Emilio Sosa Jiménez

Expediente 580/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
580/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
14/08/2017

Partes del expediente

  • Emilio Sosa Jiménez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vistos los autos y específicamente la certificación que antecede, se advierte que el término para interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en contra del contenido del auto dictado el doce de julio de dos mil diecisiete (fojas 226 a la 235), ya transcurrió para las partes; por tanto, se declara que el auto que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    Agréguense sin mayor proveído a los autos el oficio de cuenta y anexo signado por la Comisionado Estatal de Seguridad; a través del cual rinde el informe justificado y ofrece pruebas en el presente juicio de amparo. Lo anterior, toda vez que mediante proveído de doce de julio del presente año, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo por Emilio Sosa Jiménez. Finalmente, de conformidad con el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase como delegados de la autoridad responsable a los profesionistas que indica en su oficio de cuenta, y por lo que hace al domicilio que señalan para oír y recibir notificaciones, dígasele que en términos del artículo 28, fracción I, del ordenamiento legal en cita, éstas se harán en el domicilio de su oficina principal.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio con un anexo, en atención a su contenido, se tiene al Magistrado de la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala; rindiendo su informe justificado, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene por ofrecida la documental que anexa la autoridad oficiante consistente en copia certificada del Toca Administrativo 408/2013 de su índice, en términos del numeral 119, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo; documental a la que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Ahora, del contenido del informe justificado rendidos por la autoridad responsable, se advierte que ha dejado de existir la omisión reclamada que dio origen al presente juicio, atento a las consideraciones siguientes: En primer término resulta oportuno precisar que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, lo constituye la omisión de realizar los actos necesarios para lograr el cumplimiento de la resolución definitiva y/o sentencia de veintiuno de abril de dos mil catorce, dictada en el Toca Administrativo 408/2013. Ahora, del contenido del informe justificado de cuenta, se advierte que el Magistrado de la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, señala que es cierto el acto reclamado; sin embargo, precisa que el siete de julio de dos mil diecisiete, comparecieron ante dicha autoridad el quejoso Emilio Sosa Jiménez y la autoridad señalada como responsable en el citado expediente (aquí tercero interesada), a efecto de dar cumplimiento a la sentencia de veintiuno de abril de dos mil catorce, por lo que, previo pago y recibo de la cantidad ordenada en la sentencia de mérito, se tuvo por cumplida en su totalidad y se ordenó archivar el asunto como total y definitivamente concluido. Para lo cual, la autoridad responsable en el juicio de origen Secretaría de Seguridad Pública emitió el cheque número 0000033 de nueve de junio de dos mil diecisiete, expedido por la institución bancaria Banorte, por la cantidad de $83,030.00 (ochenta y tres mil treinta pesos 00/1000 Moneda Nacional) a nombre del quejoso Emilio Sosa Jiménez quien recibió el cheque por la liquidación exhibida por la autoridad responsable de origen y manifestó su conformidad con dicha liquidación circunstancia que se acredita con la copia certificada que adjuntó a su informe justificado la autoridad responsable. Lo anterior pone de relieve que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues al realizar los actos señalados, cesó la omisión reclamada que dio origen al presente juicio; circunstancia que impone decretar el sobreseimiento del juicio fuera de la audiencia de ley. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente la parte quejosa, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. Bajo esa óptica, como se precisó, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de realizar los actos necesarios para lograr el cumplimiento de la resolución definitiva y/o sentencia de veintiuno de abril de dos mil catorce, dictada en el Toca Administrativo 408/2013 del índice de la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De conformidad con el precepto legal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Ahora, para mejor comprensión del presente acuerdo, debe analizarse la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión de realizar los actos necesarios para lograr el cumplimiento de la resolución definitiva y/o sentencia de veintiuno de abril de dos mil catorce, dictada en el Toca Administrativo 408/2013 del índice de la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, que puede vulnerar el derecho fundamental establecido en el artículo 17, párrafo segundo, constitucional, que prevé: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del precepto constitucional transcrito se desprende