Emmanuel del Carmen Méndez

Expediente 299/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
299/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
20/04/2023

Partes del expediente

  • Emmanuel del Carmen Méndez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto; el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de treinta y uno de marzo del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió respecto de los actos que reclamó de las autoridades que señaló como responsables. Por ende, con fundamento en los preceptos 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo ha causado estado... Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la razón del actuario judicial que antecede, se advierte que Emmanuel del Carmen Méndez, ante la presencia judicial compareció a ratificar la demanda de amparo registrada con el folio 3982. Atento a su contenido, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, es procedente DESECHARLA DE PLANO, por actualizarse un motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia, como se expone. Para así evidenciarlo, debe tenerse presente que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido qué debe entenderse por las expresiones "manifiesta" e "indudable" para efectos de la improcedencia del juicio de amparo, y en qué momento deben analizarse. Al hacerlo, puntualizó al primer vocablo como lo que se observa en forma patente, notoria y absolutamente clara; y precisó que el segundo significa, que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. La Segunda Sala estableció que para advertir la notoria e indudable improcedencia de un asunto debe atenderse al escrito de demanda, en su caso a la aclaración realizada, y a sus respectivos anexos; y que es posible determinar la inviabilidad del juicio desde su promoción, cuando esté demostrada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya fueron manifestados claramente por el impetrante o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal, que los informes justificados de las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia, ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, de lo contrario, la demanda debe ser admitida. Dichas consideraciones pueden consultarse en la ejecutoria emitida al resolver la contradicción de tesis 297/2011, de donde deriva jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), localizable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, con el registro 2001071, y título: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO". Es oportuno decir que, si bien en el criterio invocado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizó una causa de improcedencia del juicio de amparo distinta a la que es materia de estudio en el presente asunto, lo cierto es que las razones contenidas en la ejecutoria destacada resultan aplicables por identidad de razón en el caso, como enseguida se verá. Así las cosas, la interpretación del artículo 113 de la Ley de Amparo, exige que la improcedencia del juicio biinstancial tenga como apoyo que, desde un plano objetivo, el órgano de control constitucional cuente con información suficiente para advertirla de manera irrefutable y clara desde la promoción del citado juicio, de tal manera que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, este juzgador federal determina que el juicio que nos ocupa, deviene improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V (interpretado en sentido contrario) y 217, todos de la Ley de Amparo, como se explica. Por principio de cuentas, es menester asentar que los preceptos legales antes invocado, establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto es procedente: (.) V. Contra actos en juicios cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. (.)" Del análisis de la disposición normativa citada en segundo término, se advierte que el juicio de amparo indirecto excepcionalmente procede contra actos o resoluciones dictadas dentro de juicio. Se afirma que tal procedencia es excepcional en virtud de que mediante una fórmula legal, el legislador estableció que los actos intra-procesales, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. A partir de ello, sostuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no resulta procedente el juicio de amparo indirecto cuando se impugnen violaciones procesales consideradas de afectación en grado predominante o exorbitante. En ese tenor, cabe señalar que conforme al artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, es decir, cuando afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución General de la República y Tratados Internacionales de los que el Estado sea parte, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación de la garantía de que se trate. Al respecto, debe decirse que conforme a la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación había establecido dos criterios a fin de definir cuándo se está en presencia de actos dentro de juicio que sean de imposible reparación: a) El primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos que prevén los derechos humanos establecidos en la Constitución Federal, ya que la afectación no sería susceptible de repararse aun obteniendo una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la prerrogativa de que se trate, como podría ser el embargo, el arresto o una multa. b) El segundo criterio orientador para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, que