Emilio Hernandez Berumen

Expediente 176/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
176/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
20/02/2019

Partes del expediente

  • Emilio Hernandez Berumen

Actuaciones

  1. Principal

    con esta fecha se notifica por lista al quejoso... del acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve...Vista la demanda de garantías que promueve -, por su propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial y Delegado del Registro Público de la Propiedad, ambas con residencia en Uruapan, Michoacán; regístrese en el libro de gobierno bajo el número II-176/2019-1. El peticionario de amparo señala como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: "2.- Autoridades responsables.- C. Juez Segundo de lo civil de la ciudad de Uruapan., Michoacán y C. Delegado del Registro Público de la Propiedad de esa ciudad de Uruapan., Michoacán. 3.-Acto reclamado.- De la primera de las responsables C. Juez Segundo de lo civil, reclamo el no haberme dado la intervención legal que me corresponde como acreedor diverso y presente en el estado de ejecución dentro del juicio ejecutivo mercantil numero 17/2017, promovido por la Sra. -en contra del C. -sobre pago de pesos. De la segunda de las responsables. Registro Público de la Propiedad, el haber expedido un certificado de gravámenes para el juicio ejecutivo mercantil ya señalado omitiendo el registro de mi embargo al cual me referiré en apartado diverso. " Del análisis integral de la demanda, se aprecia claramente que las autoridades responsables y acto reclamado se encuentran en la ciudad de Uruapan. Cabe destacar que el artículo 37 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone lo siguiente: "Artículo 37. El juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Precepto legal transcrito, del que se obtiene que existen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: La primera, atiende al lugar de ejecución del acto reclamado, es decir, al en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; La segunda, resulta del conocimiento anticipado de los Jueces, esto es, cuando el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro; y, La tercera, que se refiere a los actos que no requieren de ejecución material, será competente el juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Como se observa, el rasgo que caracteriza a las dos primeras reglas competenciales, es que ambas se refieren a los casos en que el acto reclamado tenga ejecución material. El primero de los supuestos concierne a los casos en que la ejecución del o de los actos reclamados pueda efectuarse -de manera exclusiva- en una jurisdicción. En cambio, el segundo supuesto se actualiza cuando la ejecución pueda realizarse en dos o más distritos diferentes, o cuando el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro. Tal disposición da cuenta de que el fin de la norma, al fijar la competencia en función del lugar de la ejecución material de los actos reclamados, es que el gobernado tenga la facilidad de acudir de inmediato ante el juez más cercano, que se presupone es el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Esto tratándose de la primera de las reglas competenciales antes precisadas o a cualquiera de ellos, en el segundo supuesto. La regla de competencia en comento también se traduce en una serie de ventajas no sólo para el afectado, sino para la buena marcha del proceso y, en su caso, para el cumplimiento de la sentencia o resolución de que se trate. En relación con el tercer supuesto, que establece la competencia para conocer del juicio de amparo en contra de un acto que no requiera de ejecución material, se advierte que contiene una innovación, pues atribuye la competencia al juez ante el cual se haya presentado la demanda. En tal norma se observa que su finalidad es facilitar al quejoso el acceso a la justicia -de acuerdo con su particular situación o necesidades- pues la decretada regla es a favor del juez de distrito ante quien el quejoso optativamente decida presentar su demanda de amparo. Sólo a mayor ilustración, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de la que emergió la jurisprudencia 17/2014 (10ª), en lo que al caso interesa, determinó que el tercer párrafo del artículo en consulta, debía interpretarse literalmente sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance pues, se dijo, de su procedimiento legislativo no se advertía dicha posibilidad. Por consiguiente, bastará con que el acto reclamado no requiera ejecución material, para que por esa sola razón el juez de distrito competente sea aquél en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Entonces, aplicando dicho criterio en sentido contrario, será suficiente con que el acto reclamado sea "materialmente" ejecutable para que, en esa medida, sea competente el Juez que tenga jurisdicción