Emma de la Cruz Pacheco

Expediente 1078/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1078/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
12/09/2023

Partes del expediente

  • Emma de la Cruz Pacheco

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido en queja el proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley de la Materia, se declara que dicho auto en el que se desechó la demanda de amparo del presente asunto, ha causado estado. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, se declara que este asunto es DESTRUIBLE después de concluido el plazo de tres años contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, en términos de lo que prevé el artículo 20, fracción IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; lo anterior, en razón de que el presente asunto carece de relevancia documental de acuerdo a lo que señala el normativo 15 de dicho Acuerdo General. En cumplimiento al artículo 21, segundo párrafo del Acuerdo General antes citado, se instruye al Actuario Judicial correspondiente, notifique personalmente a las partes el presente acuerdo, para que de considerarlo necesario acudan a este órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. En el entendido para el fedatario judicial que de no poder efectuar la notificación señalada, deberá realizarla a través de lista en los Estrados de este juzgado federal. Con fundamento en el artículo 34 del mencionado Acuerdo General, háganse la indicación en la carátula de este expediente de que será destruible.

  2. Principal

    (AVISO QUEJOSO)Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido en queja el proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley de la Materia, se declara que dicho auto en el que se desechó la demanda de amparo del presente asunto, ha causado estado. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, se declara que este asunto es DESTRUIBLE después de concluido el plazo de tres años contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, en términos de lo que prevé el artículo 20, fracción IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; lo anterior, en razón de que el presente asunto carece de relevancia documental de acuerdo a lo que señala el normativo 15 de dicho Acuerdo General. En cumplimiento al artículo 21, segundo párrafo del Acuerdo General antes citado, se instruye al Actuario Judicial correspondiente, notifique personalmente a las partes el presente acuerdo, para que de considerarlo necesario acudan a este órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. En el entendido para el fedatario judicial que de no poder efectuar la notificación señalada, deberá realizarla a través de lista en los Estrados de este juzgado federal. Con fundamento en el artículo 34 del mencionado Acuerdo General, háganse la indicación en la carátula de este expediente de que será destruible.

