Emilio Torres de Oca
Expediente 900/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 8 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 900/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 23/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Emilio Torres de Oca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado de autos se advierte que mediante proveído dictado el treinta de enero de dos mil veintitrés, se ordenó el archivo del presente sumario. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por tanto una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, treinta de enero de dos mil veintitrés. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, en el presente juicio, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicho auto para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente. Destruible. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, ********************. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase el expediente. Destrúyase el juicio principal dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior; debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. En ese contexto, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Incidente de suspensión Ahora, mediante oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la consulta formulada por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, informó que únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión fue negada la medida definitiva, es susceptible de destrucción. Así, respecto al original del incidente de suspensión, al haberse negado la suspensión definitiva, de conformidad con el numeral 21, inciso c), del citado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de tres años, es susceptible de destrucción. Por lo que respecta al duplicado del referido incidente, de conformidad con el numeral 20, fracción II, inciso a), del multicitado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de seis meses, procédase a la destrucción de este expediente. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes para devolución de documentos al no constar en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Se agrega sin mayor pronunciamiento. Agréguense a los autos únicamente para que obren como correspondan el alegato ministerial 144/2022, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito y el escrito signado por el quejoso Emilio Torres de Oca, por el que formula alegatos y pretende ampliar su demanda de amparo; ello, toda vez que por auto de veinticuatro de agosto de la presente anualidad, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Olga Viviana López González, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Informe justificado Agréguese el oficio y anexo signado por el Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Tlaxcala; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido su informe justificado. Pruebas De igual forma, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las documentales que anexa al oficio de cuenta, las cuales serán relacionadas en la audiencia constitucional, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Delegados y domicilio para oír y recibir notificaciones Por otra parte, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegado de la autoridad oficiante a la persona que indica y por lo que respecta al domicilio que señala para oír y recibir notificaciones, dígase que en términos del artículo 28, de la Ley de Amparo, a las autoridades responsables se les notifica en el domicilio de su oficina principal. Se decreta sobreseimiento fuera de audiencia -no podrían concretarse los efectos positivos de una eventual sentencia de amparo- Ahora bien, se destaca que cuando durante el juicio biinstancial sobrevenga alguna causal de improcedencia manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional está facultado para decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En ese sentido, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 77, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: l. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y (.)" De los numerales transcritos se advierte que la vía constitucional es improcedente cuando por las circunstancias que rodean al acto reclamado no puedan concretarse los efectos positivos de una eventual sentencia de amparo. Lo anterior sucede cuando existe un acto que puede sustentarse por sí mismo -independientemente de la subsistencia del que es materia de reclamo- y que por su naturaleza y autonomía impide que los efectos de un fallo protector puedan concretarse; es decir, cuando ese acto, por las consecuencias jurídicas que genera, constituye un obstáculo legal insalvable para que la autoridad pueda resarcir las violaciones atacadas mediante la devolución de las cosas al estado que guardaban antes de su actuación. Al respecto es aplicable la jurisprudencia que señala: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.-El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." Ahora bien, es dable señalar que la parte quejosa comparece a la presente instancia constitucional reclamando lo siguiente: Al respecto, el quejoso manifiesta bajo protesta de decir verdad, que la titular de los derechos parcelarios es su madre Consuelo de Oca Juárez, quien falleció el dieciséis de junio de dos mil nueve. En ese sentido, el artículo 80 de la Ley Agraria, establece lo siguiente: Artículo 80. Los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población. Para la validez de la enajenación se requiere: La manifestación de conformidad por escrito de las partes ante dos testigos, ratificada ante fedatario público; La notificación por escrito al cónyuge, concubina o concubinario y los hijos del enajenante, quienes, en ese orden, gozarán del derecho del tanto, el cual deberán ejercer dentro del término de treinta días naturales contados a partir de la notificación a cuyo vencimiento caducará tal derecho. Será aceptable para este efecto la renuncia expresada por escrito ante dos testigos e inscrita en el Registro Agrario Nacional. En caso de que se desconozca el domicilio o ubicación de las personas que gozan del derecho