Emmanuel Bernardo Aguilar Garduño
Expediente 133/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 133/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 17/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Emmanuel Bernardo Aguilar Garduño
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Puebla, Puebla, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que la resolución de veintidós de abril de dos mil veintidós, por la que este órgano de control constitucional determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, no fue recurrida mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo; por consiguiente, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ha causado EJECUTORIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, para los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. DESTINO DEL EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: - CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. - ES DEPURABLE de conformidad con el diverso 18 fracción I, inciso b), del acuerdo general citado porque se negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, por tanto, procede conservarse durante un plazo de tres años, contados a partir de esta fecha y, una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, y una vez hecho lo anterior, deberá transferirse dicho cuaderno original a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. ANOTACIONES EN CARÁTULA Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en totalidad. SIN OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES Así mismo, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. DEVOLUCIÓN DE ANEXO Finalmente, remítase a la autoridad responsable JUEZ DE CONTROL ADSCRITO AL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE PUEBLA, el anexo I, el cual se conforma con las constancias que anexó como justificante de su respectivo informe, acordado por auto de uno de marzo de dos mil veintidós; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar; sin ser necesario requerir el acuse de recibo respectivo, atendiendo a que dicha autoridad tiene su residencia en esta ciudad y al entregarse físicamente tales constancias, el oficio con sello de recibo, hace las veces de acuse de esa circunstancia. DEVOLUCIÓN DE DISCO Así mismo, devuélvanse a su lugar de origen, el disco en formato DVD que remitió la autoridad responsable JUEZ DE CONTROL ADSCRITO AL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE PUEBLA, como apoyo a su informe justificado acordado por auto de uno de marzo de dos mil veintidós, de igual manera, sin ser necesario requerir el acuse de recibo respectivo, atendiendo a que dicha autoridad tiene su residencia en esta ciudad y al entregarse físicamente tales constancias, el oficio con sello de recibo, hace las veces de acuse de esa circunstancia.
- Principal
En Puebla, Puebla, a las nueve horas con veinte minutos del veintidós de abril de dos mil veintidós, en el expediente relativo al juicio de amparo 133/2022, promovido por Emmanuel Bernardo Aguilar Garduño, en audiencia pública Cuauhtémoc Escobar González, Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, asistido de José Julián Fierro Blanco, secretario que autoriza y da fe. El secretario da lectura a la demanda, relaciona las constancias de autos y hace constar que las partes no presentaron documento con el que deba darse cuenta. El Juez provee: Téngase hecha la relación de constancias. Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo se abre el periodo probatorio. El secretario da cuenta con las constancias y el disco en formato DVD que adjuntó el JUEZ DE CONTROL ADSCRITO AL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE PUEBLA a su informe justificado. A lo que el juez acordó: téngase por admitidas y desahogadas la pruebas de mérito, en razón de su propia y especial naturaleza, y al no haber más prueba que desahogar, se cierra el periodo. Luego, el juez declara abierta la fase de alegatos, en la que el secretario hace constar que únicamente la parte quejosa los formuló a través del escrito presentado el quince de marzo del año en curso. A lo que el juez acuerda: se tienen por formulados los alegatos hechos valer por el quejoso, los que se tomarán en cuenta al momento de resolver en definitiva; por lo tanto, el juez cierra este periodo. A continuación, dicta la siguiente sentencia.Vistos, para resolver el juicio de amparo 133/2022, y R E S U L T A N D O. Primero. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal el ocho de febrero del año en curso, y turnado a este juzgado al día siguiente, Emmanuel Bernardo Aguilar Garduño promovió juicio de amparo indirecto contra los actos reclamados al Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, consistente en la resolución de diecisiete de enero del año en curso, emitida en la causa penal 336/2021, por la cual negó decretar el sobreseimiento solicitado, por considerarlo violatorio de los artículos 1, 8, 14, 16, 19 y 20 constitucionales. Segundo. Previa radicación del juicio de amparo bajo el número de expediente 133/2022, y cumplimiento a una prevención realizada por este juzgado, por auto de dieciocho de febrero de dos mil veintidós se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, dio intervención a la agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado, en diverso auto de uno de marzo del presente año se ordenó el emplazamiento a la parte tercera interesada, y finalmente, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo conforme al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo en la vía indirecta, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; y, 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues el acto reclamado se hace consistir en la negativa a decretar el sobreseimiento en una causa penal, determinación que no tiene ejecución material; sin embargo la demanda se presentó en el lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción; además, el acto es naturaleza penal, y por ende, este juzgado es competente para conocer del presente juicio de amparo. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y conforme la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso señala como acto reclamado al Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal: La determinación de diecisiete de enero de dos mil veintidós, emitida en los autos de la causa penal 336/2021, por la cual declaró infundada la petición de sobreseimiento solicitada en favor del quejoso. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS. El Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con el carácter de Juez de Control, aceptó el acto reclamado. Lo que se corrobora con las constancias que remitió la responsable como justificación de sus actos, consistentes en copias certificadas de la causa penal 336/2021 y del registro audiovisual (disco óptico en formato DVD), documentales que son valoradas de manera plena en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2, por tratarse de actuaciones practicadas por servidores públicos en ejercicio de sus funciones; y de las cuales se advierte la existencia de la audiencia celebrada el diecisiete de enero de dos mil veintidós, por la cual se declaró infundada la solicitud de sobreseimiento planteada por el imputado. CUARTO. ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. Son infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, sin que se advierta que deba ser suplido en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. El quejoso alega que el responsable debió pronunciar el sobreseimiento en la causa conforme lo que dispone el artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues el Ministerio Público contó con un plazo de quince días para formular su acusación, mismo que feneció sin que lo haya realizado, y el hecho de que se le haya concedido un plazo complementario de quince días a la Delegada Estatal de la Fiscalía General de la República para que se pronunciara al respecto, ello se realizó en su perjuicio, dado que no se encuentra en igualdad de circunstancias procesales. Además, señaló el quejoso, que quien debió emitir el citado acuerdo (doce de noviembre de dos mil veintiuno) debió ser un juez de control y no un administrador, pues no cuenta con facultades para ello. Previo analizar la constitucionalidad del acto reclamado, conviene traer a colación los antecedentes que dieron origen al acto reclamado. De las constancias que remitió la responsable como justificación de sus actos, se sabe que en audiencia celebrada el diecisiete de enero de dos mil veintidós, previa identificación de las partes, en lo que importa, el defensor del quejoso Emmanuel Bernardo Aguilar Garduño, solicitó el sobreseimiento de la causa penal, bajo el argumento de que por auto de doce de noviembre de dos mil veintiuno se estableció que el plazo de quince días a que se refería el artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales transcurrió del veintitrés de septiembre al catorce de octubre de dos mil veintiuno, sin que obrara acusación del Ministerio Público, y por ello se le dio vista al Delegado para que manifestara lo que a su derecho conviniera, y en caso de que no estuviera justificado, el juez de control sobreseería la causa penal, por ello dice el defensor que el acuerdo de diez de diciembre de dos mil veintiuno por el cual le notificaron que la Delegada de la Fiscalía General de la República presentó la acusación es extemporáneo. A su vez, la Fiscal indicó que la Delegada a través del oficio 2171/2021 presentó escrito de acusación en contra del quejoso el seis de diciembre de dos mil veintiuno, y por ello está presentado en tiempo y forma, y por tanto, la causa penal no está en posibilidad de decretarse un sobreseimiento. Por su parte, la defensa refirió que en el acuerdo de doce de noviembre de dos mil veintiuno, el administrador del Centro de Justicia Penal indicó que plazo feneció el catorce de octubre de dos mil veintiuno y el escrito se presentó el seis de diciembre de ese año, previa aclaración de la data referida, y los artículos 324 y 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen que el superior jerárquico se pronunciará más no que formule acusación fuera de los términos de ley, dado que la Fiscalía tiene la obligación de presentar la acusación en los plazos expresamente señalados para ello. Enseguida, el juez resolvió en los siguientes términos: Indicó que conforme a los artículos 324 y 325 del Código Nacional de Procedimiento Penales, la solicitud de sobreseimiento es infundada. Ello en atención a que en ocho de mayo de dos mil veintiuno se otorgó mes y medio para la investigación complementaria; y en dos de julio siguiente se prorrogó hasta el veintidós de septiembre de ese año. Que en dicha data la Fiscalía no formuló acusación, por lo que la Administración del Centro de Justicia Penal Federal se percata, y por acuerdo de doce de noviembre de dos mil veintiuno, en cumplimiento a lo que dispone