Emilio Paz Cazares
Expediente 428/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 428/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 21/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Emilio Paz Cazares
- Juez Primero de Control y Enjuiciamiento del sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Morelia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de veintiuno de julio de dos mil veintidós, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 428/2022; promovido por ********************, por su propio derecho; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecinueve de abril de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, ********************, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia y de otras autoridades, que estimó violatorios de los artículos 1º, 8º,14, 16, 17, 20 apartado B), 21 y 133 de la Constitución. Segundo. Admisión de la demanda. Por razón de turno le correspondió el conocimiento del asunto a este juzgado federal, se registró bajo el número 428/2022, y en auto de veinte de abril de dos mil veintidós, admitió la demanda de amparo; pidió los informes justificados a las responsables; dio Agente del Ministerio Público de la federación adscrito la intervención legal que le compete. En auto de diez de mayo de dos mil veintidós, se reconoció el carácter de tercero interesado a ********************, dado que es la parte ofendida en el proceso penal 1150/2021, y a Erika Daniela Ruiz y Heriberto Bautista Uribe, Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Justicia de Morelia, a quienes se ordenó emplazar a juicio; así, seguido el juicio por sus trámites legales, celebró la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues la orden de aprehensión reclamada es susceptible de tener ejecución material en el ámbito territorial sobre el que ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, el acto reclamado al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Acusatorio y Oral, Región Morelia, Michoacán al Fiscal General del Estado de Michoacán, al Director de Litigación de la Fiscalía General de Justicia de la Región, Morelia, al Director de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado, al Coordinador General de la Policía de Investigación del Estado, todas con residencia en esta ciudad y al Encargado de la Policía de Investigación del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán: La orden de aprehensión dictada en contra del quejoso ********************, el cinco de enero de dos mil veintidós, en la causa penal 1150/2021, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de daño en las cosas doloso, en perjuicio de ********************, previsto y sancionado en el artículo 228 fracción II, en relación con el 19 fracción I, 20 fracción II y 24 fracción III, del Código Penal del Estado, y su ejecución. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado al Director de Litigación de la Fiscalía General de Justicia de la Región, Morelia y al Encargado de la Policía de Investigación del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, por así manifestarlo al rendir su informe justificado, sin que el quejoso desvirtuara dicha negativa. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado atribuido a la autoridad responsable mencionada se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, procede sobreseer en el juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Cuarto. Certeza de los actos. El Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Acusatorio y Oral, Región Morelia, Michoacán, el Fiscal General del Estado de Michoacán, el Director de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado, y el Coordinador General de la Policía de Investigación del Estado, con residencia en esta ciudad, aceptaron la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con el disco magnético que remitió la primera de las autoridades como complemento a su informe justificado, en el que obra la audiencia privada de solicitud de orden de aprehensión desahogada el cinco de enero de la anualidad que transcurre. Probanza que alcanzan valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, agosto de dos mil trece, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación, materia común, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Luego, se tienen por ciertos los actos reclamados a la citada autoridad responsable. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Quinto. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Sin embargo, en el presente caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Sexto. Análisis de fondo. El promovente del amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Son infundados los conceptos de violación, sin que en el caso se advierta queja que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, dado que, quien esto resuelve, considera que lejos de beneficiar al quejoso le perjudica o no le es favorable, ya que esto implicaría perfeccionar de alguna manera el acto reclamado, lo que no es objeto del juicio de amparo, habida cuenta que la resolución de cinco de enero de dos mil veintidós, no transgrede los derechos fundamentales del amparista previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." El peticionario de amparo manifiesta en esencia, que el juez responsable vulneró en su perjuicio el debido proceso y las formalidades esenciales del procedimiento. Como ya se adelantó dicho concepto de violación devienen infundado. Para dar