Emilio Cervantes Barba

Expediente 480/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
480/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
23/06/2022

Partes del expediente

  • Emilio Cervantes Barba

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veintitrés de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), del mismo ordenamiento, contra el auto de veintisiete de mayo del año en curso, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, este órgano jurisdiccional dentro de los treinta días siguientes, realizará la destrucción correspondiente y concluida la misma, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente juicio de amparo carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. En el entendido que este asunto se tramitó sin incidente de suspensión. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Aldo Christian Gallegos Ortiz, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    ****Número de expediente: 480/2022 Acuerdo: Apizaco, Tlaxcala, a veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales consiguientes, el oficio 917/2022 del Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, mediante el cual da cumplimiento a lo requerido en auto de veintitrés de mayo del año en curso y remite copia certificada de las constancias de notificación practicadas a las partes del proveído de nueve del mayo de la presente anualidad, dictado en el expediente laboral 37/2020-A de su índice, así como copia certificada de dicho acuerdo; atento a ello, se tiene por cumplido el requerimiento realizado en autos. Ahora bien, analizadas las constancias remitidas por la autoridad responsable y el resto de las actuaciones que obran en autos, lo que se impone es atender a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece que el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En el caso concreto se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Al respecto, cabe decir que la cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Ello genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció, o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera de la parte quejosa, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica de la parte quejosa es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 2a./J. 9/98, que a la letra dice: "Registro digital: 196820 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 9/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Febrero de 1998, página 210 Tipo: Jurisprudencia "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. En el caso, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama la omisión por parte de la autoridad responsable, Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, en dar contestación al escrito presentado por el quejoso Emilio Cervantes Barba el uno de febrero de dos mil veintidós, en el cual solicitó que el laudo de once de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente laboral 37/2020-A, causara ejecutoria. Ahora bien, de las constancias remitidas por el Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, se observa el acuerdo de nueve de mayo de dos mil veintidós, en el cual se proveyó el referido escrito de ahora quejoso y en el que se declaró la firmeza legal del laudo de once de noviembre de dos mil veintiuno emitido en el indicado juicio laboral, mismo que se ha notificado a las partes en el juicio de origen, según se desprende de las actuaciones anexas al oficio de cuenta. De lo anterior se sigue que la autoridad responsable dictó el acuerdo cuya omisión reclamó la parte quejosa, misma que les fue notificada a las partes el veinticinco del mes y año en curso. Por tanto, resulta claro que en el caso cesaron los efectos de la omisión reclamada, pues de lo que esencialmente se dolía la quejosa era que la responsable había omitido proveer su escrito presentado el uno de febrero de dos mil veintidós dentro del expediente 37/2020-A del índice de la responsable; de ahí que resulte notoria, manifiesta e indudable la improcedencia del juicio. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En consecuencia, al quedar actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Ahora bien, de la certificación de cuenta se advierte que se encuentran fijadas las diez horas con ocho minutos del treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia constitucional; sin embargo, atendiendo a las consideraciones antes precisadas, lo que procede es dejar sin efectos dicho acto procesal, lo cual se ordena hacer del conocimiento de las partes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, por oficio a la autoridad responsable y a la que le reviste el carácter de tercero interesada. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Aldo Christian Gallegos Ortiz, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales consiguientes, el oficio 917/2022 del Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, mediante el cual da cumplimiento a lo requerido en auto de veintitrés de mayo del año en curso y remite copia certificada de las constancias de notificación practicadas a las partes del proveído de nueve del mayo de la presente anualidad, dictado en el expediente laboral 37/2020-A de su índice, así como copia certificada de dicho acuerdo; atento a ello, se tiene por cumplido el requerimiento realizado en autos. Ahora bien, analizadas las constancias remitidas por la autoridad responsable y el resto de las actuaciones que obran en autos, lo que se impone es atender a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece que el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En el caso concreto se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Al respecto, cabe decir que la cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Ello genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció, o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera de la parte quejosa, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica de la parte quejosa es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 2a./J. 9/98, que a la letra dice: "Registro digital: 196820 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 9/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Febrero de 1998, página 210 Tipo: Jurisprudencia "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. En el caso, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama la omisión por parte de la autoridad responsable, Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, en dar contestación al escrito presentado por el quejoso Emilio Cervantes Barba el uno de febrero de dos mil veintidós, en el cual solicitó que el laudo de once de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente laboral 37/2020-A, causara ejecutoria. Ahora bien, de las constancias remitidas por el Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, se observa el acuerdo de nueve de mayo de dos mil veintidós, en el cual se proveyó el referido escrito de ahora quejoso y en el que se declaró la firmeza legal del laudo de once de noviembre de dos mil veintiuno emitido en el indicado juicio laboral, mismo que se ha notificado a las partes en el juicio de origen, según se desprende de las actuaciones anexas al oficio de cuenta. De lo anterior se sigue que la autoridad responsable dictó el acuerdo cuya omisión reclamó la parte quejosa, misma que les fue notificada a las partes el veinticinco del mes y año en curso. Por tanto, resulta claro que en el caso cesaron los efectos de la omisión reclamada, pues de lo que esencialmente se dolía la quejosa era que la responsable había omitido proveer su escrito presentado el uno de febrero de dos mil veintidós dentro del expediente 37/2020-A del índice de la responsable; de ahí que resulte notoria, manifiesta e indudable la improcedencia del juicio. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En consecuencia, al quedar actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Ahora bien, de la certificación de cuenta se advierte que se encuentran fijadas las diez horas con ocho minutos del treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia constitucional; sin embargo, atendiendo a las consideraciones antes precisadas, lo que procede es dejar sin efectos dicho acto procesal, lo cual se ordena hacer del conocimiento de las partes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, por oficio a la autoridad responsable y a la que le reviste el carácter de tercero interesada. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Aldo Christian Gallegos Ortiz, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la audiencia constitucional está programada para este día; sin embargo, no es posible celebrarla, toda vez que transcurre el plazo establecido en el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo para que las partes se impongan del informe justificado rendido por la autoridad responsable, Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, acordado el diecinueve de mayo del año en curso. Además, del informe justificado rendido por el Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala se advierte que el nueve de mayo de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral 37/2020-A, acordó de conformidad el escrito del aquí quejoso Emilio Cervantes Barba; por tanto, requiérase a dicha autoridad responsable, para que en el término de tres días contados a partir de su legal notificación de este proveído, remita copia certificada de la constancia de notificación que al efecto haya practicado al antes nombrado. Se apercibe a dicha autoridad que de no dar cumplimiento a lo aquí ordenado, se aplicará en su contra la medida de apremio que establecen los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, consistente en una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización (UMA), con valor a la fecha de emisión de este acuerdo. Por tanto, para dar margen a ello y no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las diez horas con ocho minutos del treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, para su verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Aldo Christian Gallegos Ortiz, que autoriza y da fe.

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