Emmanuel de Jesús Terrones Carrillo

Expediente 533/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 34 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
533/2022
Año
2022
Actuaciones
34
Última actuación
09/02/2023

Partes del expediente

  • Emmanuel de Jesús Terrones Carrillo
  • Juez de Control Y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 34.

  1. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las diez horas con diez minutos del nueve de febrero de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de derechos 533/2022, se encuentra en audiencia pública Rodolfo García Camacho, Juez Primero de Distrito en el Estado, en unión de Juan García Trejo, secretario que autoriza y da fe; sin contar con la asistencia de las partes. Abierta la audiencia, la secretaria da lectura de la demanda de amparo, el informe justificado rendido por la autoridad responsable y demás constancias que integran el expediente. Asimismo, el Secretario de juzgado CERTIFICO QUE: Que el término de tres días otorgado al quejoso mediante auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto a la autoridad responsable que denominó como "Comandante de la Policía de Investigación, con sede en Fresnillo, Zacatecas", transcurrió del siete al once de octubre de dos mil veintidós; ello, en consideración que fue notificada del referido proveído el cinco de octubre de dos mil veintidós, sin que realizado manifestación alguna. DOY FE. En relación con lo anterior, el juez acuerda: Téngase hecha la relación de constancias, leídas las mismas, rendido el informe justificado de las autoridades señaladas como responsables. Por otra parte visto el estado que guardan los presentes autos y certificación que antecede, se advierte que el término de tres días otorgado al quejoso mediante auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto a la autoridad responsable que denominó como "Comandante de la Policía de Investigación, con sede en Fresnillo, Zacatecas", sin que lo haya hecho; consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el proveído en mención y se tiene a dicha autoridad por inexistente en el presente asunto y por tanto, suspéndase toda comunicación con la misma. A continuación, en el período de pruebas, el secretario da cuenta con las ofrecidas en autos. El Juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, ténganse admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas referidas, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos: el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. A lo que el Juez dispone: Téngase por perdido el derecho de las partes para expresar alegatos. Al no existir diligencias pendientes de desahogar, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se levanta el acta correspondiente, firmando los que en ella intervinieron. DOY FE. RODOLFO GARCÍA CAMACHO. JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE ZACATECAS. JUAN GARCÍA TREJO. SECRETARIO

