Emmanuel de Jesús Terrones Carrillo
Expediente 495/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 32 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 495/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 05/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Emmanuel de Jesús Terrones Carrillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Principal
El cinco de enero de dos mil veintitrés, la Secretaria del juzgado Primero de Distrito en el estado certifico: a) Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos para devolver a la parte quejosa con las características que prevé el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. b) Que el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del ocho al veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, sin que hubiere interpuesto recurso de revisión contra el auto dictado el veintinueve de noviembre del propio año. c) Que sí se tramitó incidente de suspensión, en el que se concedió la suspensión provisional y la definitiva, en el que no se exhibió billete que amerite proveer sobre su destino. d) No existen constancias por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, cinco de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede de la que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra el auto dictado en el presente juicio de amparo, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21 inciso d, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y toda vez que las constancias que integran el presente sumario, se advierte que no son de relevancia documental, este expediente es destruible, en razón de que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Por otra parte, es DEPURABLE el cuaderno original del incidente de suspensión, en razón de que se concedió la suspensión provisional y definitiva, por tanto, guárdese por separado; por otra parte, en cuanto al duplicado del incidente, llévese a cabo su destrucción. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral realícese la destrucción a que alude el artículo 3, fracción XV del citado acuerdo. Inclúyase el presente asunto en el acuerdo de desincorporación correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación de Órganos Jurisdiccionales y Visitaduría Pública, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Diana Jaimes Villanueva, Secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. Bere En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del seis de enero de dos mil veintitrés, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACIÓN DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2022, LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: ...Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la promoción signada por el Magistrado Presidente de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado, con sede en esta ciudad, mediante la cual remite copia certificada, entre otras, de la resolución de catorce de julio del año en curso, por la que resolvió el recurso de apelación hecho valer por el quejoso contra el auto de vinculación a proceso reclamado en esta instancia constitucional; con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la mencionada autoridad las documentales que adjunta. En el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" La causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos, se produce, por regla general, cuando concurren los siguientes supuestos: 1) Que el acto reclamado en el juicio de amparo se revoque o derogue por la propia autoridad responsable; o bien, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional; y 2) Que por virtud de esa revocación o derogación se reponga al quejoso en el goce del derecho humano violado, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Así se advierte en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 216, del Tomo II, Procesal Constitucional I, Común Primera Parte-SCJN Segunda Sección-Improcedencia y sobreseimiento, Novena Época, del Apéndice 1917-Septiembre 2011, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" Conforme a la anterior jurisprudencia, los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Luego, respecto al tema de cesación de efectos por sustitución procesal, se invoca el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Novena Época, visible en la Página 1579, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Materia Común, Tesis III.2o.C. J/22, con Registro 176051, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Así como la diversa I.3o.C.769 C, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1492, XXX, Diciembre de 2009, Materia(s): Civil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos". Bajo ese contexto, la interpretación del normativo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en concordancia con las tesis citadas, revelan que debe sobreseerse en el juicio de amparo cuando se reclama una determinación judicial, respecto de la cual recayó una nueva resolución, toda vez que se produce una sustitución procesal que hace cesar el acto primigenio, de modo que será la última decisión y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de amparo, ello, siempre que no se actualice una diversa causa de inejercitabilidad. En esta instancia constitucional el quejoso reclama de las autoridades responsables el control de la detención, formulación de imputación, auto de vinculación a proceso y su ejecución. Ahora bien, el Magistrado Presidente de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado, con sede en esta ciudad, con el ocurso de cuenta remite copia certificada, entre otras, de la resolución de catorce de julio del año en curso, por la que resolvió el recurso de apelación hecho valer por el quejoso contra el auto de vinculación a proceso reclamado en esta instancia constitucional. En ese sentido, como se adelantó, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se actualiza debido a que los actos reclamados en esta vía cesaron en sus efectos, al haber sido sustituidos procesalmente por la sentencia dictada en el recurso de apelación hecho valer por el quejoso contra el auto de vinculación a proceso, el cual constituyó el acto reclamado en el presente asunto. Entonces, al haber sido sustituido procesalmente el acto reclamado por la sentencia dictada en el recurso de apelación de que se trata, generó que cesaran los efectos del acto primigenio; lo que torna improcedente la acción de amparo, dado que en todo caso es la nueva determinación la que de manera extraordinaria puede ser materia de análisis a través del juicio de derechos fundamentales. Se afirma lo anterior, pues con la emisión de dicha determinación, se reitera, los efectos legales dejaron de ser propios de éste, es decir, operó la sustitución procesal, de ahí que el reclamo de ésta en el juicio de amparo, actualiza la causa de improcedencia señalada. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, con base en el diverso 63, fracción V, del propio ordenamiento legal, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, fijada para las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del veintiséis de diciembre de dos mil veintidós; por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y personalmente a las partes....
