Emmanuel Godinez Robles

Expediente 206/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
206/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
01/08/2023

Partes del expediente

  • Emmanuel Godinez Robles
  • Juez Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, primero de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que no se interpuso recurso de revisión dentro del término de diez días que contempla el artículo 86 de la Ley de Amparo, en contra del auto de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, dictado en este asunto, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado estado. Por otro lado, visto lo actuado dentro del presente sumario, del que se advierte que a la fecha se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto: No es de relevancia documental, conforme a lo establecido en el artículo 15 del citado acuerdo. Es destruible, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 20 del citado Acuerdo General, razón por la que, trascurrido el plazo de tres años ahí establecido, deberá destruirse y remitirse el acta de baja documental que acredite dicha circunstancia a la Dirección General de Archivo y Documentación. Lo anterior, hágase constar en la carátula del presente expediente, en términos de lo dispuesto por el primer párrafo del numeral 34 del citado acuerdo. Ahora, en cuanto a las constancias que en copia certificada remitió la autoridad responsable, Juez Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, como complemento a su informe justificado, devuélvansele por resultar innecesario seguir conservándolas en este tribunal. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Visto el estado de autos que guarda el presente asunto, específicamente la constancia levantada por el actuario de la adscripción el dieciséis de marzo de dos mil veintidós, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar en forma personal al quejoso ********************, el acuerdo de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, en el que se decretó el sobreseimiento en el presente asunto, ya que al constituirse en las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social número 17 CPS Michoacán, fue informado por persona de ese centro penitenciario que dicho quejoso causó baja por libertad condicionada. Atento a lo anterior, se comisiona a cualquiera de los actuarios para que a la brevedad notifiquen personalmente a los autorizados del quejoso el auto de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, para los efectos legales consiguientes. Notifíquese; y personalmente a los autorizados del quejoso el auto de veintiocho de junio de dos mil veintiuno.

