ENCARNACION MARTINEZ LUIS y Otros.

Expediente 385/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 14 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
385/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
07/08/2023

Partes del expediente

  • ENCARNACION MARTINEZ LUIS y Otros.
  • Encarnacion Martinez Luis

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a siete de agosto de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta, proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito; al respecto, téngase a la Magistrada Presidenta acusando recibo del oficio con el que se remitieron los autos originales del juicio de amparo 385/2023 y sus anexos, con motivo del recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable Jefa de la unidad de Catastro del Municipio de Oaxaca de Juárez, contra la resolución de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Asimismo, informa que admitió a trámite el referido medio de impugnación 409/2023. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de julio de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que las partes quedaron notificadas de la resolución dictada el veintiocho de junio de dos mil veintitrés que -concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa-, y del auto de diecisiete de julio de esta anualidad, que tuvo por interpuesto el recurso de revisión hecho valer por la parte la autoridad responsable, contra la citada resolución. SE ORDENA REMISIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN. Por tanto, en cumplimiento a lo ordenado en el último de los proveídos, con fundamento en el artículo 89 de la Ley de Amparo, vía oficio remítase el original del juicio de amparo en que se actúa al Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Décimo Tercer Circuito en turno, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, al que deberá acompañarse el escrito de expresión de agravios, para la substanciación del referido medio de impugnación. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

  3. Principal

    MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Recurso de revisión Visto el contenido del oficio firmado por la Jefa de la Unidad de Catastro dependiente de la Subdirección de Ingresos del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, atento a su contenido, téngase a la autoridad responsable en cita, interponiendo recurso de revisión contra la resolución dictada en el presente juicio el veintiocho de junio de dos mil veintitrés, en la que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal. Por tanto, procédase conforme a lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, y dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al que se integre debidamente el presente expediente, remítanse los autos al Tribunal de Alzada competente, para su substanciación. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y distribúyanse entre las demás partes copia del escrito de agravios, para los efectos legales correspondientes. Se instruye a la Oficial Judicial "A" Asimismo, de conformidad con el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, instrúyase a la Encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que deje disponible el expediente electrónico relativo al presente asunto y la superioridad tenga a su disposición las constancias necesarias. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y A LA REPRESENTANTE SOCIAL ADSCRITA Y POR OFICIO A LAS RESTANTES AUTORIDADES RESPONSABLES.

  4. Principal

    MESA V "...VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo 385/2023 promovido por 1) ********************2) ********************3) ********************4) ********************, contra actos del Congreso del Estado de Oaxaca y otras autoridades; y, (...) C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, fracción I, 33, fracción IV, y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; y, el Acuerdo General 3/2013 y reformado por los diversos 26/2022, 29/2022 y 30/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos emitidos en un juicio de amparo indirecto en materia administrativa, promovido contra actos de autoridades que residen dentro del ámbito de jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: Autoridades responsables Actos reclamados Congreso del Estado La aprobación y expedición del artículo 24 fracciones I y IX de la Ley de Hacienda Municipal del Estado, con motivo de su primer acto de aplicación contenido en el oficio TM/SDI/UC/0170/2020, de veintinueve de octubre de dos mil veinte, signado por la Jefa de la Unidad de Catastro del Municipio de Oaxaca de Juárez. Gobernador del Estado La promulgación del artículo 24 fracciones I y IX de la Ley de Hacienda Municipal del Estado, con motivo de su primer acto de aplicación contenido en el oficio TM/SDI/UC/0170/2020, de veintinueve de octubre de dos mil veinte, signado por la Jefa de la Unidad de Catastro del Municipio de Oaxaca de Juárez. Jefa de la Unidad de Catastro dependiente de la Subdirección de Ingresos del Municipio de Oaxaca de Juárez. El contenido del oficio TM/SDI/UC/0170/2020, de veintinueve de octubre de dos mil veinte, donde se le requiere presentar solicitudes de trámite catastral de traslado de dominio de actuaciones judiciales realizadas en el juicio sucesorio intestamentario 729/2017, a bienes del extinto José Flores Morales, del índice del Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia del acto reclamado y la procedencia del juicio de amparo respecto del mismo. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca y al Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, toda vez que al rendir su respectivo informe justificado, el primero, por conducto de la Subconsejera de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado y el segundo, a través del Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional, convinieron en la existencia de los actos que a cada uno se reclama dentro de la esfera de sus atribuciones. Lo que se corrobora en virtud de que la existencia de actos como los que nos ocupan (contra leyes), no está sujeta a prueba, pues constituyen hechos notorios de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Por otra parte, la Jefa de la Unidad de Catastro dependiente de la Subdirección de Ingresos del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, al rendir su informe justificado, por conducto del Subdirector Jurídico del Municipio de Oaxaca de Juárez, negó la existencia del acto reclamado. Sin embargo, de las constancias que adjuntó a su informe se aprecia la existencia del oficio TM/SDI/UC/0170/2020 de veintinueve de octubre de dos mil veinte, por tanto, se desvirtúa su negativa y, en consecuencia, se tiene por cierto el acto que se le atribuye. Certeza que se corrobora con las constancias que remitieron las