Emilia Hernández López

Expediente 1045/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1045/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
18/08/2023

Partes del expediente

  • Emilia Hernández López

Actuaciones

  1. Principal

    I. Causa estado. Del análisis que se realiza a las actuaciones del juicio de amparo en que se actúa y de la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que prevé el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos de la ley de la materia, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de garantías, sin que lo hiciera valer; por tanto, se declara firme el auto de referencia. II. Orden de archivo. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. III. Valoración del expediente. Este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN en un plazo de tres años, por encontrarse en alguno de los supuestos a que se refieren las fracciones I, II, IV, VI, VII, VIII, IX, X del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, dado que carece de relevancia documental y no encuentra en las hipótesis contempladas en los numerales 15, 17 y 18 del citado Acuerdo General, por lo que en términos del artículo 9 del referido Acuerdo General, resguárdese en este órgano jurisdiccional por el referido plazo, y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico. De acuerdo al numeral 34 del propio Acuerdo General, en la carátula del expediente insértese la leyenda "Destruible" mediante uso de sello. Notifíquese.

  2. Principal

    I. Radicación. Téngase por recibida la demanda promovida por ***, apoderado legal del ***, carácter que se le reconoce provisionalmente en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, por así tenerlo acreditarlo ante la autoridad responsable en términos de la documental que exhibe en su escrito de demanda, contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Séptimo Distinto en Durango. ll. Desechamiento. Luego, del análisis del ocurso de cuenta, se advierte que la demanda de amparo es improcedente y debe desecharse por las siguientes consideraciones. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo disponen que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio y, que si se encontrare motivo manifiesto e indudable de inviabilidad al examinar la demanda, debe desecharse de plano. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, tiene aplicación por identidad de razón la jurisprudencia siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. Del anterior criterio jurisprudencial, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. a. Actos intraprocesales dentro de juicio. De una intelección del artículo 107, fracción V, de la ley de la Ley de Amparo, se desprende que el amparo biinstancial sólo procede en contra de actos en juicios cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndolos como aquellos que afecten derechos sustantivos. En sentido contrario, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce un menoscabo de esa naturaleza; por tanto, al no actualizarse el supuesto de procedencia del juicio de amparo previsto en el artículo 107, fracción V, de la ley que lo regula, se actualizaría la causa de improcedencia prevista por el diverso artículo 61, fracción XXIII, del mismo cuerpo normativo. El citado numeral 107, fracción V, establece dos condiciones para la procedencia del juicio de amparo, a saber:  Que sean actos dentro de juicio.  Que afecten derechos sustantivos. Los actos dentro de juicio son aquellos dictados dentro de un proceso jurisdiccional entendido como la institución jurídica compuesta de una serie sucesiva de actos, constituidos por etapas expositiva, probatoria y conclusiva. Cabe destacar que después de la fase conclusiva del proceso, en algunos casos existe la etapa ejecutiva, aunque para los actos dictados en esta etapa la ley citada hace una distinción, ya que les da el tratamiento de actos dictados después de concluido el juicio (artículo 107, fracción IV, del ordenamiento legal aplicable), con reglas de procedencia distintas al estudio que nos ocupa. El juicio o proceso comienza con la presentación de la demanda o incidente y concluye con el dictado de la sentencia definitiva; por lo que los actos que tengan lugar entre estos extremos constituirán actos en juicio. Ahora, sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, debe señalarse que son aquellos actos dictados dentro del juicio que el legislador dispuso afectan de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos consagrados en la constitución y no los que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Lo anterior significa que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de incidir inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la constitución por medio de los derechos fundamentales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otras, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, las meras violaciones procesales no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Luego, el prototipo de los primeros (actos irreparables) está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la Ley de Amparo preserva al gobernado como géneros, citándose a guisa de ejemplo, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordena la intercepción de la correspondencia de alguna de las partes en las oficinas de correos, el que se conmina a una parte a que forzosamente desempeñe un trabajo o el arraigo, pues en los primeros casos se puede afectar la propiedad y posesión, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo y en el séptimo la de tránsito; afectaciones éstas que no podrían repararse en alguna actuación posterior del juicio. En tanto que el supuesto de los segundos (actos