  3. Principal

    EN RAZÓN DE QUE ENMANUEL GODINEZ ROBLES (EN SU CARÁCTER DE PARTE QUEJOSA) o sus autorizados, no comparecieron dentro de los dos días hábiles siguientes en términos del aviso, que se les dejo en el domicilio señalado en autos, el nueve de diciembre del año en curso, se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado y la notificación del proveído de VEINTIOCHO DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTIUNO, queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, MISMO PROVEÍDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Uruapan, Michoacán; a ocho de diciembre de dos mil veintidós:Visto el estado de autos que guarda el presente asunto, específicamente la constancia levantada por el actuario de la adscripción el dieciséis de marzo de dos mil veintidós, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar en forma personal al quejoso ********************, el acuerdo de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, en el que se decretó el sobreseimiento en el presente asunto, ya que al constituirse en las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social número 17 CPS Michoacán, fue informado por persona de ese centro penitenciario que dicho quejoso causó baja por libertad condicionada. Atento a lo anterior, se comisiona a cualquiera de los actuarios para que a la brevedad notifiquen personalmente a los autorizados del quejoso el auto de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, para los efectos legales consiguientes. Notifíquese; y personalmente a los autorizados del quejoso el auto de veintiocho de junio de dos mil veintiuno.Uruapan, Michoacán, veintiocho de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde el oficio firmado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la ciudad de México, a través del cual remite testimonio certificado de la resolución dictada por ese juzgado el veintidós de junio del año en curso, dentro del SIPE 164/2016, relativa al incidente no especificado de libertad condicionada o libertad anticipada, previstas en los artículos 136, 137 y 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, SD 61/2020, solicitado por el sentenciado ********************, respecto de la pena de prisión que le fue impuesta en la causa penal 30/2014 del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre. ACTUALIZACIÓN DE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, en relación con el contenido del oficio de cuenta y de la resolución que en testimonio certificado se acompaña al mismo allegada por la autoridad responsable, así como con lo informado en el informe justificado rendido por dicha autoridad, se advierte la actualización de una causa de improcedencia que amerita el sobreseimiento de este juicio. Es conveniente señalar que el estudio de las causas de improcedencia y sobreseimiento, al ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación del juez de amparo, que tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, entrar a su estudio, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7º.P.13 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de 2010, página 1947, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. ****Del análisis integral de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se estima que se actualiza de forma notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que obliga a sobreseer en el presente juicio, en términos del artículo 64, del citado ordenamiento legal, por las consideraciones que a continuación se exponen: El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia de cesación de efectos del acto reclamado anunciada, que ocurre cuando la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación u omisión; lo que implica, no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, lo que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia establecida en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad del acto ya que no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, al haberse restituido a la parte quejosa en el goce de su derecho humano violado establecido para su protección. A mayor abundamiento, los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce de la garantía violada. De ahí que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido u omitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de aquél, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, por lo que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección constitucional; es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional; esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 2ª./J.59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. *****Así como, la jurisprudencia número P.CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Y la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epígrafe es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Ahora bien, el escrito de demanda presentado por ********************, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos que atribuyó al Juez Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas de la Ciudad de México, deviene un motivo de sobreseimiento al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, respecto los actos reclamados siguientes: "ACTO RECLAMADO.- Se reprocha la negativa y omisión de señalar o fijar fecha, citando a las partes, para que tenga verificación la audiencia de derecho a la que alude el artículo 494 del Código Federal de Procedimientos Penales, dentro de los autos que integran el índice no especificado o Procedimiento de Ejecución (SIPE) número 164/2016, que actualmente se tramita en mi favor a efecto de que se me sea otorgado el beneficio de la Libertad Anticipada que se prevé en el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no obstante de que diversas ocasiones el suscrito he solicitado respetuosamente por escrito y mediante notificación personal, se haga el señalamiento respectivo de dicha fecha, dado que en autos de la referida incidencia, desde el día 18 de Noviembre de la presente anualidad además de haber fenecido el plazo de 5 cinco días concedidos a las partes para ofrecer pruebas, se encuentran glosados en autos todos y cada uno de los medios de prueba que fueron ofrecidos y admitidos, así mismo se encuentran reunidas todas y cada una de las constancias necesarias para el dictado de la resolución correspondiente." Luego, en el informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la ciudad de México, y que fuera recibido en proveído de trece de mayo de dos mil veintiuno, entre otras cosas, informó que se señalaron las doce horas del diecisiete de junio pasado, para el verificativo de la audiencia prevista en el artículo 494 del Código Federal de Procedimientos Penales; lo que ordenó notificar mediante el exhorto 1371/2021, a la parte quejosa. Asimismo, del oficio de cuenta y de su anexo, se desprende que la autoridad responsable, el veintidós de junio del año en curso, dictó resolución dentro del SIPE 164/2016, relativa al incidente no especificado de libertad condicionada o libertad anticipada solicitado por el sentenciado ********************, respecto de la pena de prisión que le fue impuesta en la causa penal 30/2014 del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, la cual culminó con los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Se niega al sentenciado ******************** el beneficio de la libertad anticipada, contemplada en el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, de dos mil quince, dictada en la causa penal 30/2014 del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, confirmada el veinticinco de noviembre de dos mil quince, por el Tribunal Unitario del Noveno Circuito, al resolver el toca penal 440/2015, en términos del considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. Se concede al justiciable ********************, el beneficio de la libertad condicionada sin monitoreo electrónico, previsto en los artículos 136 y 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, respecto de la pena de prisión impuesta en la sentencia de veinticinco de septiembre de dos mil quince, dictada en la causa penal 30/2014 del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, confirmada el veinticinco de noviembre de dos mil quince, por el Tribunal Unitario del Noveno Circuito, al resolver el toca penal 440/2015, en términos del considerando cuarto de la presente interlocutoria. TERCERO.- Remítase oficio acompañado de testimonio autorizado de esta determinación a las autoridades indicadas en el considerando quinto. A las documentales referidas se otorga pleno valor probatorio, conforme a lo previsto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su segundo precepto. Sobre el particular, tiene aplicación la Jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". De las constancias antes descritas se advierte que cesaron los efectos de los actos reclamados por la parte quejosa, toda vez que la autoridad responsable tuvo a bien señalar fecha para que se llevara a cabo la audiencia incidental prevista en el artículo 494 del Código Federal de Procedimientos Penales, la que tuvo su verificativo, ya que así se desprende de la resolución que recayó a la solicitud del beneficio preliberacional solicitado por el quejoso. Por lo que se colige que la audiencia de mérito pudo desahogarse, y posteriormente dictarse la resolución respectiva, en virtud de que las partes fueron notificadas, ya que deben estar enteradas para que puedan asistir a la celebración de la misma a deducir sus derechos; aunque si no asisten, aun así, se lleva a cabo. Por tanto, dichas constancias revelan que la autoridad responsable, al dictar la resolución de veintidós de junio del año en curso, dentro del SIPE 164/2016, relativa al incidente no especificado de libertad condicionada o libertad anticipada, la parte quejosa, por sí y por su defensor, tuvo conocimiento de la fecha y hora que se fijó por la responsable para la celebración de la audiencia incidental, que es el acto reclamado en el presente sumario. De ahí que al señalar fecha y hora para el verificativo de la audiencia prevista en el artículo 494 del Código Federal de Procedimientos Penales, el acto reclamado quedó superado y la omisión en la que había incurrido la responsable cesó en su totalidad; es decir, desaparecieron los efectos omisivos del acto reclamado. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, lo procedente es decretar el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento. En esa tesitura, el sobreseimiento en el juicio constitucional impide realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por el peticionario del amparo para demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, que en esta vía combate, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto anteriormente, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba fijada para las nueve horas con cinco minutos del catorce de julio de dos mil veintiuno. Háganse las capturas correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a los autorizados del quejoso y a éste en el lugar donde se encuentra privado de su libertad (Centro Federal de Readaptación Social CPS 17 Michoacán); y por oficio a la autoridad responsable y al tercero interesado Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas de la Ciudad de México.