el numeral 325 del código procesal, formula requerimiento a la Delegada Estatal de la Fiscalía General de la República, a quien le corresponde pronunciarse en el plazo de quince días. Que dicho requerimiento se le notificó el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, y el plazo complementario de quince días que indica el referido artículo 325 para que la fiscalía se pronuncie sobre lo dispuesto por el numeral 324 mencionado, le corrió del diecisiete de noviembre al siete de diciembre de dos mil veintiuno. Que dentro del plazo citado, la Delegada se pronunció con relación al requerimiento formulado, es decir, el seis de diciembre de ese año. Y que ese pronunciamiento, fue en el sentido de acusar al aquí quejoso, y por ello es improcedente decretar el sobreseimiento, pues existe voluntad de la Fiscalía a través de la Delegada de formular acusación al quejoso. Por ende, concluyó el responsable, que el escrito de acusación bajo el cual se le corrió traslado al quejoso, no es extemporáneo y por ende, infundada la petición de sobreseer la causa penal. Determinación que constituye el acto reclamado. Ahora, los artículos 324 y 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen que una vez cerrada la investigación complementaria, el Ministerio Público dentro de los quince días siguientes, deberá solicitar el sobreseimiento parcial o total; solicitar la suspensión del procedimiento o formular acusación. En caso de que el Ministerio Público omita realizar alguna de las acciones antes citadas, es decir, que no solicite el sobreseimiento o la suspensión del proceso o formule acusación, entonces, el Juez de Control, hará del conocimiento de ello al Procurador o servidor púbico en quien haya delegado esa facultad, para que éste se pronuncie en el plazo de quince días. Solo en caso de que ni el Ministerio Público, ni el Procurador o servidor público en quien se delegue la respectiva facultad soliciten el sobreseimiento parcial o total, ni pidan la suspensión del proceso o no formulen acusación respectiva en los plazos aludidos, entonces, el Juez de Control ordenará el sobreseimiento. Ahora bien, de lo acabado de relatar se evidencia que le asiste la razón al juez responsable y por ende, son infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso. En efecto, tal y como lo señaló el responsable, es cierto que el Fiscal incumplió con su obligación de formular imputación en el plazo de quince días a que alude el artículo 324 del Código procesal, pues en dos de julio de dos mil veintiuno, ante la petición de la defensa y la inexistencia de oposición de la Fiscalía, se otorgó una prórroga para la investigación complementaria por un plazo de tres meses calendario, mismo que feneció el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Una vez cerrada la investigación complementaria, el Ministerio Publico debió solicitar el sobreseimiento parcial o total, o la suspensión del proceso, o formular acusación dentro de los quince días siguientes sin que ello haya ocurrido. Por ello, en acuerdo de doce de noviembre de dos mil veintiuno, ante el incumplimiento del Ministerio Público para cumplir con la obligación citada, el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, conforme lo dispuesto por el artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, requirió a la Delegada de la Fiscalía General de la República en el Estado de Puebla, a efecto de que se pronunciara en el plazo de quince días, con relación a solicitar el sobreseimiento parcial o total, o la suspensión del proceso, o formule la acusación respectiva. Determinación que fue hecha del conocimiento a la Delegada estatal en Puebla de la Fiscalía General de la República el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; y por ende, el plazo de quince días que otorga la ley para que se pronuncie respecto del sobreseimiento parcial o total, o la suspensión del proceso, o formule la acusación respectiva, transcurrió del diecisiete de noviembre al siete de diciembre de dos mil veintiuno, previo descuento de los días veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de noviembre; así como cuatro y cinco de diciembre de dos mil veintiuno, por ser inhábiles ello conforme al artículo 96 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, si la Delegada de la Fiscalía General de la República en el Estado de Puebla formuló acusación en contra del aquí quejoso, por escrito presentado ante la responsable el seis de diciembre de dos mil veintiuno, es inconcuso que la acusación formulada por la citada Delegada en contra del aquí quejoso se encuentra dentro del plazo estipulado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, dentro del plazo de los quince días a que hace alusión el artículo 325 del ese cuerpo legal. De lo anterior se infiere que el concepto de violación hecho valer por el quejoso es infundado, pues si bien es cierto que el Ministerio Público incumplió con su obligación de solicitar el sobreseimiento parcial o total, o la suspensión del proceso, o formular la acusación respectiva al aquí quejoso en el plazo de quince días siguientes al cierre de la investigación complementaria, también lo es, que la propia ley establece, que ante dicho incumplimiento el superior jerárquico, en la especie la Delegada estatal en Puebla de la Fiscalía General de la República, previo requerimiento realizado por el juez de control, tendrá diversos quince días para que se pronuncie al respecto. Y solo en caso de que