que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; asimismo, que su servicio será gratuito, quedando prohibidas las costas judiciales. Ahora, en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que el Magistrado de la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, adjuntó copia certificada de todo lo actuado dentro del toca administrativo número 408/2013 de su índice, de la que se advierte que el siete de julio de dos mil diecisiete, comparecieron las partes actora y demandada en dicho expediente, a efecto de dar cumplimiento a la resolución emitida el veintiuno de abril de dos mil catorce dictada en dicho expediente. Al respecto, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que, en la sentencia de veintiuno de abril de dos mil catorce emitida en el toca administrativo 408/2013 se condenó a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala, para que previa liquidación, procediera a efectuar el pago del finiquito al aquí quejoso, posteriormente, el treinta de mayo de dos mil dieciséis se emitió la resolución correspondiente a la planilla de liquidación, en la que se aprobó el monto de un finiquito por la cantidad de $83,030.00. En ese sentido, el siete de julio de dos mil diecisiete, comparecieron ante la autoridad responsable las partes actora y demandada, para lo cual está última (Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala), emitió el cheque número 000033 de nueve de junio de dos mil diecisiete, expedido por la institución bancaria Banorte, por la cantidad de $83,030.00 (ochenta y tres mil treinta pesos 00/1000 Moneda Nacional) a nombre del quejoso Emilio Sosa Jiménez quien recibió dicha cantidad por la liquidación exhibida por la autoridad responsable de origen y manifestó su conformidad con la misma. De lo anterior se concluye que los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación, pues la omisión de que se duele la parte quejosa se subsanó al llevarse a cabo la diligencia de siete de julio de dos mil diecisiete, en los términos apuntados. Finalmente, cabe precisar que si bien en la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, el quejoso señaló como autoridad responsable a la extinta Secretaría de Seguridad Pública y/o Comisión Estatal de Seguridad Pública, a quien se le requirió informe justificado, sin que a la fecha en que se actúa, lo haya rendido. Lo cierto es que por cuanto hace a dicha autoridad, se actualizaría oficiosamente la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, del citado ordenamiento jurídico respecto del acto que se atribuye en la presente instancia constitucional, en virtud que no le reviste el carácter de autoridad para los efectos del presente juicio constitucional. En efecto, los artículos 61, fracción XXIII, 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De la interpretación armónica de los preceptos legales transcritos, se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, por normas generales o actos de "autoridad" que violen los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los Tratados Internacionales de los que México sea parte y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. Lo anterior pone de manifiesto que el acto de autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de garantías, pues así lo dispone el artículo 1º de la Ley de Amparo, que condiciona su procedencia a que el acto reclamado se encuentre constituido por normas generales o actos de autoridad. En este tenor, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por autoridad responsable debe considerarse a aquellos entes que, con fundamento en una norma legal, emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado, por lo cual, debe analizarse en cada caso, si la autoridad señalada como responsable tiene la facultad para tomar decisiones o emitir resoluciones que afecten la esfera jurídica del quejoso. En otras palabras, para atribuir el carácter de "autoridad" para efectos del juicio de amparo, debe atenderse a las relaciones jurídicas entre el gobernado y la autoridad, es decir, que exista una relación de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente público señalado como autoridad responsable actúe en un plano superior, para lo cual, debe reunir como notas distintivas las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y; Que para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Bajo esa óptica, del análisis de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama la omisión de realizar los actos necesarios para lograr el cumplimiento de la resolución definitiva y/o sentencia de veintiuno de abril de dos mil catorce, dictada en el Toca Administrativo 408/2013, del índice de la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. En esa tesitura, tal omisión no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, en virtud de que la extinta Secretaría de Seguridad Pública y/o Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala -señalada como responsable por la parte quejosa-, no actúa con base en su potestad administrativa, sino en su calidad de demandada. Esto es así, pues de las constancias de autos se advierte que la Secretaría señalada como responsable, tiene el carácter de parte demandada en el toca administrativo de donde emana el acto reclamado; por tanto, debe sostenerse que tal autoridad no tiene una relación de supra a subordinación con el peticionario del amparo, ni su actuación resulta unilateral, por lo que su intervención se equipara a la de un particular. Ahora bien, el artículo 568 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, de aplicación supletoria a la Ley del procedimiento Administrativa del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, dispone: "TITULO OCTAVO EJECUCION DE SENTENCIAS CAPITULO I Ejecución de sentencias dictadas por los tribunales del Estado Artículo 568. Debe ejecutar las sentencias, el Juzgado que las hubiere pronunciado en primera instancia." Del artículo transcrito deriva, lo siguiente: La ejecución de las sentencias debe realizarse por el órgano que las hubiere pronunciado. En esencia, en el procedimiento para conseguir la ejecución de las sentencia, conforme a lo previsto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, de aplicación supletoria a la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, en materia procesal, se otorga al órgano que la haya emitido. Por lo anterior, resulta inconcuso que el plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales y la igualdad procesal que subyace en ellas, se extiende también al ámbito de la ejecución de las sentencias, donde, en su caso, como sucede con cualquier particular, su incumplimiento por parte de la autoridad demandada puede ser vencido a través de los instrumentos legales con que cuenta la autoridad administrativa para lograr el cumplimiento de las sentencias que emite. Es decir que, desde ese modelo, la autoridad demandada -extinta Secretaría de Seguridad Pública y/o Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala-, no actúa en un esquema de supra a subordinación (como condición para la categorización de un acto de autoridad), sino en todo momento dentro de una relación laboral con el particular actor. Consecuentemente, el incumplimiento por parte de la extinta Secretaría de Seguridad Pública y/o Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala, a una sentencia dictada en su contra no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo. Sin que sea óbice que la demanda de amparo se haya admitido en proveído de veinte de junio de dos mil diecisiete, no obstante que el acto reclamado no proviene de autoridad para efectos del juicio de amparo, habida cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 54/2012, publicada Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro X, Julio de 2012, Tomo 2, p. 929, sostuvo que el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo. ... En tal virtud, dado que a la extinta Secretaría de Seguridad Pública y/o Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala -señalada como autoridad responsable por la parte quejosa-, no le reviste el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo respecto del acto que se le reclama, se impone decretar el sobreseimiento de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional respecto del acto reclamado, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En esas circunstancias, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON DOCE MINUTOS DEL TRECE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE; por tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido.

  4. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de once de julio de dos mil diecisiete: Agréguese a los autos el oficio con un anexo, en atención a su contenido, se tiene al Magistrado de la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala; rindiendo su informe justificado, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene por ofrecida la documental que anexa la autoridad oficiante consistente en copia certificada del Toca Administrativo 408/2013 de su índice, en términos del numeral 119, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo; documental a la que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Ahora, del contenido del informe justificado rendidos por la autoridad responsable, se advierte que ha dejado de existir la omisión reclamada que dio origen al presente juicio, atento a las consideraciones siguientes: En primer término resulta oportuno precisar que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, lo constituye la omisión de realizar los actos necesarios para lograr el cumplimiento de la resolución definitiva y/o sentencia de veintiuno de abril de dos mil catorce, dictada en el Toca Administrativo 408/2013. Ahora, del contenido del informe justificado de cuenta, se advierte que el Magistrado de la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, señala que es cierto el acto reclamado; sin embargo, precisa que el siete de julio de dos mil diecisiete, comparecieron ante dicha autoridad el quejoso Emilio Sosa Jiménez y la autoridad señalada como responsable en el citado expediente (aquí tercero interesada), a efecto de dar cumplimiento a la sentencia de veintiuno de abril de dos mil catorce, por lo que, previo pago y recibo de la cantidad ordenada en la sentencia de mérito, se tuvo por cumplida en su totalidad y se ordenó archivar el asunto como total y definitivamente concluido. Para lo cual, la autoridad responsable en el juicio de origen Secretaría de Seguridad Pública emitió el cheque número 0000033 de nueve de junio de dos mil diecisiete, expedido por la institución bancaria Banorte, por la cantidad de $83,030.00 (ochenta y tres mil treinta pesos 00/1000 Moneda Nacional) a nombre del quejoso Emilio Sosa Jiménez quien recibió el cheque por la liquidación exhibida por la autoridad responsable de origen y manifestó su conformidad con dicha liquidación circunstancia que se acredita con la copia certificada que adjuntó a su informe justificado la autoridad responsable. Lo anterior pone de relieve que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues al realizar los actos señalados, cesó la omisión reclamada que dio origen al presente juicio; circunstancia que impone decretar el sobreseimiento del juicio fuera de la audiencia de ley. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente la parte quejosa, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. Bajo esa óptica, como se precisó, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de realizar los actos necesarios para lograr el cumplimiento de la resolución definitiva y/o sentencia de veintiuno de abril de dos mil catorce, dictada en el Toca Administrativo 408/2013 del índice de la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De conformidad con el precepto legal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Ahora, para mejor comprensión del presente acuerdo, debe analizarse la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión de realizar los actos necesarios para lograr el cumplimiento de la resolución definitiva y/o sentencia de veintiuno de abril de dos mil catorce, dictada en el Toca Administrativo 408/2013 del índice de la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, que puede vulnerar el derecho fundamental establecido en el artículo 17, párrafo segundo, constitucional, que prevé: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del precepto constitucional transcrito se desprende que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; asimismo, que su servicio será gratuito, quedando prohibidas las costas judiciales. Ahora, en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que el Magistrado de la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, adjuntó copia certificada de todo lo actuado dentro del toca administrativo número 408/2013 de su índice, de la que se advierte que el siete de julio de dos mil diecisiete, comparecieron las partes actora y demandada en dicho expediente, a efecto de dar cumplimiento a la resolución emitida el veintiuno de abril de dos mil catorce dictada en dicho expediente. Al respecto, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que, en la sentencia de veintiuno de abril de dos mil catorce emitida en el toca administrativo 408/2013 se condenó a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala, para que previa liquidación, procediera a efectuar el pago del finiquito al aquí quejoso, posteriormente, el treinta de mayo de dos mil dieciséis se emitió la resolución correspondiente a la planilla de liquidación, en la que se aprobó el monto de un finiquito por la cantidad de $83,030.00. En ese sentido, el siete de julio de dos mil diecisiete, comparecieron ante la autoridad responsable las partes actora y demandada, para lo cual está última (Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala), emitió el cheque número 000033 de nueve de junio de dos mil diecisiete, expedido por la institución bancaria Banorte, por la cantidad de $83,030.00 (ochenta y tres mil treinta pesos 00/1000 Moneda Nacional) a nombre del quejoso Emilio Sosa Jiménez quien recibió dicha cantidad por la liquidación exhibida por la autoridad responsable de origen y manifestó su conformidad con la misma. De lo anterior se concluye que los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación, pues la omisión de que se duele la parte quejosa se subsanó al llevarse a cabo la diligencia de siete de julio de dos mil diecisiete, en los términos apuntados. Finalmente, cabe precisar que si bien en la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, el quejoso señaló como autoridad responsable a la extinta Secretaría de Seguridad Pública y/o Comisión Estatal de Seguridad Pública, a quien se le requirió informe justificado, sin que a la fecha en que se actúa, lo haya rendido. Lo cierto es que por cuanto hace a dicha autoridad, se actualizaría oficiosamente la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, del citado ordenamiento jurídico respecto del acto que se atribuye en la presente instancia constitucional, en virtud que no le reviste el carácter de autoridad para los efectos del presente juicio constitucional. En efecto, los artículos 61, fracción XXIII, 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De la interpretación armónica de los preceptos legales transcritos, se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, por normas generales o actos de "autoridad" que violen los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los Tratados Internacionales de los que México sea parte y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. Lo anterior pone de manifiesto que el acto de autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de garantías, pues así lo dispone el artículo 1º de la Ley de Amparo, que condiciona su procedencia a