Emilio Ricardo Rivera
Expediente 725/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 725/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Emilio Ricardo Rivera
Actuaciones
- Principal
Mesa de Amparo V-A "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de agosto de dos mil diecinueve. Se declara que el auto por el que desechó la demanda de amparo causó estado, y se archiva este expediente como asunto concluido. [...]. De igual forma, se indica que, conforme a la certificación que antecede, en este expediente no existen documentos considerados originales... Notifíquese.
- Principal
Mesa V-A..."San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de agosto de dos mil diecinueve. Se teien por recibida la demanda señala en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese con el número 725/2019. Desechamiento. El suscrito considera que debe desecharse la demanda de amparo promovida por Emilio Ricardo Rivera quien se ostenta como apoderado legal de los actores en el juicio laboral radicado en la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca 38/2019. Se justifica lo anterior, porque se considera que respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.).". Del primero de los citados preceptos trascritos se establece que la improcedencia del juicio de amparo no sólo deriva de cada una de las fracciones previstas en el precepto anunciado, sino que puede tener sustento tanto en la Constitución Federal, como en la legislación de amparo. Por su parte, el diverso 107, fracción V, del ordenamiento jurídico antes invocado señala que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Aunado a lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014 , sostuvo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte"; que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, el mencionado Tribunal Pleno estableció que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo, y, La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Bajo tales premisas, como se adelantó, se estima que la omisión reclamada a la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, consistente en la falta de acuerdo a su escrito presentado el veinticuatro de junio del año en curso, como se advierte del anexo que adjuntó en su demanda de amparo, por medio del cual solicitó que se hicieran efectivos los apercibimientos a la parte demandada, decretados en auto del pasado veinticinco de abril en el expediente laboral 38/2019 del índice de la citada junta, se trata exclusivamente de un reclamo dentro del procedimiento, el cual no deja sin defensa a la parte quejosa ni puede verse de forma autónoma, ya que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a cumplir con la administración de justicia pronta y expedita. Por tanto, el juicio de amparo indirecto contra el acto reclamado que se hace consistir en la omisión de la responsable de acordar su petición presentada el veinticuatro de junio de este año en la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca; es improcedente, puesto que no es de naturaleza irreparable. En las relatadas condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA de amparo por improcedente. Además, para quien aquí resuelve no advierte que en el caso se actualice la excepción a la regla general que haría procedente el juicio de amparo, porque no se aprecia una abierta dilación del procedimiento o la paralización total del mismo; lo anterior, atendiendo a que por una parte, se advierte que el quejoso presentó en la referida junta su petición el veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, y por otra, a la fecha en que el quejoso presentó la demanda origen de este expediente (catorce de agosto de dos mil diecinueve), únicamente han transcurrido veintiocho días naturales para que la autoridad emita un acuerdo, desde la fecha en que concluyó el plazo en el que legalmente debió pronunciarse. Esto es así, ya que de conformidad con lo dispuesto por el numeral 838 de la Ley Federal del Trabajo, la junta tiene un plazo de cuarenta y ocho horas para acordar las promociones ante ella presentadas; por ende, si la promoción se presentó el veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, dicho plazo fenecía el veintiséis siguiente. De ahí, que del veintisiete de junio al catorce de agosto de dos mil diecinueve, solo han transcurrido los ya citados veintiocho días naturales, en la inteligencia que se descontaron los días inhábiles por su primer periodo vacacional del referido tribunal obrero. Aunado a que es un hecho notorio la excesiva carga de trabajo con que cuenta en general la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca; situaciones que pondera este órgano jurisdiccional para determinar que no existe la abierta dilación que el quejoso refiere, máxime que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, tomando en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. Lo anterior no implica dejar sin defensa al quejoso, porque al tratarse el reclamo de una violación de carácter meramente adjetiva, el quejoso se encuentra en posibilidad de acudir ante la autoridad responsable a gestionar el dictado del acuerdo correspondiente a la promoción que presentó, aunado a que si con posterioridad, una vez que el quejoso haya agotado las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a que le dé respuesta a su petición, podrá acudir al juicio de amparo. Finalmente, no pasa desapercibido para el suscrito, que el promovente del amparo no acredite con documental idónea la personalidad con que se ostenta, ya que aun previniéndolo para ello y desahogada la prevención, no cambiaría la causa de improcedencia en estudio. Autorizados de la parte quejosa. Téngase a la parte quejosa por autorizado con las amplias facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a Gabriel Montesinos Paz, por estar dado de alta en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los órgano jurisdiccionales (5787389) y únicamente para imponerse de los autos a las personas restantes, debido a que no aparecen registradas sus cedulas profesionales. Por otro lado, en razón de que el promovente de amparo omitió señalar domicilio para oír y recibir notificaciones; por tanto, se ordena notificar a la citada parte procesal este acuerdo y los ulteriores de carácter personal, por lista de acuerdos, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese personalmente.
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