Emilio Fuentes Herrera

Expediente 581/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
581/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
21/06/2023

Partes del expediente

  • Emilio Fuentes Herrera

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales correspondientes, el oficio de cuenta suscrito por la autoridad precisada en supra líneas; asimismo, como lo solicita, acúsese recibo de las constancias remitidas por diverso 8927 de ocho de mayo del presente año, librado en el juicio de amparo III-523/2023-A de su índice. Notifíquese.Así lo acordó y firma el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido de la licenciada Elvia Zepeda Torres, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de junio de dos mil veintitrés. Como de la constancia secretarial que antecede se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días, que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja en contra del proveído en el que se desechó la demanda de garantías; sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, HA CAUSADO ESTADO el proveído de mérito. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Por otra parte, el presente asunto se valora como DESTRUIBLE, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: En los Juzgados de Distrito: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados. Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado [.] En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación." Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta suscrito por el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgado de Distrito en el Estado, con sede en esta Ciudad, a través del cual remite la demanda de amparo suscrita por ********************, quien se ostenta representante de ********************que le fue hecha llegar para su turno por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado, con sede en esta Ciudad, dado que fue señalado como autoridad responsable, tocando por turno su conocimiento a esta autoridad. En atención a lo anterior, visto el escrito de demanda de amparo signada por ********************, quien se ostenta representante de ********************carácter que se le reconoce en términos del numeral 11 de la Ley de Amparo, al tenor de las constancias que adjunta, relativas al juicio de amparo ********************, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, con sede en esta Ciudad, del que emana el acto reclamado, contra actos de dicha autoridad; regístrese en el libro de gobierno de este juzgado, bajo el número ********************y fórmese el cuaderno respectivo. Ahora, el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, autoriza a este juzgador a desechar de plano una demanda de garantías cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Debe tenerse en consideración, que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguna durante el juicio. Asimismo, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado por el quejoso, se hace consistir en la omisión por parte de la autoridad señalada como responsable Juez Séptimo de Distrito en el Estado, con sede en esta Ciudad, de dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto ******************** de su índice, el suscrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61, de la Ley de Amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, por lo cual se procede a determinar la procedencia o no del juicio. Pues bien, en criterio de este juzgador se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción IX, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas." [.]". "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De lo anterior se obtiene que contra las determinaciones emitidas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas, el juicio constitucional es improcedente; tales resoluciones son las dictadas en el juicio principal, en el incidente de suspensión o en cualquier otro incidente que se tramite y resuelva con motivo de aquél, así como aquellas dictadas después de concluido el juicio, ya sea en una aclaración de sentencia o en los recursos de revisión, queja o reclamación. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que el juicio de amparo es improcedente, contra resoluciones dictadas en él o en ejecución de ellas; en razón de que la idea de suprimir el ejercicio del control constitucional sobre el juicio de amparo, tiene su explicación lógica en el principio de que está prohibido generalmente promover un medio de impugnación extraordinario en contra de otro del mismo orden jurídico, lo anterior, lo determinó en la tesis XCVIII/2001, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala, Novena Época, Materias Constitucional, Común, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV, Diciembre de 2001, página 185, de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. ES IMPROCEDENTE SI SE RECLAMA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UN PRECEPTO DE LA LEY DE AMPARO, APLICADO POR PRIMERA VEZ EN PERJUICIO DEL GOBERNADO EN UNA SENTENCIA DICTADA POR UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AL RESOLVER UN JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de garantías es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; resulta inconcuso que si se reclama la inconstitucionalidad de un precepto de la Ley de Amparo, aplicado por primera vez en perjuicio del gobernado en una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito al resolver un juicio de amparo directo, no procede el juicio de amparo contra leyes. Ello es así, porque por disposición expresa del legislador, se halla vedada la posibilidad jurídica de promover amparo contra las resoluciones pronunciadas en otro juicio de la misma naturaleza, sin que exista excepción alguna, siendo que la idea de suprimir el ejercicio del control constitucional sobre el juicio de amparo, tiene su explicación lógica en el principio de que está prohibido generalmente promover un medio de impugnación extraordinario en contra de otro del mismo orden jurídico. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que el quejoso argumente que lo que impugna no es la determinación tomada en otro juicio de amparo, sino sólo la ley, ya que en caso de que pudiera combatirse ésta, se requeriría de un acto de autoridad que individualice la afectación en la esfera jurídica del peticionario del amparo, pues el análisis de la procedencia del juicio debe efectuarse de acuerdo a la existencia de dicho acto, en perjuicio del quejoso, es decir, no es dable analizar la norma que se combate de manera independiente, ya que sólo mediante el acto de aplicación puede existir el perjuicio o violación de garantías, pues de otra manera no habría interés jurídico en el juicio de amparo." En ese tenor, la razón por la que resulta improcedente el juicio de amparo en contra de las resoluciones dictadas en esa clase de juicios constitucionales es la propia razón por la que se actualiza la misma causal de improcedencia en contra de la omisión reclamada, pues no puede ser materia de análisis en un juicio constitucional, por así proscribirlo expresamente la Ley de la Materia; pues de otro modo, se propiciaría una cadena interminable de juicios que solamente obstaculizarían la impartición de justicia. Sin que ello implique, desde luego, que las actuaciones de los Jueces federales y Magistrados de circuito, como garantes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los instrumentos internacionales, en ejercicio de su función jurisdiccional, en un juicio de amparo, estén exentas de escrutinio legal; lo anterior es así, pues un juzgador de amparo no puede violar derechos humanos y garantías constitucionales, al ser precisamente lo que se dilucida a través de su función jurisdiccional; sin embargo, el legislador previó la necesidad de que existiera un medio ordinario de defensa, como son los recursos expresamente regulados en la Ley de la Materia a fin de que las partes lograran cuestionar su actuación y se pudiera examinar la decisión u omisión procesal asumida por el inferior, o por diverso integrante del Tribunal. De tal manera que los justiciables tienen a su alcance los mecanismos establecidos en la propia Ley de Amparo, contra las actuaciones u omisiones que estimen ilegales, a fin de que no queden en estado de indefensión. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia Suprema Corte de Justicia de la Nación, J/2, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, Materias Laboral, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo III, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1989, página 926, que a la letra dice: "JUEZ DE DISTRITO, NO VIOLA GARANTIAS INDIVIDUALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Los jueces de Distrito en los juicios de garantías sólo pueden infringir disposiciones de la Ley de Amparo, que reglamentan su función tutelar de las garantías individuales, pues en tales juicios actúan como órganos de control constitucional respecto a las transgresiones de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas, no pudiendo por ello violar garantías, al ser precisamente lo que dilucidan a través de su actividad jurisdiccional, para en el caso de existir, proveer a la restitución de su cargo." En esas circunstancias, toda vez que la aludida omisión reclamada emana de un juicio de amparo en ejercicio de la función de control constitucional que ejerció un Juez de Distrito, es incuestionable que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia de estudio. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis 1ª.LXX/2003, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 83, XVIII, Diciembre de 2003, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con el precepto mencionado el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en él o en ejecución de ellas, entendiéndose por aquél la vía extraordinaria para impugnar actos inconstitucionales de cualquier autoridad, y no como el juicio estrictamente iniciado con la demanda y concluido con la resolución definitiva. En ese tenor, se concluye que las resoluciones emitidas en el juicio de amparo contra las cuales éste es improcedente son las dictadas en el juicio principal, en el incidente de suspensión o en cualquier otro incidente que se tramite y resuelva con motivo de aquél, así como aquellas dictadas después de concluido el juicio, ya sea en una aclaración de sentencia o en los recursos de revisión, queja o reclamación, resoluciones éstas que se entienden emitidas en el juicio de amparo, como medio extraordinario de control constitucional, sin importar que dicha resolución se emita antes o después de concluido el 'juicio' en lo principal." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia estudiada en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, procede DESECHAR la demanda de garantías de cuenta, con apoyo en lo establecido por el artículo 113, de la Ley de la Materia. Hágase del conocimiento de las partes que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este Órgano Jurisdiccional. También se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica o bien consultar el expediente electrónico, es necesario que primeramente realicen el trámite?correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato y solicitar expresamente la consulta del expediente y/o las notificaciones por vía electrónica, a fin de que este órgano jurisdiccional lo autorice, de conformidad con los artículos 3, fracción I, 6, 16 y 18 del Acuerdo General 12/2020 del?Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria respectiva para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la propia Ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el referido Acuerdo. Se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento el artículo 257 del citado Acuerdo General. Por otra parte, se tienen por solicitadas las notificaciones electrónicas a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual proporciona los usuarios ********************; por ello, se comisiona a la Analista Jurídica SISE a efecto de que realice el trámite correspondiente. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Se tiene como autorizados en términos del artículo 12 segundo párrafo de la Ley de Amparo, a ******************** De igual forma, se tiene a la parte quejosa por proporcionados los medios electrónicos de contacto que refiere, así como por solicitado que todos los datos personales en el presente asunto se traten con reserva, es decir, que aparezcan testados en las versiones públicas, incluyendo los extractos de los acuerdos que se publican en listas, estrados y aún en el módulo de consulta pública del SISE. Finalmente, respecto a la expedición de copias simples y certificadas que refiere, la procedencia de ello se proveerá una vez que especifique de qué constancias solicita dichas copias. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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