Emmanuel Fong Juarez

Expediente 1071/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1071/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
18/10/2017

Partes del expediente

  • Emmanuel Fong Juarez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete por el que DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, CAUSA ESTADO dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. En razón de lo anterior, en cumplimiento a lo que establece el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes, conforme a lo que dispone la fracción XVIII, del capítulo primero, del referido acuerdo general conjunto; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo primero, párrafo segundo, del multicitado acuerdo general conjunto número 1/2009.

  2. Principal

    SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO REALIZADO EN DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN, POR LO QUE SE PROCEDE A REALIZAR LA NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE LISTA, EN LOS TERMINOS SIGUIENTES: RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida Emmanuel Fong Juárez, contra los actos del Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla y otras autoridades, fórmese el amparo correspondiente y regístrese con el número 1071/2017. Ahora bien, el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que el quejoso reclama lo siguiente: AUTORIDADES RESPOSABLES: Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla ACTO RECLAMADO: ". la abierta dilación que han realizado en las actuaciones que obran en el proceso 513/2013 de los del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla; al no hacer gestiones para dar cabal cumplimiento a lo ordenado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito dentro del Amparo Indirecto 171/2017. . de realizar todas y cada una de las diligencias y medidas y medios que tienen a su alcance para localizar y presentar en breve, corto o inmediato plazo a los testigos del Ministerio Público..." Ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de garantías, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Bajo esa tesitura, respecto de los actos reclamados, consistentes en dilación que han realizado en las actuaciones que obran en el proceso 513/2013 del índice del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito dentro del Amparo Indirecto 171/2017, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que impone desechar la demanda de amparo presentada. Al respecto, se hace necesario conocer el contenido del artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas;" De la transcripción que antecede, se advierte que el juicio de amparo es improcedente en contra de resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. En el contexto que antecede, se debe considerar que respecto a la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la ley de la materia, el legislador no refiere distinción entre el amparo directo tramitado ante los Tribunales Colegiados de Circuito y el indirecto tramitado ante los Juzgados de Distrito, por lo que debe entenderse que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en ambos tipos de Juicios Constitucionales o por resoluciones dictadas en ejecución de las mismas. Aunado a lo anterior, el artículo de mérito, tampoco hace referencia de manera específica a qué tipo de resolución dictada en un juicio de amparo es inatacable en esa misma vía, pues únicamente alude que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas, en ese sentido, resulta claro que dicha causa no sólo alude al fallo definitivo que en el juicio respectivo se pronuncie, como inatacable en la vía constitucional, sino también a toda resolución dictada en el citado juicio de amparo, inmersa en él o resolución que se pronuncie en ejecución de las resoluciones que dicten en los juicios de amparo, dado que no dejan de ser resoluciones que forman parte del amparo mismo, y de esa manera se comprenden en la causal de mérito. Es decir, la prohibición de ejercitarse o deducirse la acción de amparo contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo, no se encuentra restringida o limitada a ser precisamente el fallo como resolución culminatoria del juicio respectivo, sino también significa que cualquier resolución de trámite o definitiva y las que se emitan en ejecución de las mismas, son inatacables mediante el juicio constitucional, máxime que el acto reclamado constituye la omisión de dar cumplimiento con lo ordenado en el auto de dos de agosto del año en curso por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito en el Amparo Directo D-171/2017; ante ello, resulta claro que el presente juicio de amparo es improcedente de conformidad con el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, el criterio del PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, inserto en la tesis I.1o.A.2 K (10a.), publicada en la página 2606 del Libro XXIV, correspondiente al mes de Septiembre de 2013, Tomo 3, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS CONTRA SUS DISPOSICIONES. La Ley de Amparo, que regula sustancialmente la tramitación del juicio de garantías y aspectos relacionados con sus presupuestos de procedencia, los efectos de sus fallos y su cumplimiento, constituye