autoridades en apoyo a su informe, así como las aportadas por la parte quejosa, a las cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. En este apartado se estima conveniente hacer una reseña de los antecedentes del acto reclamado, apoyado en las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se ha otorgado el valor probatorio de ley, en relación con lo expuesto por la quejosa en su demanda bajo protesta de decir verdad, y de donde se advierte lo siguiente: Los quejosos denunciaron juicio sucesorio intestamentario a bienes del extinto José Flores Martínez, la primera quejosa en su carácter de concubina y los quejosos restantes como descendientes directos, mismo que se radicó bajo el número 729/2017 del índice del Juzgado Quinto de lo Familiar del distrito judicial del Centro, Oaxaca. Mediante resolución de siete de marzo de dos mil diecinueve, se les reconoció y declaró como únicos y universales herederos del autor de la sucesión intestada, la primera como concubina y los demás como descendientes directos. Después de su reconocimiento como herederos, por escrito de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, los quejosos cedieron sus derechos hereditarios reconocidos, a favor de la quejosa ********************y lo ratificaron mediante diligencia de trece de mayo de dos mil diecinueve, quedando ésta como única heredera y albacea definitiva de la sucesión intestada. En la segunda sección de inventarios y avalúos del juicio sucesorio intestado, una vez aprobado el inventario y avalúo formulado, dicha quejosa, por escrito de doce de septiembre de dos mil diecinueve, cedió a favor de su hijo Jorge Alejandro Rosas Flores, todos sus derechos hereditarios reconocidos y cedidos por los demás coherederos, ratificándolo mediante diligencia de tres de octubre de dos mil diecinueve. El cesionario Jorge Alejandro Rosas Flores, se apersonó al juicio sucesorio intestado de origen, solicitando la separación de la prosecución del juicio, pidiendo se remitiera el expediente 729/2017 al Notario Público veinticinco en el Estado, para que tirara la escritura de adjudicación a su favor, petición que le fue obsequieda, ordenándose la remisión de dicho expediente al Notario Público, quien adjudicó a favor del cesionario el inmueble ubicado en Primera Privada de Higueras, número trescientos uno, Colonia Ampliación Volcanes, Donají, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. El veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, los quejosos Feliciana y Juan de apellidos Flores Martínez, acudieron al Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para verificar la situación del inmueble en mención, y que fue adjudicado en favor de su sobrino Jorge Alejandro Rosas Flores, y fueron informados que dicho inmueble continuaba a nombre de su extinto padre José Flores Morales, por lo que pasaron a las Oficinas de Catastro Municipal y se enteraron que mediante oficio TM/SDI/UC/0170/2020, de veintinueve de octubre de dos mil veinte, la Jefa de la Unidad de Catastro del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, devolvió la solicitud de trámite de Registro Fiscal Municipal que el Notario Público había presentado para su registro Fiscal Municipal. En dicho oficio, la Jefa de la Unidad de Catastro Municipal, manifiesta que para la procedencia del trámite catastral de traslado de dominio en relación a la adjudicación intestamentaria a favor de Jorge Alejandro Rosas Flores, respecto del predio en mención, con número de cuenta predial 1010000055719 y cuenta catastral 64633, solicitado por el Notario público veinticinco en el Estado de Oaxaca, debe primero presentarse el trámite catastral de traslado de dominio, por adjudicación intestamentaria a bienes, a favor de los quejosos. Asimismo, la cesión de derechos hereditarios a favor de Margarita Flores Martínez, del bien inmueble citado, es sujeta al pago del impuesto de traslación de dominio, por lo que una vez concluido el trámite mencionado se deberá presentar el trámite de traslado de dominio por la cesión de derechos hereditarios que los quejosos hicieron a favor de Margarita Flores Martínez. Y que como Margarita Flores Martínez, cedió sus derechos a favor de su hijo Jorge Alejandro Rosas Flores, deberá presentarse el trámite de traslación de dominio que derivó de la adjudicación intestamentaria y las cesiones de derechos hereditarios, para la procedencia del traslado de dominio solicitado, a favor de este último. Cabe precisar que Jorge Alejandro Rosas Flores promovió el juicio de amparo 33/2021 del índice de este Juzgado, contra los actos y autoridades reclamados por los aquí quejosos en el presente juicio de amparo. En el indicado expediente de amparo, mediante sentencia de doce de noviembre de dos mil veintiuno, se sobreseyó en el juicio de amparo, por falta de interés jurídico del quejoso Jorge Alejandro Rosas Flores, ya que en el oficio reclamado (TM/SDI/UC/0170/2020), no se aplicaba al quejoso la normatividad reclamada, pues la misiva no determina que él es quien debe pagar el impuesto traslativo de dominio, ni que se le aplicó el artículo y fracciones de la normatividad impugnada. Resolución que fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, mediante ejecutoria de once de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el amparo en revisión 43/2022. QUINTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 553, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Al respecto la Jefa de la Unidad de Catastro del Estado de Oaxaca, hizo valer las siguientes causales de improcedencia: El oficio reclamado por los quejosos fue del conocimiento de Jorge Alejandro Rosas Flores, desde el cinco de diciembre de dos mil veinte, por lo que se trata de actos consentidos tácitamente, en términos del artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, aunado a que éste promovió diverso juicio de amparo 33/2021 del índice de este Juzgado. Los quejosos carecen de interés para promover el presente juicio, de conformidad con el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo. Al respecto, resultan INFUNDADAS las causales de improcedencia de la citada autoridad, ya que como lo refieren, el oficio de mérito fue notificado a diversa persona Jorge Alejandro Rosas Flores, y no así a los aquí quejosos; sin que la autoridad catastral acreditara con prueba alguna que el oficio reclamado en esta instancia constitucional, se hizo del conocimiento de los aquí quejosos por algún medio. Por tanto, tomando en consideración que el notario público número veinticinco en el Estado, refirió bajo protesta de decir verdad que no hizo del conocimiento de los aquí quejosos el oficio TM/SDI/UC/0170/2020, se debe atender a lo que expresaron los quejosos en su demanda, bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que tuvieron conocimiento