del tanto, se procederá en términos de lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 84 de esta Ley, y Dar aviso por escrito al comisariado ejidal. Realizada la enajenación, el Registro Agrario Nacional, procederá a inscribirla y expedirá los nuevos certificados parcelarios, cancelando los anteriores. Por su parte, el comisariado ejidal deberá realizar la inscripción correspondiente en el libro respectivo. Del numeral transcrito obtenemos que para que la enajenación de derechos parcelarios sea válida, se requiere: 1. Que ésta se realice por escrito ante dos testigos; 2. Que se notifique al Registro Agrario Nacional y así se encuentre en aptitud de expedir los nuevos certificados; 3. Que se dé aviso al comisariado ejidal, a fin de que realice la inscripción en el libro respectivo; y, 4. Que se notifique al cónyuge, concubina o concubinario y los hijos del enajenante, para que en el término de treinta días ejerzan su derecho del tanto, para tal efecto será aceptable la renuncia expresada por escrito ante dos testigos e inscrita en el Registro Agrario Nacional. 5. Finalmente, realizada la enajenación, el Registro Agrario Nacional, procederá a inscribirla y expedirá los nuevos certificados parcelarios, cancelando los anteriores. Por su parte, el comisariado ejidal deberá realizar la inscripción correspondiente en el libro respectivo. Ahora, la autoridad responsable acepta la existencia del acto reclamando, pues derivado de la inscripción del contrato de enajenación de derechos parcelarios celebrado entre Consuelo de Oca Juárez y Ma. Blanca Torres Camacho de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, se emitió calificación registral positiva generando el certificado parcelario a favor de la última de las citadas, respecto de la parcela ejidal 982 Z-1 P-1/2Z-5 P-1/2, ubicada en el núcleo agrario Sanctorum, Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala (fojas 29 a 32). No obstante, el numeral 80 de la Ley Agraria transcrito se refiere expresamente a la validez de los derechos parcelarios, lo que implica que si alguna de las partes o alguna persona que se crea con derecho considera que le produce alguna afectación el mismo, puede reclamar su nulidad. De este modo, es posible establecer que si bien el acto que se tilda de inconstitucional en la presente instancia pudiera derivar de una actuación indebidamente realizada; lo cierto es que ello no puede declararse en un juicio constitucional, debido a que no podrían concretarse los efectos de un eventual fallo protector, pues las inscripciones y anotaciones que se hayan realizado no podrían quedar insubsistentes mientras que subsista el acto que las originó. Sirve de apoyo la jurisprudencia 8/2000 de la Segunda Sala de la SCJN, consultable en la página 111, tomo XI, febrero de 2000, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro electrónico 192469, de contenido: "DERECHOS PARCELARIOS. LA NOTIFICACIÓN AL REGISTRO AGRARIO NACIONAL DE SU ENAJENACIÓN, ES UN REQUISITO DE VALIDEZ. El artículo 80 de la Ley Agraria establece que los derechos parcelarios son susceptibles de enajenarse y que, para la validez del convenio respectivo, es necesaria la forma escrita, la celebración ante dos testigos y la notificación al Registro Agrario Nacional; de manera que por disposición específica de la ley de la materia este último acto sí constituye un requisito de validez del convenio; sin embargo, ello no implica que la inscripción ante el registro mencionado, acto diferente al de notificación, tenga efectos constitutivos pues, en términos del diverso artículo 150 del mismo ordenamiento, los actos que debiendo ser inscritos no lo sean, no podrán producir perjuicios a terceros. Confirma lo anterior el que al realizar una enajenación de derechos parcelarios, en relación con el Registro Agrario Nacional, se llevan a cabo tres actos distintos, a saber, la notificación, que realizan las partes ante esa institución y que sí constituye un elemento de validez del convenio, la inscripción y la expedición de los nuevos certificados, que corresponde al organismo registral y que sólo producen efectos probatorios ante los terceros, sin que estos dos últimos actos puedan considerarse dentro de los elementos de validez del convenio, puesto que no los incluye el referido artículo 80 dentro de ellos". Sin que ello permita anular autónomamente las anotaciones registrales, ya que la causa de afectación a la parte quejosa es derivada de la celebración e inscripción del acto traslativo en relación con el bien ejidal que defiende, lo cual a criterio de este juzgador, debe ventilarse en la instancia ordinaria. Así, la determinación respecto de la legalidad o ilegalidad de la expedición del certificado parcelario a favor de Ma. Blanca Torres Camacho, originado con motivo de la inscripción del contrato de enajenación de derechos parcelarios celebrado con Consuelo de Oca Juárez -madre del quejoso-, el dieciocho de febrero de dos mil veintidós, respecto de la parcela ejidal 982 Z-1 P-1/2Z-5 P-1/2, ubicada en el núcleo agrario Sanctorum, Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala; sólo puede derivar de una decisión de nulidad dictada en un juicio contradictorio, en el que se otorgue derecho de audiencia a las personas que hayan sido beneficiadas con esas anotaciones o, en su caso, aquéllas que intervinieron el acto que le dio origen. Esto es relevante para el caso concreto porque dada la forma en que se plantea esta demanda, se requiere el examen de pruebas sobre la buena o mala fe de aquel que formalizaron contratos traslativos de dominio, cuestiones que no pueden dirimirse en el juicio constitucional. A lo anterior es aplicable, por analogía, la tesis XXXI.1 A (10a.), del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, visible en la página 1747, del Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo título y contenido es: "INSCRIPCIONES REGISTRALES QUE NO HAN SIDO DECLARADAS NULAS JUDICIALMENTE. ANTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE LA SENTENCIA RELATIVA PRODUZCA EFECTOS RESTITUTORIOS, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO EN SU CONTRA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE). En