Emmanuel Baron Calderon
Expediente 1162/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 23 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1162/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 29/11/2023
Partes del expediente
- Emmanuel Baron Calderon
- Juez de Control de Tenango del Valle, México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
se fijan las DOCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para el desahogo de la audiencia constitucional
- Incidental
Toluca, Estado de México; veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. VISTOS para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número ********************; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Por auto de siete de noviembre de este año, este Órgano Jurisdiccional admitió la demanda promovida por ********************, y se ordenó formar el incidente de suspensión; se requirió el informe previo y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia incidental, la cual previo diferimiento tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. AUTORIDAD RESPONSABLE Y ACTO RECLAMADO. La parte quejosa señala como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE AUTORIDAD INFORME SENTIDO Juez de Control de Tenango de Valle México 41 ACEPTA ACTO RECLAMADO ( El auto de vinculación a proceso de trece de julio de dos mil veintitrés dentro de la causa penal ********************. ( La medida cautelar de prisión preventiva justificada de ocho de julio de dos mil veintitrés. SEGUNDO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Al rendir su informe previo la autoridad responsable aceptó la existencia del acto reclamado. TERCERO. DETERMINACIÓN DE SUSPENSIÓN DEFINITIVA POR CUANTO HACE A LA EMISIÓN DEL ACTO. Si bien son ciertos, los actos reclamados consistentes en el auto de vinculación a proceso de trece de julio de dos mil veintitrés dentro de la causa penal ******************** y la medida cautelar de prisión preventiva justificada de ocho de julio de dos mil veintitrés; se tratan de un acto que con su solo dictado se consumó; sin embargo, esta característica por sí sola no tiene como consecuencia que se niegue la suspensión definitiva; toda vez que en determinadas circunstancias, si no existe criterio jurídico que lo impida, también se pueden dar efectos restitutorios a la suspensión. De ahí que, para determinar la procedencia de la suspensión definitiva no es de relevancia si el acto reclamado es de carácter declarativo, ya que ésta hipótesis debe examinarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden generar los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado en que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis VII.2o.C.84 K (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital 2023184, que establece: "SUSPENSIÓN DE ACTOS DECLARATIVOS EN EL JUICIO DE AMPARO. ESA CARACTERÍSTICA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, POR SÍ SOLA, NO PRODUCE SU NEGATIVA. Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo indirecto, señalando como acto reclamado las órdenes de búsqueda y/o localización y/o presentación y/o detención y/o aprehensión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito establece que la naturaleza declarativa del acto reclamado, por sí sola, no produce la negativa de la suspensión en el juicio de amparo. Justificación: Lo anterior, porque aun cuando fue criterio de los tribunales del Poder Judicial de la Federación que los efectos de la suspensión sólo consistían en mantener las cosas en el estado que guardaban al decretarla y no en invalidar lo actuado hasta ese momento, pues eso sería darle efectos restitutorios, lo que sería materia exclusiva de la sentencia en el juicio de amparo cuando se concede la protección constitucional y, como consecuencia de lo anterior, surgieron diversas tesis en el sentido de que en la suspensión no puede estudiarse provisionalmente el fondo, como las de rubros: "SUSPENSIÓN, MATERIA DE LA. DIFIERE DE LA DEL JUICIO." (VI.2o. J/347), "SUSPENSIÓN, EFECTOS DE LA.", "ACTOS NEGATIVOS." y "ACTOS CONSUMADOS.", esa línea argumentativa partía del hecho de que los requisitos para la suspensión solamente derivaban del artículo 124, fracciones I y II, de la Ley de Amparo abrogada, en el que se establecía que la solicite el agraviado y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; sin embargo, a partir de la reforma constitucional y de amparo de 2011, se agregaron diversos elementos para resolver sobre la suspensión, como son: la apariencia del buen derecho y su ponderación con el orden público e interés social, así como el relativo a que en determinadas circunstancias, si no existe criterio jurídico que lo impida, también