Encarnacion Estela Mendoza Lopez O Estela Mendoza Lopez
Expediente 118/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 118/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Encarnacion Estela Mendoza Lopez O Estela Mendoza Lopez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA ·---- VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo indirecto 118/2023 ... ... C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, ... SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama la orden de aprehensión, detención y presentación girada en su contra, así como su ejecución. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir sus informes justificados, 1) el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla, Oaxaca, 2) el Coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado y 3) el Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones adscrito a la Fiscalía Local de Ejutla de Crespo, Oaxaca, negaron la existencia de los actos reclamados, consistentes en la orden de aprehensión, detención y presentación girada en contra de la quejosa, así como su ejecución. Por su parte, 4) el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet Tlacolula, Oaxaca, negó los actos reclamados consistentes en la orden de detención y presentación giradas en contra de la quejosa. Lo anterior, sin que la parte quejosa hubiera ofrecido prueba alguna que desvirtuara dicha negativa, razón por la cual, por inexistencia de los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas, es procedente sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. ES CIERTO el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión decretada a la quejosa, toda vez que la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet Tlacolula, Oaxaca, al rendir su informe justificado manifestó que en audiencia privada de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, libró orden de aprehensión contra Estela Mendoza López (a) "doña chela" y otros, en la causa penal ********************, de su índice. Certeza que se corrobora con el disco versátil en formato DVD, que contiene el audio y video de la orden de aprehensión de veintiséis de enero de dos mil veintitrés y la transcripción de la orden de aprehensión en formato PDF remitidos por la autoridad responsable al rendir su informe justificado. Constancias a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º. Así como con la jurisprudencia 1a./J.43/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Visible a página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2004362, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Por otra parte, se advierte que el Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones adscrito al Sector Metropolitano de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, no rindió su informe previo a pesar de haber quedado legalmente notificado de dicha petición, por lo que con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el acto reclamado. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. En este apartado se estima conveniente hacer una reseña de los antecedentes del acto reclamado, apoyado en las constancias remitidas por las autoridades responsables, a las que se ha otorgado el valor probatorio de ley, y de donde se advierte lo siguiente: 1. En audiencia privada de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, el Agente del Ministerio Público de la Mesa Cuatro de Asuntos Relevantes adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas, de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, solicitó a la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet Tlacolula, Oaxaca, se librara orden de aprehensión en contra de Estela Mendoza López (a) "doña chela" y otros, por la comisión de los hechos que la ley señala como los delitos de amenazas y ataque peligroso cometidos en agravio de Lizett Arroyo Rodríguez. 2. En atención a esa solicitud, el veintiséis de enero de dos mil veintitrés, la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet Tlacolula, Oaxaca, libró orden de aprehensión contra Estela Mendoza López (a) "doña chela" y otros, por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos que la ley señala como los delitos de amenazas y ataque peligroso cometidos en agravio de Lizett Arroyo Rodríguez. Esta resolución es el acto reclamado en el presente juicio de amparo. SEXTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 553, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Al no existir causa de improcedencia que se haga valer o que se advierta de oficio, se procede a atender los conceptos de violación formulados. SÉPTIMO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se encuentran en la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues los antecedentes del caso y los conceptos de violación que esgrime la impetrante se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, tomando en consideración que el artículo 76 ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, señalan que deban transcribirse, lo que también tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". No obstante, en resumen, ha de señalarse que la parte quejosa, en su escrito de demanda, expone los conceptos de violación siguientes: 1. Se viola en su perjuicio lo establecido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a su garantía de seguridad jurídica, toda vez que nadie puede ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en donde se cumplan las formalidades del procedimiento, en razón de que argumentó que no recibió en ningún momento citatorio alguno para acudir ante alguna autoridad judicial o ministerial para aclarar cualquier situación relacionada con su nombre. 2. Se viola en su perjuicio su derecho de audiencia, pues en ningún momento fue llamada por alguna autoridad para responder los cargos derivados del acto reclamado. OCTAVO. Estudio de los conceptos de violación. Son esencialmente fundados los conceptos de violación impetrados por la quejosa, aunque suplidos en su deficiencia, en términos de lo previsto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, toda vez que tiene el carácter de imputada, lo que da lugar a conceder la protección constitucional solicitada. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 170008, visible en la página 242 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, marzo de 2008, Novena Época, que establece: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. CONSISTE EN EXAMINAR CUESTIONES NO PROPUESTAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE RESULTEN FAVORABLES A QUIEN SE SUPLE. La figura de la suplencia de la queja prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, tanto en relación con el juicio de garantías como con los recursos en ella establecidos consiste, en esencia, en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente, en sus conceptos de violación o en sus agravios, respectivamente, que podrían resultar favorables, independientemente de que finalmente lo sean. Así, es incorrecto entender que sólo debe suplirse cuando ello favorezca a quien se le suple, pues para determinar si procede dicha figura tendría que examinarse previamente la cuestión relativa, lo que implicaría necesariamente haber realizado la suplencia. Por consiguiente, es suficiente que el análisis de un problema no propuesto pudiera resultar benéfico para que se deba suplir, realizando el estudio correspondiente". Análisis de orden de aprehensión. En el caso, la quejosa reclama la orden de aprehensión girada en su contra el veintiséis de enero de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal ********************, por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos que la ley señala como los delitos de amenazas y ataque peligroso cometidos en agravio de Lizett Arroyo Rodríguez. En ese contexto, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. (.) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." De acuerdo con el artículo parcialmente transcrito, para emitir una orden de aprehensión se requiere cumplir con los siguientes requisitos legales: Debe ser emitida por autoridad judicial. Debe preceder denuncia o querella de un hecho que la ley (penal) señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad. Además, deben existir datos para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Adicionalmente, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece un procedimiento específico en cuanto a la forma que debe solicitarse la orden de aprehensión. En ese contexto, en el sistema de justicia penal acusatorio, la orden de aprehensión constituye una forma de conducción del imputado al proceso, que contiene ciertas formalidades para solicitarse y en cuanto a la forma en que debe emitirse. Para mayor abundamiento sobre lo que se explica, se hace necesario transcribir el contenido de los artículos 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dicen: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario. 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión. En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control. Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia El Juez de control resolverá la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia en audiencia, o a través del sistema informático; en ambos casos con la debida secrecía, y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. En el primer supuesto, la solicitud deberá ser resuelta en la misma audiencia, que se fijará dentro de las veinticuatro horas a partir de la solicitud, exclusivamente con la presencia del Ministerio Público. En el segundo supuesto, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas, siguientes al momento en que se haya recibido la solicitud. En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito. Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público." Del análisis integral de dichos preceptos legales, permite establecer la existencia de diversas formas de conducción del imputado a todas las etapas del proceso, entre las que se encuentran: I. Citatorio para la audiencia inicial; II. Comparecencia con auxilio de la fuerza pública (cuando el imputado citado previamente a una audiencia no haya comparecido); y, III. Orden de aprehensión (cuando el Ministerio Público advierta que existe necesidad de cautela). Así, aunque tales actos producen efectos similares y su finalidad es conducir al imputado al proceso, tienen una naturaleza distinta y, por ende, deben analizarse desde enfoques diversos. El primer supuesto, -citatorio para la audiencia inicial- se actualiza cuando el Ministerio Público recaba los datos que le indican que se cometió un hecho delictivo y considera que es oportuno formalizar la imputación; por lo que, en caso de que el imputado no se encuentre retenido, solicitará al Juez de Control que lo cite para la audiencia inicial, conforme al segundo párrafo del artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En la segunda hipótesis, -comparecencia con auxilio de la fuerza pública- para emitir el acto de molestia es necesario constatar que el imputado no hubiera comparecido ante el Juez de Control para la continuación del proceso, a pesar de encontrarse debidamente notificado; en cuyo caso la autoridad judicial, a petición del Ministerio Público, girará orden de comparecencia con auxilio de la fuerza pública. Mientras que la orden de aprehensión a que se refiere la tercera hipótesis, constituye una medida excepcional para que el imputado sea conducido ante el Juez de Control, sin previa cita, a fin de formular la imputación. Sobre el tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronunció al resolver la contradicción de tesis 300/2019, en la que estableció que el libramiento de la orden de aprehensión debía realizarse en el marco de un respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas y bajo el entendido de que en el contexto del nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio y adversarial existirían amplios contrapesos -en palabras del legislador- que desalentarían a quienes se sintieran tentados a generar abusos derivados de la intención del legislador de disminuir ese "estándar de prueba" para el libramiento de una orden de aprehensión. Que en ese sentido, la decisión podría implicar el riesgo de que tales órdenes se convirtieran en un mecanismo que favoreciera abusos por parte de las autoridades en contra de los gobernados. Por ello, enfatizó que ese riesgo quedaría nulificado porque entre las características primordiales del sistema de justicia penal de corte acusatorio y adversarial se encuentran amplios contrapesos -para la emisión de dichas órdenes o de cualquier otro acto restrictivo de la libertad- que, a su vez, desalentarían a quienes se sintieran tentados a abusar de la reducción del citado estándar, pues el proceso penal tendría que ser totalmente equilibrado entre las partes y respetar cabalmente los derechos del inculpado. De esta manera, sostuvo que el contrapeso del sistema penal de corte acusatorio y adversarial se reflejó en el contenido