en el lugar donde deba, trate, se esté o se haya ejecutado. Es de relevancia para el caso que ahora se examina, establecer la acepción de la palabra "ejecutar" que establece el dispositivo en comento, el cual literalmente significa: "poner por obra algo"; la palabra ejecución es tanto su acción como su efecto. Ejecutar, como se ve, tiene el sentido ordinario de realizar acciones que implican o producen un cambio en el mundo físico. Tal apreciación se reafirma tras advertir que al vocablo "ejecución" se le adicionó el adjetivo calificativo "material" (como se ve con toda claridad en el último párrafo), esto es, lo que produce un cambio en el mundo de los hechos, opuesto a lo que sólo tiene impacto en el mundo formal. Ese impacto fáctico o material, sin duda, se refiere al que resiente la parte quejosa en su persona o esfera con motivo de los actos reclamados. O sea, que el aspecto que se debe observar a efecto de determinar la competencia, es la afectación en el mundo de los hechos que perciba o resienta materialmente el quejoso. Tal es la ejecución que determina la competencia territorial en los juicios de amparo indirecto, la cual deberá atender a las repercusiones en el mundo fáctico, pues deberá tomarse en cuenta sus efectos y que éstos puedan modificar el estado de las cosas, no sólo en el ámbito de lo formal sino en una esfera objetiva y material, que es lo que se conoce como "ejecución material". En el presente caso, se reclama la omisión del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, de no haberlo llamado al juicio ejecutivo mercantil 17/2017, con su derecho al tanto que le corresponde sobre el bien inmueble registrado a nombre de Mauricio Silva Figueroa, tomo 990, registro número 47, ubicado entre las calles Escalerilas y Merced o Mercedes del Fraccionamiento el Mirador de Uruapan Michoacán, y del Director del Registro Público de la Propiedad el haber expedido el certificado de gravámenes omitiendo el registro del embargo del peticionario de garantías, actos que en una parte se traducen en omisión por una parte y por otra, en la ejecución del remate del citado bien inmueble. De acuerdo con lo anterior, las consecuencias jurídicas de la omisión reclamada produce implícitamente efectos positivos, la Convocatoria y las fases del procedimiento incluida la determinación del vencedor son actos que ya se han ejecutado, acorde a los antecedentes que bajo protesta de decir verdad expone el promovente y que se han llevado a cabo en Querétaro, pues es ahí donde se encuentra la vacante. Por tal razón es de concluirse que en la especie se actualiza la primera de las hipótesis contenidas en el numeral 37 de la Ley de Amparo, que determina que se debe atender al lugar de ejecución del acto reclamado, es decir, al en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Con base en ello, si es un hecho cierto que las responsables señaladas tanto en su carácter de ordenadoras como de ejecutoras tienen su residencia en Uruapan y el bien inmueble objeto del acto reclamado y, en su defecto, los efectos concesorios de una posible sentencia amparadora habrán de ejecutarse en dicha localidad, por lo tanto, es inconcuso que los actos reclamados han sido ejecutados en parte y seguirán teniendo ejecución material en la jurisdicción territorial que corresponde a un Juez de Distrito en este Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno. Consecuentemente, si los actos reclamados conllevan y han tenido ejecución material, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, el suscrito estima que corresponde conocer de la presente demanda de garantías al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, en turno, por lo que con fundamento en dicho artículo párrafo primero y 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitirle la demanda de amparo, para los efectos legales procedentes, a quien se le solicita el acuse de recibo de estilo correspondiente. Es aplicable sobre el particular por identidad jurídica la jurisprudencia de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, tomo 199-204, Cuarta Parte, Séptima época, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse". Así como, la tesis número 44, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1299, tomo XIV, agosto de 2001, Novena época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora". Se tiene a la parte quejosa por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones personales en esta ciudad y por autorizadas para ese efecto y con las facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que refiere virtud a que como se desprende de la certificación que antecede, tienen registradas sus cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Finalmente, fórmese el cuaderno correspondiente, háganse las anotaciones del caso en el Libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido...

