Emma Jesús López Escalante
Expediente 358/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 358/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 13/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Emma Jesús López Escalante
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
MESA 10 VILLAHERMOSA, TABASCO, TRECE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, con transcripción del proveído de ocho de junio actual, a través del cual informa a este Juzgado que se admitió el recurso de revisión interpuesto por Emma Jesús López Escalante, el cual fue radicado bajo el número 147/2022 de su índice. Notifíquese.
- Principal
mesa 10 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por la quejosa Emma Jesús López Escalante, mediante el cual interpone recurso de revisión, contra la sentencia emitida en este asunto el cuatro de mayo del presente año y exhibe el original del escrito de expresión de agravios. Ahora bien, intégrese a este expediente una de las copias del escrito de expresión de agravios y distribúyanse las restantes entre las partes; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88, 89 y 93 de la Ley de Amparo. Por otro lado, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente juicio de amparo con las constancias de notificación a las partes de la determinación recurrida y del presente acuerdo, remítase el cuaderno original del mismo al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, para lo que a bien tenga determinar en relación al citado medio de impugnación, lo anterior dentro del término de tres días a que alude el artículo 89 de la ley de la materia, adjuntándole el original del escrito de expresión de agravios. Fórmese cuaderno de antecedentes, con copias certificadas de las constancias necesarias que permitan conocer la historia procesal completa del juicio en que se actúa. Notifíquese.
- Principal
VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 358/2022-10, promovido por **********, contra actos de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el quince de marzo de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionada el diecisiete siguiente en la Oficina de Correspondencia Común, y turnado a este órgano jurisdiccional el dieciocho del mismo mes, Emma Jesús López Escalante solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO 1 La sentencia de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, dictada en el toca 19/2022-II. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. 2 Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En auto de veintidós de marzo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo con el expediente 358/2022-10; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que precede. TERCERO. EMPLAZAMIENTO. El veintiocho de marzo de dos mil veintidós, se realizó el emplazamiento de Unión de Crédito Industrial y Agropecuaria de Tabasco, Sociedad Anónima de Capital Variable, tercero interesada, por medio de lista. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917, septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: La sentencia de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, dictada en el toca 19/2022-II, del índice de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, que confirma la resolución interlocutoria de once de noviembre de dos mil veintiuno, emitida por la Jueza Primera Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, Centro, Tabasco, en el cuadernillo original de Incidente de liquidación de capital e intereses ordinarios y moratorios, promovido por Carlos Antonio Hernández Hernández, abogado patrono de la parte actora, deducido del expediente 506/2014, relativo al juicio especial hipotecario promovido por María de los Ángeles Rodríguez Rodríguez, apoderada general para pleitos y cobranzas de Unión de Crédito Industrial y Agropecuaria de Tabasco, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de Emma Jesús Escalante y Fredy Pérez Hernández. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado por haberlo reconocido las autoridades responsables en el informe justificado, lo que se corrobora con las constancias originales que remitieron del referido toca, así como con las copias certificadas del expediente 506/2014 y de dos cuadernillos formados con motivo del incidente de liquidación de intereses ordinarios y moratorios. Sobre el particular, es aplicable la jurisprudencia sustentada por el aludido Pleno de nuestra Corte Suprema, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, titulada "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATlVO". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Tiene aplicación al respecto la Jurisprudencia 814, del entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, la apoderada legal de la tercero interesada, adujo que el juicio de amparo en cuestión es improcedente porque la quejosa no cumplió con el principio de definitividad, ya que, en su criterio, debió promover amparo directo. Es infundada la aludida causal de improcedencia. En efecto, en el caso que se analiza, el impetrante reclama la sentencia de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, dictada en el toca 19/2022-II, del índice de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. Determinación que deriva del recurso de apelación interpuesto por la aquí quejosa en contra de la resolución interlocutoria de once de noviembre de dos mil veintiuno, emitida por la Jueza Primera Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, Centro, Tabasco, en el cuadernillo original de Incidente de liquidación de capital e intereses ordinarios y moratorios, promovido por Carlos Antonio Hernández Hernández, abogado patrono de la parte actora, deducido del expediente 506/2014, relativo al juicio especial hipotecario promovido por María de los Ángeles Rodríguez Rodríguez, apoderada general para pleitos y cobranzas de la Unión de Crédito Industrial y Agropecuaria de Tabasco, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de Emma Jesús Escalante y Fredy Pérez Hernández. Esto es, la resolución incidental impugnada a través del referido recurso, fue pronunciada en la etapa de liquidación de sentencia, es decir, después de concluido el juicio. Por ende, en contra de la determinación emitida en el aludido recurso de apelación -dada la naturaleza de la resolución reclamada en el mismo- procede el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 107 fracción IV, de la Ley de la Materia. Sobre el particular, sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 1a./J. 6/98, formulada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materias(s): Civil, Tomo VII, febrero de 1998, página 60, con número de registro 196891, del siguiente rubro y texto: "INTERLOCUTORIA QUE PONE FIN AL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. La liquidación de la totalidad o parte de una sentencia que condena a pagar una cantidad líquida constituye un medio preliminar para la ejecución del fallo, y para los efectos del párrafo segundo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, no puede reputarse como un acto de ejecución de sentencia, pues tratándose de prestaciones en dinero, es requisito que éstas se encuentren debidamente liquidadas. Por ello, la interlocutoria que pone fin al incidente de liquidación de sentencia debe ser considerada como un acto ejecutado después de concluido el juicio, o sea, como un acto de los considerados como aquellos que pueden impugnarse ante un Juez de Distrito, dado que emanaría de un tribunal judicial, ejecutado después de concluido el juicio, reclamable a través del juicio de amparo biinstancial en términos del numeral en comento". Asimismo, es aplicable, en lo conducente, la tesis XXI.1o.108 C, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materias(s): Civil, Tomo XIII, abril de 2001, página 1078, con número de registro 189954, del siguiente rubro y texto: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES EN UN JUICIO ORDINARIO CIVIL. EL AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA QUE LO RESUELVE, ES COMPETENCIA DE UN JUEZ DE DISTRITO. En los términos del artículo 46 de la Ley de Amparo, se entenderá por sentencias definitivas las que decidan el juicio en lo principal, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan recurso ordinario alguno por el que puedan ser modificadas o revocadas, y que se entenderán como resoluciones que ponen fin al juicio, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido, respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas; por su parte, el artículo 158 de la propia ley establece que el juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, conforme a lo establecido por las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional, y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violación de garantías cometida en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados; de lo que se concluye que, si el acto reclamado lo constituye una sentencia mediante la cual la autoridad responsable determinó confirmar la interlocutoria en la que el Juez de primera instancia resolvió la planilla de liquidación de intereses, debe decirse que esa decisión no tiene el carácter de una sentencia definitiva, ya que no resolvió el negocio en lo principal, y tampoco se trata de un fallo que haya puesto fin al juicio, sino que dada su naturaleza es una resolución incidental emitida en la etapa de liquidación de sentencia, surgida después de concluido el juicio, de ahí que el asunto se ubique en el supuesto del artículo 114, fracción III, primer párrafo, de la Ley de Amparo, lo cual hace procedente en su contra el amparo indirecto, del que debe conocer un Juez de Distrito". De ahí que se estime infundada la causal de improcedencia plantead por la tercero interesada. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. De las constancias remitidas por las autoridades responsables, en lo que interesa, se obtiene que: El nueve de octubre de dos mil quince, se dictó sentencia definitiva condenatoria en contra de Emma Jesús Escalante y Fredy Pérez Hernández, en el juicio especial hipotecario 506/2014, promovido por María de los Ángeles Rodríguez Rodríguez, apoderada general para pleitos y cobranzas de Unión de Crédito Industrial y Agropecuaria de Tabasco, en cuyos puntos resolutivos TERCERO y CUARTO se estableció lo siguiente (fojas 143 a 148 del expediente en cita): ". TERCERO. Se declara vencido el Contrato de Apertura de Crédito Refaccionario con Garantía Hipotecaria y Prendaria, inmersa en la escritura pública número 35,469 del veinte de septiembre de dos mil once, que celebran la Unión de Crédito Industrial y Agropecuaria de Tabasco S.A. de C.V. pasada ante la fe del notario sustituto de la notaría pública número 27, que celebran la Unión de Crédito Industrial y Agropecuaria de Tabasco S.A. de C.V. a través de la apoderada y los ciudadanos Emma Jesús López Escalante y Fredy Pérez Hernández. CUARTO. En consecuencia, se condena a los demandados Emma Jesús López Escalante y Fredy Pérez Hernández, a pagar a favor de la Unión de Crédito Industrial y Agropecuaria de Tabasco S.A. de C.V., a través de la apoderada legal contadora pública María de los Ángeles Rodríguez Rodríguez, la cantidad de $468,154.00 (Cuatrocientos sesenta y ocho mil ciento cincuenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de suerte principal deducido del contrato de apertura de crédito refaccionario base de la presente acción. Se condena a los demandados al pago de los intereses ordinarios generados desde la fecha del incumplimiento, es decir del veinte de junio de dos mil catorce, a razón de la tasa anualizada que será equivalente a la tasa TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio) 28 días correspondiente al mes inmediato anterior al periodo que se pagó, esto acorde a lo pactado en la cláusula sexta del contrato base de la acción, más lo que se sigan generando hasta que se haga pago total del adeudo, cantidad que deberá ser justificada en ejecución de sentencia. Al pago de la cantidad que resulte por concepto de intereses moratorios mensuales a razón de multiplicar la tasa de interés ordinaria por dos, de acuerdo a la cláusula séptima del contrato base de la acción, generados desde el veinte de junio de dos mil catorce, más los que se sigan generando hasta que se haga pago total del adeudo. Finalmente se condena a los demandados Emma Jesús López Escalante y Fredy Pérez Hernández, al pago de los gastos y costas en los que se incluyen los honorarios profesionales, quedando para su ejecución de sentencia la fijación del porcentaje que deberá fijarse por dicho concepto, y que el actor justifique en ejecución de sentencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 92 del Código de Procedimientos Civiles en vigor en el Estado.": Por escrito presentado el veintiuno de junio de dos mil diecinueve, la apoderada legal de la aludida persona moral y Emma Jesús Escalante, aquí quejosa, exhibieron ante el juez responsable convenio de esa misma data, en el que se estableció que el adeudo, hasta la firma de dicho acuerdo, ascendía a la suma de $707,773.87 (setecientos siete mil setecientos setenta y tres pesos 87/100 moneda nacional), el cual desglosaron de la siguiente manera: Capital Intereses ordinarios Intereses moratorios Total $408,154.00 $115,856.10 $123,763.77 $707,773.87 Asimismo, se obtiene que en la segunda cláusula del aludido convenio pactaron lo siguiente: "SEGUNDA.- EI monto reconocido en la cláusula primera de este convenio generará intereses ordinarios sobre la suerte principal insoluta del crédito, que se calcularan a una tasa anualizada que será equivalente a la tasa TIIE (tasa de interés interbancaria de equilibrio) 28 días correspondiente al mes inmediato anterior al periodo que se pagó, más lo que se sigan generando hasta que se haga pago total del adeudo. Las partes convienen que dicha tasa de interés será variable, se revisará mensualmente de acuerdo a la movilidad de la tasa de intereses interbancaria de equilibrio referida, siempre y cuando no exceda el 10% (diez por ciento anual) en cuyo caso esta última se aplicará como máximo o tope; de igual forma, si la tasa TIIE correspondiente disminuyera por debajo de 7% (siete por ciento) anual, se aplicará ésta última como tasa mínima o piso. En caso de incumplimiento, la deuda reconocida generará intereses moratorios desde la fecha del incumplimiento de pago hasta que se pague totalmente, intereses que se devengarán diariamente, que se pagarán conforme a una tasa anualizada igual al resultado de multiplicar la tasa de intereses ordinarias por 2 (dos) veces". Convenio que fue ratificado ante presencia judicial por los suscriptores el veintiuno de junio de dos mil diecinueve (fojas 288 a 294.y 297 del expediente de mérito). Mediante auto de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, la jueza de primera instancia aprobó en definitiva como autoridad de cosa juzgada el precitado convenio (foja 298 del referido expediente). Previo el trámite relativo, el once de noviembre de dos mil veintiuno, la Jueza Primera Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, Centro, Tabasco, dictó resolución interlocutoria en contra de Emma Jesús Escalante y Fredy Pérez Hernández, en cuyo punto resolutivo segundo, estableció lo siguiente (fojas 47 a 50 del cuadernillo relativo): "Segundo. Por los motivos expuestos en el considerando III, se aprueba la presente liquidación de capital, intereses ordinarios y moratorios, por las cantidades siguientes: $706,302.24 (setecientos seis mil trescientos dos pesos 24/100 moneda nacional), por concepto de capital no pagado desde el veinte de marzo de dos mil veinte al treinta de junio de dos mil veintiuno, establecido en el convenio judicial de veintiuno de junio de dos mil diecinueve, elevado a la categoría de cosa juzgada. $71,769.65 (setenta y un mil setecientos sesenta y nueve pesos 65/100 moneda nacional) por concepto de intereses ordinarios, generados desde el veintiuno de marzo de dos mil veinte al treinta de junio de dos mil veintiuno, establecido en el convenio judicial de veintiuno de junio de dos mil diecinueve, elevado a la categoría de cosa juzgada. EI pago de $1,440.83 (un mil cuatrocientos cuarenta pesos 83/100 moneda nacional) por concepto de intereses moratorios generados desde el veintiuno de marzo de dos mil veinte al treinta de junio de dos mil veintiuno, establecido en el convenio judicial de veintiuno de junio de dos mil diecinueve, elevado a la categoría de cosa juzgada.". Inconforme con la anterior determinación, Emma Jesús Escalante, interpuso recurso de apelación, registrado con el toca 19/2022-II, del índice de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, que en sentencia de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, confirmó la precitada resolución interlocutoria (fojas 35 a 46 del referido toca). SEXTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN. Como quedó establecido en el considerando relativo, la parte quejosa reclama la precitada sentencia. Al respecto, adujo que se vulnera en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exponiendo para ello los correspondientes conceptos de violación, mismos que no se transcriben en términos de la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". No obstante, a efecto de realizar el análisis correspondiente, cabe establecer que la impetrante de amparo refiere, sustancialmente, que la resolución reclamada le causa agravios porque: No cumple con los requisitos que otorgan los artículos 325, 326, 333 y relativos del Código de Procedimientos Civiles. No toma en cuenta que en el convenio que suscribió con los Interesados, en ningún momento se estableció que, en caso de incumplimiento de uno o más abonos a la cuenta por saldar, se daría por vencido anticipadamente. No atiende la nulidad e invalidez del convenio, por cuanto resulta doloso, lesivo y usurero, porque los intereses ordinarios son superiores al capital, cobrados con infracción a la normase legales que lo rigen, según lo establecen !os artículos 1885, 1886, 1887, 2658 y 2660 del Código Civil vigente en el Estado. Ídem EI acto jurídico -convenio- se encuentra viciado de nulidad, por los intereses ilegales y lesivos; por ende, es nulo de pleno derecho, cuenta habida que no se cumple con el interés pactado y el ahora cobrado en el incidente, que excede en proporción al capital mensual, así como los intereses moratorios. No toma en cuenta que existen amortizaciones comprobadas hasta por la cantidad de $55,791.00, en atención a lo establecido en acuerdo de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, que en su punto PRIMERO, se dijo que dio cumplimiento al requerimiento de trece de abril de ese mismo año, exhibiéndose las últimas facturas electrónicas, así como copia de los recibos de depósito número 177964, 176970, 174449, 172353, 169214, 165995 y 221914, realizados al departamento de consignación y pagos, más la diferencia a su favor de $6,199.99, como se hizo valer mediante escrito recibido el dieciséis de junio de dos mil veintiuno. A ella sólo le correspondía pagar el 50% de la deuda reclamada por la ejecutante y no la que se señala en la promoción de ejecución de sentencia. La pretendida acción de ejecución de sentencia ejercitada por la tercera interesada, resulta inadmisible e inejecutable, aun y cuando la resolución ahora impugnada señale que el convenio fue elevado a categoría de cosa juzgada, cuenta habida que no se