del acto reclamado el veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. De modo que a partir de esa fecha, inició el cómputo para la presentación de la demanda de amparo, misma que hicieron valer mediante el presente juicio, de forma oportuna (once de abril de dos mil veintitrés). De igual forma, resulta INFUNDADA la causal de improcedencia relativa a que los quejosos carecen de interés para promover el juicio de amparo, debido a la existencia del diverso juicio de amparo 33/2021 del índice de este Juzgado, en el que diverso quejoso Jorge Alejandro Rosas Flores, reclamó los mismos actos de las mismas autoridades señaladas por los quejosos en este asunto. Ello, porque precisamente en ese expediente 33/2021, se determinó que los actos reclamados no afectaban la esfera jurídica de Jorge Alejandro Rosas Flores, pues la aplicación de los artículos reclamados -en cuanto al pago del impuesto traslativo de dominio- no le es exigible a dicho quejoso, sino a 1) ********************2) ********************3) ********************4) ********************. Por tanto, éstos últimos quejosos sí tienen interés para acudir al presente juicio de amparo. Apoya a lo anterior, la tesis: 1a. CCLXXXI/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro: 2006963, página 148, libro 8, julio de 2014, tomo I, materia común, décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO Y JURÍDICO. CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS LEYES HETEROAPLICATIVAS Y AUTOAPLICATIVAS EN UNO U OTRO CASO. Para determinar cuándo una norma general causa una afectación con su sola entrada en vigor y cuándo se requiere de un acto de aplicación, existe la distinción entre normas heteroaplicativas y autoaplicativas en función de las posibilidades de afectación de una norma general. Desde la Novena Época, el criterio de clasificación de ambos tipos de normas gira alrededor del concepto de "individualización incondicionada", con el cual se ha entendido la norma autoaplicativa como la que trasciende directamente para afectar la esfera jurídica del quejoso, sin condicionarse a ningún acto. Si su contenido está condicionado, se trata de una norma heteroaplicativa. Así, el criterio de individualización incondicionada es formal, esto es, relativo o dependiente de una concepción material de afectación que dé contenido a ambos tipos de normas, pues sin un concepto previo de agravio que tome como base, por ejemplo, al interés jurídico, interés legítimo o interés simple, dicho criterio clasificador no es apto por sí mismo para determinar cuándo una ley genera perjuicios por su sola entrada en vigor o si se requiere de un acto de aplicación. Por tanto, dada su naturaleza formal, el criterio clasificador es adaptable a distintas concepciones de agravio. Así pues, en el contexto de aplicación de las nuevas reglas reguladoras del juicio de amparo se preserva la clasificación de normas autoaplicativas y heteroaplicativas, para determinar la procedencia del juicio de amparo contra leyes, ya que dada su naturaleza formal, es suficiente desvincular el criterio rector -de individualización incondicionada- del concepto de interés jurídico y basarlo en el de interés legítimo. Un concepto de agravio más flexible, como el de interés legítimo, genera una reducción del espacio de las leyes heteroaplicativas y es directamente proporcional en la ampliación del espacio de leyes autoaplicativas, ya que existen mayores posibilidades lógicas de que una ley genere afectación por su sola entrada en vigor, dado que sólo se requiere constatar una afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante, siempre que esté tutelada por el derecho objetivo y, en caso de obtener el amparo, pueda traducirse en un beneficio para el quejoso. No obstante, si se adopta el estándar de interés jurídico que requiere la afectación a un derecho subjetivo y excluye el resto de afectaciones posibles, ello lógicamente generaría una ampliación del ámbito de las leyes heteroaplicativas, pues reduce las posibilidades de afectación directa de esas normas con su mera entrada en vigor y las condiciona a un acto de aplicación que afecte un derecho subjetivo del quejoso. De esta forma, los jueces de amparo deben aplicar el criterio clasificador para determinar la procedencia del juicio constitucional, siempre y cuando hayan precisado previamente si resulta aplicable la noción de interés legítimo o jurídico". En consecuencia, al no existir ninguna causal de improcedencia que se advierta de oficio, se procede a atender los conceptos de violación formulados. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se encuentran en la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues los antecedentes del caso y los conceptos de violación que esgrime la impetrante se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, tomando en consideración que el artículo 76 ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, señalan que deban transcribirse, lo que también tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". No obstante, en resumen, ha de señalarse que la parte quejosa, en su escrito de demanda, expone los conceptos de violación siguientes: El artículo 24, fracción I, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Oaxaca, es inconstitucional por ser violatorio a los derechos de seguridad jurídica, legalidad, proporcionalidad y equidad tributaria, contenidos en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la fracción I, con relación a la aplicación del impuesto de traslado de dominio por causa de muerte, el legislador no estableció el momento que se actualiza la relación tributaria que da origen al nacimiento de la obligación tributaria del impuesto de traslado de dominio en dichas transmisiones, lo que no permite identificar a partir de qué instante nace la obligación tributaria. Con base al principio de legalidad tributaria, una norma fiscal debe establecer con precisión los elementos que permitan conocer con certeza a los sujetos obligados, la actividad que se grava, el procedimiento para el cálculo, la tasa que debe aplicarse, el momento de causación (acto que realiza la situación jurídica o de hecho), lo que genera incertidumbre en el gobernado sobre la forma en que debe contribuir al gasto público. En el oficio reclamado se les requiere para que presenten el trámite catastral del traslado de dominio por adjudicación intestamentaria a bienes del extinto José Flores Morales; sin embargo, ello los deja en indefensión ya que la autoridad recaudadora les impone una carga tributaria, sin que se actualice algún acto concreto de causación (adquisición de la propiedad del bien inmueble en que correspondió el autor de la sucesión intestada a su favor a través de escritura de adjudicación respectiva), como lo consideró la autoridad recaudadora, ya que a los