Emilio de Jesus navarrete Muñoz
Expediente 205/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 42 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 205/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 42
- Última actuación
- 08/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Emilio de Jesus navarrete Muñoz
- Fiscal General en el Estado de Durango
- María Ludivina Ibarra Ibarra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 42.
- Principal
Vistos los autos del presente juicio, así como la certificación que antecede, aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia dictado en este juicio, con fundamento en el artículo 2o., de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo; y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto concluido. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y articulo 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del citado Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del aludido manual, en razón de que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, dado que se decretó el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia constitucional. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión provisional como la definitiva, es susceptible de depuración una vez que transcurra el mismo lapso de tres años, al encuadrar en el inciso a) del precepto 18 del mencionado Acuerdo General, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del aludido manual, por lo que se deberá conservar la suspensión provisional y definitiva. En atención a lo dispuesto en el artículo 20 del dicho Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.1, del nombrado Manual, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha fenecido el término de veinte días concedido al quejoso ***, en proveído de nueve de febrero de dos mil veintidós, para que recogiera los edictos ordenados con el objeto de emplazar a juicio a la tercero interesada ***; por tanto, se determina lo siguiente: Los artículos 5, fracción III; 26, incisos b) y k); 27, fracción III, incisos a) y b) y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley" "Artículo 26. Las notificaciones en los juicios de amparo se harán: [.] b) La primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable; [.] k) Las resoluciones que a juicio del órgano jurisdiccional lo ameriten; y [.]" "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: [.] III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: a) Las notificaciones personales al quejoso se efectuarán por lista. b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] III. El tercero interesado, pudiendo intervenir con ese carácter [...]" De la interpretación sistemática de dichos preceptos, se advierte que la Ley de Amparo establece la forma en que deben ser emplazados a juicio los terceros interesados; a saber, mediante notificación personal, siempre que se conozca o logre investigar su domicilio o por edictos que se publicarán a costa de la parte quejosa, si se ignora aquél. En el último supuesto, el emplazamiento de los terceros interesados está condicionado a que la parte quejosa realice el pago de los edictos respectivos y el incumplimiento a tal obligación, provoca que no pueda llamarse al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica; en consecuencia, tampoco procede ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda el tercero interesado ***, en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento constituye un auténtico presupuesto procesal. En ese tenor, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo juicio, en virtud de que las determinaciones que se adopten en el controvertido constitucional pueden llegar a afectar la esfera jurídica del tercero interesado. De ahí que, debe estimarse que su emplazamiento constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento es atribuible al quejoso ***, por no haber comparecido al Juzgado personalmente o por medio de sus autorizados, a recoger los edictos, o bien, acreditar que carece de recursos económicos para sufragar el pago de su publicación, lo que impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado. Por ende, se torna improcedente, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Por tanto, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por no recoger los edictos y, por ende, no publicarse éstos a costa del quejoso, contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de justicia por retardarse la solución del conflicto. Sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, ya que con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad. No debe olvidarse que en el presente asunto, la orden de emplazar por edictos a la tercero interesada ***, fue en atención a que pese a la ardua investigación realizada, no se pudo localizar al tercero interesado de mérito en una dirección cierta y actual. De lo que se colige que el quejoso al no haber comparecido a este juzgado a recoger los edictos o haberlo hecho por conducto de su autorizado, así como el hecho de haber manifestado carecer de recursos económicos para sufragar el costo de aquéllos, ni aportar elementos que permitan conocer por lo menos de manera indiciaria esa situación, se traduce en una falta de interés, tanto en la integración de la relación jurídica procesal, como para la continuación del procedimiento de amparo; por tanto, debe sobreseerse fuera de audiencia el presente asunto. Esto debe ser así, habida cuenta que con independencia de que este órgano jurisdiccional agotó la investigación correspondiente en relación con el domicilio del tercero interesado, era obligación del quejoso, en principio recoger los edictos y efectuar su publicación, tal como lo ordena el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia XVII.1o.C.T. J/14 (10a.), consultable en la página 1859, del Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE SOBRESEER EN ÉSTE ANTE LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE ACREDITAR QUE LOS PUBLICÓ, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE PRUEBE O NO QUE REQUIRIÓ SU ENTREGA AL ÓRGANO QUE LOS DECRETÓ [INTERPRETACIÓN CONFORME DE LOS ARTÍCULOS 63, FRACCIÓN II Y 27, FRACCIÓN III, INCISO B), PÁRRAFO SEGUNDO, AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA]. No basta tomar en cuenta la literalidad del artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece que se sobreseerá en el juicio cuando el quejoso no acredite que entregó los edictos para su publicación, a fin de emplazar al tercero interesado, cuyo domicilio se desconoce, una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó, redacción de la que