Enedina Benito Miranda
Expediente 117/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 117/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/10/2018
Partes del expediente
- Enedina Benito Miranda
Actuaciones
- Principal
Se ordena el archivo del presente asunto
- Principal
Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Enedina Benito Miranda contra los actos de Grúas Manzur "La Maquinita", Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de su apoderado legal o persona que legalmente la represente, contra los actos y autoridades responsables que enseguida se precisan: ? Actos reclamados. 1) La negativa de la devolución del vehículo marca Tsuru, modelo dos mil siete, color blanco, con cromática verde, con placas de circulación 40-18-JEV de servicio público, con número de motor GA16864528V, número de serie 3N1EB31S67K302948. ? Autoridad Responsable 1) Grúas Manzur "La Maquinita", Sociedad Anónima de Capital Variable (ordenadora y ejecutora). Radicación de demanda Se ordena registrar este asunto en el libro de gobierno correspondiente con el número de juicio de amparo indirecto 117/2018 y constriñe formar los expedientes físicos y electrónicos, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, así como en los numerales 89, 90, 91 y 92 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Desechamiento Esta juzgadora advierte de oficio que de manera manifiesta e indudable se actualiza la diversa causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, aplicado este último a contrario sensu, dado que el acto que se tilda de inconstitucional proviene de un particular sin que sea equivalente al de una autoridad. Para sustentar la anterior aseveración, es menester traer a colación el contenido de los preceptos 61, fracción XXIII , y 5, fracciones I y II , interpretado contrario sensu, de la normatividad de garantías, de cuyo contexto se obtiene que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos u omisiones de particulares cuando realicen actos que no son equivalentes a los de autoridad, en tanto que no afectan derechos y menos producen una afectación real y actual a la esfera jurídica de los gobernados, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; lo que conlleva a desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la presente demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 112, párrafo primero, y 113 de la Ley de Amparo. Sobre el tema y analogía, el Supremo Tribunal del País en la tesis de jurisprudencia 2ª./J.127/2015 , aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "NOTARIOS PÚBLICOS. NO SON AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO EN LOS CASOS EN QUE CALCULAN, RETIENEN Y ENTERAN EL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, PORQUE ACTÚAN COMO AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA", ha establecido que un particular pueda ser llamado a juicio en calidad de autoridad responsable se requiere que el acto que se le atribuya sea equivalente a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido; afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y, que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. Lo anterior, aplicado al caso, conlleva a establecer que se actualiza la causal de inatacabilidad supraindicada, porque cuando el servicio de grúas que en auxilio de alguna autoridad pública, por disposición legal mantiene en resguardo un vehículo, no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, en virtud de que no actúa de manera unilateral y obligatoria sino en cumplimiento de las disposiciones que le ordenan la realización de esos actos, quien actúa como auxiliar de la autoridad administrativa; ya que el actuar del servicio público de depósito, guarda y custodia de vehículos, es un servicio concesionado a los particulares por la Secretaría de Comunicaciones y Trasporte, el cual, presta auxilio a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, tal como lo establece el Reglamento para el Servicio Público de Grúas de Arrastre y Depósito de Vehículos. Entonces, la relación entre las concesionarias que prestan servicio de confinamiento de vehículos particulares, no constituye un acto unilateral, sino de coordinación y auxilio, atendiendo a que aquéllas tienen como objeto prestar servicios con base en su normativa interna, que obliga a quienes por voluntad propia o en auxilio de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito deciden adquirir el servicio de arrastre o traslado y tienen conocimiento de que ante el incumplimiento de lo acordado en la relación contractual, pueden tomarse las medidas; lo que no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. En efecto, el acto reclamado no constituye un acto de autoridad, en virtud de que la circunstancia de que la empresa Grúas Manzur "La Maquinita", Sociedad Anónima de Capital Variable, no haya realizado la devolución del vehículo Tsuru, modelo dos mil siete, color blanco, con cromática verde, con placas de circulación 40-18-JEV de servicio público, con número de motor GA16864528V, número de serie 3N1EB31S67K302948, no constituye un acto unilateral, sino de coordinación y auxilio; atendiendo a que dicha empresa tiene como objeto prestar servicios, entre otros, de depósito, guarda y custodia de vehículos, actuando en auxilio de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, que obliga únicamente a quienes deciden adquirir el servicio de arrastre o traslado y tienen conocimiento de que ante el incumplimiento de lo acordado en la relación contractual, pueden tomarse las medidas. De ahí que la relación que surge entre una empresa con concesión para el arrastre y confinamiento de vehículos al caso, la señalada como responsable y la ahora quejosa no es de supra a subordinación como lo pretende hacer valer, sino de coordinación y auxilio, en la que los sujetos actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, en tanto que se rigen por lo acordado en el contrato de prestación de servicios de arrastre y confinamiento vehicular, y conforme al cual la empresa prestadora del servicio determina los requisitos inherentes al servicio que presta. Por tanto, con sustento en los artículos 112, párrafo primero, y 113 de la Ley de Amparo, al existir causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo.
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