del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que alude a las formas de conducción de imputado al proceso penal, y que claramente establece que para el libramiento de una orden de aprehensión -como una de las formas de conducción del imputado al proceso- contra una persona, sin mediar citatorio, se requiere que el Ministerio Público "advierta" que existe la "necesidad de cautela", lo cual debe exponer ante el Juez de Control correspondiente, en aras de que éste libre el mandamiento de captura correspondiente. Lo anterior, también lo abordó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 1090/2017, en donde sostuvo que el artículo 16 de la Constitución Federal consagra un régimen general de libertades a favor de la persona, entre las cuales se encuentra el derecho a la libertad personal, entendida como una categoría específica equivalente a la libertad de movimiento o libertad deambulatoria, estableciéndose además que en términos del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales la orden de aprehensión es una forma de conducción del imputado al proceso penal. Del mismo modo, refirió que tal numeral establece de forma limitativa los supuestos en que el Estado puede generar afectaciones válidas a esta prerrogativa y bajo qué condiciones; lo que guarda relación con el contenido del artículo 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual prohíbe afectar el derecho a la libertad personal, salvo por las condiciones y causas fijadas de antemano por la Constitución. En dicho precedente, amparo en revisión 1090/2017, se afirmó que la orden de aprehensión es considerada como una de las formas de conducción del imputado al proceso penal para supuestos en los cuales el Ministerio Público advierta necesidad de cautela, cuando la persona resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de libertad; y, cuando se incumpla con una medida cautelar. De lo expuesto se obtiene que la orden de aprehensión constituye una forma de conducción excepcional que tiene como finalidad llevar a la persona investigada ante la presencia de un Juez de Control, para que la representación social le formule la imputación que existe en su contra. A mayor abundamiento, la necesidad de cautela surgió como una medida de contrapeso propia del sistema penal acusatorio y adversarial, en aras de evitar "abusos" por parte de las autoridades al reducirse el "estándar probatorio" para el libramiento de una orden de aprehensión. La necesidad de cautela es, por tanto, un requisito que debe calificar el Juez de Control y motivar por qué a su parecer en el caso sometido a su consideración la misma se encuentra justificada. Para ello, el Ministerio Público deberá convencer al Juez basándose en datos de prueba, de que las diversas formas de conducción del imputado al proceso, como son el citatorio o la orden de comparecencia, aunque menos restrictivas, son insuficientes para conducir al imputado ante su potestad y que, por tanto, la orden de aprehensión es la única forma idónea para lograr dicho cometido y, con ello, estar en aptitud de formular la imputación respectiva, formalizar la investigación y continuar con la secuela procesal. Así, la necesidad de cautela no se satisface con la sola circunstancia de que los hechos del caso correspondan a un delito que amerite prisión preventiva oficiosa, pues al constituir formas y medidas con fines diferentes para el proceso penal, se requiere necesariamente que el fiscal exponga una serie de circunstancias, entre las que podría estar dicha cuestión, pero no como razón única que conduzcan al Juez a determinar que solamente a través de una orden de aprehensión, y no mediante una forma diversa, se puede lograr llevar o conducir a la imputada al proceso penal. De tal manera, que el Ministerio Público al solicitar el libramiento de una orden de aprehensión por considerar que existe necesidad de cautela, debe exponer ante la autoridad judicial las razones y motivos que sustenten su pretensión; esto es, que esa forma en especial de conducción al proceso es necesaria e idónea, para lo cual deberá explicar por qué es absolutamente indispensable la misma y no otra para lograr el fin perseguido; es decir, llevar al proceso penal al imputado e informarle que está siendo investigado (si es que lo desconoce). Para ello, el Ministerio Público deberá exponer que existen datos suficientes que permiten presuponer que: a) Existe riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia; b) Se ponga en riesgo la integridad de la víctima, del ofendido, de los testigos y/o la comunidad, o bien; c) Se ponga en peligro el desarrollo de la investigación misma. Para que el Juez de Control evalúe si en el caso concreto se justifica esa necesidad de cautela y, en consecuencia, se emita la orden de aprehensión solicitada por la autoridad ministerial en contra de aquella persona que se considera que ha intervenido en la comisión de un delito. La necesidad de cumplir con los requisitos previstos en el artículo 16 de la Constitución Federal y el numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se considera que deriva del hecho de que la orden de aprehensión como forma de conducción del imputado al proceso -que además restringe la libertad personal- generará una molestia en grado mayor que un citatorio. De ahí que, la orden de aprehensión contemplada en el numeral 16 de la Constitución Federal y en el artículo 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, debe entenderse como una forma excepcional de conducción del imputado al proceso en la que el Ministerio Público obligatoriamente debe acreditar la necesidad de cautela, la cual, además, en términos del primer precepto citado deberá estar debidamente fundada y motivada. En ese sentido, se considera que no basta -como razón única- que el delito por el cual se ha solicitado la orden de aprehensión sea de los que ameriten prisión preventiva oficiosa para que se libre la misma, sino que el elemento de necesidad de cautela debe de ser justificado por el fiscal, por lo que es menester que éste explique las razones que lo llevaron a solicitar tal orden, así como que ello se funde y motive adecuadamente, por el Juez, como presupuesto para su libramiento conforme al esquema antes indicado. Pues solo así se consideraran respetados los principios de excepcionalidad de dicha forma de conducción, en función de la presunción de inocencia bajo los parámetros relativos a la orden de aprehensión en el sistema de justicia penal acusatorio y adversarial, cuyo objeto es únicamente poner a disposición del juez de control a una persona, entre otras cuestiones, para formularle imputación e informarle que está siendo investigado por la fiscalía -si la persona lo desconoce- y que ésta ha decidido formalizar dicha indagación. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 20/2020 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2021956, consultable en la página 2553 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo III, Materia Penal, Décima Época, que establece: "ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA SU EMISIÓN, SIN QUE MEDIE CITATORIO, EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE JUSTIFICAR LA "NECESIDAD DE CAUTELA" ANTE EL JUEZ DE CONTROL, SIN QUE ELLO SE SATISFAGA CON LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE LOS HECHOS DEL CASO CORRESPONDAN A UN DELITO QUE AMERITA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. Los tribunales colegiados que conocieron de los juicios de amparo indirecto sostuvieron un criterio distinto consistente en determinar si en términos del artículo 16 de la Constitución Federal y el numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la necesidad de cautela para librar una orden de aprehensión, sin mediación de citatorio, debe tenerse por satisfecha con la sola circunstancia de que el delito por el cual el fiscal solicita su libramiento es de los que ameritan prisión preventiva oficiosa. Al respecto, debe indicarse que para el dictado de una orden de aprehensión en el nuevo sistema de justicia penal, sin que medie citatorio, la necesidad de cautela no se satisface con la sola circunstancia de que los hechos del caso correspondan a un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, pues al constituir formas y medidas con fines diferentes para el proceso penal, se requiere necesariamente una serie de circunstancias que conduzcan al Juez a determinar que la única forma de conducir al imputado al proceso es mediante una orden de aprehensión, no así por una forma diversa. En efecto, la orden de aprehensión a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Federal y el numeral 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales es una forma de conducción excepcional al proceso penal que tiene como finalidad llevar a la persona ante la presencia de un Juez de Control para que la representación social le comunique la imputación que existe en su contra y formalice la investigación, siempre que otra forma sea insuficiente para garantizar la presencia del inculpado a la audiencia inicial. En ese contexto, la orden de aprehensión presupone una carga para el Ministerio Público que le obliga a justificar frente al Juez la necesidad de cautela de la persona, ya sea porque: a) existe riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia, b) se ponga en riesgo la integridad de la víctima, del ofendido, de los testigos, y/o la comunidad, o bien, c) se ponga en peligro el desarrollo de la investigación misma. De ahí que, la necesidad de cautela no se justifica por el solo hecho de que el delito investigado amerita prisión preventiva oficiosa, pues esa medida cautelar no guarda relación con la finalidad que persigue la citada forma de conducción, pues aquélla tiene por objeto garantizar la presencia del imputado en el procedimiento penal, por lo que ambas figuras buscan fines distintos dentro del mismo". Sobre lo anteriormente expuesto, se advierte que la Juez de control, al emitir el mandamiento de captura de veintiséis de enero de dos mil veintitrés contra la quejosa Encarnación Estela Mendoza Lopez o Estela Mendoza Lopez, específicamente para tener por satisfecho el requisito de la necesidad de cautela, no cumplió con las formalidades establecidas en los numerales 16 tercer párrafo y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales; es decir, realizar una debida motivación al analizar los factores que expuso el fiscal para justificar la necesidad de cautela en la orden de aprehensión solicitada. Se dice lo anterior, puesto que a la solicitud y argumentación del Órgano investigador, la Juez de Control se limitó a considerar los siguientes datos que prueba que establecieron la necesidad de la cautela: 1.- Denuncia por la C. Lizett Arroyo Rodríguez de veinte de enero de dos mil veintitrés, en contra de Juan Acevedo o Moisés Acevedo Jiménez o Juan Acevedo Jiménez, Juan Hernández o Juan Hernández Pérez y Estela Mendoza López por los hechos que la ley señala como los delitos de amenazas y ataque peligroso. 2.- Declaración de Edith Marcelina Valeriano Ramírez, encargada de la agenda de la Víctima, el veinte de enero de dos mil veintitrés, por la cual, manifiesta que después de que se llevó a cabo la reunión diecinueve de enero de dos mil veintitrés, con la finalidad de tratar asuntos relacionados con la remodelación del área de pan y de comedores, la diputada hizo un recorrido por el área donde se iban a hacer las remodelaciones, e inmediatamente después de recorrer el área de carnicería en donde se establecerían para empezar a comer, llegaron personas con palos, fierros y tubos, de las cuales pudo reconocer a los imputados dentro de dicha causa además de la quejosa, a lo que se acercó una persona desconocida y le indicó a la diputada que la quejosa Encarnación Estela Mendoza Lopez o Estela Mendoza López era agresiva. 3.- Entrevista del señor Emmanuel Hernández Hernández, encargado de los medios de comunicación de la víctima, el veinte de enero de dos mil veintitrés, por la cual, refiere que una vez terminada la reunión, la diputada Lizett Arroyo empezó a hacer el recorrido por las áreas que iba a ser objeto de remodelaciones; indicó que él iba grabando videos y tomando fotografías de ese recorrido, y al momento de sentarse a comer, escuchó gritos y vio que se revolcaba la gente y se dispersaba, en esos momentos la diputada Lizett Arroyo le ordenó que grabara el acercamiento de unas personas, entre las cuales estaba la quejosa, gritando: "¡tú diputada no sabes con quién te metes, en este momento no puedes grabar!" Por lo cual, decidieron retirarse del lugar. 4.- Inspección ocular que se realizó en el mercado de abastos por el Agente Estatal Luis Moisés Velasco Cruz, el veintiuno de enero de dos mil veintitrés a las 7:45 horas, consistente en la toma de fotográficas primero del lugar de los hechos donde se encuentra una farmacia del ahorro y mega, con dirección de este a oeste avanzó y caminó por un pasillo de aproximadamente ciento cincuenta metros de largo de piso de concreto, apreciando los locales comerciales de diferentes tipos de mercancía, como el comedor "Anita" el cual se localiza el número 294, al oeste también se visualiza un local comercial denominado "chocolate y mole la soledad", donde imprimió dos fotografías más, terminando esa diligencia a las 8:20 horas de la misma. Asimismo, el Agente Estatal de Investigaciones pudo tomar la media filiación de los presuntos responsables, de acuerdo a la información que le dio el testigo Emmanuel Hernández Martínez. 5.- Dictamen psicológico de fecha veintiuno de enero de dos mil veintitrés, elaborado por la psicóloga Nora Sánchez Velasco con cédula profesional 3793108 realizada a la C. Lizett Arroyo Rodríguez, por los hechos denunciados, dicho dictamen a petición del Agente del Ministerio Público. En el estableció que una de las hipótesis es saber si la persona de nombre Lizett Arroyo Rodríguez presenta indicadores de afectación psicológica a causa de los hechos experimentados; así como si presenta indicadores de afectación psicológica a causa de hechos experimentados. Por lo cual, hizo la explicación de cada uno de sus planteamientos y realizó la descripción de la actitud que presentaba al momento de ser evaluado la dimensión discursiva en relación a los hechos que narró la víctima, asimismo, hizo la descripción del estado mental de esta persona y su estado de ánimo y afectividad. De los resultados obtenidos concluyó que Lizett Arroyo Rodríguez: No presentó síntomas de trastorno psíquico o alteración mental que comprometan su condición vital ni de proceso cognitivo superiores. No presentó conductas que aporten indicios o que resulten des adaptativos o antisociales durante el proceso de evaluación. No cumplió con criterios clínicos de discapacidad intelectual. Sí presentó estrés agudo, caracterizado por ansiedad angustia que supera la zozobra a causa de ser víctima de amenazas, hostilidad intimidación al presentar los siguientes indicadores. 6.- Informe que rinde el Agente Estatal de Investigaciones Moisés Velasco Cruz el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, donde manifiesta que inició una investigación en el mercado de abastos para establecer la identidad de las personas de Juan Acevedo Jiménez y Juan Hernández Pérez señalando que el primero de ellos, es líder de la Organización Macedonio Alcalá, dedicada al comercio de productos de mercancías estambres hilos agujas de etcétera, en el área cerca de la Central de Abasto; y el segundo, es líder de Comerciantes Unidos de Oaxaca el cual se dedica a comercializar productos del mar mariscos en el área húmeda de la central de abastos. Por lo que respecta a la persona del sexo femenino Estela Mendoza López, es líder de la Organización Veintiuno de Marzo. Hizo mención que la anterior información se recabó de las entrevistas que fueron proporcionadas de manera anónima por los locatarios del lugar, así como de fuentes de información abiertas al público como Facebook. 7.- Informe de fecha veintitrés de enero de dos mil veintitrés por el Jefe de la unidad de análisis de delincuencia, Jorge Luis García Hernández, que en lo que interesa, refirió algunos datos generales de la quejosa, siendo su nombre completo Encarnación Estela Mendoza López, señaló que es Secretaria General de la de la Organización Veintiuno de Marzo, 54 años de edad y con domicilio ubicado en las faldas el fortín 111 de la colonia el mirador de la ciudad de Oaxaca. 8.- Informe que rindió la criminalística Fátima Cortes Velasco con cédula profesional 8703180 de fecha veintiséis de enero de dos mil veintitrés, en donde el Ministerio Público le solicitó su opinión técnica pericial sobre los instrumentos que habían utilizado de acuerdo a la declaración de la denuncia de la víctima y de los testigos, los cuales estableció que en cuanto a los objetos que refirió la víctima como es el palo, es un agente vulnerable y define el agente vulnerable como una sustancia o un elemento cuya acción externa causa alteración y lesiones o perdida de la vida. Por lo que se refiere a los tubos y fierros, indicó que un tubo es una pieza hueca de forma cilíndrica y generalmente abierta por ambos lados, refiere que de acuerdo a los datos que tiene se deduce que el tubo señalado por la víctima y los testigos sí presenta potencial para ser considerado como un agente vulnerante, siempre y cuando se encuentre hecho con un material duro o de algún tipo de metal y que ese objeto sea aplicable a una acción externa o movimiento, sumado con la fuerza muscular es posible que provoque lesiones sobre el cuerpo humano y dependiendo de la fuerza aplicada y de la zona notoria que vulnere es posible causar lesiones de gravedad incluso de muerte. Y definió como arma al medio o instrumento medio o máquina destinada a atacar o defenderse. Ahora bien, respecto de los datos de prueba señalados, la Juez de control realizó un análisis de los mismos, con la finalidad de determinar si eran pertinentes, idóneos y suficientes para acreditar el hecho referido por el Agente del Ministerio Público y en ese sentido, obtuvo el siguiente resultado. En primer término, por cuanto hace a la denuncia realizada por la víctima directa Lizett Arroyo Rodríguez de fecha veinte de enero de dos mil veintitrés, estimó que era un dato de prueba pertinente para establecer el hecho referido, en atención a que se trata de la declaración de la persona que resintió directamente la conducta ilícita, esto es la víctima directa, por ende, era la más indicada para proporcionar todos los detalles de lo ocurrido; asimismo estimó que era congruente con las entrevistas de Edith Marcelina Valeriano Ramírez y Emmanuel Hernández Hernández, personas que la acompañaban en el momento en que ocurrieron tales acontecimientos. Ahora, de la diligencia de inspección ocular practicada por el Agente Estatal de Investigaciones Luis Moisés Velasco Cruz, también estimó que era dable otorgarle estimación probatoria, porque se trata de una actuación realizada por el citado Agente, con motivo de las funciones que tiene encomendadas como auxiliar del Ministerio Público en la investigación, y con ello se logró establecer el sitio en que ocurrió el hecho, así como también se asienta la media filiación de los aquí imputados, por ello se le otorga estimación probatoria. Lo mismo aconteció por cuanto hace al dictamen psicológico emitido a favor de la víctima elaborado por la psicóloga Nora Sánchez Velasco, toda vez que, señaló ser la pericia idónea para establecer el estado emocional en que se encontraba la sujeto pasivo, pues tuvo a la vista a la víctima, asimismo, empleó