaciones
12
Última actuación
25/02/2019

Partes del expediente

  • Encarnación Villegas Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Incidental

    MESA 5.-VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto; toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en esta data se dictó un proveído en el juicio de amparo del que deriva este incidente, en el que se ordenó su archivo, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos de los artículos Décimo Primero, Vigésimo, fracción II y último párrafo, y Vigésimo Primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que toda vez que en el presente expediente se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva solicitadas, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación.

  2. Principal

    MESA 5.-VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista; la certificación secretarial de cuenta se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el seis de febrero de dos mil diecinueve (fojas 30 a 35), en la que en su primer punto resolutivo se sobreseyó el juicio de garantías a Encarnación Villegas Hernández; por lo que con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Ahora, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo.

  3. Principal

    MESA 5.-En Villahermosa, Tabasco, a las diez horas con diez minutos del seis de febrero de dos mil diecinueve, en audiencia Jorge Alberto Orantes López, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa debidamente asistido de Estela Angélica Mena Rosado, secretaria que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia del juicio de amparo 6/2019-5 promovido por Encarnación Villegas Hernández, por propio derecho, a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo. A continuación, el juez declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y la secretaria hace una relación de las constancias que obran en el expediente entre las que se encuentran: 1. Escrito de demanda recibido el cuatro de enero de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Villahermosa, Tabasco, turnado a este juzgado siete siguiente (fojas 2 a 4); 2. Auto admisorio de ocho del citado enero (fojas 5 a 9); 3. Informes justificados rendidos por las autoridades responsables (fojas 12, 14, 15 y 19); y demás actuaciones judiciales. Atento a lo anterior, el juez acuerda: se tiene por hecha la anterior relación de constancias para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, se da cuenta que en el caso ninguna de las partes ofreció probanza alguna. Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes los formuló; por lo que, el suscrito juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes a presentarlos con posterioridad; acto continuo, se hace constar que el Fiscal Federal de la adscripción formuló alegato ministerial (fojas 21 a 27), por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, procédase a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS; para resolver los autos del juicio de amparo 6/2019-5, promovido por Encarnación Villegas Hernández, contra actos del Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, el cuatro de enero de dos mil diecinueve, remitido el siete siguiente, por razón de turno a este órgano jurisdiccional de amparo, Encarnación Villegas Hernández, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos y autoridades que se puntualizan: AUTORIDADES RESPONSABLES: JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN NUEVE DE CENTRO, TABASCO. FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD DE TRAMITACIÓN MASIVA DE CAUSAS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO. COORDINADOR DE DELITOS COMUNES, ZONA CENTRO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO. OFICIAL Y/O AGENTE DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN ADSCRITO A LA CORRDINACIÓN DE DELITOS COMUNES ZONA CENTRO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO. ACTOS RECLAMADOS ".De la autoridad señalada como responsable ORDENADORA: EL C. JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN NUEVE DE CENTRO, TABASCO; en esta demanda de garantías la ilegal: La ORDEN DE PRESENTACIÓN Y APREHENSIÓN dictada en contra del suscrito quejoso ENCARNACIÓN VILLEGAS HERNÁNDEZ. Y del C. FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD DE TRAMITACIÓN MASIVA DE CAUSAS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO; la ORDEN DE PRESENTACIÓN, APREHENSIÓN Y CAPTURA, QUE EN MI CONTRA HAN PRONUNCIADO LAS AUTORIDAD CITADA COMO ORDENADORA QUE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO EJECUTORA, TRATA DE CUMPLIMENTAR Y PRIVARME CON ELLO DE MI LIBERTAD PERSONAL, VULNERANDOSE MIS DERECHOS SUSTANTIVOS en relación CON MIS DERECHOS HUMANOS y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA QUE SE PRECISAN EN NUESTRA CARTA MAGNA. DICHOS ACTOS DE AUTORIDAD CARECEN DE FUNDAMENTO MOTIVACIÓN Y ADEMAS NO EXISTE DATOS QUE DEBIDAMENTE ADMINICULADOS ENTRE SI, ACREDITEN QUE EL SUSCRITO QUEJOSO HUBIERE DESPLEGADO CONDUCTA ALGUNA DESVIADA A LA CUAL SE LE PUDIERA ATRIBUIR DELITO RECLAMADO, POR ELLO, LAS CONSECUENCIAS DE HECHO Y DE DERECHO QUE PUDIEREN PRODUCIR EL ACTO DE AUTORIDAD A QUE SE HACE MENCIÓN Y QUE DEMERITEN MI INTEGRIDAD DE GOBERNADO, YA QUE LA ORDEN DE PRESENTACIÓN, APREHENSIÓN Y DETENCIÓN, QUE GIRARON LAS RESPONSABLES EN MI CONTRA, ADOLECE DE UN VICIO FORMAL EN SU MOTIVACIÓN; DE AHÍ QUE SU EMISIÓN DEVENGA INCONSTITUCIONALIDAD REFIRIENDO PARA LO CONDUCENTE LAS CONSIDERACIONES Y MANIFESTACIONES JURÍDICAS SIGUIENTES: B).- De la autoridad responsable EJECUTORA. AL C. COORDINADOR DE DELITOS COMUNES, ZONA, CENTRO, DE LAS FISCALÍ GENERAL DEL ESTADO DE, TABASCO (CENTRO DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA) Y AL C. OFICIAL Y/O AGENTE DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN ADSCRITO A LA COORDINACIÓN DE DELITOS COMUNEZ ZONA CENTRO, DE LA FISCALÍ GENERAL DEL ESTADO, DE TABASCO (CENTRO DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA). Se les reclama el cumplimiento que le pretenden dar a la ORDEN DE APREHENSIÓN, DETENCIÓN y de PRESENTACIÓN PRIVÁNDOME DE MI LIBERTAD PERSONAL." SEGUNDO. Derechos fundamentales que se estiman transgredidos. El peticionario del amparo señaló el contenido en los artículos 1, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite. Por auto de ocho de enero de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo bajo el registro 6/2019-5, se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe justificado, se otorgó la legal intervención al Fiscal Federal adscrito, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo en vigor; 48 y 55, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana; toda vez que el acto reclamado se atribuye a una autoridad con residencia en la circunscripción donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En primer término, cabe destacar que de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es obligación de este Juzgador realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que el quejoso Encarnación Villegas Hernández, reclama de las autoridades señaladas como responsables: La orden de presentación, aprehensión y captura dictada en contra del quejoso, y su ejecución. Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 207, Tomo I, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. De acuerdo con la técnica jurídica que rige al juicio de garantías, resulta oportuno pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia del acto que se tilda de inconstitucional, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo, dicho proceder debe ocurrir previamente y, sólo en el caso de su existencia, lo aleguen o no las partes, el Tribunal que conoce del procedimiento debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen para, por último y de ser procedente el juicio, entrar al análisis del fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no existir los actos combatidos, sería ocioso ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia, y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resultaría imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos; y en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio de garantías sea procedente. Sirve de apoyo, por las razones que la informan, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.- El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Expuesto lo anterior, las autoridades responsables señaladas con los arábigos del 1 al 4 del resultando primero de esta resolución, al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados. Ahora bien, la negativa de las responsables por sí sola, no es determinante para tener por acreditada la inexistencia del acto reclamado, en el caso concreto, no obra medio de convicción idóneo del que se advierta la existencia de éste, por tanto, ante la falta de tales probanzas, lo procedente es tener por inexistente los actos que se analizan reclamados a las referidas autoridades responsables y, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, decretarse el sobreseimiento en el presente juicio de derechos fundamentales. Cabe señalar además, que pesa sobre la parte quejosa la carga de la prueba, es decir, el que promueve el amparo, está obligado a demostrar, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable, la existencia de los actos que impugnan y a justificar, con pruebas, que esos actos son inconstitucionales. Resulta ilustrativa la jurisprudencia sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 368, Tomo VI, Parte TCC, Octava Época, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados". Y toda vez que desde la presentación de la demanda que motivó este juicio, hasta antes de que concluyera la correspondiente audiencia constitucional, correspondía al impetrante del amparo aportar medios de convicción idóneos para acreditar la existencia de los actos reclamados, sin que lo haya hecho. Por lo que no basta la simple sospecha de la existencia de los actos que reclaman, sino que además los tuvo que haber acreditado, por lo que, ante la falta de tales probanzas, lo procedente es tener por inexistente los actos que se analizan, y que fueron reclamados a las referidas autoridades responsables y, como ya se dijo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, decretarse el sobreseimiento en el presente juicio de garantías. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis en materia común, Novena Época, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, página 903, cuyo texto es el siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo". Así como la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Bajo ese panorama, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, ante la inexistencia del citado acto reclamado a las aludidas autoridades responsables. CUARTO.- TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de ocho de enero de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio de amparo, se les señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales, conforme lo establece el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; no obstante, omitieron manifestarse al respecto. Empero, conforme lo establecen los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18 del ordenamiento legal antes invocado y 8° del reglamento precitado, los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes se opongan expresamente a la publicación de sus datos personales; por ende, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro siguiente: <<DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN>>. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: R E S U E L V E PRIMERO.- SE SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por Encarnación Villegas Hernández, contra el acto reclamado a las autoridades responsables, que se precisa en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO.- En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales.

  4. Principal

    MESA 5.- SE TIENE AL FISCAL DE LA FEDERACIÓN, HACIENDO DIVERSAS MANIFESTACIONES A MANERA DE ALEGATOS.

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