se pueden dar efectos restitutorios a la suspensión. Por tanto, en la regulación originada con la reforma constitucional señalada carece de relevancia considerar si el acto reclamado es declarativo, a efecto de resolver si se concede o no la medida cautelar, porque admitiéndose la posibilidad de restablecimiento en el goce del derecho como una resolución anticipada de la tutela que se espera del juicio, lo relevante para conceder la medida debe ser la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social. Así, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 255/2015, sostuvo que para determinar el otorgamiento de la suspensión no debe atenderse, por sí misma, a la naturaleza del acto reclamado, sino analizarse la apariencia del buen derecho y las posibles afectaciones al interés social, en virtud de que la suspensión puede adelantar los efectos de una eventual sentencia protectora de amparo. En ese sentido, la naturaleza declarativa de los actos, por sí sola, no produce la negativa de la suspensión, pues debe examinarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden generar los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado en que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado." En ese tenor, por lo que respecta a los actos declarativos consistentes en el auto de vinculación a proceso de trece de julio de dos mil veintitrés dentro de la causa penal ******************** y la medida cautelar de prisión preventiva justificada de ocho de julio de dos mil veintitrés; con fundamento en el artículo 138, fracción I, de la Ley de la materia, se niega la suspensión definitiva solicitada; toda vez que por sí mismos no le irrogan un perjuicio susceptible de suspensión a la parte quejosa, pues en su caso serán los efectos y consecuencias derivadas de dicha resolución lo que deberá ser objeto de análisis para determinar la suspensión que solicita el peticionario de amparo, mismo que se estudiara en los párrafos siguientes. CUARTO. DETERMINACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR RESPECTO A LAS CONSECUENCIAS DEL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO DE TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS DENTRO DE LA CAUSA PENAL ********************. Con fundamento en los artículos 146, 147 Y 163 de la Ley de Amparo, respecto a las consecuencias de este acto tildado de inconstitucional, se concede la suspensión definitiva para el efecto de que la autoridad responsable, realice lo siguiente: Que el quejoso quede a disposición de este Juzgado de Distrito en el lugar en que se encuentra recluido, por cuanto hace a su libertad personal, y del Juez de la causa por lo que hace a la continuación del procedimiento; hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la ejecutoria que se dicte en el presente asunto. Luego, de conformidad con el párrafo segundo de la fracción XVII, del numeral 61, de la Ley de Amparo, se requiere al Juez responsable que conoce de la causa penal ********************, para que suspenda el procedimiento penal únicamente en lo que corresponde al quejoso una vez concluida la etapa intermedia, por lo que no deberá celebrar la apertura del juicio oral. Asimismo, en caso de haberlo hecho y ya se haya formulado el auto de apertura de juicio oral, se deberá comunicar la presente determinación al juez oral que conozca del asunto, para que suspenda la celebración de la audiencia en el juicio oral, y En caso de que ya se hubiese iniciado la audiencia oral penal, se suspenda su continuación en lo que corresponda al quejoso, lo anterior una vez desahogadas las pruebas, por lo que debe abstenerse de dictar sentencia hasta que tenga conocimiento de la ejecutoria que se dicte en el presente juicio de amparo Resulta aplicable la jurisprudencia Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital: 2026369, Instancia: Primera Sala, Undécima Época, Materias(s): Común, Penal, Tesis: 1a./J. 37/2023 (11a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 24, Abril de 2023, Tomo II, página 1430, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO PENAL ADVERSARIAL Y ORAL. CUANDO EN AMPARO INDIRECTO SE RECLAME EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, POR REGLA GENERAL, EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA SUSPENSIÓN DEBE HACERSE EN EL CUADERNO PRINCIPAL DEL JUICIO Y EXCEPCIONALMENTE EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Hechos: Un Tribunal Colegiado determinó que cuando se reclama el auto de vinculación a proceso en el juicio de amparo indirecto, el pronunciamiento sobre la suspensión del procedimiento penal a que se refiere el artículo 61, fracción XVII, segundo párrafo, de la Ley de Amparo no puede realizarse