metodología propia de su pericia y con base en ello, llegó a una conclusión en cuanto a que la víctima presentaba un estrés agudo y todo esto atribuible al haber sido víctima de amenazas e intimidación. Respecto al informe que rinde el Agente Estatal de Investigaciones Moisés Velázquez Cruz quién realizó una investigación para establecer la identidad de los imputados, le confirió valor probatorio, pues al efecto refirió que a través de entrevistas se pudo establecer la identidad de los mismos. También respecto del informe realizado por el Jefe de la Unidad de Análisis de Delincuencia Jorge Luis García Hernández, toda vez que, informó sobre las fichas de cada uno de los aquí imputados, estableciendo datos personales de los mismos, el carácter que tiene cada uno de ellos toda vez que al efecto se advierte que son líderes de una organización, por tanto, estimo que era prudente o pertinente otorgarle estimación probatoria. Y respecto al informe que rinde la criminalista Fátima Luis Velasco también estimó que era un dato de prueba pertinente, puesto que con ello se logra establecer los términos de palo y tubo, que fueron los objetos que utilizaron los sujetos activos al momento de desplegar la conducta ilícita en contra de la víctima, por ello, y en atención a que el dictamen fue realizado por un experto en la materia fue dable otorgarle estimación probatoria. Así, una vez que fue realizada la estimación de tales datos de prueba, se procedió a analizar la necesidad de cautela. Por tanto, del Considerando Noveno de la resolución de veintiséis de enero de dos mil veintitrés se advierte lo siguiente: [.] Noveno. Necesidad de cautela. Ahora bien, resulta pertinente analizar la necesidad de la cautela, esto es el presupuesto establecido por la fracción III del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales y en ese sentido se comparte la postura del Agente del Ministerio Público en cuanto a que se actualiza el riesgo para la víctima y la sociedad, siendo que el numeral 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que para determinar ese riesgo el Juez de Control debe hacer una valoración respecto de las circunstancias del hecho y de las condiciones particulares en que se encuentren dichos sujetos de las que pueda derivarse la existencia de un riesgo fundado de que se cometa contra dichas personas un acto que afecte su integridad o ponga en riesgo su vida, y en ese caso se aprecia que atendiendo al carácter que ostentan cada uno de los activos que como se puede establecer a través de la información que vierte el Agente Estatal de Investigaciones para establecer la identidad de los imputados, así como también con el informe que rinde el Jefe de la Unidad de Análisis Jorge Luis García Hernández se puede apreciar y también de lo que declaran la propia víctima y los testigos presenciales, que los imputados son líderes de diversas organizaciones precisamente que existen en el mercado de abastos, luego entonces en atención a lo anterior así como también a la conducta que desplegaron en contra de la víctima en esa fecha de los hechos, en cuanto a que se reunieron un grupo de personas, que estos iban armados de diversos objetos como lo es palos y tubos con la finalidad de agredir a la víctima, evidentemente que se acredita un riesgo fundado que se cometa contra la víctima un acto que afecte su integridad personal o ponga en riesgo su vida, así como inclusive en contra de la sociedad, lo anterior puesto que es del dominio público el hecho de que este tipo de organizaciones generalmente se valen precisamente de esas circunstancia, de los distintos miembros de su organización con la finalidad de amedrentar a las demás personas cuando tienen ciertas exigencias o algún conflicto con otro grupo de personas distintos a su gremio. Luego entonces, en atención a lo anterior y también atendiendo a que si bien es cierto la calidad que tiene la víctima que es la de diputada y precisamente por la función que desempeña se encontraba en ese lugar para platicar con diversos locatarios con la finalidad de realizar ciertas remodelaciones en ese lugar, no obstante ello a pesar de esa calidad de servidor público que tenía la víctima eso no fue suficiente a efecto de que los sujetos activos evitaran realizar este tipo de actos, lo que revela un cierto grado de peligrosidad de dichas personas puesto que al haber desplegado esta conducta sobre dicha servidora pública evidentemente que de la misma forma pueden desplegarla sobre cualquier otra persona que no tenga esa calidad, de tal manera que atendiendo a lo anterior y que si bien es cierto en este caso dada la punibilidad mínima que se establece, esta punibilidad no es alta, sin embargo la máxima si alcanza una punibilidad de 6 años, luego entonces considero que esta medida o esta orden que solicita el Agente del Ministerio Público es proporcional al caso en cuestión por las características particulares de cada uno de los sujetos activos, por ende estimo que en este caso se satisface ese riesgo tanto para la víctima como para la sociedad en términos del artículo 170 del código Nacional que se comenta. [.]. Énfasis añadido. En atención a lo anterior, la Juez responsable tuvo por justificada la necesidad de cautela, lo que es contrario a la normatividad que rige tal mandamiento como un medio de conducción al proceso que afecta la libertad ambulatoria de las personas. Ahora, el artículo 16 de la Constitución federal, que en lo que nos interesa, a la letra dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. [.] No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal." Conforme a una interpretación sistemática y literal del artículo 16 constitucional, en lo referente a la orden de aprehensión, podemos considerar que en él se establecen los principios de libertad y seguridad jurídica personales. Así, la libertad personal constituye un derecho humano que no puede ser restringido, salvo en las condiciones que la propia Constitución establece, como acontece con las ordenes de aprehensión, derivadas de elementos que permitan atribuir a una persona su probable responsabilidad en la comisión de un hecho calificado como delito por las leyes penales, por lo que, se puede entender que la regla general es que toda persona goza de libertad personal y de tránsito, mientras que su restricción o suspensión debe estar delimitada por casos específicos; dentro de los cuales, el mandamiento escrito, firmado por la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, constituye la regla general: orden de aprehensión. Ahora, de