términos del artículo 2916 del Código Civil del Estado de Campeche, las inscripciones en el Registro Público sólo podrán cancelarse por decisión judicial o por consentimiento de las partes, de manera que fuera del segundo supuesto, para realizar válidamente ese acto, es necesario promover el juicio civil en el que podrá escucharse a los interesados, es decir, para impedir que surtan sus efectos jurídicos los actos que derivan de aquéllas, es menester que previamente se declare judicialmente su nulidad. En estas condiciones, la validez de las anotaciones, por ley, no puede decidirse en el amparo sin que antes haya sido resuelta por la autoridad del orden común en la litis contradictoria correspondiente. Por tanto, aun cuando en el juicio de garantías se concluyera que el mencionado acto es inconstitucional, sería imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, en la medida en que la realización de sus efectos importaría ordenar los alcances de la inscripción, lo cual está encomendado a los tribunales de instancia; de ahí que contra las inscripciones registrales que no han sido declaradas nulas judicialmente sea improcedente el juicio de garantías." De igual forma, la diversa tesis VIII.2o.45 C, de la Novena Época, registro 194448, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, marzo de 1999, página 1452, de rubro y texto siguientes: "REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. INSCRIPCIONES QUE NO HAN SIDO DECLARADAS NULAS JUDICIALMENTE. Los actos o contratos que otorgaron y celebraron personas, que según la inscripción del registro, aparecían con derecho para ello, no pueden dejar de surtir efectos mientras la nulidad de esa inscripción no se declare judicialmente; por lo tanto, como el juicio constitucional no constituye el medio idóneo para examinar pruebas, o para resolver cuestiones de propiedad, por encontrarse estas facultades encomendadas exclusivamente a los tribunales de instancia, es evidente que no puede ampararse al quejoso para que se impida que surtan sus efectos tales actos, porque esto sería en provecho del promovente del amparo, pero con evidente menoscabo de la protección jurídica que la Constitución y la ley secundaria garantizan al adquirente de un derecho que procede de buena fe y que no ha sido oído ni vencido en el juicio correspondiente.". Así como, la diversa tesis III.1o.A.125 A, de la Novena Época, registro 176975, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, octubre de 2005, página 2386, de rubro y texto siguientes: "INSCRIPCIONES REGISTRALES. SU VALIDEZ NO PUEDE DECIDIRSE DIRECTAMENTE EN EL AMPARO, SIN QUE TAL CUESTIÓN HAYA SIDO RESUELTA PREVIAMENTE POR LAS AUTORIDADES JUDICIALES DEL ORDEN COMÚN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). En el Estado de Jalisco, la validez de las anotaciones e inscripciones registrales, por ley, no puede decidirse en el amparo, sin que antes haya sido resuelta por la autoridad del orden común en el juicio contradictorio correspondiente, atento a lo previsto por los artículos 1252 a 1256 del Código Civil del Estado, en relación con los numerales 127 y 131, fracciones III y IV, de la Ley del Registro Público de la Propiedad de la entidad, y los preceptos 20, 25 y 26 del Reglamento del Registro Público de Comercio, conforme a los cuales, basta que la inscripción de un documento la solicite una persona (física o moral) que en principio tenga derecho a ello, para que una vez hecha la inscripción o anotación de que se trate la misma no pueda cancelarse, sino por orden de autoridad judicial y en esa medida, la ley exige a los interesados acudir necesariamente al juicio contradictorio correspondiente." Correlativo a ello, es importante señalar que el juicio de amparo no tiene como objeto resolver conflictos entre particulares; así que la existencia de una controversia suscitada entre dos personas, como sucede en el caso, la autoridad constitucional no puede sustituirse a la función jurisdiccional ordinaria para resolver el conflicto. Sobre todo porque los planteamientos de la lectura íntegra de la demanda de amparo conlleva a establecer que la parte quejosa no propone realmente una controversia contra la autoridad señalada como responsable -quién únicamente realiza la inscripción y expedición de los nuevos certificados parcelarios, cancelando los anteriores, como resultado de la enajenación respectiva-, sino más bien, trata de que mediante la substanciación del presente juicio de amparo, se anule el certificado parcelario expedido a favor de Ma. Blanca Torres Camacho, derivado del acto traslativo de dominio celebrado con Consuelo de Oca Juárez -madre del quejoso-, el dieciocho de febrero de dos mil veintidós, respecto de la parcela ejidal 982 Z-1 P-1/2Z-5 P-1/2, ubicada en el núcleo agrario Sanctorum, Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala; es decir, que en esta instancia extraordinaria se resuelva un conflicto entre particulares. Lo que no es técnicamente factible. Por las consideraciones expuestas, se estima actualizada la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 77, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Existe pronunciamiento similar por parte de este órgano jurisdiccional en el juicio de amparo 773/2019, al emitir la sentencia correspondiente, determinación que fue impugnada por la parte quejosa en dicho procedimiento; y confirmada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en el recurso de revisión 36/2021, de su índice. De igual forma, se precisa que las tesis citadas resultan aplicables a pesar de referirse a numerales de la Ley de Amparo abrogada, pues no se contraponen con lo establecido en la norma en vigor, al ser de contenido similar. Se deja insubsistente fecha y hora de audiencia constitucional. En consecuencia, se deja insubsistente la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (DIEZ HORAS CON OCHO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS), por los motivos precisados. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Olga Viviana López González, Secretaria que autoriza y da fe.
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