reparables), se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Esto es, en el supuesto de que la parte quejosa obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio de origen, los efectos de la violación procesal de que se duele desaparecerían y sólo trascenderán en el caso de que la sentencia fuese contraria, afectando de esta manera sus derechos sustantivos, en ese momento será cuando la violación que ahora alega deberá combatirla mediante el medio de impugnación que corresponda o, en su caso, por medio del juicio de amparo. Además, el juicio de amparo contra actos de autoridades judiciales dictados dentro de juicio, sólo es procedente cuando se afecten derechos sustantivos, pero no cuando se reclamen violaciones a las garantías individuales, puesto que éstas no son derechos sustantivos, ya que como su nombre lo indica, garantizan la aplicación de la ley en cuanto a los procedimientos seguidos ante tribunales, con el objeto de proteger la integridad física, la libertad y los bienes, siendo éstos, los derechos fundamentales del gobernado, entre otros; es decir, las garantías individuales, no son derechos sustantivos, sino que constituyen el instrumento constitucional establecido por la propia norma fundamental del país, para salvaguardar tales derechos. En el caso, la parte quejosa señaló; como acto reclamado lo siguiente: "LEY O ACTO RECLAMADO. A.- El acuerdo PRIMERO, en el juicio agrario ***, dentro de la audiencia de ley de fecha ***, en virtud de considerar perdido el derecho de la demandada de constar la demanda, en virtud de que no compareció a la audiencia de fecha 16 de marzo de 2023, en contradicción a lo que marca el procedimiento agrario en el artículo 185 de la Ley Agraria en Vigor." De lo anterior así como de las constancias exhibidas por la quejosa, se advierte que en el presente juicio *** por conducto de su apoderado legal, reclama del Tribunal Unitario Agrario del Séptimo Distrito en Durango, el proveído de fecha once de julio de dos mil veintitrés, dictado en los autos que integran el juicio agrario número ***, en el cual, la responsable tuvo por perdido el derecho de la parte demandada aquí quejosa ***, para dar contestación a la demanda presentada por la parte actora; ello en virtud de que la promovente de amparo fue debidamente emplazada y no compareció a la diligencia de dieciséis de marzo del año en curso. En ese orden, se continuó con el trámite del juicio agrario de origen y la responsable procedió a la admisión de pruebas ofrecidas por la parte actora y demandada; fijó fecha y hora para el desahogo de las pruebas confesionales y testimoniales ofrecidas por las partes, entre ellas, la ofertada por la aquí quejosa. Por tanto el proveído que en esta instancia constitucional reclama la quejosa constituye un acto dictado dentro del juicio de origen que no tiene una ejecución de imposible reparación, dado que sus consecuencias no afectan materialmente algún derecho sustantivo contenido en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Se afirma lo anterior, ya que por regla general, lo relativo a la admisión o desechamiento de pruebas, o incluso, la omisión de pronunciarse sobre ellas, únicamente puede ocasionar una violación a derechos procesales que podrían repararse en la sentencia definitiva, lo que tornaría intrascendente cualquier violación que pudiera derivarse de esa determinación. Asimismo, la lesión que pudiera resentir la parte promovente, con el acto reclamado -audiencia en la que se determinó, tener por perdido el derecho de la demandada aquí quejosa de contestar la demanda del juicio agrario *** y continuar con la secuela procedimental del de dicho juicio-, pudiera subsanarse al obtener una sentencia favorable a sus pretensiones, y en el caso de que ésta resultara adversa, entonces esa violación procesal, sería reclamable en el juicio de amparo que se promueva en contra de la sentencia definitiva; en tanto, se trata de una violación de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes. Por tanto, el efecto del acto que se reclama consiste en la continuación del procedimiento de origen, por lo que sólo se pueden afectar los derechos procesales de la parte quejosa pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva, como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros. En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser actos que afecten derechos sustantivos, se estima que no se actualiza la hipótesis contemplada por el artículo 107, fracción V, de la norma en consulta, para poder ser impugnado de inmediato a través del juicio de amparo indirecto. Sirve como sustento a lo anterior por identidad de razón las jurisprudencias de rubro y texto siguientes: PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. DEMANDA, EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE LA TIENE POR CONTESTADA EN SENTIDO AFIRMATIVO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. Por tanto, con apoyo en el ordinal 113 de la referida ley de la materia, se desecha la demanda en estudio. III. Señala domicilio y autorizados. Téngase como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda, y como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a ***, toda vez que no tiene registrada su cédula profesional de licenciado en Derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Proporciona correo y número telefónico. Asimismo, téngasele proporcionando correo electrónico y número telefónico a fin de que se establezca contacto en los casos que se estime pertinente. IV. Solicitud de tramitación del juicio en línea. V. Transparencia. VI. Digitalización e incorporación de constancias físicas al expediente electrónico. Notifíquese personalmente.

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