Emmanuel Crispin Ramos Gutierrez

Expediente 877/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
877/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
29/08/2017

Partes del expediente

  • Emmanuel Crispin Ramos Gutierrez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Se declara que la sentencia ha causado ejecutoria. Archívese como asunto concluido.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, ocho de agosto de dos mil diecisiete. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a las diez horas con veintiún minutos del ocho de agosto de dos mil diecisiete, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, estando en audiencia pública el licenciado Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretaria Rosa María Luna Mercado, con quien legalmente actúa, procede a dar inició a la audiencia constitucional del juicio de amparo número 877/2017, promovido por Emmanuel Crispín Ramos Gutiérrez; sin asistencia de las partes. Acto continuo, la Secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran por su importancia escrito inicial de demanda y el auto admisorio; sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mil novecientos ochenta y nueve, que dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES, SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Al respecto el Juez, acuerda: Se tiene por hecha la relación Secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Acto continuo, en período probatorio. Abierto el mismo, con fundamento en el artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, la documentales exhibidas la autoridad responsable. Enseguida, se declara abierto el período de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes los formuló; asimismo se hace constar que el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no presentó pedimento, consecuentemente, al no haber diligencia que practicar, ni escrito por acordar, se concluye la presente audiencia, por lo que se procede a dictar la siguiente resolución. Doy fe. V i s t o s los autos para resolver el juicio de amparo 877/2017; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el uno de junio de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, Emmanuel Crispín Ramos Gutiérrez, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se especifican: AUTORIDAD RESPONSABLE: Ayuntamiento Constitucional de Tetecala, Morelos. ACTO RECLAMADO 1. La omisión de cumplir voluntariamente el laudo condenatorio dictado en autos del expediente número 06/3230/15, por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos." SEGUNDO. La parte quejosa señaló como garantía violada la contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Por auto de dos de junio de dos mil diecisiete, se registró la demanda de amparo, correspondiéndole el número 877/2017; y previo cumplimiento de una prevención, se admitió la demanda de garantías; se solicitó a la autoridad responsable el informe justificado; además, en el citado proveído igualmente, se hizo del conocimiento de las partes que, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la sentencia se testaran los datos reservados o clasificadas, indicándose dichos datos de manera genérica. En ese tenor, una vez que las partes se notificaron de lo anterior, no hicieron manifestación alguna. Asimismo, se dio al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención legal que le compete, y, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró en los términos del acta que antecede, la cual forma parte integrante del presente fallo; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los ordinales 103 y 107 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 114 de la Ley de Amparo; 1° fracción V, 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 3/2013, 15/2013 y 32/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la Determinación del Número y Límites Territoriales de los Circuitos en que se divide el Territorio de la República Mexicana; y al Número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por Materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que el acto reclamado emana de autoridades que radica dentro del ámbito territorial donde este juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Del análisis integral de la demanda de garantías, atento a lo indicado en la fracción I, del artículo 74, de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia 19, visible en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". Se aprecia que el acto reclamado en esta instancia constitucional, se hace consistir: **La omisión de cumplir voluntariamente el laudo condenatorio dictado en autos del expediente número 06/3230/15, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y arbitrajes del Estado de Morelos.