llevó a cabo en presencia judicial durante el procedimiento del juicio hipotecario, en donde el juzgador declarara su aprobación para que pudiera tener fuerza ejecutiva, como si se tratara de sentencias ejecutoriadas; contrario a ello, se trata de un convenio privado suscrito fuera de juicio y, aun cuando éste fue ratificado ante el juzgador, carece de validez por las circunstancias señaladas. En apoyo de los anteriores argumentos, citó las tesis de rubro: "USURA Y CUALQUIER OTRA FORMA DE EXPLOTACIÓN DEL HOMBRE POR EL HOMBRE. EL ARTÍCULO 174 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPFRACIONES DE CRÉDITO SE CONTRAPONE CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTÍCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 21 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS"; "INTERESES MORATORIOS EN UN TÍTULO DE CRÉDITO. EL ARTÍCULO 174 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, QUE PERMITE SU PACTO IRRESTRICTO TRANSGREDE EL DERECHO HUMANO DE PROHIBICIÓN LEGAL DE LA USURA ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21, NUMERAL 3, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS"; "CONVENIOS EN LOS JUICIOS MERCANTILES, EJECUCION DE LOS (LEGISLACION DE NUEVO LEON)"; y, "CONVENIOS JUDICIALES EN MATERIA MERCANTIL". Son inoperantes los conceptos de violación sintetizados e identificados previamente con los incisos a), b), c), d), e) y f). En efecto, conforme al artículo 108 fracción VIII, de la Ley de Amparo, la demanda relativa deberá formularse por escrito o por medios electrónicos, en los casos que dicho ordenamiento lo autorice, en la que se expresará, entre otros requisitos, los conceptos de violación. Si bien, el aludido numeral no precisa regla alguna sobre cómo expresar los motivos de inconformidad, el Máximo Tribunal del país ha provisto las directrices correspondientes a través de la jurisprudencia. Al respecto, ha sostenido que el hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en jurisprudencia que, para la procedencia del estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental. Pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde exponer razonadamente por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren, salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja. Adicionalmente, conviene resaltar que la inoperancia de los conceptos de violación se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado. Impedimento que puede derivar, entre otros, de los supuestos que se precisan a continuación: Ante la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que controvierte; Ante la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión debatida; Para el caso de existir expresión de agravios, su formulación material resulte incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, que puede darse: a) Por no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) Por introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) En caso de reclamar infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; Ante la existencia de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado. Consideraciones que tienen sustento en la jurisprudencia formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 424, del Tomo XXX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de noviembre de 2009, de rubro "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN". En efecto, en la resolución reclamada, la Sala estableció las siguientes consideraciones: En ese tenor, se considera inoperante el motivo de inconformidad en el que la quejosa aduce que la sentencia impugnada no cumple con los requisitos que otorgan los artículos 325, 326, 333 y relativos del Código de Procedimientos Civiles. Ello, porque no esboza argumento alguno para establecer cómo es que la determinación reclamada vulnera dichas disposiciones normativas, sin que baste para ello la enunciación y transcripción de los referidos preceptos legales. Al respecto, sirve de apoyo la tesis 2a. XXXII/2016 (10a.), formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias(s): Común, Libro 31, junio de 2016, Tomo II, página 1205, con número de registro 2011952, del siguiente rubro y texto: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS EN LOS QUE EL RECURRENTE SÓLO MANIFIESTA QUE LA SENTENCIA IMPUGNADA VIOLA DIVERSOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES O LEGALES Y LOS TRANSCRIBE. Los agravios constituyen el conjunto de enunciados concretos respecto a cuestiones debatidas en un juicio, manifestados a través de razonamientos lógico-jurídicos tendientes a desvirtuar los argumentos y conclusiones del órgano jurisdiccional. Por tanto, la transcripción de los preceptos constitucionales o legales que se consideran violados no puede ser suficiente para formular un agravio, pues no basta la simple expresión de manifestaciones generales y abstractas, sino que es necesario precisar la manera en que se actualizan los perjuicios a que se refiere y explicar las consecuencias que, en su caso, se hayan producido. En ese sentido, si el recurrente únicamente se limita a manifestar que la sentencia impugnada viola en su perjuicio diversas disposiciones constitucionales o legales y las transcribe, careciendo de una estructura lógico-jurídica, dicho agravio debe calificarse de inoperante". De igual forma, es inoperante el concepto de violación en el que se aduce que la responsable no toma en cuenta que en el convenio que suscribió con los Interesados, en ningún momento se estableció que, en caso de incumplimiento de uno o más abonos a la cuenta por saldar, se daría por vencido anticipadamente. Así como el relativo a que no se atiende la nulidad e invalidez del convenio, por cuanto resulta doloso, lesivo y usurero, porque los intereses ordinarios son superiores al capital, cobrados con infracción a la normase legales que lo rigen, según lo establecen !os artículos 1885, 1886, 1887, 2658 y 2660 del Código Civil vigente en el Estado. Y el que refiere que el acto jurídico -convenio- se encuentra viciado de nulidad, por los intereses ilegales y lesivos; y que es nulo de pleno derecho, cuenta habida que no se cumple con el interés pactado y el ahora cobrado en el incidente, que excede en proporción al capital mensual, así como los intereses moratorios. La inoperancia de dichos argumentos se debe a que son novedosos, ya que no fueron planteados en el recurso de apelación, por lo cual resultaría injustificado examinar la constitucionalidad de la sentencia combatida a la luz de razonamientos que no conoció la autoridad responsable; de ahí que, al no formar parte de la litis natural, la Sala no tuvo la oportunidad legal de analizarlos, ni de pronunciarse sobre ellos. Lo anterior, tomando en cuenta que, el principio de litis abierta no rige en el juicio de amparo, por ser éste un medio de control constitucional cuya finalidad es la protección del gobernado frente al poder público, donde el estudio del acto reclamado se realiza acorde con lo previsto en el artículo 75 de la Ley de Amparo, atendiendo exclusivamente al texto del acto. Por lo que la litis se encuentra determinada por los argumentos expuestos a título de conceptos de violación en la demanda de amparo y los formulados en la ampliación y su confrontación con los actos reclamados, de tal modo que el juzgador constitucional no se encuentra obligado a analizar argumentos novedosos no planteados en la instancia respectiva. Sobre el particular, tiene aplicación la tesis I.15o.A.9 K, emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materias(s): Común, Tomo XXIII, marzo de 2006, página 2036, con número de registro 175555, de rubro: "LITIS ABIERTA. EL PRINCIPIO DE, NO RIGE EN EL JUICIO DE AMPARO". Así como la tesis de jurisprudencia VI.2o.A. J/7, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materias(s): Administrativa, Tomo XXI, abril de 2005, página 1137, con número de registro 178788, de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. INOPERANCIA DE LOS QUE INTRODUCEN CUESTIONAMIENTOS NOVEDOSOS QUE NO FUERON PLANTEADOS EN EL JUICIO NATURAL". Lo mismo acontece con el motivo de inconformidad, en el que la quejosa arguye que la responsable no toma en cuenta las amortizaciones comprobadas hasta por la cantidad de $55,791.00, en atención a lo establecido en acuerdo de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, que en su punto PRIMERO, se dijo que dio cumplimiento al requerimiento de trece de abril de ese mismo año, exhibiéndose las últimas facturas electrónicas, así como copia de los recibos de depósito número 177964, 176970, 174449, 172353, 169214, 165995 y 221914, realizados al departamento de consignación y pagos, más la diferencia a su favor de $6,199.99, como se hizo valer mediante escrito recibido el dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Ello es inoperante porque, al respecto la Sala sostuvo que "de las constancias que integran el citado incidente, no se advierte que la ejecutada haya objetado la documental privada, consistente en una certificación de adeudos a cargo del C.P. HÉCTOR TORRES FRÍAS, Contador facultado de la UNIÓN DE CRÉDITO INDUSTRIAL Y AGROPECUARIA DE TABASCO, S.A. DE C.V., que obra a foja de la 8 a la 11 de autos; relacionada con el Convenio de veintiuno de junio del dos mil diecinueve, aprobado y elevado a categoría de cosa juzgada, con el cual la ejecutante respaldo las cantidades que en listó en su planilla, en ese documento se encuentran detallados capital o suerte principal, intereses ordinarios y moratorios, periodo, días operados, saldo insoluto anterior, amortizaciones número de capital o suerte principal, tasa de intereses ordinario fijo anual, importe de intereses ordinarios, amortizaciones de capital, importe de intereses moratorios, pagos realizados por el cliente, si hubiese observado que algún pago realizado no se refleja en ese estado de cuenta hubiese objetado el mismo y no lo hizo, además que no demostró haber realizado algún pago con documental u otra de las permitidas por la ley.". No obstante, la quejosa omitió controvertir dicha consideración. De igual manera, es inoperante el concepto de violación en el que la quejosa aduce que a ella sólo le correspondía pagar el 50% de la deuda reclamada por la ejecutante y no la que se señala en la promoción de ejecución de sentencia. Lo anterior porque, además de que no realizó dicho planteamiento ante la responsable, como lo sostuvo la Sala y lo reconoce la quejosa, la parte actora del juicio natural se desistió de la ejecución de la sentencia respecto del demandado Fredy Pérez Hernández, sin que de los agravios formulados en el recurso de apelación, ni en el concepto de violación en cuestión, se advierta que la impetrante adujera que en el convenio de mérito o en la sentencia relativa se haya establecido que lo adeudado se dividiría entre los demandados en un 50% cada uno. De ahí la inoperancia de los referidos motivos de inconformidad, sin que en el caso proceda suplir la deficiencia de los mismos al no actualizase ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 79 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis de jurisprudencia III.2o.C. J/13, formulada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Núm. 72, diciembre de 1993, Materia(s): Civil, página 75, con número de registro 213941, del siguiente rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES. LO SON CUANDO NO SE COMBATEN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO NI SE ESTA EN ALGUNO DE LOS CASOS DE SUPLENCIA DE LA QUEJA PREVISTOS EN LA LEY. Si en un juicio de amparo en materia civil, el quejoso omite controvertir y, por lo mismo, demostrar, que las consideraciones medulares en que se sustenta el fallo reclamado son contrarias a la ley o a la interpretación jurídica de la misma, sin que, por otra parte, se surta alguna de las hipótesis previstas por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en cuya virtud deba suplirse la queja deficiente en favor del agraviado; los conceptos de violación resultan inoperantes y debe negarse la protección constitucional solicitada". Por otra parte, es infundado el motivo de inconformidad en el que la quejosa refiere que la pretendida acción de ejecución de sentencia ejercitada por la tercera interesada, resulta inadmisible e inejecutable, aun y cuando la resolución ahora impugnada señale que el convenio fue elevado a categoría de cosa juzgada, cuenta habida que no se llevó a cabo en presencia judicial durante el procedimiento del juicio hipotecario, en donde el juzgador declarara su aprobación para que pudiera tener fuerza ejecutiva, como si se tratara de sentencias ejecutoriadas; contrario a ello, se trata de un convenio privado suscrito fuera de juicio y, aun cuando éste fue ratificado ante el juzgador, carece de validez por las circunstancias señaladas. Ello porque, como se evidenció previamente, por escrito presentado el veintiuno de junio de dos mil diecinueve, la apoderada legal de la aludida persona moral y Emma Jesús Escalante, aquí quejosa, exhibieron ante la jueza responsable convenio de esa misma data, en el que se estableció que el adeudo, hasta la firma de dicho acuerdo, ascendía a la suma de $707,773.87 (setecientos siete mil setecientos setenta y tres pesos 87/100 moneda nacional), el cual desglosaron de la siguiente manera: Capital Intereses ordinarios Intereses moratorios Total $408,154.00 $115,856.10 $123,763.77 $707,773.87 Asimismo, se obtiene que en la segunda cláusula del aludido convenio pactaron lo siguiente: "SEGUNDA.- EI monto reconocido en la cláusula primera de este convenio generará intereses ordinarios sobre la suerte principal insoluta del crédito, que se calcularan a una tasa anualizada que será equivalente a la tasa TIIE (tasa de interés interbancaria de equilibrio) 28 días correspondiente al mes inmediato anterior al periodo que se pagó, más lo que se sigan generando hasta que se haga pago total del adeudo. Las partes convienen que dicha tasa de interés será variable, se revisará mensualmente de acuerdo a la movilidad de la tasa de intereses interbancaria de equilibrio referida, siempre y cuando no exceda el 10% (diez por ciento anual) en cuyo caso esta última se aplicará como máximo o tope; de igual forma, si la tasa TIIE correspondiente disminuyera por debajo de 7% (siete por ciento) anual, se aplicará ésta última como tasa mínima o piso. En caso de incumplimiento, la deuda reconocida generará intereses moratorios desde la fecha del incumplimiento de pago hasta que se pague totalmente, intereses que se devengarán diariamente, que se pagarán conforme a una tasa anualizada igual al resultado de multiplicar la tasa de intereses ordinarias por 2 (dos) veces". Convenio que fue ratificado ante presencia judicial por los suscriptores el veintiuno de junio de dos mil diecinueve, y mediante auto de veintiséis siguiente, la jueza de primera instancia lo aprobó en definitiva como autoridad de cosa juzgada. Por lo que, contrario a lo argüido por la impetrante, el referido convenio fue ratificado en presencia judicial y aprobado por la juzgadora, por lo que tiene fuerza ejecutiva, como si se tratara de sentencia ejecutoriada. Sin que impida arribar a esa conclusión, la circunstancia de que el convenio en cuestión se haya celebrado en la etapa de liquidación de sentencia, es decir, después de concluido el juicio, pues, de acuerdo con el artículo 340 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, en lo que interesa, dispone que las resoluciones judiciales firmes sobre prestaciones futuras, sólo tendrán autoridad de cosa juzgada mientras no se alteren o cambien las circunstancias que afecten el ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio correspondiente. En este caso, el aludido dispositivo prevé que la sentencia podrá alterarse o modificarse mediante procedimiento posterior, cuando cambien estas circunstancias. Por las anteriores consideraciones, resultan inatendibles las tesis en que se apoya la impetrante de amparo. Con motivo de lo expuesto, se niega a la parte quejosa la protección de la justicia federal. Por otra parte, no ha lugar a plasmar consideración alguna respecto de los alegatos formulados por la tercera interesada, porque, si bien esta juzgadora debe examinarlos, no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias, debe reflejarse forzosamente en una consideración, máxime cuando ello no incide en el sentido del fallo adoptado. Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, tomo 1, noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA". SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veintidós de marzo de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ************************, contra el acto reclamado y las autoridades establecidas en el resultando PRIMERO, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando SEXTO de este fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando del presente fallo. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos; agréguese a los autos el escrito signado por María de los Ángeles Rodríguez Rodríguez, apoderada legal del tercero interesado Unión de Crédito Industrial y Agropecuaria de Tabasco, S.A de C.V., personalidad que acredita y se le reconoce en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, con la copia certificada de la escritura pública numero cincuenta y un mil trescientos veinticuatro, de trece de noviembre de dos mil dieciocho, pasada ante la fe del Notario Público Número veintisiete y atento a su contenido, se tiene a dicha parte apersonándose a juicio. Asimismo, realizando diversas manifestaciones a manera de alegatos, los cuales serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno. De igual manera, se le tiene designando como domicilio para citas y notificaciones el ubicado en Calle Iguala, número 316, Colonia Centro, de esta ciudad, y autorizando a Carlos Antonio Hernández Hernández, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, y al resto de las personas que menciona en términos restringidos del numeral antes invocado en virtud, de que éste no cuenta con su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de los Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Como lo solicita el promovente, toda vez que no existe inconveniente legal alguno, devuélvase testimonio de la escritura pública numero cincuenta y un mil trescientos veinticuatro de trece de noviembre de dos mil dieciocho pasada ante la fe del Notario Público Número veintisiete, que anexó a su escrito de cuenta; previa constancia de recepción que se integre al presente expediente, y déjese en autos copia certificada del citado documento. En la inteligencia que previo a ello, deberá agendar su cita mediante la modalidad del programa "Agenda OJ", de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; por lo que, el promovente o cualquiera de las personas autorizadas para ello, deberán comparecer ante este órgano jurisdiccional con identificación oficial vigente, en la hora y día que haya generado su cita, bajo el apercibimiento que de no acudir a la cita en el horario y fecha establecidos, no se hará la entrega del citado documento. Ahora, de conformidad con el artículo 15 del citado acuerdo, reformado mediante el diverso 7/2022, publicado el dieciocho de abril del presente año, el horario presencial de este juzgado es de lunes a viernes de las ocho horas con treinta minutos a las quince horas con treinta minutos. Notifíquese.
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