en el cuaderno principal del juicio, sino en el incidente de suspensión que se tramita por separado. Adverso a ello, otro Tribunal Colegiado de una diversa región concluyó que la suspensión regulada en el referido precepto constituye una obligación dirigida expresamente a la autoridad responsable, por lo que debe ser acordada en el expediente principal del juicio y no en el incidente de suspensión. Criterio jurídico: La paralización del procedimiento penal a que se refiere el artículo 61, fracción XVII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo no guarda relación con el capítulo previsto en ese ordenamiento sobre la suspensión del acto reclamado, por lo que no requiere de una tramitación incidental. Así, cuando se reclama el auto de vinculación a proceso, por regla general, los juzgados de distrito deben pronunciarse sobre esa suspensión en el cuaderno principal del juicio de amparo, salvo que expresamente se soliciten esos efectos para el incidente de suspensión, supuesto en el cual excepcionalmente será en el cuaderno incidental en donde se provea lo relativo. En cualquier caso, se debe verificar que la suspensión sea decretada en uno de esos expedientes y no en ambos. Justificación: El segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo establece expresamente la obligación a los juzgados penales, como autoridades responsables, de que cuando a través de un juicio de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política del país, como ocurre con el auto de vinculación a proceso, deben suspender el procedimiento penal en lo que corresponda a la persona quejosa, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga al juicio de amparo pendiente. Dicha paralización del procedimiento penal no guarda relación con alguno de los tipos de suspensión previstos en los artículos 126, 127, 128 y demás relativos de la Ley de Amparo, porque no actualiza de suyo las hipótesis previstas para la suspensión de plano o de oficio por vía incidental, no se encuentra sujeta a que la persona juzgadora del amparo conceda la medida cautelar, tampoco es necesario que el quejoso la solicite, ni que se sustancie un incidente en donde se abra un debate para determinar la procedencia de su aplicación. Por ello, se trata de una directriz que, por regla general, debe ser decretada oficiosamente por el Juzgado de Distrito de forma aparejada a la admisión de la demanda de amparo, es decir, como parte de la estructura de ese acuerdo inicial. No obstante, podría darse el caso de que en la demanda la parte quejosa solicite que los efectos del citado artículo 61, fracción XVII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo sean decretados en el incidente de suspensión, es decir, que se abra el incidente a petición de parte. En ese supuesto, no existe impedimento para que ese tipo de suspensión pueda decretarse excepcionalmente en el cuaderno incidental del juicio de amparo. En cualquier caso, ya sea que la suspensión del procedimiento penal se decrete oficiosamente en el cuaderno principal o a petición de parte en el incidente de suspensión, el órgano jurisdiccional debe verificar que esa determinación sea establecida sólo en uno de esos expedientes." La presente suspensión surte sus efectos desde luego, sin que haya lugar a fijar garantía alguna, de conformidad con lo establecido en el artículo 168 último párrafo de la Ley de Amparo. Cabe destacar que la suspensión decretada no surtirá efecto legal alguno si el acto reclamado proviene de autoridades distintas a las señaladas como responsables o si el acto resulta ser uno distinto al combatido en el presente asunto. QUINTO. DETERMINACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR RESPECTO A LAS CONSECUENCIAS DEL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. Tomando en consideración la petición del promovente en el sentido de que se conceda la suspensión para el efecto de que ".se me conceda una medida cautelar menos lesiva." (sic) se provee lo siguiente. Es menester precisar que la presente determinación se dictará en estricto apego a la jurisprudencia PR.P.CN. J/11 P (11a.), emitida por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con Residencia en la Ciudad de México, con registro digital 2026999, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 28, Agosto de 2023, Tomo IV, página 3918, de rubro y contenido siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO RESPECTO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. AL PROVEER SOBRE LA MEDIDA SUSPENSIONAL, EL ÓRGANO DE AMPARO NO DEBE LIMITARSE AL EFECTO PRECISADO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 166 DE LA LEY DE AMPARO, SINO QUE DEBE HACER UN ANÁLISIS DE PONDERACIÓN DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA FRENTE AL INTERÉS SOCIAL Y LA NO CONTRAVENCIÓN DE DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO, ANALIZANDO CASO POR CASO, CONFORME A LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN X, CONSTITUCIONAL, 138 Y 147 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes resolvieron en forma divergente al analizar si procede la suspensión provisional para el efecto de poner en libertad al quejoso, respecto de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, cuando éste ya se encuentre materialmente detenido por delito que no implica prisión preventiva oficiosa, bajo el análisis de la inconvencionalidad del párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que no obstante ser convencional el párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo, los efectos de la suspensión provisional cuando el quejoso ya se encuentra materialmente detenido por orden de autoridad competente podrá tener efectos restitutorios, es decir, la libertad del quejoso, para lo cual el órgano de amparo, al resolver, deberá atender caso por caso, con apoyo en la herramienta que dan los artículos 107, fracción X, constitucional, 138 y 147 de la Ley de Amparo, bajo la ponderación de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora frente al interés social y la no contravención de disposiciones de orden público. Justificación: El párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo es convencional, toda vez que no prohíbe de forma tajante la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, tratándose de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada; por tanto, bajo una interpretación conforme del citado artículo, acorde con lo establecido en los artículos 138 y 147 de la propia ley, en relación con el 107, fracción X, constitucional, no debe limitarse al efecto señalado, porque ello no representa ningún beneficio y no protege el derecho humano a la libertad personal. En ese sentido, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 62/2016 en sesión de 6 de julio de 2017, estableció que hay excepciones al analizar la suspensión de los actos que se impugnan en el amparo, siendo al juzgador de amparo a quien le corresponde analizar cada caso concreto y realizar la determinación relativa atento a la naturaleza del acto, al interés social, a la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora, a efecto de determinar si alguna medida cautelar o de protección puede ser suspendida; por lo que el órgano de amparo, basado en dicha interpretación, atenderá al segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, que dispone que la suspensión puede tener un efecto de tutela anticipada, es decir, de restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado en tanto se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, y al realizar la ponderación de la apariencia del buen derecho analizará si efectivamente el acto reclamado (prisión preventiva justificada) cumple con los siguientes requisitos: a) que la finalidad de la medida que prive la libertad sea compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos; b) que la medida adoptada sea idónea para cumplir con el fin perseguido; c) que sea necesaria, en la medida que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin legítimo, es decir, que el quejoso no impedirá el desarrollo del procedimiento, ni eludirá la acción de la justicia; d) que resulte estrictamente proporcional; y e) que dicha medida esté lo suficientemente motivada atento a que permita evaluar si se ajusta a todo lo señalado." Ahora bien, en relación con la solicitud de la medida cautelar realizada por la parte quejosa, no es procedente concederla para tales efectos, en el momento procesal en que se actúa, dado que los parámetros para otorgar la suspensión en materia penal están previstos específicamente en los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo. Ahora bien, del informe previo rendido por la responsable se advierte que en audiencia de ocho de julio del año en curso, en autos de la causa ********************, se impuso a ********************, la medida cautela de prisión preventiva justificada. En ese orden, la suscrita Juzgadora Federal a primera vista determina que la medida cautelar impuesta al solicitante del amparo cumple con los requisitos consistentes en: a) Que la finalidad de la medida que prive de manera provisional la libertad sea compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos; b) Que la medida adoptada sea idónea para cumplir con el fin perseguido; c) Que sea necesaria, en la medida que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin legítimo, es decir, que el quejoso no impedirá el