Emmanuel Alejandro Moises Vasquez Viera

Expediente 125/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
125/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
26/03/2019

Partes del expediente

  • Emmanuel Alejandro Moises Vasquez Viera
  • Emmanuel Alejandro Moises Vasquez Viera y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Glósese a los autos el oficio 14527/2019, signado por la Juez Segundo de Distrito de amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, atento a su contenido téngasele devolviendo debidamente diligenciado el exhorto 420/2019 (208/2019-E-A-A-P), que fue girado para que en auxilio de las labores de este Juzgado notificará a los quejosos Emmanuel Alejandro Moisés Vásquez Viera, Juan Carlos Montañez Cabral, Daniel Alejandro Castañeda Sánchez, Alejandro Eduardo Perafán Sánchez, Servando Antonio Cano Arzola, José Manuel De Santiago Palafox, César Octavio Martínez Cerpa y Héctor Manuel Jiménez Maxemin, el proveído de once de marzo pasado dictado por este Tribunal, encomienda que fue cumplida el diecinueve del mes y año en curso, lo que se acredita al tenor de las constancias anexas por el juez exhortado. ...Finalmente, respecto a la manifestación realizada por los quejosos César Octavio Martínez Cerpa, Servando Antonio Cano Arzola, Daniel Alejandro Castañeda Sánchez, Héctor Manuel Jiménez Maxemin, Alejandro Eduardo Perafán Sánchez y José Manuel De Santiago Palafox, respecto a que solicitan les sea expedida copia simple de la demanda de amparo, remítanse dichas constancias en original, previa copia certificada que de las misma se deje en autos al Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, toda vez que este fue quien acepto la competencia declina por este Tribunal, a fin de que acuerde lo que en derecho corresponda, lo anterior para los efectos legales procedentes. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio de cuenta que remite el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, comunicación que contiene la FIREL, razón por la que no se hace necesario certificar su autenticidad, a través del cual acusa recibo del comunicado 4813/2019 de once de marzo de dos mil diecinueve y anexo, e informa que se avoca al estudio de la demanda de amparo promovida por Emmanuel Alejandro Moisés Vázquez Viera y otros; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Sin que sea el caso acusar la recepción del oficio de cuenta, toda vez que el mismo fue enviado por el sistema electrónico SISE, y este lo genera de forma automática. Ahora, visto lo actuado dentro del presente juicio de amparo, del que se advierte que a la fecha se encuentra totalmente concluido, toda vez que en auto de once de marzo del año en curso, este órgano jurisdiccional, se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo y ordenó remitir los autos al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, tocando conocer del mismo al Tribunal oficiante, quien asumió el conocimiento del asunto; por tanto, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo, con apoyo en el numeral 113, de la Ley de Amparo aplicable, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual entró en vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve; se ordena el archivo de este juicio. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el último párrafo del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General Conjunto número 1/2009; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el último párrafo del punto vigésimo del citado acuerdo, toda vez como consta de la certificación secretarial que antecede, en el presente asunto no existen documentos originales por entregar. En la inteligencia de que este asunto es destruible de conformidad con el punto vigésimo del acuerdo general 1/2009 anteriormente mencionado. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del punto décimo primero del acuerdo que nos ocupa, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Notifíquese.

