Emilio Peña Díaz
Expediente 1035/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 20 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1035/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 31/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Emilio Peña Díaz
- Fiscal 1° Primero de la Sub-Unidad Integral de Procuración de Justicia en la ciudad de Martínez de la Torre, Veracruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el proveído de ocho de mayo de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, interpusiera el recurso de revisión en su contra, sin que lo hubiera hecho; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha CAUSADO ESTADO; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno; y archívese el asunto como totalmente concluido. Cabe advertir que en el caso en estudio, no obra agregado el acuse de recibo del oficio dirigido a la autoridad responsable, a la que se le comunicó el sobreseimiento fuera de audiencia que recayó en el presente juicio; sin embargo, se estima jurídicamente innecesario esperar a la llegada de tal documento, toda vez que dicha determinación a quien en todo caso podría causar perjuicio sería a la parte quejosa y no a la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 648, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, página 434, con registro 394604, de rubro y contenido siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACION PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISION SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO. El artículo 87, de la Ley de Amparo, determina que las autoridades responsables sólo pueden interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente al acto que a cada una de ellas se haya reclamado, de ahí, que las responsables y en general las demás partes, sólo están legitimadas a recurrir los fallos de amparo que le son adversos, por tanto si el a quo sobreseyó en el juicio, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión, es inconcuso que el hecho valer por la autoridad responsable debe desecharse porque ésta carece de legitimación para hacerlo, supuesto que el sobreseimiento es solamente desfavorable a la parte quejosa, y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente." Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracciones I y III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente y el original del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, al haberse sobreseído fuera de audiencia el presente juicio, y negado tanto la suspensión provisional como la definitiva, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción de los mismos; en el entendido de que se procederá a su destrucción con posterioridad al TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado. En cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, resulta procedente decretar que el duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN al existir el original del incidente de suspensión, por lo que una vez transcurridos seis meses se procederá a la destrucción del mismo; por tanto, agréguese copia certificada de este proveído a los cuadernos incidentales.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, ocho de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que el quejoso en su escrito de demanda reclama de la autoridad responsable Fiscal Primero de la Sub-Unidad Integral de Procuración de Justicia en el Noveno Distrito Judicial, con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz, los actos siguientes: 1. La omisión de ordenar la devolución del vehículo marca Nissan Tsuru GSI, modelo 2017, motor GA16168545P, serie 3N1EB31S1HK333901, color blanco, con placas de circulación A542XCL, dentro de la carpeta de investigación UIPJ/DIX/MTZ/F2° /801/2018. 2. El excesivo tiempo de integrar de la carpeta de investigación UIPJ/DIX/MTZ/F2° /801/2018. Ahora bien, este juzgado de distrito tiene la obligación de analizar en todo momento, las constancias que obran en el presente expediente; y analizar de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en artículo 62 de la Ley de Amparo. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA OMISIÓN DE DEVOLVER UN VEHÍCULO En ese sentido, el suscrito estima que en relación al acto reclamado precisado en el punto número 1 se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." De lo transcrito, se desprende como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí ninguna huella. Por tanto, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; esto es, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Sirve de apoyo la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 193758, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Ahora bien, la autoridad responsable Fiscal Primero de la Sub-Unidad Integral de Procuración de Justicia en el Noveno Distrito Judicial, con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz, remitió copia certificada de la carpeta de investigación UIPJ/DIX/MTZ/F2°/801/2018, entre las que obran los oficios 6249/2018 y 6471/2018, este último