Emmanuel Octavio Segovia Gallardo
Expediente 431/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 431/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Emmanuel Octavio Segovia Gallardo
Actuaciones
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 27 DE MAYO DE 2022, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "." León, Guanajuato, a veintisiete de mayo de dos mil veintidós. I. Se declara que ha causado estado la determinación en que se desechó de plano la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de cuatro de mayo de dos mil veintidós. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que: Se desechó la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. III. Requerimiento a la parte quejosa. Se previene a la parte quejosa para que en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda ante este Juzgado a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, tendrán el mismo destino que el presente expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponibles; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Jueza Tercera de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien actúa con la licenciada María Quiroz García, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 04 DE MAYO DE 2022, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "." León, Guanajuato, a cuatro de mayo de dos mil veintidós. I. Quejoso ratifica escrito aclaratorio. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda la diligencia de ratificación de firma que antecede, de la que se advierte que ********************, ratifica el contenido y firma del escrito aclaratorio de demanda, a través del cumple con los requerimientos formulados en proveído de ocho de abril de dos mil veintidós; por tanto, se provee: II. Fijación de la litis constitucional. De la lectura íntegra de la demanda de amparo y escrito aclaratorio se desprende que el quejoso se duele medularmente de: La omisión del Juzgado Sexto Menor Civil de esta ciudad, de dar contestación y notificar el acuerdo que recayó a su escrito de petición presentado el tres de marzo de dos mil veintidós, dentro del Incidente de Oposición de Terceros a la Ejecución, que promovió en el Juicio Ejecutivo Mercantil ********************. III. Se desecha la demanda de amparo. Acotado lo anterior, se determina que la demanda de amparo es notoriamente improcedente y, por tanto, debe desecharse, como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver el fondo de la cuestión planteada. Así también, la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora bien, respecto al acto reclamado en esta vía constitucional, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." Del examen relacionado de la disposición transcrita, se desprende que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación es obligatoria para los Plenos de Circuito, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, los Juzgados de Distrito, Tribunales Militares y Judiciales del orden común de los Estados y de la Ciudad de México, y Tribunales Administrativos y del Trabajo, locales o federales. En el caso de estudio, se advierte que el quejoso reclama del Juzgado Sexto Menor Civil de esta ciudad, la omisión de dar contestación y notificar el acuerdo que recayó a su escrito de petición presentado el tres de marzo de dos mil veintidós, dentro del Incidente de Oposición de Terceros a la Ejecución, que promovió en el Juicio Ejecutivo Mercantil ********************. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado que el amparo indirecto es improcedente cuando se reclama una violación al artículo 8° Constitucional dentro de un procedimiento jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, tal como se advierte de las jurisprudencias que a continuación se transcribirán: Jurisprudencia 7/2015, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la contradicción de tesis 130/2014, y publicada en el libro 17, abril de dos mil quince, tomo I, Décima Época, consultable en la página 480, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto que dispone: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8° constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." Así como la diversa jurisprudencia 8/2015, emitida por la propia Primera Sala del Alto Tribunal, consultable en la página 478, del mismo tomo del libro a que se refieren los datos de identificación de la tesis que antecede, de la voz y contenido siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada." De lo anterior se desprende que resulta improcedente el análisis de la demanda de amparo planteada por el quejoso, ya que de conformidad con los criterios citados, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8 Constitucional, cuando el particular eleva una solicitud dentro de un procedimiento de carácter judicial. En esa tesitura, debe decirse que la demanda de que se trata resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Jueza Tercera de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien actúa con la licenciada María Quiroz García, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 25 DE ABRIL DE 2022, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "." León, Guanajuato, a veinticinco de abril de dos mil veintidós. Se requiere ratificación de firma. Agréguese a los presentes autos el escrito presentado por el quejoso Emanuel Octavio Segovia Gallardo, mediante el cual pretende cumplir con los requerimientos formulados en proveído de ocho de abril