Emmanuel Alejandro García Herrera
Expediente 274/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 8 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 274/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 16/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Emmanuel Alejandro García Herrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Visto el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días, sin que las partes quejosa y tercero interesada hayan recurrido el proveído de veintiséis de abril del año en curso, por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por ende, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero, veintiséis de abril de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes el oficio del Juez Décimo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, con el que remite copias fotostáticas certificadas deducidas de la causa penal 183-2/2013, de las que se advierte que el diecinueve de abril del año en curso, declaró extinguida la acción penal ejercitada contra el aquí quejoso Emmanuel Alejandro García Herrera, por el delito de lesiones, en agravio de Jesús Salvador Hernández Mondragón, por prescripción y, con apoyo en el artículo 102, fracción IV, del Código de Procedimientos Penales, se sobreseyó en la citada causa, con efectos de sentencia absolutoria, ordenándose la absoluta libertad del inculpado. Documental que cuenta con valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, del que se advierte que en el caso, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que es de estudio preferente según lo establecido en el diverso numeral 62 del mismo ordenamiento jurídico: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Lo procedente, es sobreseer el juicio en términos de dicho numeral, en base a las siguientes consideraciones. La parte quejosa en esta instancia constitucional reclamó lo siguiente: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: 1.- AUTORIDAD ORDENADORA: a).- El C. Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares. b).- El C. Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares. c).- El C. Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares. d).- El C. Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares. e).- El C. Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares. f).- El C. Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares. g).- El C. Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares. h).- El C. Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares. i).- El C. Juez Noveno de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares. j).- El C. Juez Décimo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares. 2.- AUTORIDADES EJECUTORAS: a).- El Coordinador de la Policía Investigadora Ministerial, Sector Coloso. b).- El Coordinador de la Policía Investigadora Ministerial, Sector Central. IV.- ACTOS RECLAMADOS: 1.- De la AUTORIDAD ORDENADORA, reclamo la ORDEN DE APREHENSIÓN que dictó en la que se pretende privar de la libertad personal. 2.- De la AUTORIDADES EJECUTORAS, reclamo la ejecución y cumplimiento que pretenden dar a la orden de aprehensión dictada por la autoridad ordenadora y se pretende privar de mi libertad personal." Ahora bien, de las documentales que remite la autoridad responsable se advierte que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, como a continuación se verá: 1.- El treinta y uno de octubre de dos mil trece, el Juez Décimo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, libró orden de aprehensión contra el quejoso, por el delito de lesiones, cometido en agravio de Jesús Salvador Hernández Mondragón, dentro de la causa penal 183-2/2013. 2.- Posteriormente, previos los trámites de ley, el diecinueve de abril del presente año, dicho juez responsable declaró extinguida la acción penal ejercitada contra el aquí quejoso Emmanuel Alejandro García Herrera, por su probable responsabilidad en la comisión del delito especificado en el párrafo que antecede y, con apoyo en el artículo 102, fracción IV del Código de Procedimientos Penales, se sobreseyó en la citada causa, con efectos de sentencia absolutoria, ordenándose la absoluta libertad del inculpado Por tanto, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado y, por consiguiente, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia y procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el precepto 63, fracción V, de la Ley de Amparo, toda vez que se actualiza en la especie una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, que ningún elemento de prueba puede desvirtuar. Es aplicable, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos ochenta y seis, tomo décimo séptimo, marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." También es aplicable, la tesis visible en la página seiscientos dieciséis, del tomo cuarto, octubre de mil novecientos noventa y seis, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos títulos y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO CUANDO SE DECLARA EXTINGUIDA LA ACCIÓN PERSECUTORIA QUE DIO ORIGEN AL AUTO DE FORMAL PRISIÓN RECLAMADO EN AMPARO. Cuando durante la tramitación del juicio de amparo en que se reclamó el auto de formal prisión, se declara en la causa penal la extinción de la acción persecutoria, es inconcuso