la resolución de veintiséis de enero de dos mil veintitrés se advierte que la Juez responsable no expuso con argumentos lógico jurídicos, congruentes y de manera suficiente, si la necesidad de cautela en los términos planteados por el Fiscal era idónea, proporcional, necesaria y razonable. Lo anterior se afirma en virtud de que la Juez responsable sustentó su determinación en los datos de prueba descritos en párrafos que anteceden, como lo son: el informe policial realizado por un Agente Estatal de Investigaciones, la declaración de la víctima, su calidad de diputada, la declaración de los testigos presenciales, que la quejosa es una de las líderes de diversas organizaciones que existen en el mercado de abastos y que ello pone en riesgo la integridad de la víctima y la sociedad en general, así como la punibilidad máxima de los hechos delictivos. Sin embargo, dichas razones se consideran insuficientes para tener por acreditada la necesidad de la cautela, sin antes haber agotado las diversas formas de conducción al proceso que marca la ley aplicable al caso en concreto, además de que los delitos por los que se inició la carpeta de investigación contra la referida agraviada no son de los que marca la ley como de prisión preventiva oficiosa. En ese sentido, debe tomarse en cuenta que las diversas formas de conducción al proceso tienen fines absolutamente diferentes, por lo que se requiere necesariamente la conjunción de una serie de circunstancias que conduzcan a la Juez a determinar que la única forma de conducir a la imputada al proceso es mediante una orden de aprehensión y no mediante forma diversa. Estas últimas consideraciones sirven para advertir que la Juez de control, al analizar la necesidad de cautela para librar la orden de aprehensión, debió ponderar y justificar: a) Que la medida restrictiva de la libertad, era la necesaria; es decir, absolutamente indispensable para conseguir el fin deseado, y que no existía medida menos gravosa respecto al derecho intervenido -como el citatorio-, entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto; y, b) Que se tratara de una medida que resultara estrictamente proporcional, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho de la libertad no resultara exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento a la finalidad perseguida. Lo anterior, dado que el deber de motivar y justificar igualmente aplica al requisito de sustracción a la justicia, pues no se puede afirmar de manera subjetiva tal aspecto sino la Juez de control, de advertir tal supuesto en lo planteado por la fiscalía, debe motivar por qué realmente se daría tal supuesto. Porque si bien, el Fiscal se erige como la autoridad constitucional y legalmente facultada para solicitar la orden de aprehensión ante el Juez de Control, lo cierto es que la Juez responsable no puede soslayar que al librar tal mandamiento de captura debe observar el requisito de motivación que en todo acto de autoridad exige el artículo 16 Constitucional. En ese contexto, la autoridad responsable omitió hacer un pronunciamiento asertivo, adecuado y suficiente acerca de los datos que expuso el Ministerio Público, para tener por justificada la necesidad de cautela y emitir la orden de aprehensión reclamada, y que de su análisis se desprendiera que no habría una orden menos lesiva para la libertad personal de la imputada. Máxime que, como ya quedó establecido previamente, existen medidas menos lesivas para que la imputada pueda acudir a la audiencia inicial, citación como regla general y la excepción de comparecencia mediante fuerza pública en caso de desacato a citación previa. Por ello, no es dable ejercer indiscriminadamente la orden de aprehensión por necesidad de cautela, de no estar motivada y justificada ésta, así sea a partir de la reflexión judicial de meros datos de prueba. Es aplicable a lo anterior, la tesis I.6o.P.86 P (10a.), con registro digital 2015204, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, libro 46, septiembre de 2017, romo III, página 1943, de rubro y contenido siguiente: "ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. AUN CUANDO ÉSTA ES DE CARÁCTER EXCEPCIONAL, EL JUEZ DE CONTROL PUEDE DECRETARLA CONFORME AL ARTÍCULO 141, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES SIN NECESIDAD DE QUE EXISTA CITA PREVIA U ORDEN DE COMPARECENCIA POR MEDIO DE LA FUERZA PÚBLICA, SIEMPRE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO DEMUESTRE LA NECESIDAD DE CAUTELA. El artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: citatorio al imputado para la audiencia inicial (fracción I); orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna (fracción II); orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe necesidad de cautela (fracción III); de donde se colige que la orden de aprehensión, como forma de conducción del imputado al proceso, tiene un carácter excepcional, porque su procedencia sólo se actualiza una vez que el citatorio y la orden de comparecencia respectivas no hayan cumplido su objeto; sin embargo, el Juez de control puede ordenar la aprehensión del imputado, sin necesidad de que también exista cita previa u orden de comparecencia a través de la fuerza pública, siempre y cuando el Ministerio Público demuestre la necesidad de cautela, esto es, que existan circunstancias que evidencien la posibilidad de que se evada de la acción de la justicia." En atención a lo anteriormente plasmado, la orden de aprehensión reclamada resulta violatoria de los derechos fundamentales de seguridad jurídica y legalidad, previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que se procede a CONCEDER EL AMPARO Y LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN a favor de la quejosa ********************. Concesión que se hace extensiva a la autoridad ejecutora Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones adscrito al Sector Metropolitano de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, ya que sus actos no se reclaman por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Efectos de la concesión del amparo. Consecuentemente, el amparo y protección de la Justicia Federal, se concede para efecto de que la autoridad responsable, Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet Tlacolula, Oaxaca, realice lo siguiente: a) De manera inmediata deje insubsistente la orden de aprehensión emitida el veintiséis de enero de dos mil veintitrés, únicamente en contra del aquí quejosa ********************, en la causa penal ********************; y, b) Dicte de inmediato una nueva resolución fundada y motivada en la que determine si procede o no el libramiento de la orden de aprehensión como conducción del imputado al proceso a partir de la petición y datos proporcionados por la Fiscalía, de conformidad con los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales; una vez realizado lo anterior, con plenitud de jurisdicción, determine lo conducente. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************o********************, contra actos del Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla, Oaxaca y otras autoridades, por las razones expuestas en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a ********************o********************, contra actos del Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet Tlacolula, Oaxaca y otra autoridad, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
