Emmanuel Alfonso Polito Dominguez
Expediente 795/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 795/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Emmanuel Alfonso Polito Dominguez
Actuaciones
- Principal
Se notifica a la parte QUEJOSA y a la TERCERO INTERESADA el acuerdo de treinta y uno de dos mil diecisiete, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, que a la letra dice: Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio registrado con folio 15287, signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada en sesión de doce de mayo de dos mil diecisiete, en la cual se declaró infundado el recurso de inconformidad interpuesto por el quejoso José Miguel Porras Serrano, así como los autos del juicio de amparo 1340/2014. Acúsese el recibo correspondiente. Por otra parte, se ordena agregar a los autos el cuaderno de antecedentes respectivo Ahora, como está ordenado en acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, remítanse al archivo definitivo los presentes autos. Notifíquese personalmente.
- Principal
Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en los estrados el acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, en el cual Cuernavaca, Morelos, diecinueve de mayo de dos mil diecisiete. Vista la demanda de garantías promovida por Emmanuel Alfonso Polito Domínguez, contra actos de la Magistrada del Tribunal Agrario del Decimoctavo Circuito, con sede en esta ciudad; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el número que le corresponda. Regístrese con el número progresivo que le corresponda en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora, se procede a examinar la demanda de amparo de que se trata, así como el escrito de cuenta, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio de garantías, de conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado artículo impone la obligación de examinar, dentro del término de veinticuatro horas, con todo detenimiento, el escrito de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, el deber de desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto. Sirve de apoyo por analogía y en virtud de que no contraviene las disposiciones de la Ley de Amparo, en cuanto al criterio, la jurisprudencia con número de registro: 180663, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Septiembre de 2004, Materia(s): Común, Tesis: I.13o.A. J/6, Página: 1631, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Ahora, tomando en considerando que el promovente Emmanuel Alfonso Polito Domínguez, señaló en su escrito inicial de demanda, como acto reclamado esencialmente el siguiente: "EL CONTENIDO, AUDIENCIA Y AUTOS EMITIDOS EN LA AUDIENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 185 DE LA LEY AGRARIA Y CELEBRADA EL DIA VEINTICUATRO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE". Luego, de los antecedentes del acto reclamado que bajo protesta de decir verdad manifiesta el promovente, se desprende lo siguiente: "1.- Mediante escrito de fecha 17 de septiembre del año 2015, se presentó escrito de demanda ejercitando la controversia agraria en contra de la ciudadana FLORENTINA ZARZA GONZALEZ, a la cual se le demandaron diversas prestaciones entre las que se comprenden el mejor derecho a poseer el uso y disfrute, de una fracción de terreno ubicada en calle 5 de Mayo número 220, de la colonia Benito Juárez del municipio de Emiliano Zapata Morelos, cuyas medidas y colindancias se describen en el proemio del escrito de demanda, las cuales doy por reproducidas de manera íntegra en el presente apartado como si a la letra se insertase. 2.- Una vez admitida la demanda en la vía de la controversia agraria, se procedió a realizar el emplazamiento correspondiente a la parte demandada, misma que procedía a dar contestación en la audiencia de ley prevista en el artículo 185 de la ley agraria en vigor haciendo valer en dicha audiencia la acción reconvencional en contra del hoy actor, misma que fue admitida en sus términos corriéndose el traslado correspondiente para los efectos producir la contestación a dicha acci6n reconvencional. 3.