que el acto reclamado se encuentre constituido por normas generales o actos de autoridad. En este tenor, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por autoridad responsable debe considerarse a aquellos entes que, con fundamento en una norma legal, emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado, por lo cual, debe analizarse en cada caso, si la autoridad señalada como responsable tiene la facultad para tomar decisiones o emitir resoluciones que afecten la esfera jurídica del quejoso. En otras palabras, para atribuir el carácter de "autoridad" para efectos del juicio de amparo, debe atenderse a las relaciones jurídicas entre el gobernado y la autoridad, es decir, que exista una relación de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente público señalado como autoridad responsable actúe en un plano superior, para lo cual, debe reunir como notas distintivas las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y; Que para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Bajo esa óptica, del análisis de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama la omisión de realizar los actos necesarios para lograr el cumplimiento de la resolución definitiva y/o sentencia de veintiuno de abril de dos mil catorce, dictada en el Toca Administrativo 408/2013, del índice de la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. En esa tesitura, tal omisión no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, en virtud de que la extinta Secretaría de Seguridad Pública y/o Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala -señalada como responsable por la parte quejosa-, no actúa con base en su potestad administrativa, sino en su calidad de demandada. Esto es así, pues de las constancias de autos se advierte que la Secretaría señalada como responsable, tiene el carácter de parte demandada en el toca administrativo de donde emana el acto reclamado; por tanto, debe sostenerse que tal autoridad no tiene una relación de supra a subordinación con el peticionario del amparo, ni su actuación resulta unilateral, por lo que su intervención se equipara a la de un particular. Ahora bien, el artículo 568 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, de aplicación supletoria a la Ley del procedimiento Administrativa del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, dispone: "TITULO OCTAVO EJECUCION DE SENTENCIAS CAPITULO I Ejecución de sentencias dictadas por los tribunales del Estado Artículo 568. Debe ejecutar las sentencias, el Juzgado que las hubiere pronunciado en primera instancia." Del artículo transcrito deriva, lo siguiente: La ejecución de las sentencias debe realizarse por el órgano que las hubiere pronunciado. En esencia, en el procedimiento para conseguir la ejecución de las sentencia, conforme a lo previsto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, de aplicación supletoria a la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, en materia procesal, se otorga al órgano que la haya emitido. Por lo anterior, resulta inconcuso que el plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales y la igualdad procesal que subyace en ellas, se extiende también al ámbito de la ejecución de las sentencias, donde, en su caso, como sucede con cualquier particular, su incumplimiento por parte de la autoridad demandada puede ser vencido a través de los instrumentos legales con que cuenta la autoridad administrativa para lograr el cumplimiento de las sentencias que emite. Es decir que, desde ese modelo, la autoridad demandada -extinta Secretaría de Seguridad Pública y/o Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala-, no actúa en un esquema de supra a subordinación (como condición para la categorización de un acto de autoridad), sino en todo momento dentro de una relación laboral con el particular actor. Consecuentemente, el incumplimiento por parte de la extinta Secretaría de Seguridad Pública y/o Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala, a una sentencia dictada en su contra no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo. Sin que sea óbice que la demanda de amparo se haya admitido en proveído de veinte de junio de dos mil diecisiete, no obstante que el acto reclamado no proviene de autoridad para efectos del juicio de amparo, habida cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 54/2012, publicada Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro X, Julio de 2012, Tomo 2, p. 929, sostuvo que el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo. ... En tal virtud, dado que a la extinta Secretaría de Seguridad Pública y/o Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala -señalada como autoridad responsable por la parte quejosa-, no le reviste el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo respecto del acto que se le reclama, se impone decretar el sobreseimiento de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional respecto del acto reclamado, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En esas circunstancias, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON DOCE MINUTOS DEL TRECE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE; por tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido.

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