se considera complementario del referido con anterioridad, establece que los mencionados actos tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en juicio en grado predominante o superior, como serían la personalidad o la procedencia de la vía. Así lo sostuvo en la jurisprudencia, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 157, Tomo VI, Parte SCJN, apéndice 1995, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 394188, bajo el rubro y contenido: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Sobre esas reglas, la Ley de Amparo abrogada admitía la procedencia del amparo indirecto tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales, siempre y cuando las afectaciones fueran exorbitantes lo que debía determinarse objetivamente, tomando en cuenta: a) la institución procesal que estaba en juego, b) la extrema gravedad de los efectos de la violación, c) su trascendencia específica, y d) los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo. Sin embargo, a partir de la reforma constitucional de seis de junio de dos mil once, la cual comenzó a tener vigencia el cuatro de octubre de la citada anualidad, misma que dio origen a la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, que entró en vigor al día siguiente, por disposición de su artículo primero transitorio, el juicio de amparo indirecto únicamente es procedente cuando se reclamen actos que sean de imposible reparación dentro del juicio acorde lo previsto en la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, como en el caso serían los que afecten la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, entre los que se encuentran el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordena la intercepción de correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el que conmina a una parte para que desempeñe un trabajo forzosamente, el arraigo, entre otros, pues en los tres primeros casos se pueden afectar la propiedad o las posesiones, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo y en séptima la de tránsito; y ninguna de estas afectaciones se podrá reparar con una actuación posterior en el juicio, ya que verbigracia, en el caso del embargo, el derecho al goce, uso y disfrute de los bienes secuestrados, de que se priva por el tiempo por el que se prolongue la medida, no se restituye con el dictado de la sentencia definitiva favorable, aunque se cancele el secuestro y se devuelvan los bienes; el goce y disponibilidad del numerario pagado por concepto de multa no se puede restituir en el procedimiento; la libertad personal tampoco; la correspondencia interceptada ya no podrá volver a su secreto; y en todos estos casos la violación de prerrogativas fundamentales subsistiría irremediablemente, aun cuando fueran objeto de estudio en la sentencia que se pronuncie y ésta fuera favorable a los intereses del quejoso. En esas condiciones, es innegable que partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo en vigor, los actos de ejecución irreparables únicamente son aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte; por ende, ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior que antes establecía la tesis ya mencionada, pues de modo alguno crea o extingue una situación jurídica que vulnere o restringa los derechos humanos del justiciable. Máxime, que en torno a la vigencia de la jurisprudencia sustentada sobre la interposición de la Ley de Amparo abrogada, el artículo sexto transitorio del decreto de la nueva ley establece que: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley"; por lo cual, se considera que el texto de la nueva ley no permite la aplicación de la tesis invocada, en tanto que se opone al texto expreso de lo que debe entenderse por un acto de ejecución irreparable. Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación" se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte. En relación al tema, cabe acotar que mediante el criterio jurisprudencial 2a./J. 48/2016 (10a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (considerada de aplicación obligatoria a partir del lunes nueve de mayo de dos mil dieciséis, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013), reiteró que de conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Asimismo, definió que por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. En síntesis, en dicho criterio de observancia obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo (antes transcrito), se definió que por regla general, el amparo indirecto es notoriamente improcedente cuando es promovido por una de las partes en el juicio natural, contra la omisión de la autoridad jurisdiccional de acordar promociones o de proseguir en tiempo con el juicio, al tratarse de una violación intraprocesal que no afecta derechos sustantivos. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2011580, publicada el seis de mayo de dos mil dieciséis en el Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." En ese sentido, debe decirse que con ello sólo se pueden afectar los derechos procesales de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros; lo anterior, pues la omisión reclamada se traduce en una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, de tal manera que, aun cuando se aleguen violaciones a los artículos 8 y 17 constitucionales, no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetivo, ya que no se trata de una omisión autónoma al juicio del que la quejosa forma parte. Posteriormente, la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal al resolver la diversa contradicción de tesis 325/2015, reiteró la regla general de improcedencia del amparo indirecto cuando se promueve contra violaciones de carácter adjetivo que no tienen una ejecución irreparable, puntualizando como tales a las afectaciones cometidas dentro de un procedimiento jurisdiccional por la omisión de acordar promociones o de proseguir en tiempo con el juicio, aun cuando se aleguen violaciones a los artículos 8, 14 y 17, de nuestra Ley Suprema, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo. Es así, no obstante que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos en forma directa, como lo puede ser la violación al artículo 8 Constitucional; sin embargo, ese menoscabo no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte. De ahí que, como pauta genérica, debe estimarse que no es viable el juicio constitucional en la vía indirecta. Por tanto, entendido en que consiste un acto de imposible reparación y analizado el acto reclamado en esta sede constitucional, conforme a la jurisrudencia P./J. 40/2000-Jurisprudencia-, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, con número de Registro 192097, de rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD", tenemos que el impetrante del amparo, manifiesta que desde el trece de febrero del año en curso, la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Acapulco, Guerrero, no ha procedido a emitir el auto admisorio de pruebas en el expediente laboral 932/2019, acto de autoridad que a su decir trasgrede el derecho humano de acceso a la justicia, tutela jurisdiccional efectiva de acceso a la justicia-. En tanto que, la demanda de amparo que nos ocupa se presentó el veintidós de marzo del año que transcurre, en el Buzón Judicial, validado en esa misma fecha, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, turnado ese mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito. Con base a lo anterior, este órgano jurisdiccional no advierte una abierta dilación o retardo injustificado para proveer sobre la misma, ya que únicamente transcurrieron treinta y seis días naturales desde que la junta laboral se pronunció respecto de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, lo cual a criterio de este juzgado no se trata de un acto de imposible reparación, toda vez que, un acto de imposible reparación, es aquel que afecta de manera cierta como quedó especificado en líneas anteriores. Esto es así, porque a la fecha en que se instó la demanda constitucional que nos ocupa evidentemente no había transcurrido un plazo excesivo desde la presentación de la demanda de reinstalación y la presentación de la demanda de amparo; si no, que se advierte un plazo razonable. Razonamiento que se comparte de la tesis I.4o.A.4 K (10a.), Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, Página 1452, Registro: 2002350, de rubro y texto: Razonamiento que se comparte de la tesis I.4o.A.4 K (10a.), Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, Página 1452, Registro: 2002350, de rubro y texto: "PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. En relación con el concepto de demora o dilación injustificada en la resolución de los asuntos, el artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, coincidente en lo sustancial con el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, establece que los tribunales deben resolver los asuntos sometidos a su conocimiento dentro de un plazo razonable, como uno de los elementos del debido proceso; aspecto sobre el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considerando lo expuesto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha establecido cuatro elementos o parámetros para medir la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales; y, d) la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. Además de los elementos descritos, el último de los tribunales internacionales mencionados también ha empleado para determinar la razonabilidad del plazo, el conjunto de actos relativos a su trámite, lo que ha denominado como el "análisis global del procedimiento", y consiste en analizar el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para determinar si un transcurso excesivo de tiempo resulta justificado o no. Por tanto, para precisar el "plazo razonable" en la resolución de los asuntos, debe atenderse al caso particular y ponderar los elementos descritos, conforme a criterios de normalidad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, para emitir un juicio sobre si en el caso concreto se ha incurrido en una dilación o retardo injustificado, ya que una demora prolongada, sin justificación, puede constituir, por sí misma, una violación a las garantías judiciales contenidas tanto en los aludidos artículos como en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que el concepto de "plazo razonable" debe concebirse como uno de los derechos mínimos de los justiciables y, correlativamente, como uno de los deberes más intensos del juzgador, y no se vincula a una cuestión meramente cuantitativa, sino fundamentalmente cualitativa, de modo que el método para determinar el cumplimiento o no por parte del Estado del deber de resolver el conflicto en su jurisdicción en un tiempo razonable, se traduce en un