de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho; documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por tratarse de actuaciones expedidas por autoridad legalmente competente para ello. En ese tenor, si la demanda de amparo fue presentada el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, y el veintinueve de noviembre de ese mismo año, la autoridad responsable notificó a la parte quejosa que era procedente la devolución física y material en depósito provisional del vehículo marca Nissan Tsuru GSI, modelo 2017, motor GA16168545P, serie 3N1EB31S1HK333901, color blanco, con placas de circulación A542XCL; por tanto, se concluye que han cesado los efectos de los actos omisivos reclamados, pues se ha dejado de afectar los derechos del solicitante de amparo por habérsele ordenado la devolución del vehículo antes descrito. En otras palabras, si de lo que se dolía la parte quejosa era la omisión de la autoridad responsable en devolverle el vehículo marca Nissan Tsuru GSI, modelo 2017, motor GA16168545P, serie 3N1EB31S1HK333901, color blanco, con placas de circulación A542XCL, dentro de la carpeta de investigación UIPJ/DIX/MTZ/F2°/801/2018 y, acudió a esta instancia constitucional con la pretensión de que se obligara a la responsable a que ordenara hacer entrega del citado vehículo automotor; luego, al habérsele devuelto, desapareció de la vida jurídica la omisión reclamada, lo que es suficiente para concluir que cesaron los efectos del acto reclamado. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia, debe decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo en relación al acto reclamado antes señalado. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA OMISIÓN DE INTEGRAR LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN Por cuanto hace al acto reclamado precisado en el numeral 2, se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Carta Magna, por los motivos que a continuación se expondrán: En efecto, el numeral artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." El anterior precepto legal establece la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la propia Ley de Amparo; es decir, se contempla la posibilidad de que la improcedencia del juicio tenga apoyo en alguna disposición de la Carta Magna. En ese orden de ideas, es necesario destacar lo establecido en el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, que preceptúa: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." El citado precepto constitucional, tiene estrecha relación con el artículo 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: [.] XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables;." De lo transcrito, se aprecia claramente la intención del legislador federal de dotar a las víctimas y ofendidos del delito, de la prerrogativa constitucional de impugnar ante autoridad judicial las omisiones en las que incurra el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones investigadoras; en otras palabras, la parte ofendida o víctima del delito tiene legitimación para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente e instarlo para que en caso de ser procedente ordene a la autoridad ministerial subsane las irregularidades u omisiones que existan en la investigación de los delitos. Por tanto, se advierte que tanto la Constitución Federal como la norma ordinaria, establecieron que las omisiones del Ministerio Público durante la etapa de investigación del delito, deben impugnarse ante el Juez de Control. Lo anterior, implica que a diferencia del sistema tradicional o inquisitivo, en el sistema procesal penal actual se amplió el marco de actuación de la autoridad jurisdiccional a una etapa antes del comienzo del proceso penal, es decir, anteriormente la autoridad ministerial realizaba toda la investigación sin intervención ni regulación de autoridad jurisdiccional y posteriormente consignaba el asunto a un Juez; sin embargo, actualmente la autoridad jurisdiccional tiene facultades para intervenir desde la etapa de investigación. Así, la etapa de investigación se judicializó con la incorporación de la figura del Juez de Control, con la intención de que, entre otras cosas, supervise los actos realizados por el Ministerio Público en la etapa de investigación, a fin de que no se transgredan en perjuicio de la víctima, ofendido o imputado, las garantías o derechos previstos constitucionalmente a su favor. Por tanto, se puede concluir que las omisiones en que incurra el Ministerio Público, tratándose del sistema procesal penal acusatorio, deben reclamarse en sede jurisdiccional, que en el caso resulta ser el Juez de Control; como se explica a continuación. Los artículos 3, fracción VII, 211 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen: "Artículo 3o. Glosario Para los efectos de este Código, según corresponda, se entenderá por: [.] VII. Juez de control: El Órgano jurisdiccional del fuero federal o del fuero común que interviene desde el principio del procedimiento y hasta el dictado del auto de apertura a juicio, ya sea local