Emilio Perez Andrade
Expediente 1327/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1327/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 28/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Emilio Perez Andrade
- Alvaro Perez Andrade
- Juez Sexto de Primera Instancia En Materia Civil, Ciudad
- ALEJANDRA ANDRADE MOLINA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
El veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, se da cuenta al juez dentro del juicio de amparo 1327/2022, con la certificación secretarial que antecede y con el estado de autos. Conste.Morelia, Michoacán, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, y transfiéranse éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. Asimismo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el original del incidente de suspensión. Devuélvase a la autoridad responsable la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en dos tomos de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.Morelia, Michoacán, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, y transfiéranse éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. Asimismo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el original del incidente de suspensión. Devuélvase a la autoridad responsable la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en dos tomos de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.-Firmado- Morelia, Michoacán, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, y transfiéranse éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. Asimismo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el original del incidente de suspensión. Devuélvase a la autoridad responsable la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en dos tomos de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.-Firmado-
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de 23 de febrero de dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 1327/2022, promovido por Ana Yesli Herrera Manríquez, en su carácter de mandataria de ******************** y del menor ********************; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintisiete de octubre de dos mil veintidós ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Ana Yesli Herrera Manríquez, en su carácter de mandataria de ******************** y del menor ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con residencia en esta ciudad. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión, conocimiento previo y returno. Por cuestión de turno, el conocimiento inicial de la demanda correspondió al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, órgano que la tuvo por recibida el veintiocho de octubre del año pasado (foja 15), ordenó registrarla con el número 1156/2022, formuló prevención y mediante auto de veintinueve de noviembre siguiente (foja 29) planteó el returno del asunto a este juzgado, al estimar actualizado el supuesto previsto en el artículo 46, fracciones II y IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -conocimiento previo- atendiendo a que este juzgado conoció del diverso juicio de amparo 596/2022, en el que la parte quejosa también reclamó actos derivados del juicio especial oral familiar 100/2021. Tercero. Avocamiento de este juzgado al presente juicio de amparo. En mérito de lo expuesto, mediante auto de siete de diciembre del año pasado (foja 35) este órgano de control constitucional se avocó al conocimiento del asunto, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a la autoridad responsable su informe de ley y se ordenó dar vista al Agente del Ministerio Público de la adscripción. En auto de veintidós de diciembre de dos mil veintidós (foja 53) se reconoció el carácter de terceros interesados a ********************, por lo que se ordenó su emplazamiento. Finalmente, el nueve de enero del año en curso (foja 62) se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo con el resultado consignado en el acta que antecede; por ello, quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda, en términos de los siguientes CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 49 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado fue emitido por una autoridad que reside en un lugar en donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 181810, del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio mencionado, el acto reclamado por el quejoso al Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con sede en esta ciudad, consiste en: El auto de seis de octubre de dos mil veintidós emitido en el juicio oral familiar 100/2021, que sobre pago de alimentos promovió ********************, por propio derecho y en representación de ******************** y del menor ********************, en contra de ********************, mediante el cual se negó la petición de sacar a remate los inmuebles dados en juicio como garantía de los alimentos, bajo el argumento que sobre dichos bienes no pesa gravamen o embargo alguno; adicionalmente, se motivó que para sacarlos a remate se requiere que se precise la cantidad que a la fecha adeudan los obligados alimentarios. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 192097, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 52). Lo anterior se corrobora con las pruebas documentales que acompañó, consistente en testimonio autorizado del expediente 100/2021 (un tomo). Pruebas con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de ahí que se tengan debidamente probados los actos reclamados. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Sin embargo, en el presente caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. La promovente de amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo. Para una mejor comprensión del asunto de que se trata, resulta conveniente hacer una breve relación de los antecedentes del juicio oral familiar de pago de alimentos 100/2021, del que deriva el acto reclamado, así se tiene que: En escrito presentado el diez de marzo de dos mil veintiuno, ******************** por propio derecho y en representación de ******************** y del menor A.P.A., demandó en la vía especial oral familiar el pago de alimentos a ********************, en favor de sus sobrinos, admitiéndose el dieciocho del citado mes y año. Seguido el juicio en sus trámites legales, el dieciocho de noviembre de la anualidad próxima pasada, se dictó sentencia definitiva, al tenor de los siguientes puntos resolutivos: "SEGUNDO. Resultó fundada la acción que en la vía especial oral familiar sobre pensión alimenticia, promovió ********************, en cuanto representante legítima de sus entonces sobrinos menores de edad, frente a ********************. TERCERO. De acuerdo a lo considerado en el considerando respectivo, se aprueba el convenio celebrado por las partes en el juicio, mismo que se eleva a la categoría de cosa juzgada toda vez que las partes lo consintieron expresamente, con las salvedades del caso.". De dicho convenio es importante resaltar la cláusula séptima, en la que se determinó que para garantizar el pago de la asignación alimenticia convenida, se gravarían dos inmuebles consistentes en: La casa habitación ubicada en la calle Sánchez de Tagle 1047, de la colonia Ventura Puente, de esta ciudad, la cual está inscrita a nombre de ********************y, La casa habitación ubicada en la calle Rafael Zayas Enríquez, actualmente Rafael Zayas 75, esquina con calle Carlos López, del Fraccionamiento Lomas de Santa María, de la tenencia de Santa María de Guido, de esta ciudad, inscrita a nombre de ******************** Por lo anterior, se ordenó girar oficio a efecto de que la Dirección del Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado, realizara la anotación marginal en las citadas propiedades, en el sentido que las mismas no pueden transmitirse, gravarse o donarse, porque quedaron constituidas como garantía alimentaria en ese procedimiento jurisdiccional. Mediante ocurso de tres de octubre de dos mil veintidós (foja 207 del tomo de pruebas), la promovente del amparo solicitó se ordenara el remate de los bienes dados en garantía alimentaria; petición a la que recayó el auto reclamado de seis de octubre del año pasado, en el que el juez responsable, negó dicha solicitud, bajo el argumento que sobre dichos bienes no pesa gravamen o embargo alguno; adicionalmente, dijo que para sacarlos a remate se requiere que se precise la cantidad que a la fecha adeudan los obligados alimentarios. Establecido el anterior contexto procesal, en sus conceptos de violación, la parte quejosa aduce esencialmente, que la determinación reclamada es ilegal, ya que el secuestro y embargo son lo mismo, porque a través de ellos se garantiza el pago de un adeudo; por ello, afirma, cuando las garantías que se otorgan no se cumplen, se deben hacer valer vía ejecución. Entonces, dice, si la garantía otorgada en el juicio familiar de origen fue constituida para garantizar los alimentos, ante el incumplimiento, debe procederse a su remate. Conceptos de violación que se impone declarar inoperantes, ya aunque este juzgador advierte vicios de fundamentación y motivación en la emisión del acto reclamado, de cualquier modo, la pretensión de la parte quejosa para que se rematen los bienes dados en garantía en el juicio familiar de origen, es improcedente por razones diversas a las señaladas por el juez responsable; por lo mismo, la concesión del amparo en el fondo, no obtendría una resolución favorable a los intereses de los quejosos. Se cita como sustento de lo anterior, la tesis aislada XXXII.4 K (10a.) emitida por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con registro digital: 2020885, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. LO SON AQUELLOS QUE, AUN CUANDO SEAN FUNDADOS, EL ÓRGANO DE AMPARO ADVIERTE UN DIVERSO MOTIVO QUE HACE IMPROCEDENTE LA ACCIÓN INTENTADA RESPECTO DE LA ANALIZADA EN LA SENTENCIA IMPUGNADA, YA QUE NI CON LA CONCESIÓN DEL AMPARO, EL QUEJOSO OBTENDRÍA UNA RESOLUCIÓN FAVORABLE A SUS INTERESES. El artículo 189 de la Ley de Amparo dispone que el órgano jurisdiccional procederá al estudio de los conceptos de violación atendiendo a su prelación lógica y favoreciendo en todo caso el estudio de aquellos que, de resultar fundados, redunden en un mayor beneficio para el quejoso, lo que denota la intención