  3. Principal

    fórmese expediente impreso y electrónico.********************Asimismo, se instruye al oficial judicial "C" encargado de la integración del presente expediente, la digitalización diaria de todas las promociones, documentos, así como de los acuerdos que se elaboren y toda información relacionada con el mismo, que deba ingresarse al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por su parte, el actuario responsable encargado de realizar las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá digitalizar e integrar diariamente a dicho sistema electrónico las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren y el secretario encargado de la mesa, deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico, coincidan en su totalidad.****************************************Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de amparo, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: ******************** "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano."****************************************Así, del análisis íntegro de la demanda, es factible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención de la promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ********************"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo."****************************************La parte quejosa señala en su demanda como acto reclamado lo siguiente:********************"IV.- ACTO RECLAMADO:********************De las autoridades señaladas como responsables, reclamo la falta de notificación personal de la fecha 03 de agosto del 2023, contenida en el auto de 09 de junio del 2023, en la que tuvo verificativo la junta de herederos en la que se designó nuevo albacea, dentro del expediente número ********************, del índice del juzgado segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del distrito Judicial de los Bravo, con residencia en esta ciudad de Chilpancingo de los Bravo Guerrero, relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes de mi finado esposo ********************, denunciado por******************** en el que tengo reconocido el carácter de coheredera del finado ********************, ya que en vida fue mi esposo.****************************************Asimismo, reclamo la ilegalidad de todas y cada una de las actuaciones judiciales y audiencias realizadas posteriores y subsecuentes al dictado al auto de fecha 03 de junio del año 2023, particularmente la junta de herederos en la que se designó nuevo albacea intestamentario a bienes de mi finado esposo ******************** de fecha 03 de agosto del 2023, puesto que al omitir las autoridades responsables notificarme de forma personal la fecha y hora en la que tuvo verificativo dicha junta, violentan mis garantías de audiencia, legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, contenidas en los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales, dejándome en estado de indefensión, puesto que se me privó de mi derecho de emitir mí voto para la designación del nuevo albacea."************************************************************Luego en el capítulo de hechos del referido acto reclamado, la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, en lo que interesa, puntualizó:****************************************"1.- Mediante escrito presentado ante el juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, con residencia en esta ciudad de Chilpancingo de los Bravo Guerrero, el 04 de noviembre del 2021, la C.********************, denunció en su carácter de madre y representante legal de mis menores nietos de iniciales ********************de apellidos******************** quienes tienen la calidad de hijos de mi finado hijo ********************.****************************************2.- Como consecuencia de lo anterior, con fecha 16 de noviembre del 2021, se dictó auto de radicación asignándosele el expediente número ********************, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, con residencia en esta ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes de mi finado esposo ********************, denunciado por********************, en el que se ordenó entre otras cosas notificar tanto a la suscrita, así como a la ********************, en nuestro carácter de presuntas coherederas del titular de la sucesión intestamentaria a bienes de mi finado esposo ********************.****************************************3.- El 30 de noviembre del 2021, tanto la suscrita como mi hija ********************, fuimos notificadas de la apertura de la sucesión intestamentaria a bienes de mi finado esposo, por lo que mediante escrito presentado ante las responsables comparecimos en nuestro carácter de presuntas coherederas de ********************, en el que señalamos domicilio para oír y recibir notificaciones, siendo este el ubicado en******************** así también designamos en dicho ocurso a los Licenciados en Derecho ******************** como nuestros abogados patronos.****************************************4.- Con fecha 23 de mayo del 2022, se llevó a cabo la junta de herederos dentro del juicio, dentro del citado expediente, en la que se nos reconoció el carácter de coherederas del de cujus ********************, en la que también por mayoría de votos se designó a la suscrita como albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de mi finado esposo.****************************************5.- Es el caso de que bajo los hechos y consideraciones de derecho que narró la denunciante********************, promovió en mi contra INCIDENTE DE REMOCIÓN DE ALBACEA, el cual, seguida sus etapas procesales, las responsables, lo declararon procedente, dictándose consecuentemente la sentencia interlocutoria de fecha 10 de marzo del 2023, la cual combatí mediante la interposición del recurso de apelación, el cual fue admitido por las responsables en el efecto suspensivo.****************************************6.- Consecuentemente a lo anterior, las responsables remitieron los autos del mencionado incidente de remoción de albacea al tribunal de alzada, Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, radicándose el toca ******************** revocando la calificativa hecha por las responsables, es decir admitió el mencionado recurso de apelación en sentido devolutivo, el cual finalmente fue resuelto en el que se confirmó la resolución interlocutoria de fecha 10 de marzo del 2023, en el que se declaró procedente la remoción del incidente de remoción de albacea.****************************************7.- Así las cosas, a excitación mediante escrito signado por la denunciante, las responsables dictaron el auto de fecha 09 de junio del 2023, en el que señalaron las nueve horas del día 03 de agosto del 2023, para que tuviera verificativo la junta de herederos, para efectos de que se designara nuevo albacea intestamentario a bienes de mi finado esposo ********************, la que finalmente se llevó a cabo el mencionado día 03 de agosto del 2023, a las nueve de la mañana, sin tomar en cuenta que la suscrita ni la ******************** jamás fuimos notificadas por parte de las responsables, ya que en el auto de fecha 09 de junio del 2023, omitieron en mi perjuicio ordenar notificarme de forma personal la celebración de la junta de herederos, en la que no se me enteró para que la suscrita tuviera conocimiento previo a esta y así darme la oportunidad de acudir personalmente para emitir mi voto en mi carácter de coheredera y propietaria de los bienes que constituyen la herencia de mi finado esposo, puesto que no pasó desapercibido mencionar a este juzgado federal, que en vida mi esposo y la aquí quejosa contrajimos matrimonio en la vía civil bajo el régimen de sociedad conyugal, lo que me da el estatus de copropietaria del ********************% de todos y cada uno de los bienes que integran la masa hereditaria del de cujus y coheredera del ********************% restante de los mismos. ****************************************De tal modo que al omitir notificarme de forma personal de la celebración de la junta de herederos, por no haberlo señalado en el auto de fecha 09 de junio del 2023, las responsables violentan mis garantías de audiencia, legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, contenidas en los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales, dejándome en estado de indefensión, puesto que insisto se me privó de mi derecho de emitir mi voto para la designación del nuevo albacea del ********************% de los bienes que constituyen la masa hereditaria del de cujus, ya que reitero no fui debidamente notificada de la celebración de la misma, por lo que me veo en la penosa, pero imperiosa necesidad de solicitar el amparo y protección de la justicia federal en contra de los actos reclamados."