la Delegada Estatal en Puebla de la Fiscalía General de la República hubiese omitido pronunciarse con relación a solicitar el sobreseimiento parcial o total, o la suspensión del proceso, o formule la acusación respectiva, entonces, el Juez de Control si estaría en aptitud de ordenar el sobreseimiento. Sin embargo, la Delegada Estatal en Puebla de la Fiscalía General de la República, mediante escrito presentado ante la responsable el seis de diciembre de dos mil veintiuno, esto es, dentro del plazo de quince días que otorga el artículo 325 del Código procesal, formuló la acusación respectiva, de ahí que se torna improcedente el sobreseimiento solicitado por el quejoso. No pasa por alto el hecho de que el quejoso alegue que el Juez de Control subsanó las deficiencias o negligencias del Fiscal al omitir presentar dentro del plazo de quince días su acusación respectiva, o solicite el sobreseimiento total o parcial o incluso, la suspensión del procedimiento; sin embargo, el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 325, faculta al juez de control para hacer del conocimiento a la Delegada Estatal en Puebla de la Fiscalía General de la República para que se pronuncie al respecto, en un plazo de quince días, y solamente cuando esta última autoridad también sea omisa, entonces se ordenará el sobreseimiento. Sirve de apoyo las tesis 1a. LXXXII/2019 (10a.) y 1a. LXXXIV/2019 (10a.) sostenidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubros: "EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. PROCEDIMIENTO A SEGUIR CUANDO EL FISCAL NO FORMULA ACUSACIÓN EN EL PLAZO QUE LA LEY PREVÉ PARA TAL EFECTO."; y "EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. LA PREVENCIÓN QUE REGULA EL ARTÍCULO 325 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD. " En otra arista, el quejoso se duele que el acuerdo de doce de noviembre de dos mil veintiuno fue emitido por "el Encargado del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla", funcionario que no cuenta con atribuciones de Juez de Control. Ello es infundado. En efecto, el artículo 63 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal establece que los Centros de justicia penal estarán integrados por las y los jueces de control, tribunales de enjuiciamiento y de alzada, así como por un administrador o administradora del centro. Y a su vez, el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y deroga el similar que regula los Centros de Justicia Penal Federal y reforma disposiciones de diversos Acuerdos Generales, en relación con la administración de estos órganos jurisdiccionales, en su artículo 2, fracción II, establece que el Administrador será aquel funcionario responsable del trámite no jurisdiccional de los asuntos que ahí se tramitan, lo que se colige, que contrario a lo manifiesta el quejoso, el Administrador sí tiene facultades para emitir todo tipo de acuerdos de mero trámite, es decir, de aquellos que no requieran substanciación jurisdiccional. De ahí que devengan infundados los conceptos de violación, pues la actuación del Juez de Control fue legal, ello conforme los dispositivo antes citados. En esas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso Emmanuel Bernardo Aguilar Garduño, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, en contra de la determinación emitida en la audiencia celebrada el diecisiete de enero de dos mil veintidós, en la causa penal 336/2021, por la cual decretó infundada la solicitud para decretar el sobreseimiento en favor del quejoso. QUINTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto y fundado, se; R e s u e l v e. Primero. La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a Emmanuel Bernardo Aguilar Garduño, contra el acto reclamado al Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal, consistente en la resolución emitida en audiencia de diecisiete de enero de dos mil veintidós, emitido en la causa penal 336/2021, en los términos precisados en el considerando quinto de esta sentencia. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo.
- Principal
Puebla, Puebla, a treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que a la fecha se encuentra trascurriendo la vista otorgada a las partes con los informes justificados; por tanto, las partes no han tenido conocimiento del mismo con la anticipación de ocho días en términos del párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA En consecuencia, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se señalan las nueve horas con veinte minutos del veintidós de abril de dos mil veintidós, para que tenga verificativo. NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO EN SU LUGAR DE RECLUSION Por otra parte, y toda vez que el quejoso manifiesta estar recluido en el Centro de Reinserción Social de Puebla, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 fracción I, inciso a), de la ley de Amparo, se ordena pasar los autos a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos a este juzgado a fin de notificarle de manera personal el presente proveído y los subsecuentes en el citado reclusorio.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito del quejoso EMMANUEL BERNARDO AGUILAR GARDUÑO, visto su contenido, téngasele realizando diversas manifestaciones en vía de alegatos, sin perjuicio de hacer relación de los mismos al momento de celebrarse la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo vigente.
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