quejosos jamás les fue adjudicado el inmueble del autor de la sucesión intestada. La cesión de derechos hereditarios no tiene como efecto la transmisión o adquisición de la propiedad de los bienes inmuebles que integran la masa hereditaria, ya que los herederos no adquieren la propiedad de los bienes que la constituyen, sino solo un derecho a la masa hereditaria, como a un patrimonio común (indiviso) hasta en tanto no se practique la partición y adjudicación. Los artículos 605, 606 y 1067 del Código Familiar vigente en el Estado de Oaxaca, disponen que los herederos adquieren derecho a la masa hereditaria como a un patrimonio común mientras no se hace la división. División de bienes que se efectúa en los juicios sucesorios hasta la cuarta sección denominada de liquidación y partición de la herencia y se formaliza hasta la escritura de adjudicación respectiva. Por ende, ningún heredero puede enajenar o gravar en todo o en parte los bienes que forman el acervo hereditario, por imposibilidad jurídica, porque para ello se requieren facultades de dominio de las que carece el heredero quien solo participa en la comunidad de la herencia y tiene derecho a recibir la porción hereditaria que resulte a su favor cuando practique la liquidación de la herencia y conforme a ella se lleve a cabo la correspondiente adjudicación como se corrobora en los artículos 762, fracciones II y VI, 860, 861 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Máxime que las cesiones de derechos hereditarios no se realizan a título de contrato, sino por transmisión judicial por herencia, por lo que no puede ser gravada, porque no es lo mismo el derecho a la herencia que a la propiedad, por lo que solo adquieren los herederos después de la adjudicación de los bienes y no con anterioridad a ella. En el oficio reclamado se grava el mismo ingreso (pago traslativo de dominio) tres o más veces sobre el mismo hecho generador de la transmisión de la propiedad del bien inmueble ubicado en la Primera Privada de Higueras, número 301, Colonia Ampliación Volcanes, Donají, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, que correspondió al autor de la sucesión intestada José Flores Morales, en el juicio sucesorio de origen. SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, son esencialmente FUNDADOS, ya que la aplicación del artículo 24, fracciones I y IX de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Oaxaca, en el oficio TM/SDI/UC/0170/2020 -mediante el cual se precisa que para el trámite de la solicitud de traslado de dominio respeto a la adjudicación intestamentaria del extinto José Flores Morales, a favor de Jorge Alejandro Rosas Flores, respecto de un bien inmueble, es necesario que previamente, cada uno de los aquí quejosos, realice el pago del impuesto traslativo de dominio por adjudicación y cesión de derechos respectivo, cuando quien adquirió el bien inmueble mediante adjudicación fue únicamente Jorge Alejandro Rosas Flores-; vulnera en perjuicio de los quejosos, los principios de legalidad y proporcionalidad tributaria, contenidos en los artículos 16 y 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El precepto reclamado se tilda de inconstitucional, en su carácter de norma heteroaplicativa, es decir, con motivo de su primer acto de aplicación contenido en el oficio TM/SDI/UC/0170/2020, mediante el cual, la autoridad catastral precisó que para realizar el trámite traslativo de dominio por adjudicación intestamentaria, en favor de Jorge Alejandro Rosas Flores (sobrino de los quejosos), es necesario que primigeniamente, los quejosos realicen también el pago de traslado de dominio por adjudicación intestamentaria y por cesión de derechos respectivo, en relación con el mismo inmueble ubicado en la Primera Privada de Higueras, número 301, Colonia Ampliación Volcanes, Donají, Oaxaca. Al respecto, los quejosos aducen esencialmente que el artículo 24, fracciones I y IX de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Oaxaca, aplicado en el citado oficio, vulnera los principios de seguridad jurídica, legalidad, proporcionalidad y equidad tributaria, establecidos en los artículos 14, 16 y 31 de la Constitución Federal, al no especificar en qué momento se actualiza la relación tributaria que da origen al nacimiento de la obligación del impuesto de traslado de dominio en la transmisión por muerte. Asimismo, que con la aplicación del artículo tildado de inconstitucional en el oficio reclamado, se les exige un triple pago (o más) del impuesto sobre traslado de dominio sobre un mismo inmueble, ya que en el oficio reclamado la autoridad catastral indica a los aquí quejosos que para que se realice el trámite catastral de traslado de dominio en favor de Jorge Alejandro Rosas Flores, respecto del predio ubicado en la Primera Privada de Higueras número 301, Colonia Ampliación Volcanes, DOnají, Oaxaca, los aquí quejosos primigeniamente deben: Realizar el trámite de traslado de dominio por adjudicación intestamentaria a bienes del extinto José Flores Morales, a favor de los aquí quejosos ********************Margarita Flores Martínez, ****************************************. Una vez realizado lo anterior, los quejosos ************************************************************, deberán realizar el trámite de traslado de dominio por cesión de derechos hereditarios a favor de la coheredera Margarita Flores Martínez. Luego, Margarita Flores Martínez, deberá realizar el trámite de traslado de dominio por cesión de derechos hereditarios a favor de Jorge Alejandro Rosas Flores. Lo que a su consideración genera una desproporcionalidad en la contribución del impuesto traslativo de dominio. Ahora, el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, consagra los principios de equidad y proporcionalidad tributaria en los siguientes términos: "Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: (.) IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.". Tal precepto fue interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia con número de registro 232197, visible a página 144, Volumen 199-204, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de rubro y texto siguiente: "IMPUESTOS, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE LOS. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución, establece los principios de proporcionalidad y equidad en los tributos. La proporcionalidad radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos. Conforme a este principio los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos. El cumplimiento de este principio se realiza a través de tarifas progresivas, pues mediante ellas se consigue que cubran un impuesto en monto superior los contribuyentes de más elevados recursos y uno inferior los de menores ingresos, estableciéndose, además, una diferencia congruente entre los diversos niveles de ingresos. Expresado en otros términos, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes que debe ser gravada diferencialmente conforme a tarifas progresivas, para que en cada caso el impacto sea distinto no sólo en cantidad sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio, reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda, y que debe encontrarse en proporción a los ingresos obtenidos. El principio de equidad radica medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etcétera, debiendo únicamente variar las tarifas tributarias aplicables de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente, para respetar el principio de proporcionalidad antes mencionado. La equidad tributaria significa, en consecuencia, que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula". Así, del referido artículo constitucional y criterio jurisprudencial citado, es posible concluir que la proporcionalidad consiste, básicamente, en la obligación que todo ciudadano tiene de contribuir a los gastos públicos en una proporción lo más cercana posible a su capacidad económica; y el principio de equidad tributaria significa que los contribuyentes de un mismo impuesto, deben guardar una situación e igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula. Luego, el artículo 24, fracciones I y IX de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Oaxaca (cuya inconstitucionalidad se reclama), es del tenor siguiente: "ARTICULO 24.- Esta ley reconoce como fuente que origina la adquisición de inmuebles, así como derechos sobre los mismos, los siguientes actos: I. Todo acto por el que se transmita la propiedad, incluyendo la donación, la que ocurra por causa de muerte, y la aportación a toda clase de sociedades y asociaciones, a excepción de las que se realicen al constituir la copropiedad o la sociedad conyugal, siempre que sean inmuebles propiedad de los copropietarios o de los cónyuges. (.) IX La cesión de derechos del heredero, legatario o copropietario en la parte relativa y en proporción a los inmuebles. (.)". Por su parte, el artículo 23 de dicha ley dispone: "ARTICULO 23.- El objeto de este impuesto es la adquisición de inmuebles y los derechos sobre los mismos. En ningún caso se gravará dos veces una misma operación con el impuesto a que se refiere el presente capítulo, a excepción del contrato de permuta, en virtud de que mediante él se realizan dos adquisiciones.". De igual forma, los artículos 46 a 58 de la Ley de Ingresos del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, establecen lo relativo al impuesto de traslación de dominio y en lo que interesa, disponen lo siguiente: "DEL OBJETO Artículo 46. El objeto de este impuesto es la adquisición de inmuebles, los derechos sobre los mismos, incluyendo las construcciones adheridas y edificadas a ellos, así como los demás actos jurídicos señalados en el artículo 24 de la Ley de Hacienda Municipal. DEL SUJETO. Artículo 47. Son sujetos de este impuesto las personas físicas, morales o unidades económicas, que adquieran bajo cualquier título bienes inmuebles que consistan en el suelo y las construcciones adheridas a él, ubicados en el territorio del municipio, así como los derechos relacionados con los mismos a que la Ley de Ingresos se refiere, independientemente del nombre que le asigne la ley que regula el acto que les de origen. Artículo 48. La base de este impuesto se determinará en los términos de esta Ley y supletoriamente en lo que no se oponga, se estará a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Hacienda Municipal, tomando en cuenta el resultado de la aplicación de las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción, que sirvieron de base para la determinación del impuesto predial. Artículo 49. Este impuesto deberá pagarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se realicen las operaciones objeto de este impuesto, mencionadas en el artículo 24 de la Ley de Hacienda Municipal. Aun cuando el contrato se celebre con reserva de dominio o la venta sea a plazo, para el efecto los notarios públicos o sujetos obligados podrán ingresar al sitio web previsto en el artículo 4 de la Ley de Ingresos, para obtener la OPD. El pago del impuesto deberá hacerse dentro del mismo plazo cuando se realice cualquiera de los supuestos que a continuación se señalan: (.) II. Al cederse los derechos hereditarios o al enajenarse bienes objeto de la sucesión. En estos casos, el impuesto correspondiente a la adquisición por causa de muerte, se causará y liquidará por el cedente o enajenante de tales derechos, en el momento en que se realice la cesión o la enajenación correspondiente, independientemente del impuesto que se cause con posterioridad a cargo del cesionario o del adquirente según sea el caso; III. A la adjudicación de los bienes de la sucesión o a los tres años de la muerte del autor de la misma si transcurrido dicho plazo no se hubiera llevado a cabo la adjudicación, así como al cederse los derechos hereditarios o al enajenarse bienes por la sucesión. En estos dos últimos casos, el impuesto correspondiente a la adquisición por causa de muerte, se causará en el momento en que se realice la cesión o la enajenación independientemente del que se causa por el cesionario o por el adquiriente; (.) En todos los trámites relativos a la traslación de dominio de un bien inmueble ubicado en la jurisdicción territorial del municipio, el propietario anterior y el fedatario público responden solidariamente del impuesto que deba pagar el adquirente. En los casos no previstos en las fracciones anteriores, cuando los actos de que se trate se eleven a escritura pública o se inscriban en el Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca, para poder surtir efectos ante terceros en los términos del derecho común; y si no están sujetos a esta formalidad, al adquirirse el dominio pleno conforme a las leyes aplicables, el contribuyente que adquiere la propiedad podrá realizar el pago provisional del impuesto. (.) Artículo 51. El impuesto sobre traslación de dominio se causará y pagará aplicando las siguientes tasas: (.) Para el cálculo de este Impuesto, a la Base gravable del Impuesto, se le disminuirá el Límite Inferior que corresponda, y a la diferencia de excedente del Límite Inferior, se le aplicará la tasa marginal sobre el excedente del límite inferior, al resultado se le sumará la Cuota Fija que corresponda, y el importe de dicha operación será el Impuesto sobre Traslación de Dominio a pagar. Para el cálculo del Impuesto sobre Traslación de Dominio se deberá de aplicar la siguiente fórmula: ((BI-LI) *T) +CF = Impuesto sobre Traslación de dominio a pagar BI= Base del Impuesto. LI= Límite Inferior correspondiente. T= Tasa marginal sobre excedente del Límite Inferior correspondiente. En donde: CF= Cuota Fija correspondiente. Para efecto del traslado de dominio de sucesiones de casas habitación, con valor de hasta $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M.N.) se aplicará la tasa del 0.0%, para la procedencia de dicho beneficio se deberá acreditar ante la autoridad fiscal municipal de forma documental que el inmueble esta únicamente destinado a casa habitación con recibos de servicios públicos a nombre del titular de la sucesión de su conyugue o de sus hijos. Asimismo, para efecto del traslado de dominio de donaciones de casa habitación, entre familiares consanguíneos en línea ascendente o descendente hasta el cuarto grado, cuyo inmueble sea de un valor hasta de $1,000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N) se aplicará la tasa del 0.5%, este beneficio solo aplicará a inmuebles destinados exclusivamente a casa habitación y no se podrá utilizar nuevamente el mismo beneficio en un período de tres ejercicios fiscales posteriores a hacer uso de él. Para la procedencia del beneficio descrito en el párrafo anterior, los contribuyentes deberán acreditar el vínculo consanguíneo hasta cuarto grado con las documentales expedidas por las autoridades competentes en la materia. Para el caso que una sucesión no cumpla con estos requisitos deberá aplicarse la tasa que corresponda a las demás fracciones. Artículo 53. Los sujetos obligados al pago de este impuesto, deberán de enterarlo de forma conjunta con los derechos relativos a la integración al padrón fiscal inmobiliario, cédula anual de situación fiscal inmobiliaria, avalúo inmobiliario y en su caso la verificación física, así como los conceptos accesorios y demás que se determinen a su cargo, en la Unidad de Recaudación dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha en que se realice el acto generador, utilizando para tal efecto las formas de declaración y determinación aprobadas por las autoridades fiscales. Cuando el sujeto obligado no realice la traslación de dominio dentro del término establecido en el párrafo anterior, la autoridad fiscal estará facultada, para realizar el cobro de multas por concepto de extemporaneidad, y en su caso para determinar presuntivamente la base gravable para el cobro de este impuesto. Para el caso de que el contribuyente no declare la traslación de dominio de un bien inmueble que no se encuentre inscrito dentro del padrón fiscal inmobiliario, se considerará a este bien inmueble como predio oculto, y la autoridad fiscal ejercerá sus facultades de comprobación y determinará el pago del impuesto predial de cinco años inmediatos anteriores a aquél en que se comprobó la traslación de dominio, incluyendo los conceptos accesorios a que da lugar dicha omisión, así como también, podrán determinar y hacer efectivo el cobro de las contribuciones relativas propiamente a la traslación de dominio. Artículo 55. Previo el pago del impuesto sobre traslación de dominio se deberá verificar que no existan adeudos relativos a contribuciones inmobiliarias y al derecho de aseo público en el inmueble objeto de traslación de dominio, tomando en cuenta para tal efecto la fecha de celebración del acto traslativo; en caso de existir adeudos. Se emitirá como válida la OPD del impuesto sobre traslación de dominio una vez que los créditos fiscales adeudados sean efectivamente pagados. Artículo 57. La inscripción de un inmueble en el padrón catastral municipal, no genera ningún derecho de propiedad o posesión en favor de persona a cuyo nombre parezca inscrito. De los citados preceptos, se obtienen los siguientes elementos del Impuesto Sobre Traslación de Dominio: Sujeto pasivo: Las personas físicas o morales que adquieran inmuebles, así como los derechos relacionados con los mismos. Objeto: La adquisición de bienes inmuebles y los derechos sobre los mismos. Tasa: Los rangos previstos en el artículo 51 de la Ley de Ingresos del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2023. Época de pago: Treinta días naturales siguientes a la fecha en que se realice el acto generador. Base gravable: se le disminuirá el Límite Inferior que corresponda, y a la diferencia de excedente del Límite Inferior, se le aplicará la tasa marginal sobre el excedente del límite inferior, al resultado se le sumará la Cuota Fija que corresponda, y el importe de dicha operación será el Impuesto sobre Traslación de Dominio a pagar (artículo 51 de la Ley de Ingresos Municipal). Bajo ese contexto, conviene precisar que el propio artículo 23 de la Ley de Hacienda Municipal, dispone que en ningún caso se gravará dos veces una misma operación sobre el impuesto traslativo de dominio (a excepción del contrato de permuta), ya que mediante él se realizan dos operaciones. Por tanto, si el objeto del impuesto de traslación de dominio, es la adquisición de inmuebles y los derechos sobre los mismos, por lo que serán sujetos de dicho impuesto, las personas que adquieran bajo cualquier título bienes inmuebles ubicados en el territorio del Municipio de Oaxaca de Juárez, la aplicación del artículo 24, fracciones I y IX de la Ley de Hacienda Municipal, vulnera en perjuicio de los quejosos los principios de legalidad y proporcionalidad tributaria, contenidos en los artículos 16 y 31 Constitucional. Ello, porque en las fracciones del precepto reclamado, se precisa de forma genérica que la obligación tributaria se origina con la transmisión de propiedad que ocurra por adquisición de inmuebles, ya sea por causa de muerte o bien por cesión de derechos del heredero o legatario, sin especificar los sujetos a los que se encuentra dirigido ese impuesto en esos casos, es decir, tratándose de adquisición de inmuebles por muerte; lo que da lugar a que se grave en más de una ocasión, la misma operación de adquisición respecto de un inmueble, como en el caso concreto y por tanto, vulnera el principio de legalidad tributaria. Corrobora lo expuesto la tesis jurisprudencial XVIII.4o. J/3 (10a.), registro 2005646, Décima Época, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, página 1839, de rubro y texto: "ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES. LOS ARTÍCULOS 94 BIS A 94 BIS-12 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS QUE PREVÉN EL IMPUESTO RELATIVO, SIN PRECISAR QUIÉN ES EL SUJETO OBLIGADO A SU PAGO EN UN CASO DETERMINADO, GENERAN INCERTIDUMBRE JURÍDICA AL PARTICULAR Y, POR ENDE, VIOLAN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2013). De conformidad con el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos deben establecerse en un acto material y formalmente legislativo todos aquellos elementos que sirvan de base para realizar el cálculo de una contribución, fijándolos con la precisión necesaria que, por una parte, impida un comportamiento arbitrario o caprichoso de las autoridades que directa o indirectamente participen