- Tal y como se desprende de las actuaciones correspondientes del juicio de origen, la autoridad responsable mediante audiencia de fecha 9 de febrero del año 2017, en uso de sus facultades exhorto a las partes a una amigable composición para terminar en la fase conciliatoria el presente juicio, sin embargo, las partes en el juicio no lograron conciliar sus pretensiones en el juicio, por lo que autoridad responsable en dicha audiencia de ley, efectuó a la admisión de las pruebas y programo su desahogo tal y como se desprende del contenido de la audiencia celebrada el 9 de febrero del año en curso. En efecto, al formular la autoridad responsable el acuerdo correspondiente a la admisión de pruebas expuso de manera textual lo siguiente; PRIMERO En relación a la prueba confesional admitida las partes, desde este momento se les fórmula legal citaci6n, para efectos de que en el próximo segmento de audiencia comparezcan de manera personal y no mediante apoderado a absolver posiciones de viva y propia voz y sin asesoramiento legal alguno, apercibiéndoles que de no hacerlo sin justa causa y en los términos que se indica, serán declarados confesos de aquellas que previamente se califiquen de legales Contenidas en los pliegos que por escrito oportunamente sean presentados por los oferentes de las pruebas de merito SEGUNDO; Se previene y requiere a quienes ofrecieron y se les admitió La prueba confesional, para que a más tardar en la fecha señalada para la prosecución del juicio, se sirvan presentar el pliego de posiciones correspondiente, a efecto de que dicho medio de convicción se encuentre debidamente integrado, en el momento previo a su desahogo apercibiéndoles, que de no hacerlo, no será declarado confeso el absolvente aún en el caso de que deje de comparecer a absolver posiciones considerándose desierta probanza en perjuicio de quien la ofreciera TERCERO; Con relación a la prueba testimonial admitida a las partes, de manera económica establecen que únicamente versara sobre un grupo de personas conformado por dos, quedando obligado a presentar de manera directa a sus atestes, se les requiere para que en el próximo segmento de audiencia los presenten oportuna y debidamente identificados, con documento oficial con fotografía, apercibiéndoles, que de no hacerlo en los términos que se indica, aquella probanza que no sea posible desahogar por inasistencia de los testigos, será declarada desierta en perjuicio del oferente y que lo mismo se observara en el caso de que, asistiendo los testigos el oferente no ocurra a formularles el interrogatorio, salvo que previamente se ha exhibido por escrito mismo que quedara sujeto a la calificación por parte de este tribunal CUARTO; A fin de llevar a cabo el desahogo de las pruebas confesional y testimonial admitidas a las partes, se difiere la presente diligencia PARA LAS ONCE HORAS DEL DIA VEINTICUATRO DE ABRIL DEL ANO DOS MIL DIECISIETE, ello en atención a la carga de trabajo, así como a la agenda de ese Tribunal de lo cual quedan enterado los comparecientes para su puntual asistencia..................... 4.- Como se desprende de dicho audiencia, se señalan para el desahogo de las pruebas confesional y testimonial el PARA LAS ONCE HORAS DEL DIA VEINTICUATRO DE ABRIL DEL ANO DOS MIL DIECISIETE, misma audiencia que al desahogarse como tal la autoridad responsable, omitió en mi perjuicio desahogar dicha audiencia en los términos de ley, violentándose en mi perjuicio mis garantías de legalidad y de seguridad jurídica, consagradas en la Constitución Federal, Ya que de la propia audiencia Se desprende lo siguiente. ASISTENCIA DE LA PARTE DEMANDADA; El secretario de acuerdos hace constar a comparecencia de FLORENTINA ZARZA GONZALEZ Y VIOLETA YAJAHIRA POLITO ZARZA y se presentan sin asesor legal de lo que se da cuenta para constancia INASISTENCIA DEL TESTIGO; El secretario de acuerdos hace constar la inasistencia de ANGELES TOMAS MARIACA VALLE También conocido como ANGEL MARIACA VALLE de lo que se da cuenta para constancia CONSTANCIA SECRETARIAL INFORMATNA; El Secretario de acuerdos informa a la magistrada, que el juicio que nos ocupa se encuentra en la fase de desahogo de pruebas admitidas a los litigantes, habiéndose programado para hoy las confesionales y testimoniales. INTERVENCION DE LA PARTE ACTORA; En uso de la voz que se le concede a EMMANUEL ALFONSO POLITO DOMINGUEZ, por conducto de su asesor legal manifiesta, que por convenir a los intereses de la parte oferente, esta se desiste del testimonio ofrecido a cargo del ciudadano Ángeles Tomes Mariaca Valle, también conocido como Ángel Mariaca Valle, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar INTERVENCION DE LA PARTE DEMANDADA; En uso de la voz que se le concede FLORENTINA ZARZA GONZALEZ Y VIOLETA YAJAHIRA POLITO ZARZA, manifiestan que comparecen sin asesor legal, toda vez que nuestros recursos económicos no nos alcanzan para pagar los honorarios, por eso es que el abogado no compareció a esta audiencia y tratamos de buscar alternativas en la Procuraduría Agraria y nos informaron