Emilia Elizabeth Campos Fuentes

Expediente 562/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
562/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
03/09/2021

Partes del expediente

  • Emilia Elizabeth Campos Fuentes

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y toda vez que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que *******, interpusiera recurso de queja contra el auto tres de agosto de dos mil veintiuno, por el cual se DESECHÓ la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, se declara que dicha auto, queda FIRME para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). ? Valoración de archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN en un plazo de tres años, una vez que transcurran y contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.

  2. Principal

    Agréguese el oficio signado por la secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Aguascalientes, por el cual devuelve diligenciado el exhorto 377/2021, del índice de este juzgado, el cual fue enviado para notificar a la quejosa *********, el acuerdo de diez de agosto del año en curso, emitido en el presente asunto, de lo que este juzgado toma nota. Por tanto, dese de baja el exhorto recibido, en el sistema correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo.

  3. Principal

    Recepción y registro de la demanda. Vista la demanda de amparo de cuenta presentada por *******, por propio derecho; en contra de actos del subdelegado de Prestaciones Económicas, Delegación Estatal Coahuila del Instituto Mexicano del Seguro Social y otras autoridades, por violación a los derechos fundamentales establecidos en los artículos 1°, 8°, 14, 16, 17 y 123 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el número 562/2021-6. ? Desechamiento de demanda. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Pues bien, en el presente caso se advierte de forma manifiesta la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 6 del mismo ordenamiento, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Los artículos transcritos disponen, en principio, que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia derive de alguna disposición de dicha ley, pero distinta a las previstas en el numeral 61; en relación con este punto, el diverso artículo 6 de la ley de la materia dispone que la acción constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame, es decir, que resienta un perjuicio, daño o menoscabo sobre él o sobre su patrimonio, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado. Además, es criterio reiterado por los tribunales federales, que la demanda de amparo debe ser firmada por el promovente, ya sea de manera electrónica o autógrafa, dado que es el medio por el cual se puede cerciorar de la voluntad del gobernado de instar la acción constitucional. Así la falta de ese requisito (firma electrónica o autógrafa) trae como consecuencia la ausencia de la voluntad de???? instar la acción constitucional y por ende la improcedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "FIRMA, DEMANDA DE AMPARO CARENTE DE. Si el escrito en que se formula la demanda de garantías no está suscrito por quien se supone que es el agraviado y si se toma en cuenta que las promociones son el medio de que se valen los gobernados para poner en movimiento a los órganos jurisdiccionales, debe decirse que es indispensable que esas promociones estén suscritas por el interesado, sobre todo cuando se trata del primer escrito o promociones que, por ser la demanda, constituye la base de todo el procedimiento legal y mediante tal escrito se puede considerar a quien lo suscribió como parte actora. Por tanto, la falta de la firma tiene como consecuencia que el repetido escrito no constituya demanda y que no pueda considerarse como agraviado al que no firmó, puesto que ese requisito, el de la firma, por ser obvio, no es necesario que se precise como tal en ninguna disposición de la Ley de Amparo, aunque su ausencia sí es bastante para tener por no hecha la promoción de que se trata1". Ahora bien, de la certificación que antecede, así como de la razón asentada por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Celaya, Guanajuato, se aprecia que la demanda de amparo, así como sus copias de traslado no contienen firma autógrafa de la parte quejosa Emilia Elizabeth Campos Sifuentes, por lo que no es posible tener por colmado el principio de instancia de parte agraviada. En efecto, el artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el llamado principio de instancia de parte agraviada, y es esa disposición rectora del juicio de amparo que se traduce en el normativo transcrito en líneas anteriores, que establece 1 Época: Séptima Época; Registro: 235463; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Volumen 80, Segunda Parte; Materia(s): Común; Tesis:; Página: 29. que el juicio de amparo debe seguirse siempre a iniciativa o instancia de la parte agraviada por el acto de autoridad y al no existir la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del quejoso. En mérito de lo anterior, no es posible proveer sobre una demanda presentada sin firma autógrafa o que la misma se encuentre en copia simple, lo cual resulta menester para satisfacer el principio de que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, en términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 107 de la Constitución General de la República. En ese orden, cabe señalar que la falta de firma autógrafa no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia 8/2019 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida"2. Por tanto, la falta de la firma autógrafa tiene como consecuencia que el escrito presentado no constituya demanda y que no pueda considerarse como agraviada al que no firmó, puesto que ese requisito, el de la firma, por ser obvio, no es necesario que se precise como tal en ninguna disposición de la Ley de Amparo, aunque su ausencia sí es bastante para tener por no hecha la promoción de que se trata. Finalmente, cabe señalar que no pasa inadvertido para este juzgador, que en la demanda de amparo se aprecia impresa la supuesta firma de la parte quejosa. 2 Época: Décima Época; Registro: 2019715; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 65, Abril de 2019, Tomo I; Materia(s): Común; Tesis: P./J. 8/2019 (10a.); Página: 79. Sin embargo, la misma no puede concedérsele valor alguno, al ser un tipo de firma facsimilar o impresa, es decir, no es autógrafa. Por tanto, al no haberse firmado de manera autógrafa el escrito de demanda, es evidente que no existe la voluntad del promovente de instar la acción constitucional, dado que la firma autógrafa es la única que otorga certeza y eficacia a los escritos que son presentados por los gobernados. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia P./J. 125/2004 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que dice: "FIRMA AUTÓGRAFA. TRATÁNDOSE DE ACTOS O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS LA ANULACIÓN POR CARECER DE AQUÉLLA PUEDE SER CON O SIN DETERMINACIÓN DE EFECTOS. Para que un acto o resolución administrativa cumpla con las exigencias establecidas en el artículo 16 constitucional debe contener firma autógrafa del funcionario emisor, por ser este signo gráfico el que otorga certeza y eficacia a los actos de autoridad ya que constituye la única forma en que puede asegurarse al particular que la autoridad emisora acepta su contenido. En tales términos, si bien la falta de firma autógrafa en una resolución administrativa constituye un vicio formal y, por tanto, una violación que encuadra en la fracción II del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, cuyos efectos, en principio, deben determinarse conforme a la primera parte del último párrafo del artículo 239 del mismo ordenamiento, ello no sucede en todos los casos, pues tal precepto no debe ser interpretado en forma literal para concluir que la nulidad que se declare de una resolución administrativa por el motivo indicado, indefectiblemente debe ser para el efecto de que la resolución en cuestión se deje sin valor y se emita otra con firma autógrafa, pues de la segunda parte del mismo párrafo se desprende que en ciertos supuestos el órgano jurisdiccional puede valorar las circunstancias particulares del caso, además de que no siempre puede obligarse a la autoridad a que emita un nuevo acto que sustituya al que fue declarado nulo, pues si la propia autoridad encuentra que el acto reclamado no podría apoyarse en irreprochables motivos y fundamentos legales, estará en aptitud de no insistir en el mismo o en imposibilidad para hacerlo, aunado a que un Tribunal administrativo no puede indicar a una autoridad cómo debe???? proceder en el ejercicio de una atribución que le es propia y donde, incluso, interviene su discrecionalidad. Lo anterior sin perjuicio de que si al contestar la demanda la autoridad niega la existencia del acto que ostenta firma facsimilar y el actor no demuestra que sea cierto, tal negativa debe prevalecer sobre la presunción de existencia derivada de dicha firma facsimilar; hipótesis en la cual debe declararse el sobreseimiento en el juicio de nulidad, lo que tampoco impide a la autoridad el ejercicio de sus atribuciones, por ese motivo". Aunado a lo anterior, cabe señalar que según se aprecia de la certificación de cuenta, tanto la Oficina de Correspondencia Común como la Oficialía de Partes de este juzgado asentaron que el escrito no contenía firma autógrafa, sino que al parecer la misma era una copia. De ahí que es evidente, que no se pueda presumir que el escrito fue presentado en original con firma autógrafa. Sirve de apoyo a lo anterior, a contrario sensu, la jurisprudencia 2a./J. 32/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA. Con fundamento en el artículo 3o. de la Ley de Amparo es dable presumir que, por regla general, todas las promociones recibidas en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales, dentro del juicio de amparo, se presentaron en original y con firma autógrafa, al ser éste un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley. Por otra parte, en términos del Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, los servidores públicos que colaboran en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales cuentan, entre otras facultades, con la de denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, lo que les obliga a revisar, entre otros elementos, si fueron recibidas en original y con firma autógrafa y, a fin de respetar las garantías de legalidad y certeza, deben relacionar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente. Por tanto, si al recibir una promoción dentro del juicio de amparo no anotan, en la razón o acuse correspondiente, que se presentó sin firma autógrafa del promovente, es válido presumir que se exhibió en original y con la signatura referida3". En las relatadas condiciones, al estar plenamente demostrada la actualización de la causa de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 3º y 6, de la Ley de Amparo, con apoyo en el precepto 113, de la ley de la materia, procede desechar por notoriamente improcedente la presente demanda de derechos fundamentales. ? Notificación a la parte quejosa por medio de exhorto. En razón de que el domicilio de la quejosa se encuentra en la *******; esto es, fuera de la jurisdicción de este juzgado; por tanto, con apoyo en el artículo 27 de la Ley de Amparo, en relación con el 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto vía S.I.S.E. al Juzgado de Distrito en el estado de Aguascalientes, con sede en Aguascalientes en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda notifique el presente proveído a la quejosa Emilia Elizabeth Campos Sifuentes, asimismo, le requiera para que señale un domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el momento de la diligencia, o en su caso, en el término de tres días, las subsecuentes notificaciones se le practicarán por medio de lista, en términos del artículo 27, fracción II de la Ley de 3Registro digital: 2000130; Instancia: Segunda Sala; Décima Época; Materias(s): Común; Tesis: 2a./J. 32/2011 (10a.); Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, página 3632 Tipo: Jurisprudencia.??? Amparo, incluso sin ulterior acuerdo, aun las que sean de carácter personal. Se solicita atentamente al juez exhortado devuelva las constancias de diligenciación por la misma vía. ? Medios alternos de comunicación. Este juzgado toma nota de los números telefónicos y correo electrónico señalados por la quejosa, los cuales serán utilizados en caso de ser necesario, para comunicaciones no procesales. ? Autorizados. Se tiene como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica, en razón de que no fueron proporcionados mayores datos que justifiquen que tales autorizados cuenten con facultad legal para ejercer la profesión de abogado, tales como su número de cédula profesional o de registro ante el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, sin perjuicio que en caso de acreditar dichos extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude dicho numeral. ? Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles; lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. ? Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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