examen de sentido común y sensata apreciación en cada caso concreto.". Por lo que aquí se puntualiza citar, dado que en aquella, expresó la necesidad de establecer un lapso específico a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio "laboral", y determinó que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas la demanda de amparo sería procedente cuando hayan transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales correspondientes. Periodo que evidentemente tiene el propósito de que los juicios no queden indefinidamente paralizados, y por tanto, fue considerado un referente útil, por identidad de razones, para determinar cuándo debe considerarse que se ha configurado una dilación excesiva que se traduce en una paralización del procedimiento. De la ejecutoria que se comenta y que se cita por analogía al presente asunto derivó la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), de contenido siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador". Atendiendo a las razones inmersas en los criterios relatados, debe entenderse de forma análoga que el término de cuarenta y cinco días para la procedencia del juicio de amparo comprende, tanto los actos dictados dentro del juicio, como los acaecidos fuera de juicio, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue categórica al establecer que para efecto de la procedencia del juicio de amparo, ese plazo es un referente útil para determinar si hay una dilación procesal excesiva en la realización de cualquier otra diligencia. Conforme a las directrices anteriores, el análisis integral de la demanda, revela la notoria e indudable improcedencia del juicio de amparo desde su promoción, al advertirse sin lugar a dudas de los hechos manifestados claramente por la impetrante, la actualización de la causa dispuesta en el artículo 61, fracción XXIII, en relación en el diverso 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Los numerales invocados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]" En consecuencia, el criterio general es que la demanda de amparo que se interponga contra actos de esta naturaleza es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; sin que el suscrito advierta, del contenido de la demanda que exista una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda por su notoria e indudable improcedencia. Criterios invocados. Finalmente, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito presuntamente del quejoso Emmanuel del Carmen Méndez, a través del cual pretende desahogar la prevención ordenada en proveído de veintitrés de marzo de la presente anualidad. Ahora bien, previo a admitir la demanda de amparo, al tomar en consideración que la firma del promovente difiere notablemente de la estampada en el escrito de demanda, lo cual crea incertidumbre respecto de la pretensión intentada. Por tanto, requiérase a Emmanuel del Carmen Méndez, para que comparezca ante este Juzgado de Distrito, con identificación oficial vigente con fotografía, a reconocer como suya la firma del ocurso de mérito, para estar en aptitud de proveer lo que en derecho corresponda, apercibido que de no hacerlo se tendrá por no presentado dicho ocurso. En el entendido que para ese fin, cuenta con los cinco días que se le concedieron para cumplir con la carga impuesta en el referido auto, dado que éste se le notificó electrónicamente el veinticuatro de marzo del año en curso, surtió efectos ese mismo día, por lo que ese plazo empezó a computarse el veintisiete de marzo actual, lo que implica que, a la fecha de la presentación del ocurso aclaratorio (veintisiete del mes y año en curso), no transcurrió ni un solo día de los cinco que la Ley de Amparo le otorga para desahogar dicha prevención. Hágase la prevención y el apercibimiento ordenados por conducto del actuario de este juzgado. Cobra aplicación al respecto, la tesis sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos ochenta y cinco, materia común, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo tres, Primera Parte, enero a junio de mil novecientos ochenta y nueve, cuyo título y texto son: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas." Además tiene aplicación a lo anterior, por no oponerse a la nueva Ley de Amparo, en términos del Sexto Transitorio de la citada ley, la jurisprudencia 1a./J. 39/2012 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuatrocientos, libro VIII, mayo de dos mil doce, tomo I, décima época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo." Independientemente de que el promovente ratifique la firma del ocurso de cuenta, en caso de que la que estampe en la actuación correspondiente ostente rasgos distintos a la plasmada en los documentos antes mencionados, de igual manera, se dará vista a la representación social adscrita a este juzgado, a efecto de que se implementen las acciones correspondientes, en términos de lo previsto en la fracción III del numeral 237 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Con apoyo en lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se requiere al quejoso para que "bajo protesta de decir verdad", dentro del plazo de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación que se le haga de este proveído, y con las copias necesarias del escrito para correr traslado a las partes, aclare la demanda de amparo... Notifíquese personalmente.

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