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de febrero de dos mil diecinueve. Vista la demanda de garantías que promueve -, por su propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial y Delegado del Registro Público de la Propiedad, ambas con residencia en Uruapan, Michoacán; regístrese en el libro de gobierno bajo el número II-176/2019-1. El peticionario de amparo señala como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: "2.- Autoridades responsables.- C. Juez Segundo de lo civil de la ciudad de Uruapan., Michoacán y C. Delegado del Registro Público de la Propiedad de esa ciudad de Uruapan., Michoacán. 3.-Acto reclamado.- De la primera de las responsables C. Juez Segundo de lo civil, reclamo el no haberme dado la intervención legal que me corresponde como acreedor diverso y presente en el estado de ejecución dentro del juicio ejecutivo mercantil numero 17/2017, promovido por la Sra. -en contra del C. -sobre pago de pesos. De la segunda de las responsables. Registro Público de la Propiedad, el haber expedido un certificado de gravámenes para el juicio ejecutivo mercantil ya señalado omitiendo el registro de mi embargo al cual me referiré en apartado diverso. " Del análisis integral de la demanda, se aprecia claramente que las autoridades responsables y acto reclamado se encuentran en la ciudad de Uruapan. Cabe destacar que el artículo 37 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone lo siguiente: "Artículo 37. El juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Precepto legal transcrito, del que se obtiene que existen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: La primera, atiende al lugar de ejecución del acto reclamado, es decir, al en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; La segunda, resulta del conocimiento anticipado de los Jueces, esto es, cuando el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro; y, La tercera, que se refiere a los actos que no requieren de ejecución material, será competente el juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Como se observa, el rasgo que caracteriza a las dos primeras reglas competenciales, es que ambas se refieren a los casos en que el acto reclamado tenga ejecución material. El primero de los supuestos concierne a los casos en que la ejecución del o de los actos reclamados pueda efectuarse -de manera exclusiva- en una jurisdicción. En cambio, el segundo supuesto se actualiza cuando la ejecución pueda realizarse en dos o más distritos diferentes, o cuando el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro. Tal disposición da cuenta de que el fin de la norma, al fijar la competencia en función del lugar de la ejecución material de los actos reclamados, es que el gobernado tenga la facilidad de acudir de inmediato ante el juez más cercano, que se presupone es el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Esto tratándose de la primera de las reglas competenciales antes precisadas o a cualquiera de ellos, en el segundo supuesto. La regla de competencia en comento también se traduce en una serie de ventajas no sólo para el afectado, sino para la buena marcha del proceso y, en su caso, para el cumplimiento de la sentencia o resolución de que se trate. En relación con el tercer supuesto, que establece la competencia para conocer del juicio de amparo en contra de un acto que no requiera de ejecución material, se advierte que contiene una innovación, pues atribuye la competencia al juez ante el cual se haya presentado la demanda. En tal norma se observa que su finalidad es facilitar al quejoso el acceso a la justicia -de acuerdo con su particular situación o necesidades- pues la decretada regla es a favor del juez de distrito ante quien el quejoso optativamente decida presentar su demanda de amparo. Sólo a mayor ilustración, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de la que emergió la jurisprudencia 17/2014 (10ª), en lo que al caso interesa, determinó que el tercer párrafo del artículo en consulta, debía interpretarse literalmente sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance pues, se dijo, de su procedimiento legislativo no se advertía dicha posibilidad. Por consiguiente, bastará con que el acto reclamado no requiera ejecución material, para que por esa sola razón el juez de distrito competente sea aquél en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Entonces, aplicando dicho criterio en sentido contrario, será suficiente con que el acto reclamado sea "materialmente" ejecutable para que, en esa medida, sea competente el Juez que tenga jurisdicción en el lugar donde deba, trate, se esté o se haya ejecutado. Es de relevancia para el caso que ahora se examina, establecer la acepción de la palabra "ejecutar" que establece