Emiliano Jacinto Becerra
Expediente 937/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 937/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Emiliano Jacinto Becerra
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. En atención a las certificaciones con que se me da cuenta, se obtiene que el veintiocho de octubre del presente año, feneció el plazo a que se refiere el artículo 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que el promovente hubiera interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I inciso a) de la citada ley de la materia, en contra del acuerdo de veinte de octubre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2º de la citada ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) El presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por haberse desechado la demanda de amparo. b) Transcurridos más de tres años a partir de la fecha del presente acuerdo, previa acta que se elabore, procédase a la destrucción del mismo. c) Este asunto no se considera de relevancia documental, en los términos del artículo 15 del aludido Acuerdo General. d) Por último, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, la fecha del acuerdo por el que se ordena su archivo, así como indicando la valoración que corresponda (relevancia documental, conservable, depurable o destruible) como al efecto establece el artículo 35 de la normativa de mérito. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinte de octubre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Emiliano Jacinto Becerra, contra actos de la Presidencia del Honorable Consejo de Disciplina de la Heroica Escuela Naval Militar, con residencia en Antón Lizardo, Municipio de Alvarado, Veracruz, y otras autoridades, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 937/2022, y acuérdese lo conducente. DESECHAMEINTO Ahora bien, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito advierte que en el caso se actualiza una causa notoria y manifiesta de improcedencia que se configura a partir del artículo 61, fracción XII en relación con los numerales 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.). Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resienta una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". De la interpretación sistemática del primer precepto en cita, se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente cuando alguna autoridad emita un acto que no afecte los intereses jurídicos de la parte quejosa, lo que implica que en todo caso, el proceder del órgano de gobierno, para ser examinado a través de la instancia constitucional, requiere como presupuesto, ser susceptible de generar perjuicio al gobernado, esto es, que exista un derecho que pueda resultar violado con el acto reclamado, lo que de no actualizarse en el caso concreto, tendría como consecuencia la improcedencia del amparo al no generarse el perjuicio como requisito indispensable para la procedencia de dicho derecho constitucional. Las restantes disposiciones citadas, conforman el llamado interés jurídico, cuya ausencia en quien ocurre a solicitar la protección constitucional, provoca la causa de improcedencia en el juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XII de la ley de la materia. Así, conviene precisar que para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no referirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación a la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio, cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Es así, como se desprende que el ejercicio de la vía constitucional compete a quien perjudique el acto o ley que reclama, por consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, es necesario que haya un perjuicio a la parte quejosa o agraviada. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 293, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 242, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE". Así como la jurisprudencia 1a./J.1/2002, también de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, página 15, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA". Pues bien, en el caso particular el acto aquí reclamado consiste en: ".La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame: No (negativo) son competentes para conocer, juzgar y sancionar las supuestas faltas graves que le atribuyen al quejoso en el expediente del caso 29/HCD/HENM/2022 del índice de la Presidencia del Honorable Consejo de Disciplina; en audiencia_programada para las QUINCE HORAS DEL VIERNES VEINTIUNO DE OCTUBRE DEL AÑO 2022. Además de conculcar las formalidades esenciales del procedimiento: no (negativo) haber notificado del procedimiento y sus consecuencias, el derecho a la garantía de audiencia, el derecho a una defensa técnica y adecuada, el derecho a las pruebas, a un juez imparcial que funde y motive su actuar y a un recurso ordinario de defensa; violando el principio de inocencia; pues se me da el trato de culpable." [sic] Atento a ello, resulta