que los efectos del acto reclamado han cesado, siendo procedente en tal hipótesis decretar el sobreseimiento en términos del artículo 74, fracción III, en relación al 73, fracción XVI de la Ley de Amparo." Así como la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Sobreseimiento que se hace extensivo respecto del acto atribuido a las diversas autoridades responsables titulares de los Juzgados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en este puerto, señaladas como ordenadoras, toda vez que al rendir sus respectivos informes justificados, negaron categóricamente la existencia de dicho acto (orden de aprehensión), como se advierte de las constancias de autos; máxime, que dicho mandato de captura se reconoció por el Juez Décimo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares. También se hace extensivo el sobreseimiento decretado a las autoridades ejecutoras, por no combatirse por vicios propios; tiene aplicación al caso la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito consultable en la página doscientos ochenta y seis, volumen noventa y uno y noventa y seis, sexta parte del Semanario Judicial de la Federación, séptima época, materia común, que dice: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta minutos del veintisiete de abril de dos mil dieciséis. Cabe señalar que el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causa de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en un plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga. Por su parte, el numeral 93, fracciones I a III, de esa ley dispone: "al conocer de los asuntos en revisión, el órgano jurisdiccional observará las reglas siguientes: I. Si quien recurre es el quejoso, examinará, en primer término, los agravios hechos valer en contra del sobreseimiento decretado en la resolución recurrida.-Si los agravios son fundados, examinará las causales de sobreseimiento invocadas y no estudiadas por el órgano jurisdiccional de amparo de primera instancia, o surgidas con posterioridad a la resolución impugnada; II. Si quien recurre es la autoridad responsable o el tercero interesado, examinará, en primer término, los agravios en contra de la omisión o negativa a decretar el sobreseimiento; por consiguiente, si son fundados se revocará la resolución recurrida; III. Para los efectos de las fracciones I y II, podrá examinar de oficio y, en su caso, decretar la actualización de las causales de improcedencia desestimadas por el juzgador de origen, siempre que los motivos sean diversos a los considerados por el órgano de primera instancia.". Ahora bien, de la interpretación sistemática de esos preceptos se advierte que ambos coinciden en cuanto a las causales de improcedencia que fueron o no materia de pronunciamiento en primera instancia, es decir, a que una de éstas haya sido o no alegada por alguna de las partes, o hubiera o no sido estudiada por el órgano de amparo, esto es, el Juez de Distrito; por tanto, si éste -de oficio o a petición de alguna de las partes-, tuvo por actualizada una causal de improcedencia y, como consecuencia, decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo, la parte afectada tiene oportunidad de impugnar dicha resolución mediante el recurso de revisión, para que el Tribunal Colegiado de Circuito examine, a la luz de los agravios correspondientes, los razonamientos en que se basó el a quo para sobreseer en el juicio, por lo que el recurrente no queda en estado de indefensión, pues si el sobreseimiento es correcto tendrá que confirmarse la sentencia recurrida o, de lo contrario, se dejará insubsistente para proceder con el estudio de fondo. Es aplicable la jurisprudencia VI.1o.T. J/1 (10a.), publicada el viernes diez de octubre de dos mil catorce, identificada con el número de registro 2007628, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO NO TIENE OBLIGACIÓN DE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LAS CAUSALES QUE ADVIERTA DE OFICIO O QUE LE HAGAN SABER LAS PARTES (INTERPRETACIÓN DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De la exégesis del párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Amparo, se advierte que la obligación de dar vista al quejoso con la causa de improcedencia, corresponde únicamente al órgano jurisdiccional de segunda instancia del juicio constitucional, es decir, a los Tribunales Colegiados de Circuito, puesto que es en este caso cuando se actualiza la hipótesis de "autoridad inferior" (Juez de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito); por tal razón, el Juez Federal no está obligado a cumplir con la referida vista, no obstante que el motivo de improcedencia lo advierta de oficio, o bien, lo haga saber cualquiera de las partes." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Notifíquese personalmente.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere y, para su celebración se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS.
- Principal
Agréguese el escrito del autorizado de las terceras interesadas; atento a su contenido, no ha lugar acordar de conformidad lo que solicita, toda vez que en el presente cuaderno incidental no obran exhibidas las documentales a que hace referencia, para los efectos legales a que haya lugar.
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