que si no teníamos Titulo como ejidatario, no nos podían designar abogado y que solo si el Tribunal Agrario se les ordenaba nos designarían uno, es por eso que solicitamos a este Tribunal nos designe abogado de la Procuraduría Agraria y revocamos la asesoría legal hecho con anterioridad y el domicilio procesal que es todo lo que tienen que manifestar INTERVENCION DE LA ABOGADA DE LA PROCURADURÍA AGRARIA; En uso de la voz que se le concede la licenciada ADRIANA QUEVEDO SANCHEZ abogado de la Procuraduría Agraria manifiesta, en este acto de conformidad con el artículo 179 de la Ley Agraria, solicito se me conceda termin6 para poder enterarme más del asunto y estar en posibilidades de defender debidamente a los demandados toda vez que antes de estas audiencia no tenía conocimiento del presente asunto que es todo lo que tiene que manifestar.........................." Ante tales manifestaciones la autoridad responsable Realiza un acuerdo, bajo el argumento que las partes deberán de estar asesoradas En la audiencia de ley, para efectos de no vulnerar sus derechos dentro del juicio exponiendo para ello su argumento, el cual doy por reproducido en obvio de repeticiones de manera textual como si a la letra se insertase, exhibiendo para ello copia simple dicho audiencia, para efectos de que pueda ser analizada y valorada por este honorable tribunal Federal, ya que posterior a dicho acuerdo la autoridad responsable, considera lo siguiente; SEGUNDO; Que atento a lo anterior y toda vez que FLORENTINA ZARZA GONZALEZ V VIOLETA YAJAHIRA POUTO ZARZA, comparecen sin asesor legal y a fin de salvaguardar el principio de igualdad procesal de las partes, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 179 de la ley agraria, tomando en consideración que en las instalaciones de este tribunal se encuentra el módulo de la Procuraduría Agraria, se solicita la presencia de la abogada asignada para dicho modulo la cual al presentarse en esta sala de AUDIENCIAS FLORENTINA ZARZA GONZALEZ Y VIOLETA YAJAHIRA POLITO ZARZA designan a la LICENCIADA ADRIANA QUEVEDO SANCHEZ, abogada de la delegación de la procuraduría agraria en el Estado de Morelos con su asesora legal. Luego entonces En este acto FLORENTINA ZARZA GONZALEZ V VIOLETTA YAJAHIRA POLITO ZARZA manifiestan su conformidad de que sea su Asesora legal para esta audiencia, la abogada de la delegación de la procuraduría agraria en el Estado de Morelos. TERCERO; En mérito de lo anterior se difiere la presente audiencia y se señalan para su continuación las once horas del día veintinueve de junio del dos mil diecisiete, ello en atención a la carga de trabajo como a la agenda de este Tribunal". De lo anterior, se advierte la indudable y manifiesta causa de improcedencia, por las siguientes consideraciones. El artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV y 172, fracción VII, de la Ley de Amparo vigente, interpretada a contrario sensu, establecen: "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." "ARTICULO 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;.". Ahora, el numeral 172, fracción VII, de la Ley en aplicación, establece: "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando. [.] VII. Sin su culpa se reciban, sin su consentimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes; Luego entonces, si bien es cierto que en el caso que nos ocupa el acto reclamado fue dictado dentro de un juicio agrario, la verdad es que el mismo no tiene una ejecución de imposible reparación, en la medida en que no afecta de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo de la quejosa protegido por las garantías individuales consagradas en la carta magna, sino sólo derechos netamente procesales, que pueden ser reparados, llegado el caso, al dictarse la resolución definitiva correspondiente, o en su caso, al resolver el amparo directo que se promueva en contra del mismo, al tenor de lo dispuesto por el artículo 170 fracción I, de la Ley de Amparo, en caso de que la sentencia dictada le sea desfavorable, pues la resolución que se señala como acto reclamado, constituye una violación procesal reclamable en amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo, se podrá apreciar si con motivo de la admisión de prueba que reclama, trascendió la violación al resultado de la sentencia. Es decir, la admisión de las pruebas confesional, testimonial, dentro del juicio agrario natural, por la autoridad responsable Magistrada del Tribunal Unitario Agrario de este Circuito, es improcedente, porque el acto no reviste la categoría de que sus efectos sean de imposible