el dispositivo en comento, el cual literalmente significa: "poner por obra algo"; la palabra ejecución es tanto su acción como su efecto. Ejecutar, como se ve, tiene el sentido ordinario de realizar acciones que implican o producen un cambio en el mundo físico. Tal apreciación se reafirma tras advertir que al vocablo "ejecución" se le adicionó el adjetivo calificativo "material" (como se ve con toda claridad en el último párrafo), esto es, lo que produce un cambio en el mundo de los hechos, opuesto a lo que sólo tiene impacto en el mundo formal. Ese impacto fáctico o material, sin duda, se refiere al que resiente la parte quejosa en su persona o esfera con motivo de los actos reclamados. O sea, que el aspecto que se debe observar a efecto de determinar la competencia, es la afectación en el mundo de los hechos que perciba o resienta materialmente el quejoso. Tal es la ejecución que determina la competencia territorial en los juicios de amparo indirecto, la cual deberá atender a las repercusiones en el mundo fáctico, pues deberá tomarse en cuenta sus efectos y que éstos puedan modificar el estado de las cosas, no sólo en el ámbito de lo formal sino en una esfera objetiva y material, que es lo que se conoce como "ejecución material". En el presente caso, se reclama la omisión del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, de no haberlo llamado al juicio ejecutivo mercantil 17/2017, con su derecho al tanto que le corresponde sobre el bien inmueble registrado a nombre de Mauricio Silva Figueroa, tomo 990, registro número 47, ubicado entre las calles Escalerilas y Merced o Mercedes del Fraccionamiento el Mirador de Uruapan Michoacán, y del Director del Registro Público de la Propiedad el haber expedido el certificado de gravámenes omitiendo el registro del embargo del peticionario de garantías, actos que en una parte se traducen en omisión por una parte y por otra, en la ejecución del remate del citado bien inmueble. De acuerdo con lo anterior, las consecuencias jurídicas de la omisión reclamada produce implícitamente efectos positivos, la Convocatoria y las fases del procedimiento incluida la determinación del vencedor son actos que ya se han ejecutado, acorde a los antecedentes que bajo protesta de decir verdad expone el promovente y que se han llevado a cabo en Querétaro, pues es ahí donde se encuentra la vacante. Por tal razón es de concluirse que en la especie se actualiza la primera de las hipótesis contenidas en el numeral 37 de la Ley de Amparo, que determina que se debe atender al lugar de ejecución del acto reclamado, es decir, al en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Con base en ello, si es un hecho cierto que las responsables señaladas tanto en su carácter de ordenadoras como de ejecutoras tienen su residencia en Uruapan y el bien inmueble objeto del acto reclamado y, en su defecto, los efectos concesorios de una posible sentencia amparadora habrán de ejecutarse en dicha localidad, por lo tanto, es inconcuso que los actos reclamados han sido ejecutados en parte y seguirán teniendo ejecución material en la jurisdicción territorial que corresponde a un Juez de Distrito en este Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno. Consecuentemente, si los actos reclamados conllevan y han tenido ejecución material, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, el suscrito estima que corresponde conocer de la presente demanda de garantías al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, en turno, por lo que con fundamento en dicho artículo párrafo primero y 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitirle la demanda de amparo, para los efectos legales procedentes, a quien se le solicita el acuse de recibo de estilo correspondiente. Es aplicable sobre el particular por identidad jurídica la jurisprudencia de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, tomo 199-204, Cuarta Parte, Séptima época, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse". Así como, la tesis número 44, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1299, tomo XIV, agosto de 2001, Novena época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora". Se tiene a la parte quejosa por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones personales en esta ciudad y por autorizadas para ese efecto y con las facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que refiere virtud a que como se desprende de la certificación que antecede, tienen registradas sus cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Finalmente, fórmese el cuaderno correspondiente, háganse las anotaciones del caso en el Libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese personalmente.

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