************************************************************Precisado lo anterior, se tiene que el juicio de amparo que ahora se intenta es improcedente, respecto al acto consistente en la falta de notificación del acuerdo de nueve de junio de dos mil veintitrés, en el que se fijó fecha y hora para que se designara nuevo albacea, emitido dentro del expediente ********************, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, con residencia en esta ciudad, relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes del finado ********************, al actualizarse la hipótesis normativa prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dice: ****************************************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ********************(.) ********************XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. ****************************************Se exceptúa de lo anterior:**************************************** a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ****************************************b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; ****************************************c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. ****************************************d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso.****************************************Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;********************(.)."****************************************Dicho precepto contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, que supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, el amparo resulta improcedente. ****************************************Asimismo, es de precisar que tales medios de defensa deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y para que tenga la parte quejosa la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad. Apoya lo expuesto la Jurisprudencia 2a./J. 115/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:****************************************"RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo."************************************************************En el caso concreto, la falta de notificación del acuerdo de nueve de junio de dos mil veintitrés, en el que se fijó la fecha y hora en que habría de llevarse a cabo la junta de herederos en la que se designó nuevo albacea, dentro del expediente número ********************, acto cuya molestia reclama, que puede ser impugnado a través del incidente de nulidad de notificaciones previsto en el artículo 167 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero.********************"Artículo 167.- Nulidad de las notificaciones. Las notificaciones serán nulas cuando no se hagan en la forma prevista en los artículos precedentes. Para resolver sobre las peticiones de nulidad, el tribunal observará las reglas siguientes:********************I. La nulidad sólo podrá ser invocada por la parte a quien perjudique o la que deje de recibir la notificación;********************II. La notificación surtirá sus efectos como si hubiere sido legalmente hecha, a partir de la fecha en que la parte se hubiere manifestado en cualquier forma sabedora de la resolución notificada, incluyéndose en esta regla el emplazamiento;********************III. La nulidad de notificación deberá reclamarse por la parte perjudicada en el primer escrito o en la actuación subsiguiente en que intervenga a contar de cuando hubiere manifestado ser sabedora de la resolución o se infiriera que la ha conocido, pues de lo contrario, queda revalidada aquélla, de pleno derecho; y********************IV. Los juzgadores pueden en cualquier tiempo, aunque no lo pidan las partes, mandar repetir las notificaciones irregulares o defectuosas, sin lesionar derechos legalmente adquiridos por las partes.********************La nulidad se tramitará en la vía incidental. En el incidente sólo podrá concederse término probatorio, cuando la irregularidad no se derive de datos que aparezcan en el expediente. El incidente sólo tendrá efectos suspensivos cuando se trate del emplazamiento. La sentencia que se dicte mandará reponer la notificación declarada nula y determinará el alcance de la nulidad respecto de las actuaciones del juicio conforme a las reglas anteriores. El juzgador puede sancionar con multa hasta de veinte salarios mínimos generales y el doble en caso de reincidencia, a los funcionarios o a las partes que aparezcan como culpables de la irregularidad.********************La resolución que decida el incidente de nulidad de notificación y el auto que la decrete de oficio, no serán recurribles. Sin embargo, si alguna de las partes considera que cualquiera de estas resoluciones le causa agravio, podrá hacerlo valer al interponer el recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva."****************************************Bajo ese contexto, respecto del acto reclamado, la parte a la que perjudique una notificación o la falta de esta, por no haberse realizado de acuerdo a las reglas establecidas en la citada ley adjetiva, puede solicitar su nulidad, a través del incidente previsto por el artículo 167, de la Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, previamente a la instauración de la presente instancia constitucional, habida cuenta que esa incidencia procede en contra de la falta de notificación de las determinaciones en el juicio, así como de las notificaciones que no se lleven a cabo conforme a la citada codificación; por lo que debió agotar el referido incidente, pues a través de éste, la notificación que reclama de ilegal y sus consecuencias, pueden ser nulificadas.****************************************Es ese tenor, y dado que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la autoridad ordinaria, lo que implica la obligatoriedad de su promoción. Es aplicable la jurisprudencia siguiente:****************************************"RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos y no agoto ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." ********************(Jurisprudencia 986, Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, página 678, Tomo VI, Materia Común, Séptima Época, Apéndice 1917-1995).****************************************Es preciso mencionar, que si bien es cierto nuestro más alto tribunal del país ha emitido el criterio relativo a que la posibilidad de un recurso, no es obstáculo para admitir la demanda de amparo, empero cabe indicar que tal criterio es solamente aplicable cuando se infiere la existencia de un recurso y que dicha certeza va a depender de los datos que se arrojen durante el procedimiento de amparo lo que significa en tal supuesto que ya no es manifiesta la causal de improcedencia que para tal efecto se invoque; pero no como acontece en la especie que la existencia del medio de defensa señalado con anterioridad es evidente y no una mera posibilidad, por ello la accionante constitucional debió agotar ese medio de defensa, ya que se insiste, mediante aquel puede obtener la revocación del acto que se reclama en la demanda de amparo. ****************************************Apoya lo anterior, por identidad de razón jurídica el criterio de jurisprudencia VI.3o. J/27, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Diciembre de 1998, Materia(s): Común, página 987, de la Novena Época, con registro 19********************95, de la siguiente literalidad:********************"NULIDAD DE ACTUACIONES PROCEDENTE, DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Si la quejosa estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emana el acto reclamado, el incidente de nulidad de actuaciones previsto por el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado dicho acto, y si no agotó ese medio de defensa antes de acudir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad, por lo que procede sobreseer el juicio de garantías de conformidad con lo previsto por la fracción XIII del artículo 73 y 74 fracción III de la Ley de Amparo, no obstante de que se reclame la falta de notificación personal de un proveído pronunciado en ejecución de sentencia, pues al caso resulta igualmente procedente dicho incidente cuando sólo afecta a actuaciones practicadas con posterioridad al fallo y relativas a la ejecución del mismo."****************************************Resulta ilustrativa además la jurisprudencia VI.3º.C.J/62, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, pagina 1665, Tomo XXIII, Febrero 2006, Materia Común, de la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente:********************"DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el Juez Federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo." ****************************************En suma, al actualizarse en forma patente y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo; se impone DESECHAR DE PLANO, la demanda de amparo, términos de lo dispuesto en el numeral 113 del ordenamiento legal en cita....

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