reparación, ni entrañan el consentimiento porque sea impugnable hasta que se dicte la resolución definitiva que ponga fin al procedimiento, en términos del artículo 170 fracción I de la Ley de Amparo, en el entendido de que dicha violación procesal puede quedar subsanada, en caso de dictarse sentencia favorable a la promovente. Con fundamento en el artículo SEXTO transitorio de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del tres de abril del presente año, cobra aplicación en el presente caso por su contenido jurídico, la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 74/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XVIII, Septiembre de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, visible en la página 442, bajo el rubro y texto dice: "PRUEBA DE LA CONTRAPARTE DEL QUEJOSO. SU RECEPCIÓN INDEBIDA ES UNA VIOLACIÓN PROCESAL, POR LO QUE EL EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO ES QUE SE DEJE INSUBSISTENTE EL LAUDO O SENTENCIA DEFINITIVA Y SE ORDENE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo que disponen los artículos 158 y 159 de la Ley de Amparo, se advierte que el amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, donde podrán reclamarse no sólo las violaciones cometidas al dictar el laudo, sino también las violaciones suscitadas en la secuela procesal. Ahora bien, en los casos en que se conceda por una cuestión de fondo el efecto será dejar insubsistente la sentencia definitiva o laudo reclamado, y que se dicte otro reparando la violación cometida al dictarla (violaciones in judicando); en tanto que cuando se concede por una violación procesal, el efecto será dejar insubsistente la sentencia definitiva o laudo combatido y reponer el procedimiento a partir del momento en que se cometió la violación declarada inconstitucional (violaciones in procedendo), así la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la tesis 4a./J. 14 (publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Cuarta Sala, Tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de 1989, página 337); determinó que la ilegal recepción de una prueba de la contraria se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, de donde se concluye que al tratarse de una violación procesal, el amparo que se conceda en este evento debe tener como efecto ordenar la reposición del procedimiento a partir de la actuación contraria a la ley, y no que en la nueva resolución se le niegue valor a la prueba". También es aplicable la tesis de jurisprudencia IV.2o. J/13, sustenta por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, tomo III, junio de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, visible en la página 538, bajo el rubro y texto dice: "AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO SE ALEGAN VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, SU FUNDAMENTO NO RADICA EN QUE PUDIERAN SER MATERIA DE AMPARO DIRECTO, SINO EN QUE NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Cuando en la demanda de amparo indirecto se reclamen violaciones procesales, el fundamento de su improcedencia no radica en la posibilidad de plantearse como tales en el amparo directo, en los términos del artículo 159 de la Ley de Amparo, sino en el evento de que no se traten de actos dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como lo previene el diverso artículo 114, en su fracción IV, del mismo ordenamiento, al contemplar precisamente los supuestos de procedencia del juicio bi-instancial." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior en vía de orientación y a contrario sensu, la tesis número I.9o.A.12 A, sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la novena época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo XIII, mayo de 2001, en la página 1077, la que por rubro y texto dice: "AMPARO IMPROCEDENTE. EL ACUERDO INTRAPROCESAL QUE CAMBIA LA NATURALEZA DE UNA PRUEBA NO CONSTITUYE ACTO DEFINITIVO. Cuando el acto reclamado en un juicio de garantías consiste en una resolución emitida en un recurso de apelación interpuesto en contra de un proveído dictado en un juicio ordinario federal, que admitió la prueba testimonial ofrecida por la actora y concedió el término de tres días para su desahogo, con el apercibimiento de que en caso de incumplimiento se tendrían "por confesos a los testigos", el juicio de amparo resulta improcedente, porque el acto no reviste la categoría de que sus efectos sean de imposible reparación ni entraña consentimiento porque ella es impugnable hasta que se dicte la resolución definitiva que ponga fin al procedimiento