Emilio Gutiérrez Villalobos

Expediente 210/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
210/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
01/06/2023

Partes del expediente

  • Emilio Gutiérrez Villalobos

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, uno de junio de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio 776, firmado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, al que anexa copia certificada del testimonio de la ejecutoria de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de queja 155/2023, de su índice, asimismo devuelve el original del presente juicio de amparo; por tanto, acúsese recibo vía interconexión. Se hace del conocimiento de las partes, que la Superioridad resolvió: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja, interpuesto por ***, por propio derecho, contra el auto de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, emitido por la titular del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en el municipio de Salina Cruz, en el juicio de amparo indirecto 210/2023 de su índice." Anotaciones. En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO DEL EXPEDIENTE No existiendo asunto pendiente de diligenciar y en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. RELEVANCIA DOCUMENTAL Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del citado acuerdo; esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Asimismo, se destaca que en este expediente no se concedió la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). DESTINO Al tratarse de un asunto en el que se desechó de plano la demanda de amparo, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, con fundamento en el citado artículo 21 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a su destrucción siguiendo los lineamientos establecidos en el penúltimo párrafo del precepto citado. ARCHIVO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Se señala que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión al no haber admitido la demanda intentada por la parte quejosa. LEY DE TRANSPARENCIA Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Emilio Gutiérrez Villalobos, a través del cual interpone recurso de queja contra el acuerdo de dieciocho de abril del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 101 de la Ley de Amparo, remítase el ocurso de cuenta y copia del mismo

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Emilio Gutiérrez Villalobos, por propio derecho, contra actos del Juez de Control del Circuito Judicial del Istmo, sede Salina Cruz, Oaxaca, que hace consistir en: "IV. ACTO RECLAMADO: De la autoridad señalada como responsable ordenadora, reclamo el acuerdo dictado en audiencia de fecha catorce de abril del año en curso donde señala fecha y hora para efectos de dar cumplimiento a una ejecutoria de amparo." ANOTACIONES Fórmese expediente impreso y electrónico, anótese en el Libro de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 210/2023-V-A que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por ahora, realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno Impreso y electrónico; hasta en tanto las áreas competentes del Consejo de la Judicatura Federal determinen la estrategia de transición exclusivamente a libros de control electrónicos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 99 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; reformado por el diverso Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, según lo dispone su transitorio decimocuarto. PRECISIÓN SOBRE ACUERDO GENERAL APLICABLE Se comunica a las partes procesales que, de conformidad con el artículo tercero transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se concluyó el esquema con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus covid-19, y a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós se reanudaron labores de forma regular en los órganos jurisdiccionales federales; por lo que, en lo subsecuente, para la tramitación de este juicio de amparo, deberán estarse a las disposiciones previstas en el referido Acuerdo General, vigente a partir del siete de noviembre de ese año. ASPECTOS CONCERNIENTES A LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE Con la precisión que lo relativo a la integración y consulta de los expedientes electrónicos se regirá por las bases establecidas en el numeral 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del. Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, con las reformas previstas en el referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós. Bajo esa condición, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós los expedientes físicos se integrarán únicamente con aquellos documentos recibidos por esa vía, como así lo establece el artículo sexto transitorio del mencionado Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, sin que se obstaculice la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. INSTRUCCIÓN A LA SECRETARIA ENCARGADA DEL EXPEDIENTE Y AL OFICIAL JUDICIAL "A" Se instruye a la secretaria de Juzgado adscrita, que lleva el trámite este expediente que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos Jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, supervise el registro diario de movimientos de los expedientes a su cargo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de manera que se asegure la permanente actualización y veracidad de la información, en términos del artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; con las reformas del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga las acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Al efecto, se puntualiza que la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), adscrita a este órgano jurisdiccional deberá registrar los datos e información del seguimiento procesal de cada asunto, de manera inmediata, como lo