Emmanuel Ortiz González
Expediente 1251/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 22 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1251/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 06/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Emmanuel Ortiz González
- Fiscal de la Federación Adscrito
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Causa estado la determinación de veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo sin medio de impugnación interpuesto, por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2 de la Ley de Amparo, se determina que el proveído de veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, ha adquirido firmeza procesal. Valoración de destino y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina destruir el presente expediente, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Toda vez que es innecesario permanecer con los dos tomos de pruebas remitidos por la jueza Segunda de Distrito Especializada en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, devuélvanse a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Se agrega razón actuarial y se ordena notificación. Glósese a los autos la razón actuarial de cuenta, de la que se desprende que no fue posible llevar a cabo la notificación del auto de veinticuatro de julio pasado, al quejoso Emmanuel Ortiz González, por los motivos ahí expuestos; en consecuencia, toda vez que mediante auto de cinco de julio pasado, se tuvo a la directora general del Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", con sede en Ocampo, informando que el quejoso Emmanuel Ortiz González egresó de dicho centro penitenciario al habérsele concedido el beneficio de la libertad anticipada y toda vez que se desconoce el paradero actual del peticionario del amparo, se ordena realizar al quejoso la notificación del proveído de veinticuatro de julio, así como las subsecuentes notificaciones personales, por medio de lista, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE VEINTICUATRO DE JULIO DEL AÑO ACTUAL, EN CUMPLIMIENTO AL DIVERSO DE NUEVE DE AGOSTO SIGUIENTE, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA."
- Principal
Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal de autos, se advierte que en proveído de veinticinco de enero del año en curso, se admitió la demanda de amparo presentada por Emmanuel Ortiz Hernández, en la que reclamó el retardo en la administración de justicia, derivado de no dar cumplimiento a la resolución dictada en el toca penal 100/2022, del índice del extinto Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, que revocó la determinación emitida el catorce de marzo de dos mil veintidós, por el Juzgado Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, en la controversia radicada con el numero SD 108/2020 y su acumulada SD 365/2021, ordenando la reposición del procedimiento a partir del auto de diez de noviembre de dos mil veintiuno. Por su parte, de las documentales que anexaron el secretario del Juzgado Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México y la directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número 12 "CPS-Guanajuato", con sede en Ocampo, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." Se considera que han cesado los efectos del acto reclamado cuando éste ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa. Causal que se actualiza en este caso, debido a que el acto reclamado consiste en el retardo en la administración de justicia, derivado de no dar cumplimiento a la resolución dictada en el toca penal 100/2022, del índice del extinto Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, que revocó la determinación emitida el catorce de marzo de dos mil veintidós, por el Juzgado Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, en la controversia radicada con el numero SD 108/2020 y su acumulada SD 365/2021, ordenando la reposición del procedimiento a partir del auto de diez de noviembre de dos mil veintiuno; sin embargo, con posterioridad a la presentación de demanda de amparo, el Juzgado Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, remitió testimonio auténtico de la resolución dictada el seis de junio pasado, dentro del SIPE 265/2019, relativa a las peticiones de libertad condicionada y libertad anticipada, registradas bajo la controversia SD 108/2020 y su acumulada SD 365/2021, en la cual declaró fundada la solicitud del beneficio preliberacional de libertad anticipada del quejoso y por tanto, extinguida la pena de prisión impuesta al mismo; lo anterior, luego de dar cumplimiento a la reposición del procedimiento ordenada por el tribunal de alzada. Por su parte, la directora del Centro Federal de Readaptación Social Número 12 "CPS-Guanajuato", con sede en Ocampo, mediante el oficio SSPC/PRS/CGCF/CFRS12CPS-GTO/DG/10572/2023 de tres de julio pasado, remitió copia certificada de la documental con la que acredita que el siete de junio del año en curso, se autorizó el egreso del aquí quejoso, en acatamiento a lo ordenado en la controversia SD 108/2020 y su acumulada SD 365/2021. En ese contexto, es incuestionable que al haberse resuelto la controversia SD 108/2020 y su acumulada SD 365/2021, luego de dar cumplimiento a la reposición del procedimiento ordenada por el tribunal de alzada, han cesado los efectos del acto reclamado. Ello es así, toda vez que al momento de promover la presente demanda de amparo, el acto reclamado aún subsistía; empero, al haberse resuelto la controversia SD 108/2020 y su acumulada SD 365/2021, en la cual se declaró fundada la solicitud del beneficio de libertad anticipada del quejoso, motivo por el cual el mismo egresó del centro carcelario respectivo, quedó insubsistente el acto reclamado, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto impugnado ya no agravia a la parte impetrante. Lo anterior, en atención a que los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca, lo que da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes de su nacimiento; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una nueva situación que destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce del derecho violado, por lo que se determina que en el caso cesaron los efectos del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, jurisprudencia 2ª./J. 59/99 que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, resulta aplicable el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Cabe destacar que el análisis de las causales de improcedencia, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia, máxime que las mismas, tienen una existencia justificada en la Ley de Amparo, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni al de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. En tales condiciones, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio constitucional, de conformidad con lo establecido en el numeral 61, fracción XXI, de la ley de la materia. Por tanto, se ordena dejar sin efectos la audiencia constitucional señalada para verificarse a las diez horas con once minutos del veintiséis de julio de dos mil veintitrés; comuníquese lo anterior a la autoridad responsable y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. No es óbice a lo anterior, el hecho de que a la fecha en que se decreta el sobreseimiento de este juicio de amparo, aún no haya tenido verificativo la audiencia constitucional, pues ello no irroga perjuicio alguno a la parte quejosa, debido a que no se le priva del derecho de defensa que le corresponde por derivar el sobreseimiento de una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, como en el caso acontece, de tal suerte que ni aún con la celebración de la audiencia constitucional podría desvirtuarse tal hecho jurídico con prueba alguna; de ahí que resulte innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional, resolver el presente juicio de amparo hasta el momento que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Se ordena generación de versión pública de sentencia o resolución que da por concluido el presente asunto. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo; 71, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias fin de generar oportunamente la versión pública de la presente resolución, a fin de que pueda ser consultable por el público en general.
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