en términos del artículo 158 de la Ley de Amparo". De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 244 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1995 que dice: "EJECUCION IRREPARABLE, SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV, previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ejecución "irreparable", los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto respecto de cualquier acto dentro del juicio." De igual forma, sirve de apoyo a lo expuesto, la Jurisprudencia número Tesis: V.2o. J/68, visible en la Página 46, Tomo 66, Junio de 1993, Segundo Tribunal Colegiado Del Quinto Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca que a la letra dice: "EJECUCION IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACION DEL ARTICULO 114, FRACCION IV, DE LA LEY DE AMPARO). Anteriormente al quince de enero de 1988, en que entraron en vigor las últimas reformas al artículo 107 constitucional y a la Ley de Amparo, por actos de imposible reparación para determinar la procedencia del juicio de amparo judicial indirecto, se debía considerar a aquéllos que tuvieran una ejecución de carácter material sobre las personas en sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se pudieran reparar en el curso del juicio del que dimanan tales actos procesales, aunque se obtuviera una sentencia definitiva favorable, entre los que podríamos citar, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, así como aquéllos que tuvieran por efecto impedir el dictado de la sentencia definitiva que decida las pretensiones de las partes en última instancia, como sería el desechamiento de la demanda, la declaración de caducidad de la instancia, el acuerdo que tiene por desistido al actor de la acción o la instancia, el que declara desierto el recurso de apelación contra la sentencia que decidió el negocio en primera instancia, etcétera, esto, en razón de los daños o perjuicios que pueden resentir los particulares con esa clase de actos, ya que no se les puede resarcir en ninguna actuación posterior dentro del juicio de que se trata, pues la privación de derechos a usar los bienes embargados, que prevalece durante el tiempo que dura el secuestro, ya no se puede reparar posteriormente; el menoscabo sufrido y los perjuicios resentidos al hacerse efectiva la multa tampoco son restituibles en el procedimiento y los alimentos pagados tienen las mismas consecuencias; los efectos de la caducidad de la instancia, del acuerdo que tiene por desistido al actor, del que declara desierto el recurso aludido, llevan a la imposibilidad jurídica de que pueda dictarse sentencia definitiva en el juicio, con lo que impiden que las violaciones cometidas en tales procedimientos, sean reparadas material o jurídicamente con una sentencia favorable al afectado con las violaciones procesales. En el sistema constitucional y legal vigente subsiste dicha situación, excepto respecto de los actos procesales que ponen fin al juicio, que son actos reclamables en el juicio de amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito." Así mismo, tiene aplicación en vía de orientación la Jurisprudencia P./J. 6/94, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 76, Abril de 1994, visible en la página 13, que a la letra dice: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." En consecuencia, al no ser recurrible por medio del amparo indirecto la determinación que aquí se impugna, es clara la concurrencia de la causa de improcedencia prevista por artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, y 172, fracción VII, de la Ley de Amparo vigente, interpretada a contrario sensu; razón por la cual y con fundamento en el artículo 113, del ordenamiento legal invocado, se desecha la demanda de garantías de que se trata, por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, y porque no se conculcan los derechos subjetivos públicos de la parte quejosa. Se tiene como domicilio de la parte quejosa las listas que se fijan en los estrados de este Juzgado Federal y por autorizados en los términos que refiere a las personas que propone. Finalmente, se hace de su conocimiento que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, se prohíbe el uso de cámaras fotográfica, así como de cualquier aparato electrónico para reproducir los acuerdos que se emitan en el presente juicio de amparo; en términos de los artículos 110 y 113 de la referida Ley. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Marcela Merari Silva Múgica, secretaria que autoriza y da fe.
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