  2. Principal

    Visto el estado que guardan lo presentes autos, se advierte que mediante proveído de treinta y uno de mayo del presente año, se reservó proveer sobre la admisibilidad o no de las pruebas ofertadas por el quejoso, identificadas con los incisos VI y VII, así como el a), contenidas en su escrito con registro 9450, visible a foja 104. A su vez, debe mencionarse que tales probanzas tiene por objeto demostrar la inconstitucionalidad de la resolución de vinculación a proceso por los hechos que la ley señala como delitos de secuestro agravado, robo calificado y asociación delictuosa, cometidos en perjuicio de tres personas de identidad protegida y la sociedad, pues a través de sus alegatos aduce que en otra diversa causa penal no se calificó de legal su detención y se le dictó auto de no vinculación a proceso. Al respecto, se provee lo siguiente: En principio, debe decirse que el estudio de tales datos o manifestaciones no podrán ser materia de estudio en el presente juicio de amparo, dado que no fue materia de debate en la resolución reclamada, acorde a lo previsto por el artículo 75 de la Ley de Amparo. Como complemento a lo anterior, es de indicarse que el artículo 75 de la legislación en cita, en lo esencial, dispone lo siguiente: "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. .". Del numeral transcrito se desprende que regula el denominado principio de limitación de prueba, conforme al cual, en los juicios de control constitucional el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración los medios de convicción que no se hayan rendido ante dicha autoridad para demostrar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada. Lo anterior, da lugar a una limitante con dos diversos efectos: 1) el relativo a que para juzgar el acto reclamado y su constitucionalidad, la autoridad de amparo no puede comprender, en materia de prueba, aspectos o cuestiones ajenos a los que la responsable estuvo en aptitud de considerar; y, 2) se produce una limitación, la cual consiste en evitar que el juzgador de amparo, al sustituirse en la competencia exclusiva de aquella autoridad, llegue al extremo opuesto de justificar o mejorar el contenido del acto reclamado. En tales condiciones, si en el presente asunto, lo que constituye el acto reclamado es la audiencia de formulación de imputación de nueve de marzo de dos mil veintidós, así como la continuación de la audiencia inicial que concluyó con el dictado de un auto de vinculación a proceso por los hechos que la ley señala como delitos de secuestro agravado, robo calificado y asociación delictuosa, cometidos en perjuicio de tres personas de identidad protegida y la sociedad, debe tomarse en consideración que dicha determinación judicial se emitió de conformidad con los principios del sistema de justicia penal acusatorio y oral, entre el que se encuentra el de contradicción, que garantiza la igualdad procesal de las partes prevista en el artículo 20, apartado A, fracción IV, de la Constitución Federal, en la medida en que se les permite escuchar de viva voz las argumentaciones de la contraria para apoyarlas o rebatirlas y observar desde el inicio, la manera como formulan sus planteamientos en presencia del juzgador. Por lo que, si el Ministerio Público, el imputado y su defensor particular, le expusieron al juzgador su versión de los hechos con base en los datos que cada uno de ellos aportó, se puede colegir a efecto de analizar la constitucionalidad del acto reclamado destacado (auto de vinculación a proceso), que el juzgador de amparo no puede sustituirse a la autoridad responsable y analizar en la sentencia, argumentos que aquélla no tuvo en cuenta o en cuestiones que no fueron objeto del debate en la audiencia y con base en las cuales emitió la resolución impugnada; en tales condiciones, con fundamento en lo previsto por el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desechan por notoriamente improcedentes. Como sustento de lo anterior se cita la tesis, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. SI EL ACTO RECLAMADO ES UNA ORDEN DE APREHENSIÓN LIBRADA BAJO LAS REGLAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, Y LAS QUE OFRECIÓ EL QUEJOSO REQUIEREN DESAHOGARSE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO, ÉSTE DEBE DESECHARLAS, PORQUE DE ADMITIRLAS VIOLARÍA LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN A ESE PROCEDIMIENTO ORAL. El artículo 75 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito apreciará el acto reclamado tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos motivantes de la resolución impugnada, con excepción de aquellos casos en que el quejoso no hubiere tenido oportunidad de hacerlo; sin embargo, existe también la salvedad en materia penal, tratándose del proceso penal acusatorio, consistente en que el juzgador de amparo debe cerciorarse de que el ofrecimiento de pruebas no implique violación a la oralidad o a los principios que rigen dicho proceso penal; por lo que si durante la tramitación del juicio de amparo, el quejoso ofrece una prueba que requiere desahogo, como la pericial o testimonial, y el acto reclamado es una orden de aprehensión librada bajo las reglas del sistema penal acusatorio, el Juez de Distrito debe desecharla, porque su admisión sería contraria a la característica principal del sistema indicado, consistente en la oralidad, ya que los medios de convicción cuyo desahogo se proponga en el juicio de amparo, se sujetarían a las disposiciones previstas en el artículo 119 de la propia ley, que establece que en el caso de la testimonial, pericial o inspección judicial, es necesario que las partes exhiban original y copia de los interrogatorios para que sean examinados los testigos, o cuestionarios para los peritos o de los puntos sobre los que deba versar la inspección; por lo que en tal circunstancia, la admisión de pruebas que requieren desahogo, resultaría violatoria de los principios de contradicción, igualdad procesal e inmediación, previstos en los artículos 20, apartado A, fracciones II y III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o., 6o., 9o. y 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque no serían desahogadas ante el Juez que conoce del proceso penal, la contraparte no podría refutarlas o contradecirlas, y resultarían nulas, al llevarse a cabo fuera de la audiencia de juicio, conforme al artículo 20, apartado A, fracción III, constitucional, así como a los preceptos 259 y 357 del código invocado." De igual forma, se cita como apoyo la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN EMITIDA BAJO EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. DEBEN DESECHARSE SI PRETENDEN DEMOSTRAR SU INCONSTITUCIONALIDAD, VARIANDO LAS CIRCUNSTANCIAS O LOS HECHOS EN LOS QUE EL JUEZ DE CONTROL SE BASÓ PARA EMITIRLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 75, PÁRRAFO SEGUNDO, IN FINE, DE LA LEY DE AMPARO). Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos al analizar si era factible admitir pruebas en el amparo indirecto promovido por el probable responsable contra una orden de aprehensión dictada bajo el sistema procesal penal acusatorio, para acreditar su inconstitucionalidad. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el principio de limitación probatoria contenido en el artículo 75, párrafo segundo, in fine, de la Ley de Amparo, no permite que se admitan pruebas en amparo indirecto cuando se reclama una orden de aprehensión dictada bajo el sistema procesal penal acusatorio, tendentes a demostrar su constitucionalidad o inconstitucionalidad, variando las circunstancias o los hechos en los que la responsable se basó para apreciar el acto reclamado. Justificación: El artículo 75 de la Ley de Amparo establece que el acto reclamado será apreciado como haya aparecido probado ante la autoridad responsable y consagra como excepción, en amparo indirecto, la posibilidad de ofrecer pruebas cuando el quejoso no haya podido hacerlo ante la responsable. Sin embargo, el párrafo segundo, in fine, del propio precepto, establece una limitante en materia penal relativa a que ese ofrecimiento no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio. En ese sentido, el desahogo de pruebas destinadas a variar las circunstancias que tuvo apreciadas el Juez de Control al dictar la orden de aprehensión vulnera tales principios. Ello, en tanto implicaría indefectiblemente que éstas no fuesen rendidas y examinadas oralmente (principio de oralidad); no permitiría que el juez penal apreciase personalmente su desahogo (principio de inmediación) y requerirían ser desahogadas ante un juez diverso, como el de amparo, bajo un proceso distinto, adquiriendo el carácter de pruebas formalizadas y no el de datos de prueba que les correspondería en la respectiva fase del proceso penal acusatorio." Asimismo, sirve de sustento a lo anterior, la tesis aislada de rubro y texto siguiente: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA ORDEN DE APREHENSIÓN LIBRADA BAJO LAS REGLAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, EL JUEZ DE DISTRITO, PARA NO VULNERAR EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN, DEBE LIMITARSE A ANALIZAR LOS DATOS DE PRUEBA VALORADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El segundo párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo establece que en el amparo indirecto, el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiese tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable; sin embargo, si el acto reclamado lo constituye la orden de aprehensión librada bajo las reglas del sistema penal acusatorio adversarial, en la que el Juez de Control, para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada, sólo contó con los datos de prueba que le informó el agente del Ministerio Público, el Juez de Distrito únicamente puede analizar el acto reclamado como lo conoció la autoridad responsable, porque de llegar a considerar datos en los que no se hubiera fundado la petición de la orden de aprehensión, se vulneraría la fracción VI del apartado A del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, el cual permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda; de ahí que no se está en los casos de excepción que prevé el párrafo segundo del artículo 75 aludido." Para dar oportunidad a lo anterior, SE DIFIERE la citada audiencia, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese...