* TERCERO. Al rendir su informe justificado el Ayuntamiento de Tetecala, Morelos, por conducto del Sindico Municipal, admitió la certeza de los actos que se le atribuye. Por tanto, es cierto el acto que reclama la parte quejosa, por así haberlo manifestado las autoridades responsables; por ende, se tiene plenamente acreditado al tenor de la jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se analizara si respecto del acto reclamado se actualiza alguna causa de improcedencia, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, el suscrito juzgador advierte que se actualiza de oficio una causa de improcedencia; sin embargo, no ha lugar a dar vista a la parte quejosa, para manifieste lo que a su interés legal convenga, en términos lo previsto en el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, pues sólo existe obligación de notificar al quejoso en los juicios de amparo indirecto en revisión o segunda instancia, así como en el recurso de queja que se interponga en contra del desechamiento de la demanda. Orienta al criterio anterior, la jurisprudencia I.11o.C. J/2 (10a.), sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil en el Distrito Federa,, publicada en la página 2660, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época, Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, del tenor literal siguiente: "CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SE ADVIERTAN DE OFICIO, SÓLO EXISTE OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR AL QUEJOSO EN LOS JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO EN REVISIÓN O SEGUNDA INSTANCIA, ASÍ COMO EN EL RECURSO DE QUEJA QUE SE INTERPONGA EN CONTRA DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA (ALCANCES DEL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La norma en cuestión prevé que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia "no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior", se dará vista "al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga"; los enunciados reproducidos deben interpretarse copulativamente y no en forma disyuntiva, pues de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, vigésima primera edición, tomo II, página mil cuatrocientos treinta y ocho, la palabra "ni", constituye una conjunción copulativa que enlaza vocablos con la característica de ser negativos; entonces, para poder dar vista al quejoso, es necesario que, en principio, se actualicen conjuntamente los supuestos siguientes: a) exista un Juez inferior, quien al resolver previamente el juicio de amparo, no se haya pronunciado sobre la causal de improcedencia que posteriormente se advierta de oficio; y, b) que tal causal no hubiera sido planteada por alguna de las partes. Entonces, para que cobre obligatoriedad la norma, es menester que se actualicen ambos componentes. En ese orden, se puede determinar a qué órganos jurisdiccionales les corresponde aplicar la norma, de acuerdo al tipo de juicio y a la instancia correspondiente, a saber: 1. Juicio de amparo indirecto en primera instancia; en este supuesto no existen órganos inferiores a los Juzgados de Distrito o a los Tribunales Unitarios de Circuito, pues son los únicos en resolver en esa etapa procesal, de acuerdo con los artículos 35 y 36 de la Ley de Amparo y 29, 48 al 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, máxime que al advertir de oficio alguna causal manifiesta e indudable de improcedencia, lo aleguen o no las partes, están facultados para desechar de plano la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la ley de la materia. 2. Juicio de amparo indirecto en segunda instancia o en revisión; en este caso sí existen órganos inferiores, ya que los competentes para resolver son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas y los Tribunales Colegiados de Circuito, quienes son jerárquicamente superiores a los Juzgados de Distrito y Tribunales Unitarios de Circuito, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así, de una interpretación sistemática del segundo párrafo del artículo 64 con relación al numeral 93, fracciones I, II y III, de la invocada ley, se advierte que ambos coinciden con las causales de improcedencia que fueron o no materia de pronunciamiento en primera instancia, esto es, a que una de éstas haya sido o no alegada por alguna de las partes, o hubiera o no sido estudiada por el órgano de amparo, es decir, los Jueces de Distrito y Magistrados Unitarios de Circuito; por tanto, si éstos, ya sea de oficio o a petición de alguna de las partes, acogieron o no una causal de improcedencia y, por tanto, sobreseyeron o no en el juicio de amparo o desecharon la demanda, la parte afectada tendrá oportunidad de impugnar dicha resolución y, sólo en el caso, en principio, de que el órgano revisor advierta una que no fue alegada por las partes ni estudiada por el órgano de amparo inferior, deberá dar vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación respectiva, alegue lo que a su derecho convenga. 3. Juicio de amparo directo uniinstancial; en este supuesto no existen órganos inferiores; en efecto, en términos del artículo 34 del citado ordenamiento, el Tribunal Colegiado de Circuito constituye el único órgano que resuelve en esa instancia, es decir, no existe un órgano jurisdiccional inferior a él que conozca de ese tipo de controversias y que la ley le otorgue la facultad de resolverlos; lo anterior, máxime que las sentencias dictadas por aquéllos, pueden ser impugnadas mediante el recurso de revisión, del que conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien constituye un órgano superior y no inferior. 4. Juicio de amparo directo en revisión; en razón de lo expuesto, sí existe el órgano inferior (Tribunal Colegiado de Circuito); sin embargo, se estima que, por regla general, en el caso, no podría actualizarse el supuesto previsto en el artículo 64, segundo párrafo, de la propia ley, toda vez que la procedencia del recurso se limita a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin comprender otras, acorde con el artículo 81, fracción II, último párrafo, del ordenamiento en cita." Bajo esa directriz, el suscrito estima que en el presente caso, en cuanto al acto del que se duele el garante, el cual, se hizo consistir en la omisión de cumplir voluntariamente el laudo condenatorio dictado en autos del expediente número 06/3230/15, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y arbitrajes del Estado de Morelos, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, interpretación que produce el sobreseimiento de conformidad a lo previsto en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley reglamentaria. El artículo 61 de la ley de la materia, se establece en su fracción XXIII, lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Por su parte, en la fracción I, del artículo 1°, de la ley en cita, se determina: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". Finalmente, en el numeral 5º, fracción II, del citado cuerpo de leyes, se dice: "Artículo 5. Son parte en el juicio de amparo: I. [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.]". De una correcta interpretación a los numerales supracitados, conviene precisar que en estas hipótesis, el acto reclamado consiste en cualquier hecho voluntario, intencional, negativo o positivo imputable a un órgano del Estado, que se traduzca en una abstención, una ejecución o una decisión que produzcan una afectación en situaciones jurídicas fácticas dadas, engendrando la contravención a aquéllas situaciones conocidas bajo la connotación jurídica de derechos humanos y garantías otorgadas en la constitución federal y tratados internacionales en esa materia. Así, la concepción del "acto reclamado", es un tema medular dentro del análisis relativo al juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para la procedencia de este medio de control constitucional, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1° de la Ley de Amparo, preceptos en los que constantemente aparece el término "normas generales, actos u omisiones de autoridad". Dentro del campo del juicio de amparo, el acto reclamado, en general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución, ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. De la definición que antecede, se desprende que el acto debe de ser un hecho voluntario, no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin, es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas o maneras como se realiza la mencionada afectación. En esa tesitura, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de garantías, sino únicamente los "actos de autoridad"; y no todos aquellos que el órgano del Estado realice tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo ineludiblemente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra o subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. A fin de establecer si el acto reclamado tiene la naturaleza de "acto de autoridad", debe ante todo constatar si éste afectó de manera unilateral la esfera jurídica de la parte quejosa y si se impuso contra y sobre la voluntad de ésta; adicionalmente, de acuerdo con su naturaleza, por lo que hay que considerar si puede exigirse su cumplimiento directamente mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades que dispongan de ella, pues de lo contrario, de no concurrir estas condiciones, el juicio de amparo resulta improcedente en contra de aquél, porque lo que el particular impugna no es propiamente un "acto de autoridad". Con objeto de definir la naturaleza jurídica de la relación jurídica existente entre servidores públicos en general y el Estado, se toma en cuenta que a partir de cinco de diciembre de mil novecientos sesenta en que se adicionó al artículo 123 constitucional el apartado B, se establecieron las bases conforme a la cuales el Congreso de la Unión debía expedir leyes sobre el trabajo que rigieran entre los Poderes de la Unión y el Gobierno del Distrito Federal, por una parte, y sus trabajadores por la otra; en dichas bases se consigna un régimen protector de los empleados públicos en términos semejantes, aunque no iguales, a los establecidos en el apartado A, a la par de los obreros en general; al efecto, resulta ilustrativo observar que en la iniciativa de reforma correspondiente, se dijo: "La adición que se propone al texto constitucional comprende la enumeración de los derechos de los trabajadores y consagra las bases mínimas de prevención social que aseguren, en lo posible, tanto su tranquilidad y bienestar personal, como los de sus familiares; jornada máxima, tanto diurna como nocturna, descansos semanales, vacaciones, salarios, permanencia en el trabajo escalafón para los ascensos, derechos