Emperatriz Hilerio Vazquez
Expediente 730/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 24 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 730/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 29/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Emperatriz Hilerio Vazquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
En esas circunstancias, se niega la medida cautelar solicitada. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO.- Se NIEGA a Emperatriz Hilerio Vázquez, la suspensión definitiva en los términos indicados en el considerando segundo de la presente resolución incidental, y por las razones ahí expuestas. Notifíquese.
- Principal
AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Estado de Chiapas, a las nueve horas con treinta minutos del cinco de diciembre de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, en el juicio de amparo ********************, promovido por ********************, ante la presencia de la Jueza Rosa Patricia Córdova Rangel, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, asistida por Francisco Javier de los Santos Estrada, con quien actúa y da fe. ******************** El Secretario hace constar que de la consulta efectuada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE], en el módulo "Agenda visita a OJ", opción "Consulta General" no se advierte que alguna de las partes solicitara cita para comparecer a esta audiencia. A continuación, el Secretario da cuenta con la relación de constancias, en las que obran y destacan las siguientes: NO. CONSTANCIAS FOJAS 1 Demanda de amparo. 02 a 06 2 Auto admisorio. 20 a 26 3 Emplazamiento al agente del Ministerio Público de la Federación. 28 3 Emplazamiento a los terceros interesados. 200 reverso y 211 Asimismo, se hace constar que la siguiente relación coincide con las autoridades responsables y el sentido de su informe con justificación: NO AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO FOJA 1 Juez y Actuarios Judiciales adscritos al Juzgado Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, Chiapas Cierto 85 a 87 2 Juez y Actuarios Judiciales del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil de Villa de Acapetahua, Chiapas. Cierto 40 3 Agente de la Policía Especializada de la Delegación de Acapetahua, Chiapas Niega 29 Al respecto la Jueza de Distrito acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos a que haya lugar. Acto seguido, se abre la etapa de pruebas: El secretario hace constar que, las partes ofrecieron los siguientes medios de convicción: NO PARTE PRUEBAS FOJA 1 Juez y Actuarios Judiciales del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil de Villa de Acapetahua, Chiapas. Documentales 41 a 70 2 Juez y Actuarios Judiciales del Juzgado Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Documentales Dos cuadernos de pruebas que se encuentran bajo resguardo de la Secretaria V de este juzgado. 3 Quejosa ********************. Documentales Documentales anexas a la demanda de amparo. Al respecto la Jueza de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza. Con lo cual se declara cerrada esta etapa. A continuación, se abre el periodo de alegatos, en el cual el Secretario hace constar que únicamente los formuló la parte tercera interesada Carloman Reyes Gumeta. Con lo cual se declara cerrada esta etapa. Posteriormente, al respecto se acuerda: ténganse por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales procedentes, sin promoción pendiente de acuerdo, se pasan los autos para dictar la resolución que en derecho corresponda. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo ********************. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el dieciséis de junio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, del cual, por razón de turno, correspondió conocer a este juzgado, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y autoridades que se precisarán en un apartado posterior. SEGUNDO. Trámite. Por acuerdo de veinte de junio del año en curso, se admitió a trámite el citado libelo, el cual se radicó bajo el consecutivo ********************; se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional relativa al presente juicio, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es competente para conocer y resolver del presente juicio, en términos de lo previsto por los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 1, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de abril de dos mil veintiuno, ya que los actos reclamados tendrían verificativo en el ámbito espacial en que este órgano jurisdiccional ejerce válidamente sus funciones. SEGUNDO. Fijación de la litis. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta necesario fijar con claridad y precisión en qué consiste el acto reclamado, para lo cual se atiende la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Segunda Sala de la misma superioridad, respectivamente de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". Del estudio íntegro de la demanda de garantías y demás constancias que obran en este sumario, se colige que ******************** reclama: Del Juez y de los Actuarios adscritos al Juzgado Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas: La falta de emplazamiento al juicio radicado bajo el consecutivo 550/2018 (primigeniamente 1091/2013) de su índice, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por Carloman Reyes Gumeta, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de la persona moral hoy denominada Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, en contra de Agripino Mazariegos Robledo y Ventura Girón Hernández. En consecuencia, todo lo actuado en ese sumario, específicamente, el auto de cuatro de abril del año que transcurre, en el que el Juez de origen ordenó girar exhorto al Juez de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Acapetahua, Chiapas, a fin de que requiriera a los demandados Agripino Mazariegos Robledo y Ventura Girón Hernández, para que en el plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación correspondiente, hicieran entrega a la adjudicataria, del inmueble ubicado en avenida Constitución Norte y calle Doctor Otta Poniente sin número, barrio Santo Domingo, en Escuintla, Chiapas; con el apercibimiento que de no hacerlo, se procedería al lanzamiento a su costa, con el auxilio dela fuerza pública. Del Juez y de los Actuarios adscritos al Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil, y del Comandante de la Policía Especializada, todos con residencia en Acapetahua, Chiapas: La ejecución de esas determinaciones. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El encargado de la Delegación de la Policía Especializada, con residencia en Acapetahua, Chiapas, en su informe justificado, en su informe justificado, negó la existencia del acto que se le imputa, sin que la parte quejosa desvirtuara dicha negativa con prueba fehaciente alguna. Luego, sin prueba en contrario que desvirtúe la negativa aseverada por la responsable, procede sobreseer en el presente juicio de garantías, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto del acto que se atribuye a dicho comandante policíaco. Encuentra apoyo lo antes citado en la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo epígrafe y texto versan de la siguiente manera: PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Los Jueces y los Actuarios adscritos a los Juzgados Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y de Primera Instancia en Materia Civil, residente en Acapetahua, Chiapas, en su informe justificado, reconocieron los actos que se les atribuye, y precisó el Titular del primero de los órganos jurisdiccionales, que ahí se radicó el expediente 550/2018 (primigeniamente 1091/2013) de su índice, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por Carloman Reyes Gumeta, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de la persona moral hoy denominada Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, en contra de Agripino Mazariegos Robledo y Ventura Girón Hernández; sumario en el cual, seguido el juicio en todas sus etapas, se condenó a los demandados al pago de las prestaciones reclamadas; y al no haber hecho pago de la condena, se ordenó el remate del inmueble embargado en aquellos autos, sito en avenida Constitución Norte y calle Doctor Otta Poniente sin número, barrio Santo Domingo, en Escuintla, Chiapas,. Prosiguió la autoridad judicial responsable ordenadora, que en auto de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, se declaró adjudicado y aprobado el remate del citado bien a favor de María Concepción Vera Ruiz; determinación que adquirió firmeza en proveído de veintitrés de noviembre siguiente. Abundó el Juez de origen, que en proveído de cuatro de abril de dos mil veintidós, ordenó girar exhorto al Juez de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Acapetahua, Chiapas, a fin de que requiriera a los demandados Agripino Mazariegos Robledo y Ventura Girón Hernández, para que en el plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación correspondiente, hicieran entrega a la adjudicataria, del inmueble ubicado en avenida Constitución Norte y calle Doctor Otta Poniente sin número, barrio Santo Domingo, en Escuintla, Chiapas; con el apercibimiento que de no hacerlo, se procedería al lanzamiento a su costa, con el auxilio de la fuerza pública; acto procesal que, afirmó la autoridad judicial exhortada, a la fecha de la emisión de su informe, no se había cumplimentado. Y para justificar su aserto, las autoridades judiciales remitieron copia certificada de las constancias relativas al sumario de origen, las cuales tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa en su ordinal 2, por tratarse de documentales expedidas por servidor público en ejercicio de sus funciones. De ahí que deben tenerse por ciertos los actos que se atribuyen a las responsables y resolver en consecuencia. QUINTO. Estudio de las causas de improcedencia. Por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio oficioso, procede analizar las causas de improcedencia que pudieran haberse actualizado en el presente juicio, las hayan alegado o no las partes, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso particular, Carloman Reyes Gumeta, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de la persona moral denominada Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, en su escrito agregado en autos en proveído de treinta y uno de agosto del año en curso (fojas 168 y 169), hizo valer la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por considerar que la quejosa no forma parte del procedimiento en el sumario de origen, y como tal, no existía obligación por parte del a quo de llamarla al juicio relativo; además, que no acreditó el interés jurídico para obtener la protección constitucional solicitada. Al respecto, esta juzgadora considera que le asiste la razón al citado profesionista y, por tanto, debe sobreseerse en el presente juicio. Para ilustrar este aserto, primeramente, es menester transcribir el contenido de los artículos 107, fracción I, constitucional; 61, fracción XII, 5, párrafos primero y segundo, y 6, párrafo primero, todos de la Ley de Amparo, cuya literalidad es la siguiente: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. (.)" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley". De dichas transcripciones se infiere, que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, y que para la procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo. En cambio, para el interés legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa. De lo que se sigue, que quien solicite la protección de la Justicia Federal deberá acreditar que el acto de autoridad conculcó alguno de los derechos que en su favor tutela el orden jurídico, esto es, demostrar al órgano de control constitucional que efectivamente resintió una afectación personal, inmediata y directa en su esfera de derechos; de lo contrario, es decir, de no acreditar dicho extremo, el juicio de garantías resulta improcedente. Por "agravio" o "afectación" debe entenderse todo menoscabo, u ofensa que se infrinja a la persona física o moral, ya sea de naturaleza patrimonial o física, siempre que sea apreciable objetivamente, esto es, la afectación que aduzca el quejoso debe ser real y no de carácter simplemente subjetivo. Aunado a lo anterior, dicho agravio debe recaer en una persona determinada, no ser abstracto, y ser de realización ya sea pasada, presente o inminente y no simplemente eventual, aleatorio o hipotético; es decir, es menester que se haya producido, se esté efectuando en el momento de la promoción del juicio de amparo, o bien, que sea de carácter inminente, pues solo de esta manera se puede acreditar el elemento fundamental y estructural del principio de instancia de parte agraviada que rige al juicio de amparo, tanto para ejercer la acción constitucional como para continuar esta última hasta su decisión definitiva, a fin de que se modifique o revoque una resolución. Apoya este argumento, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 168/2007, publicada en la página 225 del Tomo XXVII, Enero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuya literalidad es la siguiente: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Entonces, la satisfacción del interés jurídico lleva implícito el acreditamiento forzoso de dos elementos esenciales, a saber: a) La afectación, agravio o perjuicio sufrido en la esfera de derechos causado por el acto de autoridad que se reclama, es decir, probar lo que comúnmente se conoce como el interés jurídico en sí mismo considerado; y, b) La titularidad o nexo causal entre el derecho lesionado y la persona física o moral que reclama su protección en la vía constitucional de amparo, esto es, lo que se conoce como la satisfacción material de la titularidad del interés jurídico. La carga de la prueba para acreditar ese extremo recae en el promovente de la demanda, sin que esa obligación pueda estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto. Apoya este argumento, la conclusión alcanzada por la Primera sala del Máximo Tribunal del País, en la jurisprudencia 1/2022, publicada en la página 15 del Tomo XV, Febrero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto. Claro que la falta de interés jurídico no es un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, en tanto que puede acreditarse durante el procedimiento del juicio de amparo y hasta la audiencia constitucional, mediante las pruebas que al efecto se aporten. Estimar lo contrario implicaría dejar al promovente en estado de indefensión dado que a priori se le privaría de la oportunidad de allegar pruebas al juicio que justificaran dicho requisito de procedibilidad. Justifica este aserto, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en la jurisprudencia 15, publicada en la página 884 del Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro siguiente: INTERÉS JURÍDICO, FALTA DE. NO ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO, PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS. Como ha quedado apuntado anteriormente, ******************** se ostenta propietaria del inmueble ubicado en avenida Constitución Norte y calle Doctor Otta Poniente sin número, barrio Santo Domingo, en Escuintla, Chiapas, y argumenta que se le pretende privar de sus derechos sin que previamente se le hubiera otorgado la garantía de audiencia, ya que no fue oída y vencida en juicio. Por cuestión de orden lógico, cabe señalar, en primer lugar, que el Pleno del Máximo Tribunal del País, al dilucidar la Contradicción de tesis 11/95, estableció que persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa, por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Ahora bien, en el presente juicio de amparo la quejosa no acreditó, ni siquiera indiciariamente, que se encontrara en posesión del inmueble, y menos aun, que fuera propietaria de ese bien, sino que se limitó a enunciar genéricamente que el acto de desposeimiento transgrede en su perjuicio las garantías de legalidad y posesión consagradas en los normativos constitucionales 14 y 16, ya que las autoridades pretendían despojarla del predio de su propiedad, mas no aportó algún medio de convicción que generara en esta juzgadora, al menos, la duda razonable de que aquélla se encontraba en posesión material del bien que defiende. Se afirma lo anterior porque, para acreditar su dicho, la quejosa ofreció como prueba junto con su escrito de demanda, las constancias que fueron anexadas a la cédula de notificación realizada por el Actuario Judicial adscrito al Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en Acapetahua, Chiapas, al momento de constituirse al domicilio ubicado en avenida Constitución Norte y calle Doctor Otta Poniente sin número, barrio Santo Domingo, en Escuintla, Chiapas, a efecto de dar cumplimiento a lo requerido por el Juez Primero del Ramo Civil, residente en la capital de la entidad; esto es, requerir la entrega del inmueble relativo. Entre esas documentales obra el acuerdo de cuatro de abril de dos mil veintidós, a través del cual el Juez Primero del Ramo Civil, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ordenó girar despacho al Juez de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Acapetahua, Chapas, para que