Emmanuel Nieves Campos
Expediente 872/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 872/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Emmanuel Nieves Campos
Actuaciones
- Principal
HA CAUSADO ESTADO; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de destrucción.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: "Xalapa, Veracruz, veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Veracruz - Llave, con sede en esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente.. regístrese con el número 872/2019 que le corresponde. (.) En ese sentido, es claro que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, el interno debió agotar el medio de defensa establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, máxime que esa legislación contempla la suspensión del acto impugnado en el artículo 122, que dice: (.) No está por demás destacar que el interno también tiene a su alcance el recurso de apelación previsto en los artículos 131, 132, fracción VII, 133, 134 y 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial, los cuales establecen lo siguiente: (.) En este orden de ideas, resulta inconcuso que el accionante del amparo debía seguir el procedimiento establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que lo obliga a recorrer y agotar todas las instancias contempladas, en este caso, la impugnación relativa ante el juez de control o de ejecución, por virtud de la ejecución del traslado a un centro de reclusión distinto al lugar en que se encontraba. Pues de lo contrario, en cualquier circunstancia, a criterio del justiciable, podría acudir directamente al juicio de amparo sin agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca. Aunado a que, no debe perderse de vista que si bien el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que garantiza la protección de los derechos humanos, lo cierto es que, solamente está para cuando no existe alguna autoridad con facultades constitucionales para remediar dichas violaciones a esos derechos humanos, como en el caso, que el legislador mexicano decidió otorgar la facultad de garante como Juez Natural de esos derechos fundamentales previstos en la Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, al Juez de Ejecución. Además de que, dicha herramienta prevista en la citada Ley Nacional de Ejecución Penal favorece en gran medida a los internos y partes legitimadas para promoverla, debido a que su tramitación es mucho más breve que la de un juicio de amparo indirecto. Máxime que el legislador en la Ley Nacional de Ejecución Penal, previó una mayor protección de derechos humanos que la propia Ley de Amparo, en virtud de que, en el amparo únicamente la protección es relativa, esto es, solo para quien promueve el juicio de amparo. Sin embargo, el legislador en el artículo 128 de dicha Ley Nacional, le otorgó al Juez de Ejecución, la herramienta de protección erga omnes a través de realizar una declaratoria de un estado de cosas inconstitucional, es decir, con efectos no solo para el quejoso o quien promueve la petición administrativa o el recurso, sino también para otros que no promovieron el medio de defensa. En tal sentido, como ya se precisó, se debe de acudir ante el Juez de Ejecución, quien tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consagrados en la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, por lo que por reserva de ley, no se actualiza el caso de excepción previsto por el segundo párrafo de la fracción XX del numeral citado. A más de que, conforme a lo ordenado en el artículo 1° Constitucional, debe privilegiarse el mayor beneficio de la persona, que se consigue aplicando, en este caso específico, la Ley Nacional de Ejecución Penal. (.) En consecuencia, por lo expuesto en líneas precedentes, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, puesto que en el caso... "
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SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, puesto que en el caso.
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