  4. Principal

    Visto el estado de autos que guarda el presente asunto, específicamente la constancia levantada por el actuario de la adscripción el dieciséis de marzo de dos mil veintidós, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar en forma personal al quejoso Emmanuel Godínez Robles, el auto de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, ya que al constituirse en las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social número 17 CPS Michoacán (lugar en el que se encontraba recluido el quejoso) fue informado que Godínez Robles, el nueve de julio de dos mil veintiuno causó baja en ese centro penitenciario, por libertad condicionada. Atento a lo anterior, requiérase al Director del mencionado Centro de reclusión para que dentro del término de tres días proporcione el domicilio del quejoso de que se trata, que aparezca en sus registros a efecto de estar en condiciones de notificarle la resolución mencionada en el párrafo que antecede. Se apercibe a la autoridad penitenciaria que en caso de ser omisa se le impondrá una MULTA equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización al momento en que no se atienda la encomienda, de conformidad con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de febrero de dos mil veintidós, en términos de los artículos 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. Finalmente, infórmese a las partes que a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, la Titular de este órgano jurisdiccional es la Jueza Esthela Pedroza Díaz, en cumplimiento a lo ordenado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintiséis de octubre del presente año, lo que fue comunicado mediante oficio SEADS/704/2022, de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción. Por tanto, con fundamento en lo establecido en los artículos 219 y 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes para que en su caso dentro del término de tres días contado a partir de que queden legalmente notificados de este proveído, hagan uso del derecho para recusar o manifiesten lo que estimen pertinente; lo anterior para todo los efectos procedentes. NOTIFÍQUESE.

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