se deduce que se condiciona la actualización de la causa de sobreseimiento, a que el quejoso comparezca ante el órgano de amparo a solicitar la entrega de dichos edictos; sino que debe atenderse al numeral 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de dicha ley reglamentaria, que regula el mismo supuesto y que de forma puntual señala que si el impetrante de amparo no comprueba haber entregado para su publicación los edictos, dentro del término de veinte días siguientes a que se pongan a su disposición, se sobreseerá en el juicio, sin distinguir si el quejoso requirió o no su entrega al órgano de amparo. Por tanto, de una interpretación conforme de los citados preceptos, si el quejoso omite acreditar los extremos señalados en el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, procede sobreseer en el juicio, aun cuando no se demuestre que dicho inconforme compareció al tribunal constitucional a requerir su entrega. Esta interpretación resulta acorde con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho humano del debido proceso, así como con el diverso numeral 17 de tal Ordenamiento Supremo, que salvaguarda el derecho a que se administre justicia pronta y expedita, en los términos que establecen las leyes; preceptos constitucionales conforme a los cuales no puede quedar supeditada a la intención de las partes que se dicte sentencia en el juicio de amparo, la cual jurídicamente es imposible emitirse si no se constituye válidamente la relación jurídico procesal en el juicio, con el emplazamiento del tercero interesado. Ello, porque la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan en los términos establecidos por la ley; de ahí que no puede sobreponerse el interés del quejoso al interés público de la sociedad" Asimismo la tesis XXVII.3o.35 K (10a.), publicada en la página 2846, del Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. LA OMISIÓN INJUSTIFICADA DEL QUEJOSO DE DILIGENCIARLOS NO CONSTITUYE UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, SINO UNA HIPÓTESIS AUTÓNOMA DE SOBRESEIMIENTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En la ejecutoria de la que se derivó la jurisprudencia 2a./J. 108/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 416, de rubro: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la omisión del quejoso de recoger los edictos para el emplazamiento del tercero perjudicado, pagar su publicación y exhibirla podría configurar la causa de improcedencia del amparo prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los numerales 30, fracción II, y 5o., fracción III, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, este criterio no puede aplicarse analógicamente a los asuntos regidos por la ley de la materia vigente a partir del 3 de abril de 2013, para integrar una causa de improcedencia y sobreseer con base en ésta en términos del artículo 63, fracción V, de dicha ley. Ello es así, porque la fracción II de ese mismo precepto incorporó expresamente como una causa autónoma de sobreseimiento la omisión injustificada del quejoso de acreditar la entrega de los edictos para su publicación, cuando deba emplazarse por ese medio al tercero interesado" Con lo anterior, el suscrito no soslaya el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 108/2010 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXII, agosto de 2010, página 416, de texto y rubro: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo. A esa conclusión se llega, ya que si bien el Juzgador Federal debe ponderar las particularidades del caso, una vez realizada la investigación a que alude el artículo 27, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza (publicación edictos) y lo acredita en autos, el Consejo de la Judicatura Federal, debe realizar la publicación de los edictos respectivos. Lo anterior toda vez que el acuerdo de nueve de febrero de dos mil veintidós, se informó al quejoso que se procedería a llamar al tercero interesado ***, por edictos a su cargo, además, de apercibirle que de no recogerlos y publicarlos en los términos indicados se sobreseería el juicio, quedando debidamente notificado dicho acuerdo el impetrante de amparo. Empero, de las constancias que integran el juicio de amparo que se resuelve, no se advierte que el quejoso ***, por lo menos hubiera manifestado ante este juzgado que carece de recursos económicos para cubrir la publicación de los edictos, mucho menos que haya acreditado ante este órgano jurisdiccional dicha imposibilidad. De ahí que, este órgano federal no está obligado a realizar la ponderación a que refiere la jurisprudencia 108/2010 antes transcrita. Sobre el particular es de observarse la Jurisprudencia 22/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 24, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Materia Constitucional, Décima Época, Registro 2009913, de rubro y texto siguientes: EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ SU NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO CONTRAVIENE EL DERECHO DE GRATUIDAD EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. En relación con la carga procesal contenida en el precepto citado, el juzgador de amparo debe ponderar las particularidades del caso para que, si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir el costo de los edictos, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes para demostrar que no tiene la capacidad económica para sufragarlos, entonces pueda determinarse que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, los publique para emplazar al tercero perjudicado. Sin embargo, ante la ausencia de manifestaciones o elementos sobre su falta de capacidad económica para sufragarlos, subsiste esa carga procesal para el quejoso, sin que ello implique una transgresión al derecho de gratuidad en la administración de justicia impartida por el Estado ni a la prohibición de costas judiciales, pues lo que se busca es impedir que el gobernado pague directamente a quienes intervienen en dicha administración una contraprestación por la actividad jurisdiccional, ya que la retribución por la labor de quienes integran los tribunales debe cubrirla el Estado. En efecto, acorde con el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, en relación con el numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la publicación de los edictos "a costa del quejoso" corresponde únicamente al importe de la publicación en: a) El Diario Oficial de la Federación; y, b) Uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República Mexicana; así, si las erogaciones derivadas de los actos procesales realizados por las partes para