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MESA "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, a través del cual la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, remite testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada el trece de octubre de dos mil veintitrés en el recurso de revisión interpuesto por el AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA MESA CUATRO DE ASUNTOS RELEVANTES DE LA DIRECCIÓN DE AVERIGUACIONES PREVIAS Y PROCESOS DE LA FISCALÍA DE JUSTICIA DEL ESTADO, así como, el expediente .... y un disco en formato DVD, glosado en el expediente, por ende, téngase por recibido lo mencionado; acúsese recibo. Hágase del conocimiento de las partes que el Tribunal oficiante revocó la resolución dictada por este Juzgado el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, debido a que la potestad de amparo no se impuso de la audiencia privada mediante la cual, la Juez de Control libró el mandamiento de captura, esto es, no visualizó el disco remitido por la Juez responsable como anexo a su informe justificado, dado que no realizó un control constitucional sobre los datos de prueba que valoró la Juez responsable en audiencia para estimar que en el caso particular, se actualizan los requisitos que prevé el artículo 16 Constitucional y 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para librar una orden de captura, limitándose a imponerse de la constancia escrita, para con ellos considerar que la Juez de Control no expuso argumentos congruentes y suficientes respecto a la necesidad de cautela, evidentemente trasgrede el procedimiento del juicio de amparo; ordenando así, la reposición del procedimiento del presente juicio de amparo, para los siguientes efectos: 1. Señale nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. 2. Con libertad de jurisdicción resuelva el fondo del juicio de amparo indirecto ... para lo cual verificará y controlará las inferencias de la autoridad responsable a la luz de los datos de prueba que hubiera valorado en la audiencia privada de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, para estimar que cumplen con los requisitos que prevé el que se cumplen con los requisitos que prevé el artículo 16 Constitucional y 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales. CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA En cumplimiento a lo ordenado por el Órgano superior, se provee: 1.- Se deja insubsistente la resolución de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. 2.- En términos del diverso numeral 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena la reposición del procedimiento para efecto de señalar nueva hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional y resolver con libertad de jurisdicción el fondo del juicio de amparo indirecto ... y verificar y controlar las inferencias de la autoridad responsable, para estimar que se cumplan con los requisitos que prevé el artículo 16 Constitucional y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, previa precisión de la Litis en los términos indicados por el Tribunal revisor. PARTE QUEJOSA ENCARNACIÓN ... AUTORIDADES RESPONSABLES JUEZ DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE VALLES CENTRALES CON SEDE EN SAN FRANCISCO TANIVET TLACOLULA, OAXACA. JUEZ DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE VALLES CENTRALES CON SEDE EN EJUTLA DE CRESPO, OAXACA. COMANDANTE DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES, ADSCRITO AL SECTOR METROPOLITANO DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA. COORDINADOR DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO. COMANDANTE DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES ADSCRITO A LA FISCALIA LOCAL DE EJUTLA DE CRESPO, OAXACA. ACTO RECLAMADO La orden de aprehensión, detención y/o presentación girada en su contra. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS Artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. FECHA Y HORA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se fijan las ONCE HORAS CON SEIS MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Desde este momento SE AUTORIZA para que CUALQUIER DILIGENCIA que se ordene en el presente juicio de amparo, se realice, de ser necesario, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, ya que el suscrito lo estima pertinente para el adecuado despacho de este asunto. NOTIFÍQUESE.
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MESA VII "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Visto el oficio 22258/2023, proveniente del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, en atención a su contenido, como lo solicita, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, instrúyase a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este Juzgado, para que realice la vinculación del juicio de amparo indirecto ********************del índice de este juzgado con el diverso número ********************y acumulados, del conocimiento del órgano exhortante. NOTIFÍQUESE.
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MESA VII "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes, el oficio de cuenta, proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, mediante el cual acusa recibo del oficio con el que se remitieron los autos originales del juicio de amparo 118/2023 y sus anexos, con motivo del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, contra la sentencia de veintiocho de marzo del año en curso, e informa que admitió a trámite el referido medio de impugnación, quedando registrado con el número 157/2023 de ese índice. NOTIFÍQUESE.
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