establece el numeral 181 de la normatividad invocada. DESECHAMIENTO Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el Juez de Distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es; de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo la jurisprudencia VI.2o. J/290 de la Octava Época, con registro 210751, Materia Común, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página sesenta y cuatro, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, (agosto de 1994), que establece: Tomo VII, Mayo de 1998 "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." La parte quejosa señala como acto reclamado: "De la autoridad señalada como responsable ordenadora, reclamo el acuerdo dictado en audiencia de fecha catorce de abril del año en curso donde señala fecha y hora para efectos de dar cumplimiento a una ejecutoria de amparo." En ese sentido, respecto de dicho acto, la suscrita estima que se actualiza de forma notoria y manifiesta, la causal de improcedencia prevista en la fracción IX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas." De la lectura del numeral señalado, se advierte que el juicio de amparo es improcedente tratándose de determinaciones emitidas ya sea durante el trámite de los juicios de amparo o bien, en ejecución de las sentencias emitidas en los mismos; causa que se encuentra dirigida a evitar que se tramiten juicios de amparo respecto a otros juicios de la misma naturaleza, generando inseguridad jurídica a través de juicios interminables. Asimismo, es importante señalar que de la interpretación integral de los preceptos legales que rigen el trámite del juicio de amparo indirecto, se advierte que los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, tienen como función esencial, el control constitucional; de ahí que sea improcedente la demanda de amparo en contra de sus actos, ya que no puede atribuírseles violaciones de derechos fundamentales al ejercer tal función. Además, resulta improcedente el juicio de amparo contra actos vinculados al trámite del juicio constitucional. De igual manera, ni la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la Ley de Amparo, establecen la procedencia del juicio constitucional, contra actos de los Jueces de Distrito que conocen de juicios de amparo, como sí lo hacen tratándose de los Tribunales Unitarios de Circuito o los Jueces de Distrito de diversa materia. Cabe decir que al margen de determinar sobre el correcto cumplimiento dado a una ejecutoria de amparo anterior, es evidente que ello no puede ser materia de un nuevo juicio de amparo, al advertirse que los argumentos contenidos en los conceptos de violación y, en general, las consideraciones del fallo reclamado inciden nuevamente en los mismos aspectos específicos y precisos por los que se otorgó el amparo en el juicio previamente resuelto. Al respecto, es ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 57/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2018315, con el rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ, NO TRANSGREDE EL DERECHO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. El precepto citado, al establecer que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, se refiere a aquellas que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo las constriñe a realizar determinadas acciones, esto es, en las que les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva sentencia conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. Ahora bien, la improcedencia referida deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico realizado en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que, admitir uno nuevo, afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese sentido, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo no transgrede el derecho a contar con un recurso eficaz, al no contradecir los artículos 8, numeral 1, y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues la norma referida no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Además, el precepto citado también cumple con el postulado previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en procurar una justicia pronta y expedita, que asegure su correcta y funcional administración." Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la quejosa señala como acto reclamado el acuerdo dictado en audiencia de catorce de abril de dos mil veintitrés, en los autos de la causa penal 241/2019, del índice del Juez de Control del Circuito Judicial del Istmo, sede Salina Cruz, Oaxaca, el cual fue emitido en cumplimiento a la ejecutoria de amparo derivada del diverso juicio 563/2022, del índice de este juzgado. Precisado lo anterior, como se asentó de la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte como hecho notorio, que el juicio de amparo 563/2022, del índice de este órgano jurisdiccional fue promovido por el aquí quejoso Emilio Gutiérrez Villalobos, contra actos del Juez de Control del Circuito Judicial del Istmo, sede Salina Cruz, Oaxaca; juicio en el que, con fecha quince de noviembre de dos mil veintidós, se dictó la sentencia correspondiente, en la que se concedió el amparo y protección al referido quejoso, en los siguientes términos: (Deje sin efectos la audiencia de doce de agosto de dos mil veintidós y en términos de los ordenado por los Magistrados de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal cite a las partes con las formalidades de ley a la sala de audiencias y dicte una resolución tomando en consideración lo precisado por esta sala, para que se pronuncie respecto del hecho que la ley señala como el delito de violación y la probable autoría del imputado y, con base en el estándar probatorio que exige el auto de vinculación a proceso. Sentencia que, por auto de trece de diciembre de dos mil veintidós, causo ejecutoria requiriéndose a la autoridad responsable su cumplimiento. Posteriormente, en