sustento a la premisa anterior, se estima necesario traer a glosa el contenido de los artículos 14, 16, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 141, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en su orden disponen. "De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. "Artículo 16. [.] No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." "Del Código Nacional de Procedimientos Penales. "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario." De los artículos transcritos se advierte que una orden de aprehensión es constitucional cuando reúne los siguientes requisitos: Que sea dictada por autoridad judicial competente; b) Que le preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad; c) Que los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su comisión; d) La necesidad de cautela; y, e) Asimismo, que deberá señalar el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito que se atribuye al imputado. Que el mandamiento se emita por autoridad competente. El requisito identificado con el inciso a), relativo a que la orden sea dictada por autoridad competente se cumple en el caso, ya que la orden de aprehensión que se reclama la emitió una autoridad judicial competente, esto es, el Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, Michoacán. Se estima lo anterior, porque la autoridad responsable fundó su competencia [Min 11:35:54] para emitir la orden de aprehensión reclamada, en los artículos 16 de la Constitución, 20, fracción I y 133, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, relacionados con el 37 y 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Ello además, tomando en consideración que los hechos delictivos acontecieron en la tenencia de Zirahuén, Municipio de Salvador Escalante, lugar donde legalmente ejerce jurisdicción la autoridad responsable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 Fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; entonces, es claro que la Juez de Control de la Región Morelia, Michoacán, es competente para emitir el acto reclamado. Que preceda querella o denuncia. El requisito identificado con el inciso b), relativo a que al acto reclamado le preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, se cumplió en el caso, ya que la carpeta de investigación que se integró en contra de ********************, se inició con motivo de la denuncia presentada por ********************. Que los datos de prueba expuestos por el fiscal, determinen la acreditación de un hecho señalado por la ley como delito. Para justificar que se actualiza el cumplimiento del requisito del inciso c), es importante mencionar que el numeral que prevé y sanciona el hecho delictivo de daño en las cosas doloso que nos ocupa disponen lo siguiente: "Artículo 228. Daño en las cosas doloso A quien dolosamente destruya o deteriore una cosa ajena o propia en perjuicio de otro, se le impondrá las siguientes consecuencias jurídicas: [.] II. De uno a dos años de prisión y de ciento cincuenta a cuatrocientos días multa, cuando el valor del daño exceda de veinte veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización pero no de trescientas veces;" A fin de afirmar que efectivamente existe un hecho previsto y sancionado por los numerales transcritos, los datos expuestos por el Ministerio Público, son los siguientes: La denuncia presentada el quince de diciembre de dos mil veinte, por el representante legal y asesor de ********************, rendida ante el Agente del Ministerio Público [Min.11:15:27]. La querella presentada por la víctima ******************** [Min. 11:17:21]. 3. La entrevista del testigo presencial ******************** de veinticinco de enero de dos mil veintiuno [11:21:07]. La entrevista del testigo presencial ******************** de veinticinco de enero de dos mil veintiuno [11:22:31]. Una memoria USB con grabación del día de los hechos [11:23:19]. 5. La constancia de autorización de ********************, de cinco de febrero de dos mil veintiuno para ingresar al inmueble y recabar pruebaa [11:23:12]. 6. La entrevista del testigo ******************** de doce de febrero de dos mil veintiuno [Min.11:23:43]. 7. La pericial en el inmueble rendida por ********************, así como la diversa pericial contable emitida por ******************** [Min.11:24:44]. 8. El dictamen de análisis de video de UASB de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno [Min 11:26:00]. 9. El dictamen de inspección a lugar de veinte de julio de dos mil veintiuno, rendido por ********************[Min 11:26:57]. 10. La carpeta de investigación ********************, en el que obra un dictamen de medidas y colindancias [Min 11:27:7]. 