Encargado de la Garita Migratoria de Huehuetan, Chiapas
Expediente 409/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 15 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 409/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 10/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Encargado de la Garita Migratoria de Huehuetan, Chiapas
- Mailey Garcia Maceda
- Yoanlis Leiki Hernandez Villa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a diez de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta, y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió la resolución que puso fin al presente juicio de amparo, dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su ordinal 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Toda vez que la parte quejosa nada manifestó con relación a lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental abrogada; aplicable en materia de datos personales, según el segundo párrafo del artículo segundo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación; al hacerse pública la sentencia, deberán suprimirse su nombre y datos personales; en la inteligencia de que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Alma Delia García Gutiérrez, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, encargada del despacho en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio número CCJ/ST/4821/2019 de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, asistida por el licenciado José Alfonso García López, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Estado de Chiapas, a las diez horas del veinte de septiembre de dos mil diecinueve, el licenciado Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido por el licenciado José Alfonso García López, Secretario con quien actúa, declaró abierta la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías 409/2019, promovido por Yoankis Leiki Hernández Villa, Mailey García Maceda, Dagoberto Trujillo García, Camilo López Rodríguez y José Luis Castillo Rodríguez, por su propio derecho, contra actos de la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México y de otras autoridades. El Secretario hace constar la inasistencia de la partes. Enseguida, el Secretario del juzgado certifica que en este acto se procedió a dar lectura de las constancias que obran en el sumario, las cuales se tienen por reproducidas. Asimismo certifica que la autoridad responsable Encargado Oficial de la Garita Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Huehuetán, Chiapas, omitió rendir informe justificado y en autos obra constancia de su legal emplazamiento, y que ha transcurrido el término de tres días otorgado a la parte quejosa en proveídos de quince de abril, dieciséis de mayo y veintisiete de mayo, todos de la presente anualidad, para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto de la inexistencia de las autoridades Subdelegada Zona Sur del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad; Partida Militar del Ejército Mexicano adscrito a las Instalaciones de Cerro Gordo y Encargado de la Garita Migratoria adscrito a las Instalaciones de Cerro Gordo, ambos residentes en Villa Comaltitlán, Chiapas; Oficial Encargado del Instituto Nacional de Migración; Oficial encargado de la Policía Federal; Oficial Encargado de la Fiscalía General de la República, todos adscritos al Aeropuerto Internacional Benito Juárez, con residencia en la Ciudad de México. Enseguida, el Juez acuerda: Se tiene por realizada la anterior relación de constancias, para los efectos a que haya lugar, y toda vez que los quejosos no contestaron las vistas ordenas en autos de quince de abril, dieciséis de mayo y veintisiete de mayo, todos de la presente anualidad, se les hace efectivo el apercibimiento y se tienen como inexistentes las autoridades que aluden dichos proveídos. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se declara abierto el período probatorio sin que las partes ofrecieran medio de convicción alguno. Al no existir más escritos con que dar cuenta al Juez se cierra dicho período. A continuación se abre el período alegatos, en el que solo la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita los formuló solicitando el sobreseimiento del presente juicio de garantías por inexistencia del acto reclamado. Desahogadas las etapas correspondientes a la presente audiencia y al no existir actuaciones pendientes de desahogar, el Juez acuerda dar por concluida la presente diligencia y procede a dictar la resolución correspondiente. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 409/2019. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito de demanda presentado el ocho de abril de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, de la que correspondió conocer, por razón de turno, a este juzgado, Yoankis Leiki Hernández Villa, Mailey García Maceda, Dagoberto Trujillo García, Camilo López Rodríguez y José Luis Castillo Rodríguez, por su propio derecho, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que en un apartado posterior se precisarán. SEGUNDO. Trámite. Por auto de ocho de abril de dos mil diecinueve, se admitió a trámite el expediente 409/2019, se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desprende del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, tiene competencia legal para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el numeral 