  3. Principal

    Visto el estado procesal de autos, de los que se advierte que con fecha ocho de marzo pasado, se ordenó dar trámite ordinario al presente juicio de garantías, en tales condiciones este órgano de control jurisdiccional procede a determinar lo conducente respecto a la procedencia del presente juicio de amparo. Incompetencia. Resulta pertinente precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como un derecho fundamental inserto en la genérica de legalidad, tutelado en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que en virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les permite, es decir, sólo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Ahora, conviene destacar que del análisis de la demanda de amparo se advierte que el promovente señala como actos reclamados los siguientes: "IV. Actos Reclamados. 1.- La omisión de las AUTORIDADES RESPONSABLES para brindarnos la atención medicas ya que presentamos síntomas de gripa, tos, calentura, pie de atleta ya que requerimos talco y no se nos vende por tienda ni por Área Medica, ya que antes senos vendía Talco Ting y ahora se nos niega cuando lo solicitamos. De la transcripción que antecede se desprende que el peticionario de amparo atribuyó a las autoridades responsables los actos siguientes: Al Director General del Centro Federal de Readaptación Social N°2 "OCCIDENTE, Titular del Departamento de Servicios Médicos del Centro Federal de readaptación Social N° 2 "OCCIDENTE" y titular del Departamento de tiendas del Centro Federal de readaptación Social N°2 "OCCIDENTE": Competencia. Precisado lo anterior, resulta pertinente destacar que este juzgado federal advierte que carece de competencia legal para conocer del presente asunto, con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 37 de la Ley de Amparo. En efecto, los artículos antes citados establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:. [.] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera del juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; [.]" "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuanto el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." (lo subrayado es propio). De la lectura de los preceptos legales antes citados, se obtienen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1) Será juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; 2) Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso que nos ocupa, resulta aplicable la regla especificada en el inciso 1), es decir, la relativa al primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, la cual precisa que cuando trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, será competente para conocer del asunto aquel Juez de Distrito en cuya jurisdicción se trate dicha ejecución. Lo anterior se sostiene en virtud de que en el escrito de demanda de amparo se pone de manifiesto que el acto reclamado por la parte quejosa lo son: La falta de atención medica. El cual fue atribuido a autoridades que se ubican fuera del lugar donde ejerce jurisdicción este juzgado federal. Máxime que los impetrantes de amparo, bajo protesta de decir verdad, refirieron en su escrito de demanda que actualmente se encuentran privados de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social número 2 "occidente", ubicado en carretera libre a Zapotlanejo km. 17.5, por carretera a El Salto km. 2, El Salto, Jalisco. Esto es, conforme al planteamiento realizado por los solicitantes del amparo, tales actos tendrían su ejecución en un lugar diverso al en que este Juzgado ejerce jurisdicción. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis sustentada por la entonces Primera Sala del Alto Tribunal, visible en la página 15, Volumen 65 Segunda Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a continuación se transcribe: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO. Si bien es cierto que el artículo 36 de la Ley de Amparo previene que cuando sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, y que la Jurisprudencia número 53 del Tomo de la Primera Sala del Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1965, establece que son competentes para conocer de los amparos en contra de órdenes de aprehensión, los Jueces de Distrito que tengan jurisdicción en el lugar en donde deben ejecutarse tales órdenes, aunque las autoridades que las ejecuten residan en otros lugares sujetos a distinta jurisdicción, también lo es que la ejecución de las referidas órdenes no puede presumirse por el simple hecho de que el promovente del amparo haya signado su demanda en determinado lugar en un Estado, ni porque haya manifestado ser vecino de otra población del mismo estado, pues tal conclusión sería simplemente apreciativa del juzgador, pues para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del Juez de Distrito, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad ejecutora dentro de la jurisdicción del Juez de Distrito en tal Estado, no puede estimarse que la resolución correspondiente forzosamente deba ejecutarse en determinado lugar, pues bien podría una persona en contra de quien se dicte una orden de aprehensión cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares." Y la tesis, visible en la página 