o federal;. [.]" "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. [.]" "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." De los preceptos transcritos, resulta patente que el Juez de Control es la autoridad jurisdiccional que interviene desde el inicio del procedimiento penal hasta el auto de apertura a juicio, así como que el procedimiento penal comienza desde la etapa de la investigación (que a su vez inicia con la presentación de la denuncia) y culmina con la etapa de juicio. Además, el artículo 258 citado prevé que la víctima u ofendido tiene la posibilidad de impugnar las determinaciones que afectan o impiden lograr su pretensión durante la investigación inicial, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las que por similitud en sus efectos, son equiparables a la afectación que sufren sus pretensiones cuando el agente investigador es omiso o negligente en dar seguimiento a la investigación puesta ante su conocimiento. Por tanto, si en el presente asunto se señala como acto reclamado la omisión de integrar la carpeta de investigación UIPJ/DIX/MTZ/F2°/801/2018, en la que el quejoso formuló querella por hechos probablemente constitutivos de delito, allegando para tal efecto a dicha carpeta de investigación los documentos que a su consideración eran necesarios para acreditar su interés en el asunto; por lo que el doce de septiembre de dos mil dieciocho, la autoridad responsable le reconoció el carácter de víctima u ofendido; resulta incuestionable que conforme lo previsto en el artículo 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal, en relación con los artículos 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la parte quejosa debe acudir ante el Juez de Control competente e impugnar las omisiones que a su criterio ha cometido la Fiscal responsable, para que así el órgano jurisdiccional, de considerarlo procedente, esté en condiciones de exigir al Ministerio Público la debida diligencia en la investigación de los posibles ilícitos, y agotado lo anterior, en caso de obtener una respuesta negativa o desfavorable a sus intereses, entonces ya estaría en condiciones de acudir a instar este medio de control constitucional. En efecto, si conforme a la norma fundamental como la ordinaria, se establece que la víctima u ofendido debe acudir primeramente ante el Juez de Control para que investigue los hechos que se hicieron de su conocimiento, resulta claro que se actualiza la causal de improcedencia en comento, ya que previo a instar el presente juicio de amparo, la parte quejosa debió comparecer ante el Juez de Control correspondiente a impugnar las omisiones en que a su consideración incurrió la Fiscal responsable. Lo anterior, es acorde a la naturaleza de la nueva figura del Juez de Control, pues como se vio, en el sistema procesal penal acusatorio que impera actualmente en el Estado Mexicano, se introdujo ese órgano jurisdiccional con la finalidad de salvaguardar desde la etapa de investigación, las garantías y derechos previstos a favor de la víctima, ofendido e imputado; situación contraria al anterior sistema procesal penal, donde los actos que realizaba el Ministerio Público en investigación de delitos, no se encontraban sujetos a revisión de ningún órgano jurisdiccional, al menos en esa etapa investigativa. Además, sostener lo contrario implicaría que cada vez en que el Ministerio Público incurra en una omisión o retraso en determinada carpeta de investigación, el ofendido o víctima acudiría al juicio de amparo a hacer valer dichas cuestiones de mera legalidad y, por consiguiente, el juicio de amparo sustituiría al medio ordinario de defensa, aunado a que el Juez de Distrito realizaría funciones que originalmente se encuentran instituidas constitucionalmente a favor del Juez de Control. Sirven de apoyo a expuesto las jurisprudencias 27/2018 (10a.) y 28/2018 (10a.) sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitidas al resolver la contradicción de tesis 233/2017, de rubros y contenidos siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINTIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." En las relatadas circunstancias, es patente que en el caso se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, en términos de lo establecido por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que debe considerarse que el presente asunto es notoriamente improcedente en relación al segundo acto reclamado en estudio. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia, debe decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo. Es ilustrativa, por los razonamientos que contiene, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la página 991, Tomo XXIV, Noviembre de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 173878, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO." Sin que la anterior determinación, deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, dense los avisos de rigor; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el asunto como definitivamente concluido. Por otra parte, téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en Martínez de la Torre, Veracruz, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho 29/2019, con número de orden 136/2019, girado dentro del presente juicio de amparo, a fin de que se emplazara a juicio a la parte tercera interesada; en consecuencia, dese de baja en la noticia mensual de estadística la citada comunicación oficial, para los efectos legales procedentes, sin que haya lugar a girar instrucción alguna para lograr el emplazamiento de la parte tercera interesada, con motivo de que en esta data se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, por los motivos expuestos en los párrafos que anteceden. No pasa inadvertido para el suscrito el hecho de que el tercero interesado no haya sido emplazado a juicio para emitir la presente determinación, debido a que su sentido no afecta ni vulnera sus intereses. Apoya lo anterior, la tesis aislada XIX.1o.P.T.25 K emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 1439, Tomo XXXIII, Abril de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 162267, de rubro siguiente: "TERCERO PERJUDICADO QUE NO PARTICIPA EN EL JUICIO. SI A QUIEN DEBIENDO RECONOCÉRSELE TAL CARÁCTER NO ES LLAMADO AL PROCEDIMIENTO CONSTITUCIONAL, YA SEA POR LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALARLO EN LA DEMANDA RESPECTIVA, O DEL JUEZ DE DISTRITO QUE NO ADVIERTE SU PRESENCIA, LA SENTENCIA QUE SE DICTE EN AQUÉL NO LE PUEDE OCASIONAR AGRAVIO ALGUNO, AL NO HABER FIGURADO COMO PARTE EN ÉL, TENIENDO EXPEDITO SU DERECHO PARA PROMOVER, EN SU CASO, EL RECURSO DE REVISIÓN." Notifíquese personalmente a la parte quejosa y agente del Ministerio Público de la Federación y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que aún no ha sido devuelto el despacho 29/2019 con número de orden 136/2019, dirigido al Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial, con sede en Martínez de la Torre, Veracruz, en el que se encomendó llevar a cabo el emplazamiento a juicio del tercero interesado Miguel Velázquez Poblano. En mérito de lo anterior, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha, por lo que se difiere y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la misma. Sin que haya lugar a requerir a la autoridad auxiliar dentro del presente juicio de amparo el estado procesal de la comunicación oficial en comento, toda vez que en proveído de dieciséis de abril pasado, se acordó lo conducente; en consecuencia, únicamente estese a la espera de que el Juez de Primera Instancia informé el estado procesal del despacho y lo remita a este órgano jurisdiccional, para acordar lo que en derecho corresponda. Por otro lado, téngase por recibido el pedimento signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, mediante el cual solicita que se difiera la celebración de la audiencia constitucional y que se le expidan copias de las constancias que indica; por lo tanto, respecto a su primera solicitud, dígasele que deberá estarse a lo acordado en los párrafos que anteceden. En tanto a su petición de que se le expida copia certificada de la resolución que se dicte en el juicio de amparo en que se actúa, dígasele que en el momento procesal oportuno deberá solicitarla, pues a la fecha no se ha emitido sentencia en este juicio. Asimismo, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a la Fiscal Federal adscrita copia certificada del presente auto y hágasele entrega, quien deberá firmar por su recibo en autos, para debida constancia.
- Principal
Téngase por recibido el telegrama y el oficio de cuenta, el segundo recibido vía correo institucional, y ambos remitidos por la autoridad responsable Fiscal Primera de la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia en el Noveno Distrito Judicial, con sede en Martínez de la Torre, Veracruz, mediante los cuales, en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de cuatro de marzo pasado, informa que ya envió las constancias que le fueron solicitadas por auto de veintinueve de enero de la presente anualidad, y que en virtud del lapso de tiempo transcurrido se percató de que las mismas habían sido remitidas con una dirección errónea, por lo que apenas fueron dirigidas nuevamente. Asimismo, al oficio de cuenta anexa diversas constancias de las que se advierte lo relatado en el párrafo que antecede, y las relacionadas con la entrega de la unidad vehicular ahí precisada, que constituye uno de los actos que en esta vía constitucional se reclaman. Al respecto, agréguense sin mayor proveer los anexos remitidos en el oficio recibido vía correo institucional, y estese a la espera de que dichas constancias sean entregadas en este órgano jurisdiccional. Finalmente, cabe destacar que de conformidad con el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, el oficio de cuenta, recibido vía correo electrónico, tiene pleno valor probatorio, al estar autorizado el empleo de este medio de comunicación para la transmisión de constancias a los órganos del Poder Judicial de la Federación.
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