Emilio Hernández Sartillo

Expediente 1180/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 1 actuación registrada, la última del 20 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1180/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
20/12/2019

Partes del expediente

  • Emilio Hernández Sartillo

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve EMILIO HERNÁNDEZ SARTILLO y otros, por propio derecho, contra actos de los JUEZ DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE ZARAGOZA CON SEDE EN ZACATELCO, TLAXCALA y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1180/2019. Se desecha demanda de amparo. En la demanda promovida por EMILIO, ALFREDO Y ARMANDO, todos de apellidos HERNÁNDEZ SARTILLO, contra actos del JUEZ DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE ZARAGOZA CON SEDE EN ZACATELCO, TLAXCALA, y otras autoridades los impetrantes manifiestan que se vulneran en su perjuicio los derechos humanos contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es improcedente el juicio de amparo intentado, y por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación: De la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama como acto destacado la sentencia interlocutoria de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, emitida en el juicio sucesorio intestamentario, expediente 751/2018, en la que el Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza con Sede en Zacatelco, Tlaxcala determinó la imposibilidad jurídica en que se encontraba para resolver la primera sección del referido juicio sucesorio y ordenó la reposición del procedimiento (segunda junta de herederos), con el fin de subsanar las omisiones ocurridas en el trámite del procedimiento de dicha sección. Las omisiones que ordenó subsanar la autoridad, consisten en no haberse notificado al albacea provisional designado (Rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala) la resolución de seis de diciembre de dos mil dieciocho, en la que se le requirió para que aceptara el cargo conferido y se ordenó inscribir en el Registro Público de la Entidad la resolución en cita, esto es la designación de albacea provisional y su discernimiento, en términos del artículo 1205, fracción XI del Código Civil del Estado de Tlaxcala; omisiones que son señaladas por el quejoso como actos reclamados, derivados de la emisión de la sentencia de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve. El artículo 1205, fracción XI del Código Civil de la entidad establece: Artículo 1205.- Se inscribirán en el Registro: [.] XI.- En los casos de sucesiones, los instrumentos notariales y la resolución interlocutoria en la que se reconozca el derecho de los herederos legítimos, el nombramiento y el discernimiento del cargo de albacea; [.] Los impetrantes manifiestan en su demanda de amparo, concretamente en el concepto de violación uno, que en la sentencia que se reclama, el juez del conocimiento determinó reponer el procedimiento de la primera sección del juicio sucesorio intestamentario, expediente 751/2018, a efecto de que se subsanaran las omisiones en que incurrieron las responsables durante en trámite de la primera sección del referido controvertido; con el objeto de que se diera total cumplimiento a la resolución de seis de diciembre de dos mil dieciocho, en que se designó como albacea provisional al Rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y se ordenó inscribir dicha determinación en el registro público. Las referidas omisiones, de acuerdo a lo indicado en la demanda por los quejosos, fueron consideradas por el juzgador primigenio como cuestiones trascendentales, por lo que dieron origen a la reposición del procedimiento de la primera sección del juicio sucesorio, bajo el argumento de que impiden que las personas que contraten o tengan relaciones jurídicas con las sucesión o herederos, conozcan la representación legal y sepan quienes desempeñan esos cargos. Luego, los efectos de la reposición de procedimiento, de acuerdo a lo que los propios impetrantes reconocen en su demanda y manifiestan bajo protesta de decir verdad, consistieron en que se subsanaran las omisiones acontecidas en el trámite de la segunda sección del juicio sucesorio y se diera cumplimiento a lo determinado el seis de diciembre de dos mil dieciocho, en términos de lo establecido en el artículo 1205, fracción XI del Código Civil de la entidad; esto es, se inscriba en el registro público de la entidad la designación de albacea provisional y su discernimiento, para lo cual, es necesario que se requiera al Rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, para que acepte el cargo conferido, sin lo cual no existe posibilidad jurídica de resolver la primera sección del juicio sucesorio. Ahora bien, tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. En ese sentido, el acto reclamado en el presente juicio es la sentencia de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve y sus consecuencias, respecto de los cuales se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia porque no es un acto que sea de imposible reparación. El artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Del contenido de del precepto legal transcrito, se sigue que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando ésta resulte de alguna disposición legal. El artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: "(.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: " a).- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y c).- Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio. (...)" Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" De conformidad con la disposición constitucional transcrita, cuando se impugnan actos dentro de un juicio, es procedente el amparo indirecto, siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación; lo anterior es repetido por la Ley de Amparo, concretamente en su artículo 107, fracción V, cuando establece que el amparo ante el Juez de Distrito se pide "Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Ciertamente, de acuerdo con el principio estatuido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional indirecto procede contra actos jurisdiccionales de imposible reparación, entendiéndose por tales, aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución a través de los derechos fundamentales, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien las sufre, obtenga sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada al momento de dictar sentencia. En el caso, la resolución reclamada y sus consecuencias consistentes en la orden de reponer el procedimiento, con el fin de subsanar las omisiones acontecidas, constituyen una cuestión de índole meramente procesal, que no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa, y en su caso, podrán ser combatidas al impugnar el fallo que decida en definitiva la primera sección del juicio sucesorio 751/2018. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Mayo de 1991, página 25, cuyo rubro y texto dice: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICION, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACION. Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en sesión privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE DESECHA LA EXCEPCION DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.". En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo." Sobre la base expuesta, debe estimarse que la resolución reclamada de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en el juicio sucesorio intestamentario, expediente 751/2018, que ordenó la reposición del procedimiento de la primera sección del referido juicio, a fin de subsanar las omisiones acontecidas en la primera sección del trámite del juicio sucesorio y como consecuencia, dar total cumplimiento a lo determinado en la diversa resolución de seis de diciembre de dos mil dieciocho, en que se designó albacea provisional y se ordenó inscribir la resolución en el registro público, son de índole meramente procesal y no afectan derechos sustantivos de los quejosos. Lo anterior, porque la omisión acaecida en la primera sección del juicio sucesorio, es una violación trascendental al resultado del fallo decisorio de la referida sección; por tanto no cumple con el requisito de procedibilidad de la acción constitucional a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, contrario sensu, de la Ley de Amparo. Es así, pues no afecta directa e inmediatamente las prerrogativas fundamentales del gobernado (propiedades, posesiones o derechos) y las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada al momento de dictarse la sentencia interlocutoria que decida sobre la primera sección del juicio sucesorio de origen. Por tanto, es de concluir que respecto a los efectos de la resolución reclamada, pudiera actualizarse un perjuicio a los promoventes hasta el nuevo dictado del fallo que resuelva la primera sección del juicio sucesorio, toda vez que hasta ese momento se podrá apreciar si con motivo de haber ordenado la reposición del procedimiento, la responsable vulneró las defensas de los promoventes, e incurrió en una violación procesal que trascendió al resultado de la sentencia que decida sobre la respectiva sección del juicio intestamentario, lo que hace evidente que ese tipo de resoluciones no tienen una ejecución de imposible reparación, toda vez que no implican necesariamente que la sentencia que resuelva la primera sección del juicio sucesorio, deba ser contraria a los intereses de los peticionarios de amparo. Máxime que en el caso las omisiones que la autoridad ordenó subsanar en el procedimiento, también fueron reclamadas por el quejoso en esta instancia constitucional, por lo que ningún fin practico tendría sustanciar un juicio de amparo que tendría el mismo efecto que el obtenido a través de la orden de reponer el procedimiento decretada por el juez del conocimiento. Cabe precisar que el concepto de irreparabilidad expuesto, ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 189, visible en la página 154 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen 'ejecución irreparable' los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Por su parte, la Tercera Sala del Máximo Tribunal del País, ha definido los actos procesales cuya ejecución es de imposible reparación, en la jurisprudencia 175, publicada en la página 144 del tomo y epítome precitados, cuyo tenor es: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V (en sentido contrario), de la Ley de Amparo, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA EN ESTUDIO, con apoyo en los ordinales 112 y 113 de la ley de la materia. Domicilio para oír y recibir notificaciones y nombramiento de representante común. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, lo cual, técnicamente no constituye un domicilio para realizar notificaciones personales, en términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, no ha lugar a tenerle señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones; por tanto, con apoyo en la fracción III, inciso a), del citado precepto, realícense las notificaciones personales a la parte quejosa, por lista de acuerdos. Tiene aplicación al caso la tesis XXII. 1°. 22K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito que se lee a foja 1067, del Tomo VII, Diciembre 1998, Novena Época, registro 195064, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL." Por otro lado, como lo solicitan los promoventes, se tiene como representante común a Alfredo Hernández Sartillo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13, de la Ley de Amparo. Medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes, el empleo de medios electrónicos para la reproducción de las constancias de este juicio (fotografías), en términos de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Por su aplicación, se cita en apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis aislada I.3o.C.725 C, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2847, del Tomo XXIX, Marzo de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Civil, Novena Época, con el rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese por lista.

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