inconcuso que dicho acto no es privativo ni restrictivo de derechos sustantivos, ya que se trata únicamente del inicio a un procedimiento administrativo, que de ninguna manera afecta la esfera jurídica de la parte quejosa, en virtud de que el emplazamiento realizado al quejoso que desplegó la conducta cuestionada, mediante oficio 213/2022 relativo al expediente 29/HCD/HENM/2022, por el cual se le hacen saber los aspectos formales, como son: la causa o motivo por el cual se le va a juzgar y, el lugar y fecha que tendrá verificativo la audiencia respectiva; esto, como acto previo al desarrollo material del procedimiento sancionador, lo que le otorga al promovente la oportunidad de ofrecer pruebas que soporten la exposición de sus razones o versión de los hechos de acuerdo a sus intereses, para posteriormente concluir con el dictado de la resolución correspondiente, conforme a sus normas y reglamentos que lo rigen; por lo que tal proceder de la responsable de ninguna manera afecta sus derechos, al garantizarle la defensa adecuada antes de culminar en una resolución. Se apoya lo anterior, con las tesis de rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. LOS ARTÍCULOS 40 DE LA LEY DE DISCIPLINA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS, ASÍ COMO 16 Y 17 DEL REGLAMENTO PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS DE HONOR EN EL EJÉRCITO Y ARMADA NACIONALES, QUE LO PREVÉN, NO VULNERAN LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO, EL DEBIDO PROCESO NI EL DERECHO A LA LEGALIDAD. Los preceptos indicados no vulneran las formalidades esenciales del procedimiento, el debido proceso (o juicio justo) ni el derecho a la legalidad consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues de su lectura se advierte que el Consejo de Honor, al emplazar al militar que desplegó la conducta cuestionada, debe hacerle saber, además de los aspectos cuyas formalidades son connaturales a su actuación (como lo son el lugar y la fecha donde habrá de llevarse a cabo la audiencia respectiva), la causa o motivo por el que se le va a juzgar (cargo que está enfrentando) para que pueda exponer sus descargos (brindarle la oportunidad de ofrecer pruebas que respalden su versión de los hechos y procurarle la posibilidad de alegar lo que a sus intereses convenga), como un acto previo al desarrollo material del procedimiento sancionador que culminará con el dictado de una resolución fundada y motivada, ya que sólo así se entiende el fin consistente en que se le imparta justicia, como lo manda el artículo 40 de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Ahora bien, el hecho de que la autoridad en el emplazamiento no cumpla con los requisitos descritos, que permitan al imputado preparar en un lapso razonable sus descargos o su defensa con anticipación a la materialización del procedimiento sancionador, no constituye un vicio de constitucionalidad de las normas aludidas, sino de la forma en que la autoridad las aplica en cada caso concreto." "ARMADA DE MEXICO, PERSONAL NAVAL MILITAR. LOS ARTICULOS 14, 16, 23, 25, 26, 29, 30 Y 31 DEL REGLAMENTO DE LA JUNTA DE ALMIRANTES, CONSEJOS DE HONOR SUPERIOR Y ORDINARIO, QUE ESTABLECEN EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO, NO VIOLAN LA GARANTIA DE AUDIENCIA. De lo dispuesto por el citado Reglamento se desprende que el procedimiento disciplinario que regula no viola la garantía de audiencia establecida por el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, ya que no limita ni coarta, en forma alguna la defensa apropiada de los militares, pues respeta las formalidades esenciales del procedimiento en virtud de que siendo éstas las necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación, es suficiente para considerar colmada tal exigencia que en ese Reglamento se establezcan las siguientes formalidades: 1) La notificación del inicio del procedimiento y el señalamiento de sus consecuencias, al hacerse saber al afectado las faltas graves que se le atribuyen (artículos 14 y 16); 2) La oportunidad de exponer su defensa, ofrecer y desahogar las pruebas en que la finque, lo que puede ser en una o más audiencias (artículos 23, 25 y 26); 3) El derecho de alegar (artículo 29); y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas (artículos 30 y 31). Cabe destacar que la circunstancia de que en el Reglamento aludido no se señale la obligación de fijar fecha precisa para que se lleve a cabo la celebración de la audiencia y de que sean las autoridades castrenses las que decidan cuántas audiencias deben celebrarse, no implica que el legislador incurrió en desacato a la garantía de audiencia, pues en la parte examinada, se colma con las formalidades enumeradas." No obsta a lo anterior, lo manifestado en el sentido que el órgano disciplinario que refiere, no tiene facultades para sancionar la conducta atribuida al peticionario de amparo, al considerar que las lesiones son de apariencia de delitos; dado que dicho órgano va a calificar la conducta