requiriera a la parte condenada en el juicio 550/2018 del índice de la primera de ellas, para que hiciera entrega del inmueble, apercibiéndola que de no hacerlo, se procedería al lanzamiento a su costa, con el auxilio dela fuerza pública. Asimismo, obra el diverso auto de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, en que el Juez de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en Acapetahua, Chiapas, tuvo por recibido el exhorto de su homólogo Primero del Ramo Civil en la capital de la entidad, y comisionó al diligenciario de su adscripción para que cumpliera con lo ordenado por la autoridad exhortante. También obra entre aquellas constancias, el dictamen de avalúo sobre el bien inmueble de referencia, expedido por el experto Joel Elí Naguillasmu Sánchez. Sin embargo, si bien dichas constancias permiten acreditar la notificación al habitante del inmueble relativo, de la orden del juez responsable de hacer entrega del mismo a su adjudicataria, lo cierto es que no son aptas e idóneas para establecer la posesión o propiedad que ejerce la promovente sobre el bien en comento, pues, incluso, según el dicho expreso de ésta, la diligencia de notificación fue atendida por una tercera persona, sin que haya explicado qué parentesco guarda con ella y sin impugnar la legalidad del acto procesal realizado por el diligenciario asignado. Sin que para considerar lo contrario, contribuya en algo el hecho que en la diligencia de requerimiento de entrega del bien en comento, una habitante del inmueble relativo haya afirmado que éste le era rentado por la aquí quejosa, ya que, se reitera, en ninguna fase del juicio la impetrante aportó algún documento que acreditara el derecho de posesión que ejerce sobre el bien en cuestión y, por tanto, dicha aseveración debe de considerarse de manera aislada, por no tener apoyo en que sustentarse. Y dado que para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión, al no haber acreditado ese extremo, resulta inconcuso que la quejosa carece de interés jurídico para obtener la protección constitucional solicitada, que obliga al sobreseimiento en el presente juicio. Por contener el principio jurídico, es aplicable al caso el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1/92, publicada en la página 5 del Tomo XV, Febrero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuya literalidad es la siguiente: POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común. Por tanto, al carecer la quejosa de un derecho real sobre el inmueble que defiende, resulta inconcuso que el juez de origen no tenía obligación de llamarla a juicio y, por ende, no le asiste el carácter de tercera extraña al juicio de origen, y por tanto, ninguna de las determinaciones dictadas en el juicio de origen pudieron haber ocasionado alguna afectación en sus derechos públicos subjetivos; lo que evidencia la falta de interés jurídico que le asiste a la quejosa para obtener la protección constitucional solicitada, ya que la afectación de éste, se reitera, debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones, y tampoco puede librarse a la quejosa de la acreditación de ese extremo por el solo hecho de que la autoridad responsable haya reconocido, en forma genérica, la existencia del acto, pues una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto. Y en esa tesitura, resultada diáfana la actualización de la causa de improcedencia arriba invocada, que obliga al sobreseimiento en el presente juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Este sobreseimiento se hace extensivo a los actos de atribuidos a las autoridades responsables señaladas como ejecutoras, ya que al haberse decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por la autoridad responsable ordenadora, debe también decretarse respecto a los de las primeras, porque es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, la tesis 516, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos treinta y nueve, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice 1995, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios. La anterior determinación impide analizar el fondo del asunto, sin que ello cause agravio alguno a la parte quejosa, ya que al actualizarse la actualización de esa figura jurídica impide al juzgador ocuparse de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo. Apoya este razonamiento, la jurisprudencia 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página trescientos treinta y cinco, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, con el rubro y texto siguiente: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. No es obstáculo a lo anterior, el hecho que en el presente juicio no se haya emplazado a las personas que formaron parte en el sumario de origen y que, como tales, les asiste el carácter de terceros interesados en esta asunto, ya que según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, dicho ente jurídico tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto. Apoya este razonamiento, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis P. V/98, publicada en la página 45 del Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro siguiente: TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. Y Sin que el anterior pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias, deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de garantías. Lo anterior es así, ya que ese control opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en amparo directo, salvo que la causal de improcedencia fuere inconstitucional o inconvencional, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia del juicio de amparo en cualquier demanda, esto es, en todos los casos; lo cual se asemejaría a suprimir las causales de improcedencia del juicio de amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en el juicio de amparo directo. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido y alcance, la tesis 1a. CCLXXV/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quinientos veinticinco, Tomo 1, Libro XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de dos mil doce, Décima Época, de rubro y texto siguientes: DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano. Asimismo, la tesis 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quinientos treinta, Tomo 1, Libro XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de dos mil doce, Décima Época, que establece: PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo. Cabe precisar que los criterios judiciales anteriores a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, citados a lo largo de esta sentencia, son aplicables en términos del transitorio sexto, de la Ley de Amparo, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la actual ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra actos y autoridades precisadas en el considerando segundo de esta sentencia, en términos de los considerandos tercero y quinto de este fallo. ******************** ******************** Notifíquese como corresponda al quejoso y tercero interesado, y por oficio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Así lo resolvió y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Francisco Javier de los Santos Estrada Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos el oficio suscrito por el Juez del Ramo Civil del Distrito Judicial de Acapetahua, Chiapas, a través del cual devuelve, sin diligenciar, el despacho 207/2022, orden 528/2022 del propio índice, con que se le solicitó notificar la interposición del presente juicio Agripino Mazariegos Robledo y Ventura Girón Hernández, a quienes les asiste el carácter de terceros interesados. En tal virtud, téngase por cumplida la encomienda delegada a la autoridad oficiante, y dese de baja la comunicación oficial de referencia en el libro de gobierno relativo, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, por cuanto de la constancia de notificación elaborada por el Actuario adscrito al Juzgado del Ramo Civil del Distrito Judicial de Acapetahua, Chiapas, se advierte que al haberse constituido al domicilio señalado para tal efecto, fue informado por un habitante del inmueble relativo, que las personas antes apuntadas no viven en ese domicilio. Por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS ESTRADA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.c9 20/09/23 18:04:59 2 expresa en su numeral 2, se da vista a la parte quejosa para que proporcione el domicilio actual y correcto de las citadas personas, a fin de estar en aptitud de emplazarla al presente juicio; apercibida que de no hacerlo, si a pesar de la investigación que este tribunal realice en las diversas dependencias públicas y privadas de la región, persiste el desconocimiento del paradero de aquéllas, la primera notificación se les hará por edictos que se publicarán a costa de la promovente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso b, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CHIAPAS. Predio Rústico denominado "Huerto Santa Isabel", Carretera Cantón Murillo Km 0+450, de esta ciudad. NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA QUEJOSA: EMPERATRIZ HILERIO VÁZQUEZ. JUICIO DE AMPARO 730/2022, MESA V-B. En Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, hace constar que siendo las nueve horas del siete de noviembre del año en curso, se notifica a la quejosa Emperatriz Hilerio Vázquez, por medio de lista el contenido del proveído dictado en este expediente el cuatro de noviembre del año en curso, pronunciado en el juicio de amparo número 730/2022, del índice de este juzgado, cuya síntesis dice: . ".Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos el oficio suscrito por el Juez del Ramo Civil del Distrito Judicial de Acapetahua, Chiapas, a través del cual devuelve, sin diligenciar, el despacho 207/2022, orden 528/2022 del propio índice, con que se le solicitó notificar la interposición del presente juicio Agripino Mazariegos Robledo y Ventura Girón Hernández, a quienes les asiste el carácter de terceros interesados. En tal virtud, téngase por cumplida la encomienda delegada a la autoridad oficiante, y dese de baja la comunicación oficial de referencia en el libro de gobierno relativo, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, por cuanto de la constancia de notificación elaborada por el Actuario adscrito al Juzgado del Ramo Civil del Distrito Judicial de Acapetahua, Chiapas, se advierte que al haberse constituido al domicilio señalado para tal efecto, fue informado por un habitante del inmueble relativo, que las personas antes apuntadas no viven en ese domicilio. Por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa en su numeral 2, se da vista a la parte quejosa para que proporcione el domicilio actual y correcto de las citadas personas, a fin de estar en aptitud de emplazarla al presente juicio; apercibida que de no hacerlo, si a pesar de la investigación que este tribunal realice en las diversas dependencias públicas y privadas de la región, persiste el desconocimiento del paradero de aquéllas, la primera notificación se les hará por edictos que se publicarán a costa de la promovente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso b, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa...", para que surta los efectos legales procedentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a), c), k), 27, fracción III, inciso a) y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe. Lic. Omar Pérez Cruz. Actuario Judicial
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