acuerdo de veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo al quejoso Emilio Gutiérrez Villalobos, interponiendo incidente de nulidad de notificación respecto a la notificación de la ejecutoria de sentencia dictada en el juicio en mención; por consiguiente en resolución de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés se declaró infundado el referido incidente. Inconforme con dicha resolución, en treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, se tuvo al multicitado quejoso interponiendo recurso de queja en contra de dicha resolución. Recurso que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, que lo radico con el número 60/2023, de su índice, mismo que en acuerdo de nueve de marzo del año en curso, tuvo por no interpuesto el recurso de mérito, declarándolo firme mediante acuerdo de veintinueve siguiente, tomando conocimiento esta juzgadora en cuatro de abril del presente año, por lo que siguiendo la secuela del juicio en el mismo, requirió nuevamente a la responsable el cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el juicio que se analiza. En cumplimiento a lo anterior, en acuerdo de doce de abril del año en curso, se tuvo al Juez de Control del Circuito Judicial del Istmo, sede Salina Cruz, Oaxaca, informando en vías de cumplimiento a esa ejecutoria, que señalo las doce horas del catorce de abril del presente año, para llevar a cabo la audiencia en cuestión, acuerdo en el que se le requirió remitiera las constancias que acreditara lo dicho. Seguido, en proveído de diecisiete del actual, se tuvo nuevamente a la multicitada responsable informando que el quejoso presento escrito ante su instancia con el que interpone recurso de apelación en contra del auto de diez de abril de dos mil veintitrés, en el que señalo las doce horas del catorce de abril del presente año para la celebración de la audiencia en cuestión, lo que se hace constar como un hecho notorio en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia XXVII. J/12, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, consultable en la página doscientos noventa y cinco, tomo V, enero de mil novecientos noventa y siete, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 199531 que a continuación se transcribe: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO, sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." Ahora, como se advierte de la lectura completa de la demanda de amparo, que en este juicio se analiza, que es en contra de esa determinación con que se duele el quejoso, lo cual, es evidente que se da en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el diverso juicio de amparo que se analiza. En ese contexto, resulta evidente que es improcedente el juicio de amparo que se pretende a fin de combatir el auto de catorce de abril del presente año, pues se intenta combatir una resolución emitida en cumplimiento a una sentencia de amparo, que no ha dado cumplimiento en su totalidad, por lo que aún no se advierte la existencia de un diverso agravio, ocasionado a la parte quejosa. En tales condiciones, se actualiza la invocada causal de improcedencia prevista en la fracción IX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que impone decretar el sobreseimiento en el juicio, al tenor de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del invocado ordenamiento legal. Funda lo expuesto, la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que aparece publicada en la página doscientos cincuenta y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro IUS 205151, del tomo I, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y cinco, cuyo tenor literal es: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE. PREVISTA POR LA FRACCIÓN II DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. SI SE IMPUGNAN EN UN JUICIO DE AMPARO ACTOS DE AUTORIDAD SURGIDOS EN CUMPLIMIENTO DE UNA RESOLUCIÓN DICTADA EN OTRO JUICIO DE GARANTÍAS. SURGE LA. Si se impugnan a través del juicio de amparo, actos de autoridad que surgieron en cumplimiento de una resolución dictada dentro de diverso juicio constitucional surge la causal de improcedencia prevista por la fracción II, del artículo 73, de la Ley de Amparo". Así como la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, que aparece publicada en la página dos mil ciento treinta y uno, del tomo XXXI, correspondiente al mes de enero de dos mil diez, Novena Época, con número de registro IUS 165540, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo epígrafe y texto son: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ASPECTOS QUE ACTUALIZAN LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA MATERIA. Para actualizar la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece: "El juicio de amparo es improcedente... II. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas.", en primer lugar, es necesario destacar cuáles son los efectos específicos de la sentencia que concedió el amparo para advertir si se constriñó a la autoridad responsable a realizar determinadas actuaciones, o bien, se le dieron lineamientos concretos que debía realizar en cumplimiento al fallo protector a fin de restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada y, en segundo, una vez analizado el acto reclamado, habrá de confrontarse con los efectos de la sentencia protectora para determinar si se trata o no de una resolución dictada en cumplimiento de la ejecutoria de amparo o en ejecución de ésta; pues sólo de esa manera, esto es, descartando que no se dejó plenitud de jurisdicción, sino que se dieron directrices de cómo debería dictarse el nuevo acto, puede llegarse a la conclusión inequívoca de que existe correspondencia entre éste -acto reclamado- y el fallo constitucional y, en consecuencia, la improcedencia del nuevo juicio de amparo en su contra". Dicho de otra manera, si el objeto del juicio de amparo es salvaguardar los