que afecta la disciplina o la formación profesional del cadete, al cual esté se sujetó al ingresar a la Heroica Escuela Naval Militar, por tanto, obligado a cumplir con sus deberes de conductas y mantener un comportamiento dentro y fuera de las instalaciones; por ello, el órgano disciplinario conforme a las normas que lo rigen está facultado para calificar y sancionar administrativamente las faltas de los cadetes. De igual forma, no es óbice a lo expuesto en los párrafos que anteceden, el hecho de que el promovente haya manifestado que bajo protesta de decir verdad, se encuentra sujeto a una pena inusitada y trascendental fuera de procedimiento como lo es la "baja definitiva" como Cadete de Primera Quinto Año Infantería de Marina Paracaidista de la Heroica escuela Naval Militar y del Servicio Activo de la Armada, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo; dado que a lo contrario de lo que refiere, en esta instancia constitucional la insta contra el inicio del procedimiento sancionador; por tanto, no se puede referir a una baja definitiva, cuando apenas se aperturo dicho procedimiento, citándose a la audiencia que tendrá verificativo el día veintiuno del mes y año en curso, para entonces culminar en una resolución; por ello, la circunstancia planteada en nada afecta, ni cambiaría la decisión del suscrito. Por lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, con fundamento además en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de cuenta por su notoria, manifiesta e indudable improcedencia. AUTORIZADOS Ténganse a Leticia Hernández Sánchez y Oscar Muñoz Villarreal, como autorizados en términos amplios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Amparo, ya que acreditan tener registradas sus cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito, y Juzgados de Distrito, de toda la República Mexicana. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Ahora bien, respecto de su solicitud en el sentido de que se le permita la consulta vía internet del expediente electrónico; como lo solicita, se le autoriza dicha consulta vía internet, con el nombre de usuario "OSCARMANUEL", en el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal; y de igual forma, en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, las notificaciones se le practicarán por la vía electrónica. EXHORTO PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LAS PARTES En atención a lo establecido en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado inicialmente en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte y prorrogado en cuanto a su vigencia, en su numeral 22, fracción II, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correo electrónico o servicios de mensajería instantánea que brinda la telefonía móvil, para entablar comunicaciones no procesales, en los casos en que se estime necesario. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. EXHORTO PARA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Tomando en consideración el presente asunto fue promovido físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea, de conformidad con el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Se indica a las partes que a fin de poder consultar las constancias de este asunto, notificarse y promover electrónicamente es necesario que se registren en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea) y soliciten el acceso al expediente electrónico proporcionado el usuario establecido, y contar con "e.firma" o "FiREL". AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. Aunado a lo anterior, dado que el esquema trabajo dispuesto por el Consejo de la Judicatura Federal al emitir el Acuerdo General 21/2020 abandona las guardias para la atención de casos urgentes y, en consecuencia, reanuda la actividad jurisdiccional ordinaria, incluido el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptan diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas. En ese sentido, se indica que a efecto de comparecer a este juzgado de manera presencial, deberá generar anticipadamente la cita correspondiente ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y cuando acuda a este juzgado de manera presencial, deberá presentar el código QR generado con motivo de la cita, para los efectos legales procedentes. Notifíquese en términos de ley.Así lo acordó y firma electrónicamente Miguel Gastón Manzanilla Hernández, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, Encargado del Despacho, en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, puesto que el Titular de este órgano jurisdiccional se encuentra disfrutando de licencia académica del día dieciocho al veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Autorización que fue aprobada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y notificada a este juzgado por oficio número CCJ/ST/4464/2022; ante la secretaria Verónica Yazmín Bautista Soto, con quien actúa y da fe. Doy fe.
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