en su determinación y recaudación y, por otra, genere al gobernado certidumbre, que le permita conocer con exactitud qué cargas tributarias le corresponden, en virtud de la situación jurídica en que se encuentre. Ahora bien, el artículo 94 Bis de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, vigente hasta el 6 de noviembre de 2013, dispone que están obligados al pago del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, las personas físicas y morales que realicen esa operación tratándose de los ubicados en los Municipios de la citada entidad; por su parte, el numeral 94 Bis-1 enlista qué es lo que debe entenderse por adquisición para efectos de dicha ley, de lo cual se colige que el sujeto obligado de manera directa y primigenia, es el adquirente para efectos de dicha norma; sin embargo, el diverso numeral 94 Bis-8 establece en su fracción II, otras personas que deben ser consideradas como sujetos del impuesto, entre ellos, el que genéricamente se alude como: "el enajenante", sin mayor especificación en torno a algún supuesto de excepción. Así, toda vez que, aun utilizando los diversos métodos de interpretación permitidos legalmente, a fin de incluir a las porciones de la norma de forma congruente dentro del sistema tributario al que pertenecen, no es factible delimitar los supuestos en los que opera una u otra, esto es, quién es el sujeto obligado al pago del tributo en un caso determinado. Por tanto, los artículos 94 Bis a 94 Bis-12 del aludido ordenamiento, que prevén la señalada contribución, generan incertidumbre jurídica al particular y, por ende, violan el principio de legalidad tributaria, en la medida en que omiten precisar debidamente uno de los elementos del impuesto e impiden al gobernado conocer con anterioridad las reglas de tributación; además, propician el comportamiento arbitrario y caprichoso de las autoridades administrativas que concurran en su recaudación. De igual forma, de autos se advierte que los quejosos, en su carácter de herederos de la sucesión intestamentaria, esencialmente cedieron sus derechos a favor de su sobrino Jorge Alejandro Rosas Flores, quien es la persona que realmente adquirirá el inmueble materia de la sucesión, ubicado en la Primera Privada de Higueras, número 301, Colonia Ampliación Volcanes, Donají, Oaxaca. Por lo que el juicio sucesorio, concluyó con la adjudicación del bien inmueble de mérito a favor de Jorge Alejandro Rosas Flores, como se advierte del proyecto de adjudicación de herencia realizado por el notario público número veinticinco en el Estado de Oaxaca, el quince de abril de dos mil veinte; de modo que se reitera, es este último quien en realidad adquiere el bien inmueble objeto de la herencia. Situación que se corrobora con lo dispuesto en los artículos 762, 860 y 861 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, que disponen: "Artículo 762.- La cuarta sección se llamará de partición y contendrá: "(.) II. El proyecto de partición de los bienes; (.) VI. Lo relativo a la aplicación de los bienes. Artículo 860.- No habiéndose presentado oposición o habiendo sido resuelta la que se hubiere formulado, el juez resolverá sobre el proyecto y dictará sentencia de adjudicación, mandando entregar a cada interesado los bienes que le hubieren sido aplicados, con los títulos de propiedad, después de ponerse en ellos por el secretario una nota en que se haga constar la adjudicación. Artículo 861.- La adjudicación de bienes hereditarios se otorgará con las formalidades que para su venta y por su cuantía exija la ley. El notario ante quien se otorgare la escritura será designado por el albacea". Preceptos de donde se obtiene que la adjudicación de bienes hereditarios, tiene las mismas formalidades que las de una venta, y por ende, para la transmisión de la propiedad, es necesaria tal adjudicación de bienes hereditarios, ya que es el momento en que se puede adquirir la propiedad. De ahí que tratándose de transmisión de propiedad por muerte, el sujeto obligado en el pago del impuesto de traslado de dominio, es la persona a quien se adjudicaron los bienes hereditarios, ya que es quien adquiere la propiedad y en consecuencia, a quien puede exigirse el impuesto de traslación de dominio. Considerar lo contrario, es decir, que la sola cesión de derechos o bien, la adjudicación de una herencia a una persona que nunca adquirió el bien inmueble, es causa generadora del tributo, es desproporcional en la contribución al gasto público, ya que el fin mediato del impuesto traslativo de dominio, es gravar la adquisición de un bien inmueble y los derechos sobre éste. Aunado a lo anterior, es importante destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 21/2009, registro 21946 Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,Tomo XXXI, Enero de 2010, página 372, estableció que el impuesto sobre adquisición de bienes, se erige como un tributo de los denominados directos, cuyo hecho imponible se construye en función del inmueble gravado, por ende, la capacidad contributiva del gobernado se determina a través del valor de dicho inmueble o del monto del acto traslativo de dominio. Criterio que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 205/2009, registro 165893, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 297, de rubro y texto: "ADQUISICIÓN DE INMUEBLES POR HERENCIA. EL ARTÍCULO 137, FRACCIÓN I, PÁRRAFO ÚLTIMO, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, AL LIMITAR LA APLICACIÓN DE LA TASA DEL 0% DEL IMPUESTO RELATIVO A LOS SUPUESTOS EN QUE EL VALOR DEL INMUEBLE NO EXCEDA DE LA SUMA EQUIVALENTE A 12,073 VECES AL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN ESA ENTIDAD, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. El impuesto sobre adquisición de inmuebles constituye un tributo sobre el bien raíz, en virtud de lo cual el hecho imponible se edifica en función del inmueble gravado, lo que conlleva a que la capacidad contributiva se determine con base en el valor del bien o el monto de la operación de enajenación. En esa medida, el artículo 137, fracción I, párrafo último, del Código Financiero del Distrito Federal, al prever que en el caso de adquisiciones por causa de muerte se aplicará una tasa de 0% del impuesto sobre adquisición de inmuebles, siempre que el valor del inmueble no exceda de la suma equivalente a 12,073 veces al Salario Mínimo General Vigente en el Distrito Federal, no transgrede el principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la diferencia de trato que establece se encuentra plenamente justificada pues, por regla general, quienes heredan inmuebles de bajo valor son personas de bajos recursos, por lo que el valor de dicho bien es indicativo de su capacidad contributiva, en virtud de lo cual no se encuentran en igualdad de circunstancias con quienes adquieran un