Emilio Daniel López Sánchez

Expediente 645/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
645/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
05/07/2017

Partes del expediente

  • Emilio Daniel López Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 62 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio remitido por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, mediante el cual acusa recibo de las constancias que le fueron enviadas con motivo de la competencia declinada por este juzgado.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo signada por ********, quien se ostenta como mandatario judicial de *******, contra actos de la Magistrada de la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, por violación a sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1o., 4o., 14, 16 y 17 de la Constitución. Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno y medios administrativos de este órgano judicial con el número 645/2017. Con relación al libelo constitucional, se provee: Ahora bien, para estar en aptitud de determinar si este órgano jurisdiccional es el competente para conocer de la citada demanda, por razón de la vía propuesta, cabe mencionar que el primer párrafo del artículo 47 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda Por su parte, los ordinales 34, párrafo primero y 170, fracción I de la Ley de la materia, disponen: Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.- Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley.- Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.- Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva.- Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional. De los numerales trascritos se aprecia que si un Juez de Distrito recibe una demanda de amparo en la que se señale como acto reclamado una sentencia definitiva o resolución que da por concluido el juicio de origen y respecto del cual la ley común no concede ningún recurso ordinario por virtud del cual pueda ser modificada o revocada, debe rechazar su competencia y remitirla al Tribunal Colegiado de Circuito para que ante éste se ventile el juicio de amparo, el que decidirá en última instancia y sin necesidad de que lo soliciten las partes, por no haber sido emplazados a juicio aún la autoridad responsable ni el tercero interesado, si es que éste existe, si va a conocer y resolver ese juicio de amparo o se declara incompetente. En el presente caso, la parte quejosa señaló como acto reclamado la sentencia de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, dictada por la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, en el toca *** por la que confirmó la sentencia de primer grado de veinticuatro de marzo de dos mil dieciséis (sic), emitida en el juicio oral ordinario ***, del índice del Juzgado de Oralidad Familiar de Moroleón, Guanajuato; en la que se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto. Ahora bien, tanto del capítulo relativo a los antecedentes del acto reclamado, como del relativo a los conceptos de violación del libelo constitucional, emerge que la resolución que constituye el acto reclamado, emitida el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete por la magistrada señalada como responsable, pone fin al juicio subyacente -juicio oral ordinario número ***en mención-, pues señaló que el cumplimiento de convenio que se reclamó en el ordinario de referencia, conlleva una ejecución de sentencia que solo es posible tramitarla y resolverse dentro del juicio en el que se dictó dicha resolución; teniendo a salvo sus derechos las partes, para promover en el juicio de divorcio voluntario, lo que legalmente corresponda; por lo que consideró que no se vulnera el interés superior de las acreedoras alimentistas menores de edad. Por ello confirmó la decisión asumida en la primera instancia, en la que la Juez de Partido Civil Especializada en Materia Familiar de Moroleón, Guanajuato, dijo no ser competente para conocer del aspecto relativo al cumplimiento del convenio celebrado en el juicio de divorcio voluntario, dado que ello implica una liquidación que solamente es posible tramitar ante el propio juzgado civil de Uriangato, Guanajuato, al no ser posible soslayar los presupuestos procesales de un juicio, tales como la competencia y la vía, ya que lo actuado ante un juez incompetente es nulo. Luego, dado que la ley común no concede ningún recurso ordinario por virtud del cual pueda ser modificada o revocada la resolución de alzada reclamada, este Juzgado se declara legalmente incompetente de plano para conocer de la demanda promovida por ***********, quien se ostenta como mandatario judicial de ***********; por tanto, se ordena enviar el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito en turno, previa formación del cuaderno de antecedentes que se deje en este Juzgado; realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y solicítese a la Superioridad el acuse de recibo de estilo. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. En atención a lo anterior, como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Por otra parte, toda vez que la parte quejosa señaló como domicilio procesal para oír notificaciones los estrados de este juzgado de Distrito, practíquensele todas las notificaciones, aún las de carácter personal, mediante listas que se publican en este órgano judicial; así mismo, se tienen como autorizados en términos restringidos del numeral 12 de la Ley de Amparo, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a ***********, por no haber proporcionado mayores datos que justifiquen que cuentan con facultad legal para ejercer la profesión de abogados, tales como su número de cédula profesional o de registro ante el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, sin perjuicio que en caso de acreditar dichos extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude el precepto legal en cita. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, el suscrito habilita días y horas inhábiles para notificar las providencias respectivas dictadas en el presente juicio para el adecuado despacho del asunto.

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