satisfacer las cargas procesales, lejos de importar un costo por la administración de justicia, constituyen el importe que cada litigante asume cubrir (o no) como necesario durante su intervención en el proceso, a fin de obtener una sentencia favorable a sus intereses, entonces la eventual erogación del quejoso por publicar los edictos para continuar el juicio de amparo no contraviene el principio de justicia gratuita, porque no constituye una costa judicial de las prohibidas por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el acto de publicación en los indicados medios de difusión masiva no implica una actuación judicial, sino únicamente un acto material por el cual una entidad ajena al tribunal da publicidad a una determinación judicial con el objetivo de cumplir con una formalidad para continuar con el trámite del juicio de amparo" Asimismo, es aplicable la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, Tomo XXXII, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Julio de 2010, página 1868, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR OMISIÓN DE RECOGER EDICTOS CON EL FIN DE EMPLAZAR A LA PARTE TERCERA PERJUDICADA. ANTE LA AUSENCIA DE NORMA QUE ESTABLEZCA TAL HIPÓTESIS, ES CORRECTA LA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA RELATIVA. Si bien es exacto que inexiste precepto que establezca como causal de sobreseimiento el no recoger los edictos para que se emplace a la tercera perjudicada, no obstante, existe una jurisprudencia obligatoria ineludible, cuyo rubro es: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO."; luego, atento al criterio jurisprudencial en cita, establecido por contradicción de tesis, ello autoriza al Juez de Distrito al respecto, por contener la interpretación jurídica y armónica de esa situación fáctica y procesal, según lo estimó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto al alcance de los preceptos 14, párrafo segundo y 17 constitucionales; 73, fracción XVIII, en relación con el 30, fracción II y 5o., fracción III, de la Ley de Amparo, precisamente en razón a la falta de norma que motivó la integración de tal laguna de ley para actualizar la referida causa de sobreseimiento del juicio de garantías, dada la evidente omisión y desinterés del quejoso de recoger los edictos para emplazar al tercero o terceros perjudicados. En ese sentido, es pertinente puntualizar que el juzgador debe ponderar los derechos subjetivos públicos que están en juego, ya que por un lado se tiene el derecho del quejoso de acceso a la justicia y, por el otro, el que tiene el tercero interesado a intervenir en todas las etapas del proceso a fin de que subsista el acto reclamado y defender sus derechos. Por ello, se considera que existe imposibilidad para continuar con el procedimiento en el presente juicio de amparo, esto es, celebrar la audiencia constitucional y dictar sentencia, dado que si se actuara de esta manera, se podría irrogar perjuicio a la tercera interesada. En mérito de lo anterior, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, 63, fracción V, 26, incisos b) y k), 27, fracción III, incisos a) y b), y 5, fracción III, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia constitucional. Consecuentemente y en razón de que la audiencia constitucional en este juicio de amparo, se encuentra señalada para las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y SEIS MINUTOS DEL OCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, se deja sin efecto dicho señalamiento. Notifíquese personalmente.
- Principal
Vistos los autos del presente juicio de amparo, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de veinte días que mediante proveído de nueve de febrero de dos mil veintidós, a fin de entregar los edictos para la publicación respectiva en uno de los periódicos de mayor circulación en la república, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, a fin de emplazar a juicio a la tercera interesada ****. Para dar margen a lo anterior, se dispone diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fija como nueva fecha para su celebración las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y SEIS MINUTOS DEL OCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.
- Principal
Vistos los autos del presente juicio de garantías, se advierte que mediante proveído de uno de diciembre de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa, a fin de que en un término de tres días computado legalmente, proporcionara domicilio actual y correcto en el que pudiera ser emplazada la tercera interesada ***, sin que a la fecha haya realizado manifestación alguna al respecto. Ahora bien, del análisis de los autos del presente juicio de amparo se advierte que no ha sido posible emplazar a la citada tercera interesada, no obstante de las gestiones realizadas por este juzgado para investigar el domicilio de la misma, pues para tal efecto se giraron oficios al Superintendente de Zona de la Comisión Federal de Electricidad, Instituto Nacional Electoral, Director de Recaudación dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración en el Estado, Presidente Municipal de la capital, Director de Teléfonos de México, Director de Aguas del Municipio, Director de Catastro en el Estado, Director Municipal de Finanzas y Administración del municipio de Durango, Director de la Policía Investigadora de Delitos y Director de Catastro Municipal, todos con residencia en esta ciudad, para que, en caso de que en sus registros obrara el domicilio actual de la referida parte tercera interesada, lo proporcionaran a este órgano jurisdiccional. Al respecto, del resultado de dicha investigación, se comisiónó a la Actuaria Judicial adscrita a fin de que realizara el emplazamiento de mérito, en los diversos domicilios proporcionados por las autoridades citadas en párrafo que antecede; sin que fuera posible llevar a cabo el mismo por las razones asentadas que obran en autos. En tal virtud, requiérase por última ocasión a la parte quejosa, a fin de que en un término de tres días, computado legalmente, informe si conoce el domicilio actual y correcto en el que pueda ser emplazada ***; apercibido que, de no dar cumplimiento a lo anterior, en el término indicado, se ordenara su emplazamiento por medio de edictos, los cuales correrán a su costa, en términos de lo dispuesto en el numeral 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, se dispone diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fija como nueva fecha para su celebración las NUEVE HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente.
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