Emilio Galan Hernández
Expediente 666/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 1 actuación registrada, la última del 16 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 666/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 16/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Emilio Galan Hernández
Actuaciones
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos a la parte quejosa, la determinación que dice: Vista la demanda de amparo presentada por el quejoso, contra actos de la Licenciada Claudia Reséndiz Aguilar, Juez de Control del Distrito Judicial número XII de Coatepec, Veracruz; regístrese el ingreso de la demanda en el libro de gobierno respectivo bajo el número 666/2018. Se provee lo siguiente: DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. De la lectura integra de la demanda de amparo se advierte que el promovente hace consistir el acto reclamado en: "[.] en la acta mínima así como el término constitucional ambos de fecha veinticuatro de junio de dos mil dieciocho, donde en la primera de ellas, se establece un auto mixto que a la letra dice:".se cerró el debate, el recesó y posteriormente se dictó un auto de NO VINCULACIÓN A PROCESO a favor de MARTÍN CAMPILLO VÁZQUEZ y NADIA GUERRERO GARCÍA, y se decreta un SOBRESEIMIENTO TOTAL, teniendo efecto de SENTENCIA ABSOLUTORIA poniendo fin al procedimiento y se deja en inmediata libertad a MARTÍN CAMPILLO VÁZQUEZ y NADIA GUERRERO GARCÍA." [.]" Del capítulo relativo al acto reclamado y al de antecedentes de la demanda de amparo que aquí se provee resulta patente para el suscrito que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda en cuestión. Lo anterior es así, en virtud de que el artículo 170 fracción I, de la Ley de Amparo, establece que contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiéndose por estas últimas las que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, procede amparo en la vía directa; asimismo, el diverso 34 de la legislación en cita, establece que son competentes para conocer del amparo en la vía directa los Tribunales Colegiados de Circuito. De tal suerte que si el acto reclamado en el presente asunto se hace consistir en la determinación emitida dentro de los autos del proceso penal 28/2018-II, por la juez responsable en la que dictó en favor de los inculpados auto de no vinculación a proceso, y el sobreseimiento total del proceso de origen, con efectos de sentencia absolutoria y como consecuencia de ello ordenó su inmediata libertad y el sobreseimiento total del proceso de origen; es de estimarse que esta resolución es considerada de aquellas a que se refiere la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo, en virtud de que a través de ella se puso fin al proceso penal de origen y, por tanto, la demanda de amparo que se interponga en su contra debe tramitarse en la vía directa ante un Tribunal Colegiado de Circuito, de conformidad con lo establecido en los preceptos legales antes invocados. En efecto, si la determinación que pretende impugnar la parte quejosa a través del amparo se hace consistir en la determinación que decretó el sobreseimiento total del proceso de origen teniendo efectos de sentencia absolutoria, y que dejó a los inculpados en inmediata libertad, con meridiana claridad se colige que esta determinación puso fin a la controversia dentro del proceso penal 28/2018-II. Por sus consideraciones se cita la tesis jurisprudencial 6/2015 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Consecuentemente, este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, se declara legalmente incompetente para conocer del presente asunto y con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, se ordena remitir de inmediato el expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, para los efectos legales correspondientes, debiéndose formar cuaderno de antecedentes con copia de las constancias necesarias, solicítese atentamente a la superioridad el acuse de estilo respectivo. AUTORIZADOS Y DOMICILIO. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda y autorizado en amplios restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Sofía Marisol García Sánchez, ya que no cuenta con el registro correspondiente en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los centros de Justicia Federal. TRANSPARENCIA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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