EMILO GUATEMALA PACHECO y Otros.

Expediente 1027/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 24 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1027/2022
Año
2022
Actuaciones
24
Última actuación
15/11/2022

Partes del expediente

  • EMILO GUATEMALA PACHECO y Otros.
  • Fiscal general del estado de Oaxaca
  • Emilo Guatemala Pacheco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días previsto por el ordinal 86 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión en contra de del auto por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio constitucional, sin que la parte disidente haya impugnado esa determinación a través del citado mecanismo de defensa. I. Por tanto, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. II. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. III. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo previsto por el ordinal 3, fracción XVIII, del Acuerdo General Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, en cumplimiento a lo señalado por el capítulo siete, punto "7.4" relativo al tratamiento de los expedientes con suspensión de plano del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, aun cuando se sobreseyó en este juicio de amparo, lo cierto en el proveído inicial, se otorgó a la parte quejosa la suspensión de oficio y de plano respecto de las actuaciones combatidas; por tanto, se estima que este expediente es susceptible de depuración. IV. En tal sentido, hágase del conocimiento de las partes que conforme a los criterios de valoración establecidos por los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años contado a partir de la notificación del auto en donde se ordenó su archivo y una vez cumplido ese plazo dentro de los noventa días siguientes este órgano jurisdiccional procederá a su depuración, por lo que deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, el proveído en donde se concedió la suspensión de oficio y de plano, la sentencia y la presente determinación. V. Terminado el proceso de depuración se solicitará la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. VI. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la secretaria Lizeth Ortiz Segura, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de noviembre de dos mil veintidós. Agréguense a los autos los oficios de cuenta y en su atención se acuerda: SAT no cuenta con datos. Vista la misiva suscrita por el administrador desconcentrado de Servicios al Contribuyente Oaxaca "1", téngasele informado que respecto al requerimiento formulado en auto de diecisiete de octubre de este año, se encuentra imposibilitado para remitir los datos personales de Mario Luna Angulo Presidente del Comisariado Ejidal y Sergio Méndez Quirino Presidente del Consejo de Vigilancia del municipio de San Pedro Ozumacín, Tuxtepec, Oaxaca, en virtud que en la base de datos del Registro Federal de Contribuyentes no existen registros que coincidan con los servidores públicos indicados. Tómese nota de lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Despacho. Por otra parte, respecto al oficio y anexo remitido por el Juez Primero Penal del distrito judicial de San Juan Bautista Tuxtepec, téngasele devolviendo como diligenciado el despacho 248/2022 de esta estadística. En tal virtud, dese de baja y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de exhortos y despachos, así como en el Sistema Integral de Seguimientos de expedientes (SISE). Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Agréguense a los autos los oficios de cuenta mediante los cuales la directora jurídica de la Subsecretaría Jurídica y Asuntos Religiosos de la Secretaría General de Gobierno, informó lo relativo a la asamblea iniciada el diecinueve de octubre y finalizada el veinte siguiente entre los representantes de los tres niveles de gobierno, y de los municipio de San Pedro Ozumacín y Santiago Progreso, pertenecientes al distrito de Tuxtepec, Oaxaca. Ahora bien, de la relatoría de hechos derivada de la asamblea en comento, se advierte que la asamblea ejidal de San Pedro Ozumacín determinó la liberación de los directos agraviados Emilio Guatemala Pacheco, Raymundo Moreno Guatemala, Carlos Moreno Guatemala, Floriberto Moreno Guatemala, Felipe de Jesús Guatemala Ayala, Filogonio Méndez de la Cruz, Juan Carlos Ventura Méndez, Santiago Guatemala Pacheco, Bernardo Pacheco López, y Francisco Javier Méndez Moreno, con motivo de los diversos acuerdos que estipularon con las autoridades que intervinieron en la misma; lo que consta en la relatoría de hechos iniciada el diecinueve de octubre de este año y finalizada el veinte siguiente, que se levantó con motivo de dicha asamblea, y la que incluso aparece firmada por los liberados mencionados. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo dispone que se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Lo anterior encuentra sustento jurídico en la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, localizable en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, página 553, materia Común, Octava Época, bajo el rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, el suscrito advierte que respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;[.].". El referido precepto legal transcrito, prescribe que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado, si éste es de carácter positivo, o de forzar a la autoridad responsable a realizar la conducta que indebidamente omitió, si el acto es de carácter negativo, pues resultaría contrario a la naturaleza del juicio que el mismo fuese seguido sin ninguna finalidad práctica. Por lo que resulta justificado que el juicio de amparo se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados. En el caso, el acto materia de la litis constitucional consiste en la orden de detención de los directos agraviados Emilio Guatemala Pacheco, Raymundo Moreno Guatemala, Carlos Moreno Guatemala, Floriberto Moreno Guatemala, Felipe de Jesús Guatemala Ayala, Filogonio Méndez de la Cruz, Juan Carlos Ventura Méndez, Santiago Guatemala Pacheco, Bernardo Pacheco López, y Francisco Javier Méndez Moreno por parte del Agente, Presidente del Comisariado Ejidal y Presidente del Consejo de Vigilancia, del Municipio de San Pedro Ozumacín, Tuxtepec, Oaxaca. Ahora bien, de la constancia remitida por la directora jurídica de la Subsecretaría Jurídica y Asuntos Religiosos de la Secretaría General de Gobierno, se desprende que en la asamblea ejidal iniciada el diecinueve de octubre de dos mil veintidós y finalizada el veinte siguiente, en la cual intervinieron representantes de los tres órdenes de gobierno, de la asamblea ejidal de San Pedro Ozumacín e integrantes ejidales de Santiago Progreso, llegaron a diversos acuerdos para efectos de conciliar las mutuas inconformidades que sostenían ambas poblaciones, derivadas de conflictos político sociales de ambas, concluyendo con la liberación de los directos agraviados Emilio Guatemala Pacheco, Raymundo Moreno Guatemala, Carlos Moreno Guatemala, Floriberto Moreno Guatemala, Felipe de Jesús Guatemala Ayala, Filogonio Méndez de la Cruz, Juan Carlos Ventura Méndez, Santiago Guatemala Pacheco, Bernardo Pacheco López, y Francisco Javier Méndez Moreno. En ese contexto, se estima que han cesado los efectos del acto reclamado en estudio, en virtud que al dejar en libertad a los impetrantes del amparo se destruyeron los efectos del acto aquí combatido en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la alegada violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. De ahí, que se insiste, cesaron los efectos del acto reclamado a las autoridades responsables. Lo anterior, porque de alguna manera, se repuso a la parte solicitante del amparo en el goce de los derechos fundamentales violados como si no hubiera existido el acto que se reclama, ya que se constituyó una nueva situación jurídica que definitivamente los destruyó, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. En efecto, debe concluirse que los actos reclamados cesaron en sus efectos; máxime, que ningún caso tendría examinar la inactividad reclamada si los efectos de esa conducta quedaron destruidos en forma total e incondicional y no dejaron huella en la esfera jurídica de los solicitantes de la tutela constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 193758, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por cuanto hace al acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables, de ahí que, debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal. Apoya este criterio la tesis 2a./J. 9/98, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que reza: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En las relatadas consideraciones lo procedente es sobreseer fuera de audiencia el presente asunto. Sin que el sobreseimiento fuera de audiencia, cause agravio a la parte quejosa o la prive de defensa, pues ni aun celebrándose ésta, los agraviados podrían desvirtuar con prueba alguna la causa de sobreseimiento de mérito, que se torna notoria, manifiesta e indudable; razones por las cuales el resultado del fallo tendría el mismo sentido; pues en todo caso, por tanto, en atención al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional, procede resolver fuera de audiencia. Resulta aplicable, en términos del sexto transitorio de la Ley de Amparo, en tanto, el criterio sostenido no se opone a ésta, la tesis XIV 1º 3 K, del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible en la página mil doscientos treinta y cinco, tomo XII, agosto de dos mil, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y textos siguientes: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aún celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional". En tal virtud se ordena dejar sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio y anexo remitido por el Juez Primero Penal del distrito judicial de San Juan Bautista Tuxtepec, téngasele devolviendo sin diligenciar el despacho 237/2022 de esta estadística. En tal virtud, dese de baja y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de exhortos y despachos, así como en el Sistema Integral de Seguimientos de expedientes (SISE). Notifíquese.

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