del legislador de privilegiar la resolución de la controversia en una sola oportunidad, lo cual, a su vez, es acorde con el principio de justicia pronta, establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, toda vez que el Tribunal Colegiado de Circuito, al conocer de un juicio de amparo directo, tiene a su disposición el expediente del que deriva el acto reclamado, se encuentra en condiciones de verificar si los hechos y las pruebas desahogadas en el juicio de origen son eficaces o no para acreditar la procedencia de las prestaciones reclamadas. En ese tenor, si alguno de los conceptos de violación planteados por el quejoso, actor en el juicio de origen, resulta fundado, pero del examen de dicho expediente se aprecia que la acción intentada por éste es improcedente, por razones diversas a las examinadas en la sentencia impugnada, esos motivos de queja, aunque fundados, deben declararse inoperantes, pues aun con la concesión del amparo, en el fondo, no obtendría una resolución favorable a sus intereses." Se estima de esa manera, porque aunque es cierto que al argumentar en el auto reclamado que sobre dichos bienes no pesa gravamen o embargo alguno y que para sacarlos a remate se requiere que se precise la cantidad que a la fecha adeudan los obligados alimentarios, el juez responsable desconoce que la garantía real que pesa en los dos inmuebles materia del convenio, avala el derecho alimentario de los quejosos y que por ende, no se requiere realizar diverso secuestro o embargo, también lo es que, la vía de ejecución para hacer efectiva dicha garantía, no lo es el remate judicial. Para dar sustento a dicha afirmación, debe decirse que en el caso sujeto a regularidad constitucional, no queda duda que derivado del convenio suscrito por las partes en la contienda de origen, se constituyó una garantía real en los dos inmuebles, a efecto de avalar la obligación alimentaria determinada a cargo de ********************; lo que se evidencia del oficio que se remitió al Director del Registro Público Raíz en el Estado, en el que se le indicó que dichos inmuebles no pueden transmitirse, gravarse o donarse, porque quedaron constituidos como garantía alimentaria en ese procedimiento jurisdiccional. Garantía que aunque no se motivó así, quedó configurada en términos del artículo 257, fracción III, del Código Familiar del Estado de Michoacán, que dispone: ""Artículo 257. La propuesta de convenio deberá contener: I. La designación sobre la guarda y custodia de los hijos menores de edad o con discapacidad durante el procedimiento y después de ejecutoriado el divorcio; II. El régimen de visita y convivencia respecto del progenitor que no tenga la guarda y custodia de los hijos, tomando en cuenta los horarios de comidas, descanso, estudio, circunstancias personales e interés superior de estos, precisando los días y las horas; III. La cantidad que por concepto de alimentos se propone, para atender las necesidades de los hijos y en su caso del cónyuge a quien deba darse alimentos, la forma, lugar y temporalidad para hacerlo, los elementos que permitan al juez autorizarla, así como la garantía para asegurar su cumplimiento; y, IV. La manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el procedimiento y hasta que se liquide, así como la forma de liquidarla después de decretado el divorcio, exhibiendo para ese efecto las capitulaciones matrimoniales, el inventario, avalúo y el proyecto de partición. De no ocuparse la propuesta de convenio de alguno de los puntos precitados o no ser clara y precisa, se requerirá al solicitante mediante notificación personal para que la complete o aclare dentro del término de tres días, apercibiéndole que de no hacerlo, se desechará de plano. Procediéndose de igual manera respecto a la contrapropuesta. Si el solicitante no manifiesta expresamente su voluntad de divorciarse, no se admitirá su escrito inicial. La garantía para asegurar el debido cumplimiento y subsistencia de la obligación alimentaria, deberá ser aprobada por el juez de instrucción según las circunstancias del caso, escuchando para ello la opinión del ministerio público, pudiendo ser otorgada por cualquiera de los medios previstos por la ley sustantiva civil; si se llegase a optar por un fiador, deberá renunciar a los beneficios de orden y excusión." Lo resaltado es propio. Desde la doctrina procesalista, las garantías constituyen mecanismos que tienden a garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago; legalmente, pueden clasificarse desde su género en reales y personales y desde su especie, en fianza, prenda o hipoteca. Las garantías reales, son aquellas en que el deudor (titular de la obligación), ofrece como resguardo un bien propio o de otra persona, y que puede recaer en un bien inmueble (una casa) o un mueble (un camión); en cambio, las personales son aquellas en que no se tiene en cuenta ningún bien concreto como garantía directa y específica para asegurar el pago. Lo importante de este tipo de garantías es la persona, quien, en forma personal, garantiza el cumplimiento de la obligación (el monto adeudado, por ejemplo). En este caso, el deudor responde con todo su