11. El Testimonio de ******************** [Min 11:29:33. Datos de prueba con los que el juez responsable estimó que resultaban aptos, idóneos y suficientes para justificar el hecho anunciado por el ministerio público, que lo llevaron a concluir medularmente que, el once de diciembre de dos mil veinte, ******************** junto con ********************, ********************, ********************, y ********************, realizaron trabajos en una fracción del predio propiedad de ********************, denominado ********************ubicado en la ********************, colocando bases de concreto para construir una casa que habitara una persona para vigilar que no se realizara la tala de árboles. Que el día catorce de diciembre aproximadamente a las doce treinta horas, al estar realizando los trabajos en el referido predio, ingresaron al lugar varias camionetas ocupadas por al menos cien personas, al parecer de la comunidad de Zirahuén, las cuales portaban machetes, palos y piedras, quienes iban comandados por ******************** y ********************, que en esos momentos ******************** se dirigió a ******************** y de manera agresiva le dijo que si no dejaba de construir lo iba a matar, al mismo tiempo ******************** y ******************** con marro en mano, comenzaron a romper las bases de concreto que estaban colocadas; que en esos momentos ******************** comenzó a grabar con su teléfono celular y los investigados le dijeron que dejara de grabar o lo lamentaría, por lo que debido a las amenazas que recibieron, decidieron retirarse del lugar y continuaron los ahora investigados. Que aproximadamente a las catorce horas con treinta minutos ******************** junto con las otras personas regresaron al lugar y se percataron que estaban destruidas las bases que colocaron y que se había sustraído material de construcción, ocasionando un detrimento a la víctima de diez mil doscientos sesenta pesos [Min. 11:38:28]. En concordancia con lo anterior, debe decirse que el juez responsable en forma correcta tuvo por acreditado el hecho que la ley señala como delito de daño en las cosas doloso, toda vez que con los datos de prueba se demostró que el imputado causó daños a la construcción que estaba realizando. Probable participación. El juez responsable estimó con base en los datos de prueba, que quien probablemente llevó a cabo el delito de daño en las cosas -entre otros- fue el quejoso, lo que tuvo por evidenciado de la propia denuncia de ******************** quien estuvo presente, así como con los testimonios de ******************** y ******************** quienes coincidieron en señalar que el quejoso ejecutó la conducta atribuida por el Ministerio Público [Min. 11:38:28]. Necesidad de cautela. En cuanto a la necesidad de cautela para poder emitir la orden de aprehensión reclamada, precisó que se cumplía con el requisito exigido por el artículo 141 fracción III del Código Nacional de Procedimientos Penales, aunado a que evadió una orden de comparecencia y que fue debidamente citado, siendo la orden de aprehensión el único medio de conducción [Min. 11:45:00]. Circunstancias de tiempo, modo y lugar. Se reitera, que la juez responsable consideró que los datos de prueba son suficientes para establecer razonablemente que el catorce de diciembre aproximadamente a las doce treinta horas, cuando el ofendido realizaba trabajos de construcción en el predio ubicado en el ********************ubicado en la ********************, ingresaron al lugar varias camionetas ocupadas por al menos cien personas, al parecer de la comunidad de Zirahuén, las cuales portaban machetes, palos y piedras, quienes iban comandados por ******************** -entre otros- que con marro en mano, comenzaron a romper las bases de concreto que estaban colocadas; que debido a las amenazas que recibió el ofendido y sus acompañantes se retiraron del lugar. Que aproximadamente a las catorce horas con treinta minutos ******************** regresó y se percataron que estaban destruidas las bases que colocaron y que se había sustraído material de construcción, ocasionando un detrimento a la víctima de diez mil doscientos sesenta pesos [Min. 11:38:28]. Por lo antes expuesto, se estima que contrario a lo referido por el quejoso el Juez responsable no vulneró las formalidades esenciales del procedimiento, además de que existen datos de prueba idóneos pertinentes y suficientes para emitir una orden de aprehensión en su contra, porque con los datos de prueba referidos por el fiscal se acreditan los elementos constitutivos del hecho delictuoso de daño en las cosas, así como su probable intervención en su comisión. En consecuencia, al no estar demostrada alguna violación a los derechos fundamentales del quejoso ********************, y sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir en su favor, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, por su propio derecho contra los actos y las autoridades precisados en el considerando tercero de la presente resolución. Segundo. Por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, contra los actos reclamados a las autoridades que quedaron señaladas en el considerando cuarto del propio fallo. Tercero. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintiuno de julio de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte tercero interesada por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de veintiuno de julio de dos mil veintidós, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las diez horas con treinta minutos del dieciséis de junio de dos mil veintidós, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán; ante la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 428/2022. Enseguida, la secretaria da cuenta al Juez de Distrito con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez de Distrito provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con la documental y disco compacto allegada por el juez de control responsable. Al respecto, el Juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. El Juez acuerda: Vista la cuenta precedente, se tiene por precluído el derecho de las partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia.Maestro en Derecho Procesal Constitucional
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