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General 25/2017 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de noviembre de dos mil diecisiete. Esto, al reclamarse actos de naturaleza administrativa de autoridades que se encuentran dentro de la jurisdicción de este juzgado de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer lo relativo a la certeza de los actos de autoridad reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, es necesario precisar en qué consisten aquellos, atendiendo a la integridad de la demanda, con la finalidad de una mejor impartición de justicia. Al respecto, es orientadora la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Segunda Sala de la misma superioridad, respectivamente, de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". En el caso, de la lectura integral del escrito de demanda, y demás constancias que obran en autos, se obtiene que el acto reclamado es el siguiente: "De las autoridades señaladas como ordenadoras y ejecutoras reclamamos lo siguiente: 1.- El acto consistente en RESTRINGIR EL LIBRE TRÁNSITO, CON FINES DE DETENCIÓN, DEPORTACIÓN RETORNO ASISTIDO, DESTIERRO, RETENCIÓN HE INTERNAMIENTO, ASÍ COMO EL TRASLADO FORZOSO A UNA ESTACIÓN MIGRATORIA, O CUALQUIER OTRO ACTO QUE RESTRINJA MI LIBRE TRÁNSITO O DEAMBULAR POR EL TERRITORIO NACIONAL, de los quejosos y cualquier otro acto del artículo 22 constitucional, sin que haya mediado juicio, procedimiento o mandamiento escrito de alguna autoridad en contra de los hoy suscritos." TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México; Comisionado del Instituto Nacional de Migración; Oficial Encargado del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo del Instituto Nacional de Migración, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Oficial del Instituto Nacional de Migración Encargado del Aeropuerto Xoxocotlán, con sede en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca; Encargado Oficial de la Garita Migratoria de Echegaray, con sede en Pijijiapan, Chiapas; y Encargado Oficial de la Garita Migratoria de La Ventosa, con sede en Tapanatepec-La Ventosa, Oaxaca, negaron los actos que les fueron reclamado y el Oficial Encargado de la Partida Militar (Ejército Mexicano) con sede en la ciudad de Tonalá, Chiapas, en su informe justificado manifestó que no contaba con facultad para llevar los actos que le reclamaban; motivo por el cual, se sobresee en el presente juicio, de conformidad con lo previsto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. La autoridad responsable Encargado Oficial de la Garita Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en Huehuetán, Chiapas, omitió rendir informe justificado, y en autos obra constancia de su legal emplazamiento, por lo que se encuentran legalmente notificada de la interposición de la demanda de amparo; en consecuencia, cobra actualización la presunción de certeza que deriva del artículo 117, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, pues dicha autoridad omitió rendir el informe en los términos indicados en proveído de ocho de abril del año en curso, y por tanto, se tiene por cierto el acto que se le reclama; sin embargo, tal presunción de certeza, se desvirtúa con la negativa expresa de las restantes autoridades migratorias, razón por la cual también en cuanto a estas autoridades procede sobreseer en el juicio. Es de puntual aplicación, la jurisprudencia número 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 a 2000, que señala: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Igualmente es aplicable, a lo antes citado, la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo epígrafe y texto versan de la siguiente manera: PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio promovido por Yoankis Leiki Hernández Villa, Mailey García Maceda, Dagoberto Trujillo García, Camilo López Rodríguez y José Luis Castillo Rodríguez, contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, atento los razonamientos expuestos en el último considerando del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido del licenciado José Alfonso García López, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa en su numeral 2, agréguese a los autos el pedimento suscrito por la Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita a este Juzgado, y en relación a su contenido, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por formuladas las alegaciones vertidas en el citado ocurso, para los efectos legales procedentes, las cuales se tomaran en cuenta en el momento procesal oportuno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido del licenciado José Alfonso García López, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes, el oficio firmado por la Subcomisión Jurídica del Instituto Nacional de Migración en Representación del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado con sede en la Ciudad de México, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual rinde informe justificado en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes el informe de mérito, para el ejercicio de sus derechos si lo estiman pertinente, sin perjuicio de hacer relación del mismo al celebrarse la audiencia constitucional. Finalmente, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tiene como delegados a las personas que señala y como domicilio el que indica.
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