patrimonio, presente o futuro. En cuanto a su especie, tenemos que la prenda es un contrato que se constituye sobre un bien mueble, que se puede trasladar de un lugar a otro, para responder por una obligación que se ha contraído. Los bienes objeto de la prenda pueden permanecer en poder del constituyente o deudor, de terceros, o del acreedor. Extinguida la deuda garantizada, se pide que se deje sin efecto la prenda y se restituyan las cosas prendadas, si no estuvieran en poder del deudor. Mientras que, la hipoteca se constituye sobre un bien inmueble, ya sea de propiedad del deudor o de un tercero que consiente en ello (los inmuebles son aquellos que no pueden trasladarse de un lugar a otro, como una vivienda o una hacienda), para responder por un préstamo en dinero u obligación, que se ha recibido o contraído, mediante el remate del bien raíz, objeto de la garantía, en caso de incumplimiento. Por su parte, la fianza es un contrato por el cual una persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor, si éste no lo hace; puede ser legal, judicial, convencional, gratuita o a título oneroso. Bajo tales consideraciones, es evidente que contrario a lo afirmado por el juez responsable, la garantía que se estableció en los bienes inmuebles antes aludidos, consolida por sí misma, un mecanismo que responde y garantiza la obligación de los deudores de los alimentos; por ende, como está establecida en el juicio natural, no requiere que se liquide una cantidad específica y que posteriormente, se realice un secuestro o embargo, de los mismos, dado que, se insiste, en estos momentos ya responde como mecanismo para el cumplimiento de la obligación. Pese a ello, no es cierto como lo afirma la promovente del amparo, que la garantía real ya constituida en el expediente de origen, pueda ejecutarse a través de un procedimiento de remate judicial, pues de conformidad con los artículos 276, 804 y 1000 del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo, las cuestiones relativas al cumplimiento, modificación o extinción de convenio aprobado por autoridad judicial, deben tramitarse en juicio especial oral autónomo, como se aprecia: "Artículo 276. La modificación o extinción de alguna de las prestaciones materia de convenio o determinadas por el juez, se hará conforme al procedimiento especial oral. Artículo 804. Cuando el juicio verse sobre cumplimiento, modificación o extinción de convenio aprobado por autoridad judicial, será competente el juez de primera instancia que haya conocido del trámite en el que el acuerdo de voluntades fue autorizado. Artículo 1000. Se tramitarán en el procedimiento especial oral los asuntos relativos a: I. Alimentos; II. Diferencias que surjan entre cónyuges y concubinos, sobre administración de los bienes comunes y cuestiones relacionadas con los hijos; III. Custodia o convivencia; IV. Rectificación, aclaración y levantamiento de actas del registro civil; V. Modificación o extinción de convenios; y, VI. Todos los demás que la ley prevea deben ser tramitados por esta vía." Bajo ese orden de ideas, como la pretensión esencial de la parte quejosa es que, ante el incumplimiento de las obligaciones de alimentos a cargo de los deudores, se haga efectiva la garantía constituida en los inmuebles antes referidos y se rematen; entonces, conforme al parámetro legal inserto, es incuestionable que dicho aspecto al tratarse de una cuestión de incumplimiento de convenio, debe ventilarse en acción autónoma. Sobre todo, porque lo que se pretende es desincorporar del patrimonio de los deudores, los bienes sujetos a garantía, para que satisfagan el derecho alimentario de ******************** y del menor ******************** y por ello, es lógico que el legislador estableciera como requisito de procedibilidad, que se realice mediante juicio autónomo en el que se garantice a los deudores, audiencia previa. Por lo anterior, se insiste, al existir impedimento legal diverso al argumentado por el juez natural, para que los bienes sujetos a garantía dentro del procedimiento familiar de origen, sean sacados a remate, es que los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa se tornan inoperantes, ya que incluso concediendo el amparo, en el fondo, los quejosos no obtendrían una resolución favorable a sus intereses. En las condiciones apuntadas, ante lo inoperante de los conceptos de violación propuestos y sin que se advierta deficiencia alguna que deba suplirse a favor de ******************** y del menor ********************, en términos de lo previsto en el artículo 79 de la Ley de Amparo, se concluye que la quejosa no demostró que el acto reclamado infrinja en su perjuicio, los derechos fundamentales consignados en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo que se impone es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ******************** y del menor ********************, en contra del acto reclamado al Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte tercera interesada por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, la sentencia de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo.
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