73, Tomo 217-228, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO" AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCION DE OTRO JUEZ. Se debe fincar la competencia para conocer del negocio en el juzgado dentro de cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto que se reclama, sin que sea óbice para resolver así el hecho de que la autoridad responsable resida en territorio de otro Juez de Distrito, que pudiera inducir a estimar competente a éste, porque dicha responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecución del acto reclamado.". Ahora, en el caso que nos ocupa no fue señalada ninguna autoridad responsable ejecutora con residencia en esta circunscripción territorial, y por ello no es posible que el acto reclamado sea cumplimentado materialmente en donde ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito, toda vez que las autoridades responsables tienen sus lugares de residencia en el estado de Jalisco; por lo que deberá conocer de la demanda el Juez de Distrito con jurisdicción en el domicilio de las autoridades ejecutoras -Zapopan, Jalisco-, en virtud de que los promoventes de amparo se encuentra privados de su libertad en dicha entidad federativa, sin que señalara alguna autoridad en la localidad, o entidad federativa de este Órgano Jurisdiccional. La competencia por cuestión de territorio para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa, corresponde a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, toda vez que éstos ejercen jurisdicción en la localidad de El Salto, Jalisco, y por las razones siguientes: Dentro de su jurisdicción, radican las autoridades facultadas para realizar la ejecución de los actos reclamados. Los peticionarios de amparo en su demanda no señalaron autoridades responsables ejecutoras de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. Los quejosos bajo protesta de decir verdad manifestaron en su demanda que guardan reclusión en el Centro Federal de Readaptación Social número 2 "occidente", ubicado en carretera libre a Zapotlanejo km. 17.5, por carretera a El Salto km. 2, El Salto. Consecuentemente, la competencia para conocer del presente juicio de amparo, se surte a favor del Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, en Turno, por lo que este Juzgado Federal carece de competencia legal en términos del párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo. En consecuencia, previo cuaderno de antecedentes que se forme y deje en este juzgado, remítase el presente juicio con las copias de la demanda de amparo al Juez competente. Solicitándose al Juez que corresponda conocer de la demanda de amparo, acuse de recibo en el que se precise el sentido que recaiga a este acuerdo, a fin de integrar debidamente el presente expediente. Lo anterior sin que sea el caso de decretar la suspensión del acto reclamado pues como se puso de manifiesto en el auto de ocho de marzo pasado, las cuestiones relativas a la falta de atención medica de personas privadas de la libertad deben hacerse valer de acuerdo a la Ley Nacional de ejecución penal y no por conducto del juicio de amparo. NOTIFICACIÓN A LOS QUEJOSOS. En ese sentido, tomando en consideración que los quejosos Emmanuel Alejandro Moisés Vásquez Viera, Juan Carlos Montañez Cabral, Daniel Alejandro Castañeda Sánchez, Alejandro Eduardo Perafán Sánchez, Servando Antonio Cano Arzola, José Manuel De Santiago Palafox, César Octavio Martínez Cerpa y Héctor Manuel Jiménez Maxemin se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 2 "occidente", con residencia en El salto, Jalisco; por tanto, con fundamento en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 27 de la Ley de Amparo, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, gírese atento Exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, en Turno, para que en auxilio y delegación de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda realice lo siguiente: Se constituya en el Centro Federal de Readaptación Social número 2 "occidente", con residencia en El salto, Jalisco y notifique a los quejosos Emmanuel Alejandro Moisés Vásquez Viera, Juan Carlos Montañez Cabral, Daniel Alejandro Castañeda Sánchez, Alejandro Eduardo Perafán Sánchez, Servando Antonio Cano Arzola, José Manuel De Santiago Palafox, César Octavio Martínez Cerpa y Héctor Manuel Jiménez Maxemin, el presente proveído. Habilitación de días y horas inhábiles; autorización de firma de oficios; y anotaciones en el libro de gobierno y capturas en el SISE. Les haga entrega del juego de copias, que se anexan, a cada uno de ellos, A fin de dar puntual cumplimiento el derecho fundamental consagrado por el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo segundo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de la adscripción esté en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que le sean encomendadas. DATOS PERSONALES. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida; así como para precisar las constancias, que en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto para el segundo párrafo del artículo 6° del ordenamiento legal en cita. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Anotaciones. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  4. Principal

    Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Emmanuel Alejandro Moisés Vásquez Viera, Juan Carlos Montañez Cabral, Daniel Alejandro Castañeda Sánchez, Alejandro Eduardo Perafán Sánchez, Servando Antonio Cano Arzola, José Manuel De Santiago Palafox, César Octavio Martínez Cerpa y Héctor Manuel Jiménez Maxemin, por su propio derecho, contra actos que atribuye al Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 2 "Occidente y otras; por tanto, regístrese en el libro de gobierno respectivo, bajo el número 122/2019.Ahora bien, pese a que en la demanda de amparo se precisó que el acto reclamado consiste en la falta de atención medica respecto a que los promoventes de amparo refieren tener síntomas de gripe, tos, calentura y pie de atleta; lo cierto es que del artículo 24 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en lo que interesa, se desprende que el legislador habilitó al Poder Judicial de la Federación y Poderes Judiciales de las Entidades Federativas, para resolver las controversias con motivo de su aplicación, con los límites territoriales y jurisdicción expresamente ahí señalados.Además, de los diversos 107 al 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se colige lo siguiente: 1. Que la personas privadas de la libertad podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciara contra los hechos, actos u omisiones relacionados con las condiciones de internamiento. 2. La peticiones tendrán como finalidad que la autoridad penitenciara resuelva si existió o no una afectación a las condiciones de vida digna y en su caso subsanarla. 3. Si la determinación administrativa es contraria a los intereses del peticionario, éste podrá controvertirla ante el Juez de Ejecución o de Control (en caso de que se encuentre sujeto al nuevo sistema de justicia penal), el Juez de su causa (si está siendo procesado) o el Juez de Ejecución a cuya disposición se encuentre interno (si ya está sentenciado).4. Si la petición no es resuelta en el término de cinco días, el promovente podrá demandar dicha omisión ante el Juez de Ejecución. 5. En casos urgentes, el afectado podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución a plantear la petición, caso en el que el órgano jurisdiccional suspenderá el hecho que motivó la petición hasta en tanto resuelva en definitiva, ordenando incluso que las autoridades administrativas realicen las acciones necesarias a fin de los actos cesen o dejen de existir, con lo cual quedan tutelados los derechos de la persona privada de la libertad, aún en los casos de mayor gravedad, en que incidan en su esfera jurídica las condiciones de internamiento.6. Que los Jueces de Ejecución conocerán de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y las relacionadas con ellas.7. Que para la controversia ante el Juez de Ejecución, constituye un requisito indispensable que se haya agotado la petición administrativa.De lo anterior, se advierte que con la entrada en vigor del Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad (como el agraviado) ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones ágil y eficaz, en el cual pueden hacer valer los derechos atinentes a las condiciones de su internamiento, como lo es la la falta de atención medica; adicionalmente, cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional.Por tanto, si los quejosos acude en demanda de la protección constitucional a efecto de controvertir actos atribuidos a las autoridades directivas del centro de reclusión donde esta interno, mismos que se vinculan con las condiciones de su estancia en la falta de atención medica respecto a que los promoventes de amparo refieren tener síntomas de gripe, tos, calentura y pie de atleta, es claro que resulta aplicable el medio defensa establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal.En ese orden de ideas, las manifestaciones referidas por los promoventes de amparo, se encuentran sostenidas en que presentan síntomas de gripe, tos, calentura y pie de atleta, sin embargo, lo cierto es que aunque los mismos tuviesen el carácter de urgentes, este órgano Jurisdiccional no se encuentra en condiciones de dar trámite de urgencia a la presente demanda de amparo, toda vez que deben agotar el procedimiento administrativo de peticiones y los medios de impugnación previstos en la ley nacional de ejecución penal, ante las autoridades competentes.En consecuencia, se ordena dar el trámite ordinario a la misma.En mérito a lo anterior, provéase en cuanto al fondo, lo que en derecho proceda, en el término de veinticuatro horas hábiles siguientes, dada la calidad y naturaleza de dicho libelo constitucional que se atiende, conforme al artículo 112 de la Ley de Amparo.Notifíquese.

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