un ordenamiento adjetivo que, por su propia naturaleza, contiene normas cuya sola vigencia no incide en la esfera de derechos de los gobernados, sino que requieren de un acto concreto que las individualice en su perjuicio, el cual, necesariamente, tendrá lugar en un juicio de amparo; por tanto, como en términos del artículo 61, fracciones IX y XII, de la legislación de la materia la acción constitucional es improcedente tratándose de normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia y, además, contra resoluciones pronunciadas en los juicios de garantías, es claro que a través de dicho medio de control de la constitucionalidad no puede someterse a examen la regularidad de la Ley de Amparo, sino que, atendiendo al criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el recurso de reclamación 130/2011, ello debe tener lugar, en vía de agravio, al interponer el recurso correspondiente contra la resolución dictada por el juzgador que esté fundada en esos preceptos, como si de un amparo directo contra leyes se tratara, lo que es acorde con el texto vigente de los artículos 1o. de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conforme a los cuales el Estado Mexicano está obligado a proporcionar a los gobernados un recurso sencillo, rápido y efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que los proteja contra actos que violen sus derechos fundamentales, lo que implica que es obligación de los tribunales procurar que ninguna disposición secundaria quede al margen de la posibilidad de someterla a su contraste con la Carta Magna, pues ésa es una de las formas de favorecer la protección más amplia de las personas." Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que interesa, el criterio del PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO, en la tesis número IX.1o.29 K, visible en la página 544, Tomo IX, correspondiente al mes de Febrero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto es el siguiente: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA. Los Tribunales Colegiados de Circuito, son órganos judiciales, cuya función esencial es el control constitucional, vigilando a través de sus resoluciones que no se violen garantías individuales, por lo que es improcedente la demanda de amparo en contra de sus actos, pues no puede atribuírseles violación de garantías al ejercer tal función. El artículo 73 de la Ley de Amparo, al expresar en su fracción I que el juicio de garantías es improcedente contra actos de la Suprema Corte, es aplicable también, tratándose de los Tribunales Colegiados, en virtud de que, por regla general, sus resoluciones no son impugnables; mientras que, la fracción II del mismo dispositivo legal, al establecer que es improcedente el juicio de amparo contra resoluciones dictadas en los juicios de garantías, debe interpretarse en forma extensiva, en el sentido de que es improcedente, contra actos vinculados al trámite del juicio constitucional. Además, ni la Constitución General de la República, ni la Ley de Amparo, se refieren a la procedencia del juicio constitucional, contra actos de los Tribunales Colegiados, como lo hacen tratándose de los Tribunales Unitarios de Circuito o los Jueces de Distrito; y por último, es inadmisible que un Juez de Distrito conozca de un juicio de garantías, en contra de un Tribunal Colegiado, porque éste es superior jerárquico de aquél en materia de amparo." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, en lo que interesa, el criterio del SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO, en la tesis número II.2o.C.48 K, visible en la página 1235, Tomo X, correspondiente al mes de Octubre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto es el siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN LOS JUICIOS DE GARANTÍAS, Y TAMBIÉN CONTRA LO RESUELTO EN LOS RECURSOS SURGIDOS EN ELLOS. Del artículo 73 fracción II de la Ley de Amparo, se advierte que el efecto de todas las resoluciones dictadas en un juicio de amparo, es su no impugnabilidad mediante otro diverso juicio de garantías, pues tanto las resoluciones principales o sentencias, como las de trámite, autos, decretos o proveídos dictados en un juicio constitucional, no pueden ser reclamados mediante otro juicio de esta naturaleza, porque ello implicaría juicios de amparo contra actos de otros juicios de amparo, provocando inseguridad jurídica a través de amparos interminables. Consecuentemente, debe decirse que esta causal de improcedencia abarca también las resoluciones que se dicten en los recursos que en el juicio de amparo surjan como son el de revisión, queja o reclamación, puesto que estos medios de impugnación, igualmente forman parte del amparo mismo, y de esta manera se comprenden en la causal de mérito." En consecuencia, por ser notoria e indudable la improcedencia que se observa, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61, fracción IX, y 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO que se provee. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en la ciudad de Puebla, autorizando para los mismos efectos a las personas que menciona en la misma. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,898 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano