Emma Brito Cruz
Expediente 1751/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1751/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Emma Brito Cruz
Actuaciones
- Principal
MESA 8.-VILLAHERMOSA, TABASCO, UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista; la cuenta secretarial, se acuerda: Tomando en consideración el expediente administrativo 4/2022, del índice de este Juzgado, en el que se tuvo por recibido el oficio SEADS/720/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informó que la licenciada Beatriz Rojas Méndez, fue designada como Jueza de este órgano a partir del dieciséis de noviembre del año en curso, en sustitución del Juez Carlos Calderón Espíndola; información que se fijó en lugar visible de este Juzgado. se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO.
- Principal
VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1751/2022-8-D, promovido por **********, contra los actos que reclama de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el diez de octubre de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado el once siguiente por la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el trece posterior, Emma Brito Cruz solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO LA OMISIÓN DEL ESCRITO SIN RESOLVER EN LA CUAL SE SOLICITA EL AUXILIO DE LA H. JUNTA, PARA QUE SE GIRE OFICIO AL DIRECTOR DE REGISTRO PÚBLICO DEL COMERCIO CÁRDENAS, PARA QUE SE ORDENE CANCELAR LA NOTA DE INSCRIPCIÓN DE EMBARGO en los datos registrales del inmueble, toda vez que con fecha 18 de febrero del año 2022 y 21 de febrero del año 2022, se presentaron escritos ante la responsable. LA OMISIÓN DE DAR ACCESO AL EXPEDIENTE NÚMERO 3996/2006..." AUTORIDADES RESPONSABLES Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El catorce de octubre de dos mil veintidós, se radicó y admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 1751/2022-8-D; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación adscrito; dada la naturaleza negativa de reclamo, no se reconoció carácter de tercero interesado a persona alguna; no se ordenó el trámite del incidente de suspensión, por no así haberlo solicitado la parte quejosa, en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La omisión de acordar los escritos presentados el dieciocho y veintiuno de febrero de dos mil veintidós, en los que solicita el auxilio de la junta, para que se gire oficio al Director de Registro Público del Comercio de Cárdenas, para que se ordene cancelar la nota de inscripción de embargo en los datos registrales del inmueble. La omisión de dar acceso al expediente 3996/2006. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La Presidenta Sustituta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, al rendir informe justificado, NEGÓ la existencia del acto reclamado consistente en la omisión de acordar los escritos presentados en la oficialía de partes de la autoridad responsable los días dieciocho y veintiuno de febrero de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral 3996/2006, no obstante, enseguida realizó manifestaciones que evidencian su existencia; en consecuencia, de conformidad con lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, debe presumirse cierta la omisión que se le atribuye. Aplica al caso, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, página 391, Octava Época, materia común, con registro digital 211004, de rubro y texto: ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". En ese orden de ideas, se tiene como cierto el acto que se le reclama a la referida autoridad responsable, pues así se advierte de su respectivo informe justificado; y al constituir éste en documentales públicas, se les otorga valor probatorio, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, tal como lo establece el artículo 2 de la Ley de Amparo, porque se trata de actuación emitida por autoridad en el ejercicio de su encargo, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En ese sentido, este juzgador estima que respecto al acto reclamado consistente en la omisión de la autoridad responsable de acordar los escritos presentados en la oficialía de partes de la autoridad responsable el dieciocho y veintiuno de febrero de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral 3996/2006; se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, y con ello el sobreseimiento del juicio en que se actúa. El numeral y fracción invocados, son del siguiente tenor: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el juicio de amparo sea improcedente cuando, hayan cesado los efectos de los actos reclamados. En ese sentido, debe decirse que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando las autoridades responsables derogan o revocan los actos mismos y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento de los actos que se atacan; o también, cuando las autoridades sin revocar o dejar insubsistente los actos, constituyen una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, materia común, página 38, con registro digital 193758, cuyo rubro y texto dicen: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En ese contexto, de la constancia remitida por la autoridad responsable al rendir su informe justificado, relativa a la copia certificada del proveído de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, se advierte que dicho ente, en el juicio laboral 3996/2006, acordó lo conducente respecto de los escritos materia de la litis en el presente juicio de amparo, haciendo saber que no ha lugar a su petición toda vez que del certificado de existencia o inexistencia de gravámenes, se advierte que el predio al cual hace referencia se encuentra a nombre de persona distinta a la promovente, De igual manera, la responsable en el mencionado acuerdo informó al ahí actor -quejoso- respecto del acceso al expediente laboral, que con fundamento en el artículo 725 de la Ley Federal del Trabajo, giró oficio a la encargada de archivo de la Junta a efectos de que procediera a la búsqueda del expediente laboral en lo principal; advirtiéndose de las constancias remitidas por la autoridad del conocimiento que dicho proveído fue notificado al apoderado legal de Emma Brito Cruz, el tres de noviembre de dos mil veintidós. Luego, resulta evidente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo que nos ocupa, el diez de octubre de dos mil veintidós, indudablemente existía la conducta de la autoridad responsable, pues no había proveído respecto de los escritos presentados en la oficialía de partes de la autoridad responsable el dieciocho y veintiuno de febrero de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral 3996/2006, presentados por la parte aquí quejosa, así como la solicitud de acceso al expediente de referencia; sin embargo, a la presente fecha en que se celebró la audiencia constitucional, los efectos de los actos reclamados HAN CESADO, en consideración a lo antes plasmado; por lo que, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia que prevé' el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrito con antelación y procede SOBRESEER en el juicio respecto del acto reclamado, conforme al diverso artículo 63, fracción V, de la misma Ley. Resulta aplicable a lo anterior la jurisprudencia 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, materia común, página 210, con registro digital: 196820, de rubro y texto: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de catorce de octubre de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las parte quejosa que, en término del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, no se hará la publicación de su nombre, ni de sus datos personales, por tanto, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por **********, contra los actos reclamados precisados en el considerando segundo, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado, rendido por la Presidenta Sustituta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, autoridad señalada como responsable y anexo que acompaña, consistente en copia certificada de diversas constancias que obran en el expediente laboral 3996/2006 de su índice; en tal razón, con el contenido de éstos, dése vista a las partes, para su conocimiento, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las constancias que anexó, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Por otro lado, de la revisión de los presentes autos se advierte que en proveído de catorce de octubre del presente año, se reservó acordar en relación a la prueba ofrecida por la parte quejosa, en su libelo de amparo, consistente en la instrumental de actuaciones e informe justificado que conforman el expediente laboral 3996/2006 que rindiera la autoridad responsable y, en virtud de lo acordado previamente, dichas probanzas se tienen por admitidas y desahogadas, en razón de su propia y especial naturaleza por no requerir forma especial para su recepción, y valórense al momento de dictarse la sentencia respectiva, sin perjuicio de hacer nueva relación de la misma en la audiencia constitucional. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado por los autorizados de la parte quejosa, mediante el cual, realizan diversas manifestaciones con relación a la suma que se requirió como cantidad a pagar, pues refiere que la misma es incorrecta. No obstante, es de hacerle del conocimiento a la parte promovente que dicha cantidad fue la determinada por el Tribunal responsable, por lo que la inconformidad que expresa ante este órgano jurisdiccional, deberá realizarla ante la autoridad responsable, pues este juzgado de distrito es el encargado de vigilar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Ahora bien, en cuanto a su solicitud relacionada en que se hagan efectivos los apercibimientos decretados en autos y se inicie el incidente de inejecución respectivo. Al respecto, se reitera a los ocursantes que por el momento no ha lugar a proveer de conformidad su petición, toda vez que, para la imposición de la multa por incumplimiento de la ejecutoria de amparo y la apertura del incidente respectivo, de acuerdo con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, debe existir evasivas o procedimientos ilegales por parte de la autoridad responsable, lo que en el caso no se surte. Sobre el particular, cabe precisar que, como lo sostuvo el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, el incumplimiento por evasivas, tiene lugar cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo. En tanto que, el incumplimiento por medio de procedimientos ilegales, se actualiza cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional, en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En ese tenor, no basta que transcurra el término concedido a la autoridad para que, con motivo de ello, se proceda la aplicación de la multa relativa o a iniciar el incidente de inejecución de sentencia; lo que se infiere de la disposición normativa precitada, ya que el legislador estableció en ella los lineamientos que deben regir a esta juzgadora para emitir dicha determinación. En el caso, no se advierte que la autoridad responsable ni vinculada, se encuentran actuando con evasivas o empleando procedimientos ilegales; en cambio, de las constancias que integran este expediente, se obtiene que han informado sobre las acciones que han realizado para lograr el cumplimiento del fallo protector. Notifíquese.
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