Emilio Hernández Iglesias

Expediente 27/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
27/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
22/03/2018

Partes del expediente

  • Emilio Hernández Iglesias

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintidós de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, por el que informa que ese órgano colegiado acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento de la demanda promovida por Emilio Hernández Iglesias, del cual este órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer del mismo y; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, archívese este expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro de gobierno respectivo. Por tanto, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude la fracción V, segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, en su caso, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Por otra parte, se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. En otro aspecto, advirtiéndose que únicamente el quejoso se opuso a la publicación de sus datos personales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento lo anterior, al Delegado Administrativo encargado del Módulo de Acceso a la Información Pública de esta ciudad, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. I-A

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintiséis de enero de dos mil dieciocho. DATOS DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por Emilio Hernández Iglesias, por propio derecho, contra actos del Juez y Actuario ambos adscritos al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia, con sede en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 27/2018. El acto reclamado se hace consistir literalmente en: De la ordenadora le reclamo la sentencia del expediente civil número 62/2015 juicio ejecutivo mercantil de fecha quince de diciembre del dos mil diecisiete. De las ejecutoras le reclamo el cumplimiento que le pretenda dar a la sentencia de fecha quince de diciembre del dos mil diecisiete. (sic) Ahora bien, los artículos 34, 47, 107, 170 y 171 de la Ley de Amparo, disponen: Artículo 34.- Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. Artículo 47.- Cuando se presente una demanda de amparo ante el juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. Artículo 107.- El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios, o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Artículo 170.- El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Artículo 171.- Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Por su parte el artículo 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dispone: Artículo 37.- Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta Ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: (.). De lo transcrito, se advierte que el juicio de amparo directo procede únicamente en contra de las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, por tal razón, este Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de que se trata, habida cuenta que en el caso se reclama la sentencia de quince de diciembre de dos mil diecisiete, en donde condenó al aquí quejoso Emilio Hernández Iglesias, al pago de la cantidad de $97,000.00 (noventa y siete mil pesos cero centavos, moneda nacional), por concepto de suerte principal que ampara el título de crédito exhibido por el accionante, así como el pago de los intereses moratorios pactados a razón del seis por ciento mensual (6%), resolución que no es recurrible, de conformidad con el artículo 1339, del Código de Comercio en vigor, que prevé que sólo son apelables las sentencias siempre que se dicten en negocios cuyo valor exceda de seiscientos treinta y tres mil setenta y cinco pesos 88/100 M.N). Es aplicable al caso, las jurisprudencias sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2001739 y 2000499, respectivamente, visibles en las páginas 428 y 311, Tomos I, septiembre y abril de 2012, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo rubro y texto son: RECURSO NO IDÓNEO. LA SENTENCIA EMITIDA EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL SE CONSTITUYE EN DEFINITIVA PARA EFECTOS DEL AMPARO DIRECTO, CUANDO POR RAZÓN DE LA CUANTÍA ES IRRECURRIBLE, CONFORME AL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, AUNQUE SE HAGA VALER LA APELACIÓN Y ÉSTA SE DESECHE. Acorde con los artículos 46 y 158 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales no proceda recurso ordinario alguno por el que puedan ser modificadas o revocadas; ello, dada su naturaleza de medio extraordinario de defensa ante la falta de recursos ordinarios por virtud de los cuales el gobernado pueda impugnar la sentencia que le agravia. De esta manera, si el artículo 1339 del Código de Comercio, excluye la procedencia del recurso de apelación contra sentencias que decidan el juicio en lo principal, cuyo valor del negocio sea inferior a una determinada cuantía, resulta inconcuso que las emitidas en juicios ejecutivos mercantiles, que por razón de cuantía son irrecurribles, se constituyen en definitivas para efectos del juicio de amparo directo; de ahí que la circunstancia de que una de las partes interponga en su contra el recurso de apelación previsto en el citado artículo 1339 y que el juez de la instancia determine no admitirlo, desecharlo o tenerlo por no interpuesto, no constituye un obstáculo para que, en el plazo previsto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, proceda el juicio de amparo directo promovido contra dicha sentencia. AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE RESOLVIÓ LA APELACIÓN INTERPUESTA CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN UN JUICIO MERCANTIL QUE NO ADMITÍA ESE RECURSO POR RAZÓN DE SU CUANTÍA. La sentencia dictada con motivo de un recurso de apelación indebidamente interpuesto en términos de los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio contra la sentencia de primera instancia en un juicio mercantil de menor cuantía, debe considerarse una resolución válida y definitiva, pues resuelve el fondo del asunto y es irrecurrible. Por tanto, la indebida admisión y posterior resolución del recurso de apelación, no impiden la procedencia del juicio de amparo directo contra la sentencia de segundo grado, pues el respeto de las garantías constitucionales contenidas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implica la prosecución del proceso, independientemente de los errores en la admisión del recurso, ya que así se asegura el respeto a los derechos de tutela jurisdiccional efectiva y de certeza y seguridad jurídica de las partes, y se evita que un fallo en la maquinaria judicial impida definitivamente el cumplimiento de las etapas del proceso que son esenciales para la resolución del conflicto, evitando que se deje en estado de indefensión a quien resiente una afectación en su esfera de derechos. Lo anterior, con independencia de la responsabilidad administrativa en que pueda incurrir la autoridad jurisdiccional que cometió el error de admitir un recurso improcedente. En consecuencia, es evidente que el citado acto constituye una sentencia definitiva, la cual no es competencia de este órgano jurisdiccional, al no estar comprendido dentro de alguna de las hipótesis previstas por el numeral 107 de la ley de la materia; por tanto, previa copia certificada que se deje de la demanda en substitución de la original, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo; remítase el escrito original de la demanda de amparo y seis copias simples de la misma, al Tribunal Colegiado en materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, por conducto del Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados, a fin de que acuerde lo que corresponda, solicitándole el acuse de recibo respectivo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Gabriela Hernández Iglesias y Daniel Cruces Álvarez, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Juventino Patiño Espinosa, Mirna Patiño Espinosa y Sandra Valdez López, en virtud de que en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, no existe registrada cédula profesional a su nombre, además, por tratarse de un asunto en materia de civil, sin perjuicio de que una vez que acrediten lo anterior con prueba idónea, se les tenga autorizados en términos del citado artículo 12 de la ley de la materia, de igual forma téngase para oír y recibir notificaciones el domicilio que indica en su ocurso. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la Secretaria del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 127/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO. Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dése cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal. LEY DE TRANSPARENCIA. Téngase por hecha la manifestación expresa del quejoso, en el sentido de que se opone a la publicación de sus datos personales; en atención a ello, dígansele que se reserva acordar lo conducente hasta que el Tribunal Colegiado, informe si acepta o no la competencia planteada; por tanto, una vez que ocurra tal suceso, gírese oficio al Titular de la Delegación Administrativa en esta ciudad, para que proceda conforme a sus atribuciones, por ser el encargado del Módulo de Acceso a la información Pública (órgano administrativo a la unidad de enlace). Notifíquese personalmente a la parte quejosa. I-A

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