  3. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, a veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas CERTIFICA: Que del once al quince de noviembre de dos mil veintidós, transcurrió el término de tres días que le fue concedido a los terceros interesados de iniciales M.T.R., J.F.C. y J.T.D., a fin de que señalaran domicilio para recibir notificaciones tal y como se ordenó en auto de veinticuatro de octubre del presente año, sin que lo hayan hecho. Que se encuentran fijadas las nueve horas con treinta minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente asunto. En la misma fecha se da cuenta con las certificaciones que anteceden y con el estado de autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término de tres días que le fue concedido a los terceros interesados de iniciales M.T.R., J.F.C. y J.T.D., mediante auto de veinticuatro de octubre del presente año, a fin de que señalaran domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo hayan hecho; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido auto, y se determina que la notificación del presente proveído, así como las subsecuentes que tengan el carácter de personales, se le practiquen por medio de lista que se fija y publica en los estrados de este Tribunal Federal, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Asimismo, dese vista a la parte tercero interesada en comento con los informes justificados que obran en autos por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Por tanto, a fin de dar oportunidad a que las partes se impongan del contenido del citado auto, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para este día; y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LOS TERCEROS INTERESADOS VÍCTIMAS DE INICIALES M.T.R., J.F.C. Y J.T.D., EL AUTO DICTADO EN FECHA VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, Y DE IGUAL FORMA, SE LES TIENE POR DEBIDA Y LEGALMENTE EMPLAZADOS AL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS, ELLO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: Zacatecas, Zacatecas, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas CERTIFICA: Que se encuentran fijadas las nueve horas con treinta minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente asunto. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de los autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que se encuentran fijadas las nueve horas con treinta minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente asunto; sin embargo de autos se advierte que no obra constancia de emplazamiento de los terceros interesados de iniciales M.T.R., J.F.C. y J.T.D.; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento para el efecto de que el actuario judicial de la adscripción, emplace a los antes nombrados, en el domicilio que para tal efecto fue señalado, tal y como se ordenó en auto de veinte de abril del presente año. Por otra parte, mediante oficio que derive de este proveído, dése vista a la tercero interesada licenciada Jaqueline Vega Muñoz, Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada de Investigación de Homicidios Dolosos de Fresnillo, Zacatecas con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables por el término de ocho días para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Por tanto, a fin de dar oportunidad a lo anterior, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para este día; y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Finalmente, mediante auto de veintiséis de julio del presente año, se tuvo por recibida la promoción signada por el Presidente de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual informó que el quejoso Emmanuel de Jesús Terrones Carrillo, interpuso recurso de apelación contra el auto de vinculación a proceso pronunciado en audiencia de catorce de marzo del presente año, dentro de la causa penal 431/2021 y adjuntó copia certificada del auto emitido el veintiocho de junio del año en curso por la citada Sala, por tanto, y toda vez que los actos reclamados dentro del juicio de amparo 495/2022, del índice de este propio órgano jurisdiccional derivan de la citada causa penal, por tanto, se ordena desglosar el comunicado de mérito a fin de que se acuerde lo que en derecho corresponda dentro del citado juicio 495/2022, previa copia simple que del mismo se deje en autos. Notifíquese; y personalmente a los terceros interesados. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del veinticinco de octubre de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.

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