- Principal
El veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, se da cuenta con una promoción registrada con el folio 20512. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la promoción signada por el Magistrado Presidente de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado, con sede en esta ciudad, mediante la cual remite copia certificada, entre otras, de la resolución de catorce de julio del año en curso, por la que resolvió el recurso de apelación hecho valer por el quejoso contra el auto de vinculación a proceso reclamado en esta instancia constitucional; con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la mencionada autoridad las documentales que adjunta. En el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" La causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos, se produce, por regla general, cuando concurren los siguientes supuestos: 1) Que el acto reclamado en el juicio de amparo se revoque o derogue por la propia autoridad responsable; o bien, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional; y 2) Que por virtud de esa revocación o derogación se reponga al quejoso en el goce del derecho humano violado, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Así se advierte en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 216, del Tomo II, Procesal Constitucional I, Común Primera Parte-SCJN Segunda Sección-Improcedencia y sobreseimiento, Novena Época, del Apéndice 1917-Septiembre 2011, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" Conforme a la anterior jurisprudencia, los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Luego, respecto al tema de cesación de efectos por sustitución procesal, se invoca el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Novena Época, visible en la Página 1579, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Materia Común, Tesis III.2o.C. J/22, con Registro 176051, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Así como la diversa I.3o.C.769 C, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1492, XXX, Diciembre de 2009, Materia(s): Civil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos". Bajo ese contexto, la interpretación del normativo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en concordancia con las tesis citadas, revelan que debe sobreseerse en el juicio de amparo cuando se reclama una determinación judicial, respecto de la cual recayó una nueva resolución, toda vez que se produce una sustitución procesal que hace cesar el acto primigenio, de modo que será la última decisión y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de amparo, ello, siempre que no se actualice una diversa causa de inejercitabilidad. En esta instancia constitucional el quejoso reclama de las autoridades responsables el control de la detención, formulación de imputación, auto de vinculación a proceso y su ejecución. Ahora bien, el Magistrado Presidente de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado, con sede en esta ciudad, con el ocurso de cuenta remite copia certificada, entre otras, de la resolución de catorce de julio del año en curso, por la que resolvió el recurso de apelación hecho valer por el quejoso contra el auto de vinculación a proceso reclamado en esta instancia constitucional. En ese sentido, como se adelantó, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se actualiza debido a que los actos reclamados en esta vía cesaron en sus efectos, al haber sido sustituidos procesalmente por la sentencia dictada en el recurso de apelación hecho valer por el quejoso contra el auto de vinculación a proceso, el cual constituyó el acto reclamado en el presente asunto. Entonces, al haber sido sustituido procesalmente el acto reclamado por la sentencia dictada en el recurso de apelación de que se trata, generó que cesaran los efectos del acto primigenio; lo que torna improcedente la acción de amparo, dado que en todo caso es la nueva determinación la que de manera extraordinaria puede ser materia de análisis a través del juicio de derechos fundamentales. Se afirma lo anterior, pues con la emisión de dicha determinación, se reitera, los efectos legales dejaron de ser propios de éste, es decir, operó la sustitución procesal, de ahí que el reclamo de ésta en el juicio de amparo, actualiza la causa de improcedencia señalada. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, con base en el diverso 63, fracción V, del propio ordenamiento legal, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, fijada para las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del veintiséis de diciembre de dos mil veintidós; por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Diana Jaimes Villanueva, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. Bere En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del treinta de noviembre de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.
- Principal
... Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el Presidente de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado, no dio cumplimiento al requerimiento formulado en proveído der veintiséis de octubre del año en curso, a pesar de haber quedado notificado del oficio 31448/2022, por medio del cual se le requirió, según se obtiene de la constancia de notificación relativa que obra en el presente asunto. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo, mediante oficio que derive de este proveído, requiérase por última ocasión a la mencionada autoridad para que dentro del término de tres días hábiles legalmente computados, informe a este Juzgado de Distrito el estado procesal que guarda el recurso de apelación interpuesto por el quejoso, contra el auto de vinculación a proceso reclamado en el expediente en que se actúa. Bajo apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado, o no externar los motivos legales que les impidan hacerlo, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, con relación al decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se le impondrá multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización vigente en el país. Resulta aplicable por analogía, la tesis de Jurisprudencia del tenor literal siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." A fin de dar oportunidad a que el expediente e que se actúa se encuentre integrado, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para este día, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese. ...
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