para asociarse, uso del derecho de huelga, protección en caso de accidentes y enfermedades, así profesionales como no profesionales, jubilación, protección en caso de invalidez, vejez muerte, centros vacacionales y de recuperación, habitaciones baratas, en arrendamiento o venta, así como las medidas protectoras indispensables para las mujeres durante el periodo de la gestación, en el alumbramiento y durante la lactancia". "Asimismo, deben destacarse las reglas que quedaron consignadas en las fracciones IX y XII, primer párrafo, relativas a que los servidores públicos sólo pueden ser suspendidos o cesados por causa justificada y que los conflictos individuales o colectivos...serán sometidos a un Tribunal Federal de Conciliación de Arbitraje, integrado según lo prevenido en la ley reglamentaria". Así pues, el apartado B, del artículo 123, constitucional, por disposición expresa de la fracción VI, del artículo 116 del mismo ordenamiento, equipara la relación entre Estado y empleado con una relación laboral y establece las bases para que aquél asuma una posición jurídica similar a la de un patrón, lo que se confirma con lo dispuesto, entre otros preceptos, por los artículos 2º, 3º, 8º, 43, fracción XI, y 89 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en los que se establece, respectivamente, que será trabajador al servicio del Estado la persona física que presta un servicio en virtud de nombramiento expedido a su favor por un Municipio, entre otros; los trabajadores al servicio del Estado son de base, de confianza y eventuales; los trabajadores al servicio del Estado tendrán derecho, entre otras prestaciones, a vacaciones; por último, las condiciones generales de trabajo que establezca cada Poder Estatal con sus respectivos trabajadores, en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas por la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; circunstancias todas ellas, demostrativas de que en la relación examinada entre la parte quejosa y la autoridad considerada como responsable, para efectos del juicio de amparo, no actúan con la potestad e imperio que derivan de su soberanía y que constituyen las características propias de los actos de autoridad, sino que la fuerza y evolución del derecho positivo han hecho que en la relación con dichos servidores se conduzca como si fuera un patrón. Así mismo, el artículo 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, creó la jurisdicción burocrática al erigir al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, como el órgano competente para dirimir todas las controversias que se susciten entre el Estado y sus servidores sujetos a la relación sui géneris que antes se puso de manifiesto. Así, si la referida ley secundaria también se establecen los derechos y obligaciones de los empleados de los diferentes órganos de gobierno del Estado de Morelos, entre ellos a recibir un salario por los servicios prestados, y en caso de ser trabajadores de base a la estabilidad en el empleo, en coso de los trabajadores de confianza a recibir la remuneración correspondiente en caso de que se rescinda la relación de trabajo sin que exista causa justiciada, en estas condiciones, se presenta la situación de que en el supuesto de inconformidad por que no se les respetaron sus derechos labores, el órgano jurisdiccional competente por mandato constitucional es el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Se confirma lo anterior si se toma en cuenta que ante una violación a las normas laborales, respecto de los cuales se tienen derechos constitucionalmente consagrados, es claro que el trabajador del estado no debe promover el juicio de amparo en contra de los titulares de la unidad burocrática como autoridades responsables, y si lo hace, el juicio de garantías resulta improcedente, tanto porque en tales hipótesis el órgano estatal no es considerado autoridad, sino asimilado a un patrón, como porque el trabajador debe agotar previamente un medio ordinario de defensa consistente en el juicio laboral ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, y sólo en el caso de que se falle en su contra tendrá al alcance el amparo, ahora sí, en contra de una autoridad. En ese orden de ideas, en el presente asunto la parte quejosa reclamó la omisión de cumplir voluntariamente el laudo condenatorio dictado en autos del expediente número 06/3230/15, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y arbitrajes del Estado de Morelos, por tanto, si dicha relación jurídica entre los agraviados en su carácter de empleados público y la autoridad considerada como responsable (ayuntamiento de Tetecala, Morelos), es incuestionable que se trata de una cuestión laboral, pues deriva de la celebración de un convenio ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por lo que es inconcuso que dicho ente público no actúa como autoridad, sino como patrón, y si para dirimir todo tipo de controversias con motivo de las relaciones individuales de trabajo entre algún Poder Estatal y sus trabajadores, es competente el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, como se adelantó, ha de concluirse que el presente juicio de amparo es improcedente, por lo que sobreviene la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, y 5º, fracción II, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, por lo que procede el sobreseimiento, en términos de la fracción V, del diverso numeral 63 de la propia ley de la materia. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia Sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El incumplimiento a un laudo por los Ayuntamientos de Quintana Roo y Yucatán, derivado de un juicio laboral en el que figuraron como parte demandada, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque en el marco normativo de esas entidades federativas, los tribunales burocráticos estatales cuentan con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y la ejecución de sus laudos, lo que supone que se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y la igualdad procesal que subyace en ellas también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos; es decir, los Ayuntamientos demandados no actúan en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con el particular actor. Igualmente, se aplica al caso, la jurisprudencia 42, visible en la página 31, del Tomo VI, Materia Común, Precedente relevante, Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determina: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO.- Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término autoridades para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". En consecuencia, al quedar plenamente justificada la causa de improcedencia en examen, procede sobreseer en el presente juicio de Amparo con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la invocada ley de la materia, por darse en la especie la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación al diverso 1°, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley en cita, interpretados a contrario sensu. No se desatiende el criterio que cita el justiciable en su demanda de amparo, del rubro: "MUNICIPIOS Y/O AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y SUS DEPENDENCIAS. LA OMISIÓN DE CUMPLIR VOLUNTARIAMENTE UN LAUDO CONDENATORIO QUE PUEDA AFECTAR SU PATRIMONIO EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADOS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", empero, se considera que no puede ser aplicada en el presente asunto, en virtud de que, la jurisprudencia 2a./J. 79/2014 (10ª, Sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, continúa vigente, e incluso, al pie se encuentra la nota siguiente: "Por ejecutoria del 19 de abril de 2017, la Segunda Sala declaró improcedente la solicitud de sustitución de jurisprudencia 12/2016 derivada de la solicitud de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis.", lo cual implica que no se ha variado la indicada jurisprudencia, y por ello es de aplicación en el presente asunto, atendiendo a la jerarquía de criterios. QUINTO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). . Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 1° fracción I, 61, 62, 63 fracción V, 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por Emmanuel Crispín Ramos Gutiérrez, contra los actos y la autoridad que precisados quedaron en el resultando primero de la presente resolución y por los motivos expuestos en el considerado cuarto de esta propia sentencia. SEGUNDO. Por las razones expuestas en el considerando último de esta resolución, se ordena la captura y envío de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese Así, lo resolvió y firmó Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistido de la secretaria Rosa María Luna Mercado, que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciocho de julio de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes, el INFORME JUSTIFICADO que rinde el Síndico Constitucional de Tetecala, Morelos; con su contenido y anexo, dése vista a las partes para que procedan en los términos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 9°, de la Ley de Amparo, se tiene como delegados de la autoridad responsable, a las personas que indica en su informe de cuenta y por señalado el domicilio que refiere la primera de las autoridades, siempre y cuando sea el de su residencia oficial. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de treinta de mayo de dos mil diecisiete; quien actúa asistido de Marcela Merari Silva Múgica, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede de la que se advierte que el término de cinco días concedido a la parte quejosa en proveído de dos de junio de dos mil diecisiete, ha transcurrido sin que haya hecho manifestación alguna, respecto a que si desea señalar como autoridad responsable al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por tanto, no se le llama al presente juicio, y se provee lo siguiente: Se admite la demanda de amparo promovida únicamente contra actos del Ayuntamiento de Tetecala, Morelos, por lo que se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y UN MINUTOS DEL ONCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, para la celebración de la audiencia constitucional.

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