derechos humanos que con motivo del acto de autoridad fueron vulnerados por la autoridad responsable, sería incongruente concluir que en el propio amparo o su ejecución llegaran a vulnerarse prerrogativas fundamentales. Por lo expuesto, toda vez que se advierte de forma patente y absolutamente clara la operancia de la causal de improcedencia en estudio, sin que pudieran llevar a convicción contraria los elementos que eventualmente pudieran allegarse al sumario en caso de ser admitida; con fundamento en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA de amparo promovida. Ilustra a lo expuesto, la tesis 2a. XLIX/2017 (10a.), de registro digital 2014019, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 1391, tomo II, libro 40, marzo de 2017, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, de contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO, QUE PREVÉ LA CAUSAL RELATIVA, NO VIOLA EL DERECHO HUMANO A UN RECURSO EFICAZ. El artículo citado, al señalar que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, no viola ese derecho humano reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni el 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque en las resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, es decir, aquellas en las que les da lineamientos para cumplir con el fallo protector, no tienen libertad de decisión; de ahí que emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal, en cumplimiento de una ejecutoria de amparo o en ejecución de ésta, provoca que el nuevo amparo intentado resulte improcedente, porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior. Admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica, sin que lo anterior transgreda el derecho a contar con un recurso eficaz, ya que no tiene como propósito limitar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino el de establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo, atendiendo a razones de seguridad jurídica, pues la autorización de combatir las consideraciones de la autoridad responsable que no emite en ejercicio de su libre arbitrio judicial sino del propio Tribunal Colegiado de Circuito que conoció previamente del juicio de amparo que se cumplimenta, resultaría en una cadena interminable de juicios de amparo." DOMICILIO Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda. Asimismo, no pasa desapercibido que el correo electrónico quemartinez910@hotmail.com, se encuentra relacionado al usuario MAMR711024HOCRRF03, sin embargo, al no haberse señalado expresamente para oír y recibir notificaciones, téngase únicamente el señalado en líneas arriba, hasta en tanto haga dicha solicitud. AUTORIZADOS Se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ******************** y ********************, toda vez que sus cédulas profesionales se encuentran habilitadas en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación y únicamente para recibir notificaciones a las demás personas que menciona. CORREO ELECTRÓNICO Sin que haya lugar a proveer de conformidad la solicitud de la parte quejosa para tener el correo electrónico que proporcionó, toda vez que de la interpretación de las disposiciones relativas a las notificaciones en el juicio de amparo en el artículo 26 de la aludida Ley, si bien establece su práctica vía electrónica, lo cierto es que en la especie al verificar el "Reporte de autorizados para consultar expediente electrónico" visible en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se aprecia que la dirección electrónica no está asignada a usuario alguno, siendo obligación de las partes gestionarlo de manera expresa y proporcionar el usuario que fijaron al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos de lo previsto en los numerales 35 en relación con el 55 del Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Lo anterior, sin perjuicio de que en términos del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo se establecen formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones, se tenga como tal, siempre que no sean de aquellas comunicaciones procesales, como lo son las notificaciones que le correspondan, ello a efecto de salvaguardar su propia seguridad jurídica en este juicio respecto de plazos y apercibimientos que se llegaran a formular. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir las actuaciones que obren en el expediente físico pues, como se precisó en párrafos que anteceden, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los expedientes físicos se integran únicamente con aquellos documentos recibidos por esa vía, de modo que ya no obran los acuerdos en autos, en razón de que los mismos se firman electrónicamente, por tanto, los expedientes electrónicos son los que tendrán validez para la consulta de las partes. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Atento a lo anterior, dado que en la especie el asunto que en esta data se provee fue promovido físicamente, es menester hacer mención a las partes que con fundamento en el numeral 263 fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se exhorta (invita) a las partes continúen dicha tramitación mediante el esquema de "juicio en línea", ya que representa celeridad en el despacho del asunto, incluso hasta resolver en definitiva. En ese orden de ideas, se invita a las partes quienes en su caso no tengan autorizada la actuación "en línea", a que soliciten, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, en observancia a lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Se les hace también mención, que para el caso de que no cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), y con la finalidad de que la obtengan, se les invita a ingresar a la siguiente dirección http://firel.pjf.gob.mx. LEY DE TRANSPARENCIA Por tanto, con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

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