desarrollo del procedimiento, ni eludirá la acción de la justicia; d) Que resulte estrictamente proporcional; y e) Que dicha medida esté lo suficientemente motivada atento a que permita evaluar si se ajusta a todo lo señalado. Lo anterior atento a las siguientes consideraciones: Que el Ministerio Público, debidamente fundamentó, motivó y soportó hasta ese momento con datos de prueba, que la medida cautelar que tenía que imponer porque no había otra que cumpliera las funciones que se requieren era la de prisión preventiva justificada. Luego, destacó que hasta el momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha invalidado la porción normativa prevista en el artículo 168, del Código Nacional de Procedimientos Penales para determinar que es inconstitucional tomar en consideración la pena del delito para imponer una medida cautelar de prisión preventiva. De la misma forma estableció: ".Esta Representación Social Solicita se le imponga a ******************** la medida cautelar de prisión preventivita oficiosa esto ya que existen datos de prueba que acreditan la existencia del hecho delictuoso de feminicidio en grado de tentativa. .Dicha medida cautelar tendrá como finalidad su señoría garantizar la presencia del imputado en el procedimiento y evitar la obstaculización del mismo así mismo se garantiza que la la víctima no corra peligro toda vez que si se le impusiese otra medida cautelar la victima pudiera estar en peligro ya que es una persona vulnerable ante su agresor ya que se puntualiza la necesidad que en la solicitud planteada se determine un análisis con perspectiva de género. .La finalidad de esta medida cautelar es proporcional al delito que se le está imputando y lo es precisamente con la finalidad de asegurar la presencia del imputado al procedo toda vez que se le impusiese diversa medida cautelar difícilmente comparecería." En ese sentido, si al momento de emitir la determinación por la que se impuso al quejoso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, el Juez de Control de Tenango del Valle abordó cada uno de estos puntos, lo que se advierte del minuto 01:29:55 al 01:36:59, es dable concluir que la fundamentación y motivación efectuada al momento de imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada, hasta este estadio procesal, resulta proporcional, pues su finalidad es privar de manera provisional la libertad del ahora quejoso, y atento a lo indicado es una medida idónea para cumplir con el fin perseguido, además de que con ella se puede conseguir el fin legítimo, es decir, que el quejoso no impedirá el desarrollo del procedimiento, ni eludirá la acción de la justicia. Por tanto, hasta este momento no es dable conceder la suspensión definitiva. Sin que ello implique entrar al estudio del fondo del asunto dado que ello se resolverá al momento en que se dicte la sentencia en el juicio principal del cual deriva la presente incidencia. SEXTO. No obstante lo anterior, con fundamento en los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva para el único efecto de que el quejoso ********************, quede a disposición de este Juzgado Federal en cuanto a su libertad personal se refiere y en el lugar en el que se encuentra recluido y a disposición del Juez del proceso por lo que hace a la continuación del procedimiento penal del que emana el acto impugnado. Lo anterior es así, en razón de que en el caso, se actualiza la hipótesis del artículo 166 de la Ley de Amparo, pues el quejoso se encuentra materialmente recluido, por orden de autoridad competente. En el entendido de que la suspensión concedida no surtirá efectos respecto de actos diversos o posteriores a su concesión o si la medida cautelar emana de una carpeta administrativa diversa de la señalada por el recurrente de amparo. Sin que en el caso haya lugar a fijar garantía, lo anterior, de conformidad con el artículo 168 último párrafo de la Ley de Amparo, que establece en esencia que no se exigirá garantía cuando la suspensión únicamente tenga los efectos a que se refiere el diverso precepto 163 de la norma citada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia PC.III.P. J/1 P (11a.), emitida por el Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, Undécima Época, con número de registro digital 2025170, de rubro y contenido siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CONTRA ÓRDENES DE APREHENSIÓN, REAPREHENSIÓN Y MEDIDAS CAUTELARES QUE IMPLIQUEN LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD. ESTÁ REGULADA EXCLUSIVAMENTE POR LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA PARTE ESPECIAL DE LA LEY DE AMPARO ("EN MATERIA PENAL"), POR LO QUE EN EL ESTABLECIMIENTO DE SUS EFECTOS ES INAPLICABLE EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 128 DEL PROPIO ORDENAMIENTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes disintieron sobre la aplicación, o no, de la restricción general prevista en el penúltimo párrafo del artículo 128 de la Ley de Amparo, al conceder la suspensión contra órdenes de aprehensión, reaprehensión o cualquier medida cautelar que implique la privación de la libertad, regulada por el diverso artículo 166 del propio ordenamiento. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito determina que la suspensión de órdenes de aprehensión, reaprehensión y medidas cautelares que impliquen la privación de la libertad se rige únicamente por el artículo 166 de la Ley de Amparo, por lo que para el establecimiento de sus efectos resulta inaplicable el penúltimo párrafo del artículo 128 de la propia ley. Justificación: Las disposiciones de la parte especial de la Ley de Amparo que regulan los actos en materia penal fueron establecidas por el legislador ordinario con el propósito de evitar confusión y unificar los efectos que deben darse a la suspensión de ese tipo de actos, así como de armonizarlas con las etapas procedimentales del sistema penal acusatorio y el principio de presunción de inocencia que lo caracteriza; por lo que tratándose de la suspensión de órdenes de aprehensión, reaprehensión y medidas cautelares que impliquen la privación de la libertad, regida por el artículo 166 del propio ordenamiento, no procede acudir a las diversas normas previstas en la parte general, relativas a la suspensión de los demás actos reclamables -incluidos aquellos en materia penal que no están previstos de manera expresa en el apartado especial-, como lo es el penúltimo párrafo del artículo 128 de la ley de la materia, al que remite el último párrafo del citado artículo 166, pero sólo para proveer sobre la suspensión de órdenes o medidas de protección dictadas durante el procedimiento penal." En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 128, 129, 131 y 138 de la Ley de Amparo SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada respecto del acto reclamado por la parte quejosa. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 125, 128, 129 y 140 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se NIEGA a ********************, la suspensión definitiva solicitada contra el acto reclamado a la autoridad responsable mencionada en el considerando primero de esta resolución, en términos de lo expuesto en los diversos tercero y cuarto y quinto de la misma. SEGUNDO. Se CONCEDE a ********************, la suspensión definitiva solicitada contra el acto reclamado a la autoridad responsable mencionada en el considerando primero de esta resolución, en términos de lo expuesto en el diverso sexto de la misma. Notifíquese como legalmente corresponda.
- Incidental
Toluca, Estado de México; veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. AGREGA INFORME PREVIO Visto lo de cuenta, con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, agréguese para que obre como constancia el oficio del Juez de Control del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, mediante el cual rinde su informe previo; sin mayor proveído, en razón de que el veintisiete de los actuales, se tuvo por recibido el mismo oficio y se acordó al respecto. Finalmente, con fundamento en los preceptos legales citados en el párrafo que antecede agréguese el oficio del Juez de Control del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, mediante el cual en atención al proveído de siete de noviembre del año actual remite copia certificada de la audiencia de fecha ocho de julio de dos mil veintitrés, en la que le fue impuesta la medida cautelar. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Paola Lizzette Acosta Campos, secretaria que autoriza y da fe. Jueza de Distrito. La Secretaria. Cotejó: Paola Lizzette Acosta Campos muss
- Incidental
Toluca, Estado de México; veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. INFORME PREVIO Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, intégrese el informe previo que rinde el Juez de Control del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, para ser tomado en cuenta al momento de resolver la suspensión definitiva. MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNOS En ese orden, se tienen como "medios de comunicación alternos" (no procesales), el correo electrónico y número telefónico que obran en el oficio de cuenta. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Paola Lizzette Acosta Campos, secretaria que autoriza y da fe. Jueza de Distrito. La Secretaria. Cotejó: Paola Lizzette Acosta Campos muss
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