inmueble con un valor mayor.". Lo anterior resulta relevante, porque el Alto Tribunal consideró que aquellos contribuyentes que heredan o acceden un bien inmueble por conducto de un legado, son personas de bajos recursos, y por ello, debe tomarse en consideración que existe una mayor dificultad para realizar el pago del impuesto generado con motivo de la adquisición del inmueble cuyo valor, como se ha dicho, es indicativo de capacidad contributiva. En ese tenor, sostuvo que los herederos de un bien inmueble, están en una posición distinta con respecto de aquellos que lo adquieren a través de un acto que revele una fuente de riqueza para hacerse de éste (como lo es la compra venta), pues en esos casos, se puede colegir que se dispuso de una cantidad suficiente para su obtención, mientras que los herederos adquieren el inmueble derivado de la voluntad de un testador que dispone de la totalidad o parte de sus bienes y los destina para determinada persona, o bien, por ministerio de la Ley, empero, no lo hace partiendo de la voluntad propia. En consecuencia, no obstante, el heredero no realiza ningún acto que tienda a ingresar el bien inmueble en su patrimonio, éste ingresa porque así lo dispuso el testador, vertiendo en la esfera jurídica del heredero todas las cargas de los bienes heredados, permitiendo que la base gravable se aleje del sujeto pasivo del tributo, sin mediar su voluntad. En esa virtud, puede concluirse que un heredero adquiere un bien inmueble por medio de la voluntad de un testador o, en su caso de la Ley -como en la sucesión intestamentaria que dio origen al presente juicio de amparo-, no obstante que el heredero carezca de la capacidad contributiva para hacer frente a las obligaciones que de él se derivan, sin importar que puedan ser personas de bajos recursos y, por esa razón tengan dificultad para realizar el pago del impuesto generado con motivo de la adquisición del inmueble, el cual, en sí mismo es indicativo de capacidad contributiva, es decir, el valor del inmueble heredado por sí mismo revela la capacidad del heredero para contribuir al gasto público. Ahora, en el caso, del proyecto de adjudicación notarial, se advierte que el valor de la adjudicación del inmueble (valuación) objeto del impuesto de traslación de dominio, es de $300,000.00 (trescientos mil pesos, cero centavos, moneda nacional). Monto que inclusive, no excede de la cantidad de $500,000.00 (quinientos mil pesos, cero centavos, moneda nacicional), prevista en el artículo 51 de la Ley de Ingresos para el estado de Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2023, en cuanto al traslado de dominio de sucesiones de casas habitación, al cual se le aplica la tasa del 0.0%, con las acreditaciones que el mismo precepto legal indica. Por lo que se reitera, atendiendo a lo anteriormente expuesto y al valor del inmueble de mérito, exigir a cada uno de los aquí quejosos el pago del impuesto traslativo de dominio y no únicamente a quien en realidad adquirió el bien inmueble mediante adjudicación, contraviene el principio de proporcionalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, Constitucional. Bajo esas consideraciones, al resultar FUNDADOS los conceptos de violación de la quejosa e inconstitucional la aplicación del artículo 24, fracciones I y IX de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Oaxaca, lo procedente es CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL solicitado por los quejosos, para el efecto de que: En el ámbito de sus atribuciones la Jefa de la Unidad de Castro dependiente de la Subdirección de Ingresos del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, deje sin efecto el oficio TM/SDI/UC/0170/2020, de veintinueve de octubre de dos mil veinte. Siguiendo los lineamientos de la presente resolución, atienda nuevamente la solicitud de tramite catastral de traslado de dominio en relación a la adjudicación intestamentaria a bienes del extinto José Flores Morales, a favor de Jorge Alejandro Rosas Flores, respecto del predio ubicado en la Primera Privada de Higueras, número 301, Colonia Ampliación Volcanes, Donají, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, con número de cuenta predial municipal 101000005719 y cuenta catastral 64633. Por lo que en la nueva determinación que emita, deberá abstenerse de aplicar el artículo 24, fracciones I y IX de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Oaxaca, a los aquí quejosos, y por ende de exigirles el pago del impuesto de traslación de dominio. En el entendido que ello no implica que la persona que adquirió el bien inmueble por adjudicación intestamentaria, quede liberada de la obligación de pagar el tributo, sino que se reitera, la autoridad catastral, siguiendo los lineamientos de la presente determinación, deberá determinar con libertad en sus facultades, que la persona que adquirió el inmueble mediante adjudicación, es la obligada a pagar el impuesto en mención, en los términos que considere pertinentes. Por otra parte, la concesión del amparo no impone ninguna obligación de hacer o anular para el Congreso del Estado de Oaxaca ni para el Gobernador del Estado de Oaxaca, debido a que se trata de autoridades que participaron en el proceso creador de la norma, así como en su divulgación, respectivamente, y por virtud del principio de relatividad de las sentencias, la concesión del amparo no tiene el alcance de dejar insubsistente la norma jurídica, pues no afecta la vigencia del ordenamiento impugnado, ni lo priva de su eficacia general, sino que se inaplica únicamente en el caso concreto. Resulta aplicable al caso, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 135, Tomo IV, Noviembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACION" y "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN", se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general". Finalmente, se precisa que los criterios invocados en esta sentencia son aplicables al caso, en términos de los artículos décimo y décimo primero del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se reforman, adicionan y derogan diversos ordenamientos, entre ellos la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, en vigor al día siguiente de su publicación. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a 1) ********************2) ********************3) ********************4) ********************, contra actos del Congreso del Estado de Oaxaca, Gobernador del Estado y Jefa de la Unidad de Catastro dependiente de la Subdirección de Ingresos del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para los efectos precisados en el último considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE.

Quedan 10 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · 7,460 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano