Enedina Hernández Ortega
Expediente 864/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 6 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 864/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 12/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Ciudad.
- Enedina Hernández Ortega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Promovente interpone recurso de queja; dese trámite; envíese copia certificada a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Séptimo Circuito; con original de escrito de expresión de agravios y copia para Fiscal Federal; ríndase informe respectivo: ES CIERTO EL ACTO IMPUGNADO.
- Principal
requiere copias de recurso
- Principal
SE DESECHA DE PLANO DEMANDA; se actualiza causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: "... " Xalapa, Veracruz, dieciséis de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito signado por Enedina Hernández Ortega, parte quejosa en este asunto, mediante el cual desahoga la prevención formulada en proveído de veinticinco de septiembre del año en curso (fojas 19 a 22); por tanto, téngase a la promovente dando cumplimiento al requerimiento aludido. Ahora bien, analizada la demanda de amparo, se considera procedente efectuar el pronunciamiento siguiente. DESECHAMIENTO En primer término, debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo prevé la facultad del Juez de Distrito de examinar la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano. Así, debe tenerse en cuenta que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto. De modo tal que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I.1o.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, mayo de 1998, tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 196196, de rubro siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En ese sentido, quien este asunto provee, considera que, respecto del acto que reclama la quejosa, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, éste interpretado en sentido contrario, como se explica a continuación. El primero de los artículos indicados, refiere que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la ley; por su parte, el segundo artículo dispone, en el inciso relativo, que procederá el juicio de amparo indirecto contra actos dentro del procedimiento que sean de imposible reparación. Así, una interpretación en sentido contrario del artículo indicado en segundo término, permite establecer que el juicio de amparo es improcedente contra actos dentro del juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Cabe precisar que como actos de imposible reparación, se consideran aquellos que afectan de modo inmediato y directo derechos sustantivos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y, no se considerarán como tales, cuando solamente afecten derechos adjetivos o procesales, pues no dañan a las partes ni siquiera en grado predominante o superior. Al caso se invoca, por identidad jurídica, la jurisprudencia P./J. 24/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 11 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 56 (agosto de 1992), con número de registro 205651, de rubro: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." De lo que se sigue, que si el acto emitido en un procedimiento jurisdiccional no afecta en forma directa e inmediata los derechos sustantivos del oferente, ni en grado predominante o superior alguno adjetivo, se considera que los efectos jurídicos producidos por éste son meramente intraprocesales. Ahora bien, de lo narrado por la quejosa en el escrito de amparo y de las constancias remitidas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, consistentes en los informes justificados de las autoridades responsables y el toca 994/2019 del índice de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, se observa que el diecinueve de agosto del año en curso, la última de las autoridades en cita, emitió la resolución relativa al toca mencionado, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la ahora peticionaria del amparo contra la sentencia definitiva dictada en el juicio especial hipotecario 1844/2014 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad. De igual modo, que en dicha resolución la sala aludida determinó revocar la sentencia emitida en primera instancia y ordenar la reposición del procedimiento de origen, a fin que el citado Juez efectuara, de nueva cuenta, el llamamiento de la quejosa al juicio especial hipotecario de origen y le otorgara la intervención correspondiente en todas sus etapas, con el objeto que, debidamente integrada la litis, se emitiera el fallo respectivo. Asimismo, que en este juicio, el acto reclamado lo constituye la resolución dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, antes destacada, únicamente por cuanto omite condenar a la contraparte de la aquí quejosa en dicho asunto, al pago de gastos y costas generados en esa instancia. Sin embargo, en atención a la naturaleza y consecuencias del acto reclamado, se estima que éste no constituye un acto de imposible reparación, al no atentar de manera cierta e inmediata a derecho sustantivo alguno que se encuentre protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es así, en razón que la condena en costas constituye una pretensión de naturaleza accesoria a la que fue pretensión principal del juicio, por lo que si aquella es omitida en una sentencia de segundo grado, que revoca la de primera instancia y ordena reponer el procedimiento, al ser aquélla circunstancia consecuencia del análisis de la violación adjetiva fundada, se estima que debe seguir su misma suerte. En este sentido, debido a que la reposición del procedimiento dictado en segunda instancia, no causa una afectación inmediata y preponderante a los derechos de quien pide amparo, sino que únicamente tiene efectos intraprocesales, pues una vez que se realice correctamente su emplazamiento se seguirá con las fases procesales correspondientes hasta el dictado de la sentencia definitiva. Se deduce que ésta, no sería susceptible de análisis en amparo indirecto, por lo que la omisión de condenar al pago de costas en esa instancia, tampoco lo es, al no poder desligar el estudio de esa cuestión accesoria, de la que constituye la principal. Por lo que la legalidad de la omisión de pronunciamiento respecto del pago de costas, deberá hacerse valer como violación en el amparo directo que en su caso se promueva contra la sentencia definitiva que llegue a dictarse en el juicio de origen. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis III.5oC.2 K (10a.), emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en la página 1831, Tomo 2, Mayo de 2012, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2000758, titulada: "COSTAS. LAS DERIVADAS DE UNA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, NO PUEDEN DESVINCULARSE DE LA NATURALEZA DE ÉSTA, POR LO QUE DEBEN IMPUGNARSE EN LA VÍA QUE CORRESPONDA (ABANDONO DEL CRITERIO SOSTENIDO EN LA TESIS III.5o.C.7 K)." De ahí, que se considere que el acto combatido no es reclamable en amparo indirecto, al no constituir una afectación directa e inmediata a derechos sustantivos que, objetivamente analizado, amerite sujetarlo a control constitucional, sin esperar a que, una vez sustanciado el procedimiento, se dicte sentencia contra la cual, proceda el amparo directo; y que, por tanto, este juicio devenga improcedente. Tiene aplicación al caso la tesis P. LVII/2004 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9, tomo XX, Octubre de 2004, con número de registro 180415, de rubro: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Sin que se soslaye el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar la determinación que se combate, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales; debido a que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta. Apoya lo anterior la tesis IV.2o.C.55 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 2677, Tomo XXIX, Marzo de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 167805, de rubro: "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO ES EL SIMPLE RETARDO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA." En este sentido y por los motivos expuestos, con fundamento en el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, éste último interpretado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, lo conducente es DESECHAR DE PLANO la demanda origen de este asunto. No es óbice a la anterior determinación, que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2ª./J. 87/2016 (10a.), número de registro 2012245, de rubro "RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA", estableció que, en el caso específico, el juzgador no está en aptitud legal de desechar la demanda de amparo de inmediato, bajo el argumento que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esta etapa no es evidente, claro y fehaciente, pues necesariamente se requiere de un análisis de las constancias de autos para determinar su improcedencia. Lo anterior es así, toda vez que con la remisión de la demanda de amparo origen del presente asunto, el Tribunal Colegiado citado en párrafos precedentes anexó los autos originales del toca 994/2019 del índice de la responsable ordenadora, por lo que este juzgador estuvo en aptitud legal de realizar un examen ponderado sobre los efectos concretos y específicos del acto reclamado y, desechar la demanda de amparo con base en los razonamientos expuestos en líneas anteriores. Notifíquese como corresponda. Así lo proveyó y firma José Ezequiel Santos Álvarez Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, ante María Fernanda Prianti Gómez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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