Emilio Morales Rojas

Expediente 1120/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1120/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
02/12/2016

Partes del expediente

  • Emilio Morales Rojas

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de siete de noviembre del presente año; por tanto, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, toda vez que el presente juicio se encuentra definitivamente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la citada ley archívese el mismo. Por otro lado, vistas las constancias de autos el presente expediente carece de relevancia documental y sin que se advierta del mismo documento alguno en original exhibido por las partes, lo anterior se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, en términos del Vigésimo Primero, fracción II, del citado Acuerdo General, el presente asunto es susceptible de ser destruido.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase rendido el informe justificado y constancias que anexa.Así pues, la que suscribe considera que el acto reclamado consistente en la omisión de la autoridad responsable de acordar el escrito de treinta y uno de marzo de dos mil catorce, presentado ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, el uno de abril del año en curso, mediante el cual solicitó que certificara que de no existir pruebas pendientes por desahogar, y manifestó que renunciaba a formular alegatos, en el expediente laboral 1025/2006, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.)XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado."Ello es así, pues conforme al texto legal preinserto, el juicio de amparo se torna improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, de tal modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito consiste en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.Es ilustrativa la jurisprudencia número 2ª./J.59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro:"CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal."Luego, al haber reclamado el peticionario del amparo en esta vía constitucional la inactividad procesal de la autoridad responsable la omisión de acordar el escrito de treinta y uno de marzo de dos mil catorce, presentado ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, el uno de abril del año que se cita, mediante el cual solicitó certificara que no existían pruebas pendientes por desahogar y que renunció a formular alegatos en el expediente laboral 1025/2006, y toda vez que el tres de noviembre del año que transcurre, el Tribunal laboral acordó la promoción antes referida, lo que se corrobra con la documental que remitió al efecto la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado (foja 83), a la cual se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; auto en el cual en forma literal señaló: ".Chilpancingo Guerrero, a tres de noviembre del año dos mil dieciséis. Por recibido un escrito ante este Tribunal el uno de abril del año dos mil catorce, signado por el C. Crysthian Cuauhtémoc Naranjo Tejeda, apoderado legal del C. Emilio Morales Rojas actor en el expediente laboral número 1025/2006, que promueve en contra del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Chilapa de Álvarez, Guerrero.Por cuanto hace a la petición del promovente en su escrito de cuenta.se le tiene desistiéndose bajo su perjuicio de la prueba Testimonial con cargo al C. Martín Ramírez Jaimes, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien y como se desprende de autos del expediente en que se actúa, que no quedan pruebas pendientes por desahogar, ni diligencias que practicar, con fundamento en el artículo 81 de la Ley 51 del Estado, este Tribunal ordena al Secretario de Acuerdos certifique que no quedan pruebas pendientes por desahogarse, para los efectos de que se continué con el procedimiento en el sentido de que la C. Auxiliar cierre la instrucción en el presente juicio y se proceda a la elaboración del Proyecto de laudo correspondiente.". Por tanto, se estima que han cesado los efectos del acto reclamado, en virtud de que ha dejado de existir, reponiendo a la parte quejosa, en el mismo estado en que se encontraba antes de que se decretara, quedando este en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido.Ahora bien, la cesación de efectos en comento constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que a la postre conduce a sobreseer en el juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, en virtud de que la sola emisión del auto de referencia, restituye a la parte quejosa en el goce de sus garantías violadas, lo que imposibilita el examen constitucional de la retardación de justicia que tilda de inconstitucional, precisamente porque ese acto ya no invade la esfera jurídica de la parte amparista, de ahí, que en tal evento se surte una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que da lugar a decretar en este juicio el sobreseimiento fuera de audiencia, acorde a lo establecido en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar a su celebración, habida cuenta que, en esas condiciones, ningún objeto tiene ya continuar con el trámite del juicio de amparo y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo que será siempre en el mismo sentido.En consecuencia, SE DEJA SIN EFECTOS la hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se encuentra programa para las CATORCE HORAS DEL QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS; lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes.Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia 103, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que resuelve la contradicción de tesis 26/2002-PL, sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de rubro y texto:"SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus relaciones de manera pronta, completa e imparcial."

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