pasado; sin embargo, previo a proveer al respecto, se advierte que la firma que lo calza es notoriamente distinta a la que obra en la demanda de amparo; consecuentemente, requiérase al promovente para que dentro del término legal de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante este juzgado debidamente identificado con documento oficial y vigente en el cual conste su nombre completo, para que cumpla con lo siguiente: Manifieste bajo protesta de decir verdad si tanto el libelo de amparo, como el ocurso de cuenta fueron suscritos de su puño y letra y, de ser así, justifique la razón por la cual los rasgos de las firmas que lo calzan son notoriamente distintos entre sí. El anterior requerimiento se formula en razón de que la firma constituye la manifestación expresa de voluntad y es entendida como la suscripción que de un documento hace una persona mediante la colocación al calce de éste de las palabras o signos idóneos para identificarle y que por su carácter personalísimo, encuadra en aquellas cosas de las que solo un individuo puede disponer. En el entendido que de reconocer como suyos los grafismos que obran tanto en el libelo de amparo, como en el escrito aclaratorio de cuenta y no justificar de manera convincente la razón de la discrepancia destacada, o bien de no dar cumplimiento en el plazo señalado, se tendrán por no hechas las manifestaciones a que se contrae dicho ocurso, con las consecuencias que ello genere. Apercíbase al quejoso de las penas previstas en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, que señala dos a seis años de prisión, y multa de treinta a trescientas unidades de medida y actualización vigente a quienes declaren con falsedad. La facultad de prevenir al promovente del amparo tiene como finalidad contar con la certeza de que quien plasmó dicho grafismo efectivamente fue el quejoso, pues, como se precisó, diverge notoriamente con los rasgos plasmados en la demanda de amparo. A su vez, es preciso destacar que la relevancia de la expresión "bajo protesta de decir verdad" implica que los señalamientos que el quejoso llegare a realizar, se harán con sujeción a la realidad, de modo que en caso de que no sea así, podría hacerse acreedor a la sanción antes dicha. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 3a./J. 24 (7/89), de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 9/88, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo III, Primera Parte, Enero a Junio de 1989, página 385, cuyo rubro es el siguiente: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA." Apercíbase al peticionario del amparo que de no comparecer dentro del término concedido en párrafos precedentes, se tendrá por no presentado el ocurso de cuenta, con las consecuencias legales que ello implique. Finalmente, conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese al ocursante que para la diligencia de ratificación, deberá gestionar su cita dentro del término indicado en la hora y fecha disponibles; ello, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Jueza Tercera de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien actúa con la licenciada María Quiroz García, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 08 DE ABRIL DE 2022, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "." León, Guanajuato, a ocho de abril de dos mil veintidós. Quejoso. Emanuel Octavio Segovia Gallardo. Registro en el libro de gobierno. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo, con el número 431/2022-I, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. III. Autoridades responsables. Juez Sexto Menor Civil, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. IV. Prevención a quejoso. A efecto de estar en aptitud de acordar lo procedente, esto es, la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 112, 114, fracciones I, II y IV, así como 108, fracciones IV y V, todos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación de este proveído, por escrito y sin presentar ni formular nueva demanda, cumpla con lo siguiente: Señale con precisión cuál es el acto que acude a reclamar ante esta instancia constitucional; lo anterior, toda vez que en el capítulo respectivo indica que es la negativa de enterarle y notificarle por escrito, así como hacerle entrega de copia del acuerdo que recayó a su escrito de petición presentado el tres de marzo pasado, dentro del juicio ejecutivo mercantil 2052/2010-M, del índice del Juzgado Sexto Menor Civil, de esta ciudad, mientras que en el apartado de antecedentes del acto reclamado manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que dicha promoción fue presentada dentro del incidente de oposición de terceros a la ejecución, que promovió ante la autoridad responsable, siendo que de la transcripción que realiza de la conversación que asevera sostuvo su autorizado con la secretaria de acuerdos de dicho juzgado, refiere que dicha funcionaria le manifestó que en la tercería sí era parte, pero lo que pretendía era estar en el principal, en el que no es parte, todo lo cual resulta confuso y hace necesario que especifique cuál es el acto del que se duele, en forma clara y concreta, para lo cual deberá manifestar si lo que pretendía con el escrito de petición de mérito era actuar dentro del juicio principal 2052/2010-M, del índice del Juzgado Sexto Menor Civil, o dentro del incidente de oposición de terceros a la ejecución, que deriva del mismo.
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