Emiliano Jacinto Becerra

Expediente 956/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 24 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
956/2022
Año
2022
Actuaciones
24
Última actuación
24/04/2023

Partes del expediente

  • Emiliano Jacinto Becerra
  • Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 956/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación la circunstancia que no obren en autos los acuses de recibo relativos a los oficios dirigidos a las autoridades foráneas; puesto que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ella se haya reclamado, lo cual en el caso no acontece. Lo anterior es acorde también al criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, que integró la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), cuyos datos de identificación, registro 2012455, rubro y texto se citan a continuación: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita". Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada definitiva respecto de los actos reclamados, tal y como se advierte en resoluciones de diecisiete de noviembre y doce de diciembre, ambas del año dos mil veintidós (fojas 95-98 y 125-128 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto) con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación la circunstancia que no obren en autos los acuses de recibo relativos a los oficios dirigidos a las autoridades foráneas; puesto que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ella se haya reclamado, lo cual en el caso no acontece. Lo anterior es acorde también al criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, que integró la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), cuyos datos de identificación, registro 2012455, rubro y texto se citan a continuación: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita". Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada definitiva respecto de los actos reclamados, tal y como se advierte en resoluciones de diecisiete de noviembre y doce de diciembre, ambas del año dos mil veintidós (fojas 95-98 y 125-128 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto) con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe."

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación la circunstancia que no obren en autos los acuses de recibo relativos a los oficios dirigidos a las autoridades foráneas; puesto que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ella se haya reclamado, lo cual en el caso no acontece. Lo anterior es acorde también al criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, que integró la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), cuyos datos de identificación, registro 2012455, rubro y texto se citan a continuación: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita". Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada definitiva respecto de los actos reclamados, tal y como se advierte en resoluciones de diecisiete de noviembre y doce de diciembre, ambas del año dos mil veintidós (fojas 95-98 y 125-128 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto) con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa la sentencia engrosada el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, misma que a la letra dice: SENTENCIA Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 956/2022, promovido por ********************. RESULTANDO PRIMERO. Demanda y turno. Por escrito presentado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós y turnado a este órgano jurisdiccional el veinticinco de octubre siguiente, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 4-13). SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintiséis de octubre siguiente, se acordó: admitir la demanda de amparo; requerir a las autoridades responsables su informe justificado; dar la intervención que compete a la fiscal de la Federación adscrita y, emplazar a la parte tercera interesada (fojas 14-18). El cuatro de noviembre siguiente, se emplazó de manera personal a los terceros interesados (fojas 25 y 27). Se agregaron materialmente en autos los informes justificados de las autoridades responsables identificadas con los números 3, 2 y 1 (fojas 33-41, 57-70 y 71-84) y el de la diversa autoridad identificada con el número 5 digitalizado en el expediente electrónico, conforme a lo ordenado por auto de dos de diciembre pasado (foja 170). Integrado el expediente, se fijó fecha y hora para la audiencia constitucional (foja 183) la cual se llevó a cabo en el horario y día señalados (fojas 195-196). Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción VII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracciones I y II, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, en razón que se reclama el inicio de un procedimiento administrativo, impugnable en amparo indirecto conforme al numeral 107, fracción III, inciso b, de la Ley de Amparo; así como diversos ordenamientos legales con motivo de su primer acto de aplicación. La materia (mixta) al actuar como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, atento a que los actos reclamados tienen ejecución material en la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuál es el acto reclamado. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que los actos combatidos consisten en: a). La inconstitucionalidad del artículo 88 del Reglamento General de Deberes Navales, publicado en el Diario oficial de la Federación el diez de septiembre de dos mil tres; atribuido al 4. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de México. b). La inconstitucionalidad del Apartado de Definiciones del Catálogo de Faltas de la Secretaría de Marina, publicado en el Diario oficial de la Federación el tres de junio de dos mil tres; atribuido al 5. Secretario de Marina, en la Ciudad de México. c). La inconstitucionalidad del artículo 8°, Primera Fase del Capítulo VI del Manual de Funciones y Procedimientos del Consejo de Disciplina de la Heroica Escuela Naval Militar, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de marzo de dos mil veintiuno; atribuido al 3. Director de la Heroica Escuela Naval Militar en Alvarado, Veracruz. d). (Como primer acto de las disposiciones normativas impugnadas) se reclama el inicio del procedimiento administrativo disciplinario con el número de expediente ********************. Este acto atribuido al 1. Presidente y al 2 Honorable Consejo de Disciplina de la Heroica Escuela Naval Militar en Alvarado, Veracruz. Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de actos. Son ciertos los actos reclamados al 3. Director de la Heroica Escuela Naval Militar en Alvarado, Veracruz y al 5. Secretario de Marina, en la Ciudad de México, consistentes en la expedición de las normas atribuidas a esas autoridades. Lo anterior en razón que así lo manifestaron dichas autoridades al rendir su respectivo informe justificado, el de la identificada con el número 3, agregado materialmente al expediente (fojas 33-41) y, el de la identificada con el número 5, digitalizado en el expediente electrónico, conforme a lo ordenado por auto de dos de diciembre pasado (foja 170). Por otra parte, en términos del artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presume la certeza del acto reclamado que se atribuye al 4. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de México, en razón que dicha autoridad fue omisa en rendir su informe justificado, a pesar de habérselo requerido a través de oficio que al efecto se le envió, según consta en el acuse de recibo del mismo (foja 176). Además, la certeza de los ordenamientos impugnados es implícita y no es objeto de prueba, en atención al principio de derecho plasmado en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de Amparo, con apoyo en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." Igualmente, sirve de apoyo la tesis 2a./J. 65/2000 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que se lee: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Por otra parte, en sus respectivos informes justificados el 1. Presidente y el 2. Honorable Consejo de Disciplina de la Heroica Escuela Naval Militar en Alvarado, Veracruz, negaron los actos reclamados a las mismas (fojas 57-70 y 71-84). No obstante, debe tenerse por desvirtuada su negativa, en la medida que en su propio informe justificado las autoridades reconocen el inicio del procedimiento administrativo disciplinario con el número de expediente ******************** de su índice, donde el quejoso sostiene se han violado sus derechos fundamentales, motivo por el cual se tiene por cierto el acto que se les atribuye. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." CUARTO. Improcedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza la procedencia del juicio constitucional. En el caso, se estima que sobreviene el motivo de improcedencia previsto en la fracción XIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, respecto de la totalidad de los actos reclamados, debido a las manifestaciones de voluntad del quejoso que entrañan su consentimiento expreso, como a continuación se verá. PREMISAS NORMATIVAS El numeral 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento." De conformidad con el precepto anterior, el juicio de amparo resulta improcedente, cuando el quejoso, respecto de un acto emitido por una autoridad, expresa de manera clara e indiscutible estar de acuerdo con él, aprobándolo o dando su anuencia, o bien, cuando ejecuta actos voluntarios que supongan ese consentimiento. El consentimiento, para efectos de la improcedencia del juicio de amparo, debe entenderse como la manifestación, expresa o tácita, de la voluntad del quejoso, que opta por someterse a los efectos de la ley o acto reclamados. Ahora bien, la expresión del consentimiento del acto reclamado a que alude dicho dispositivo legal que ha quedado transcrito, constituye una regla de derecho conforme con la cual no resulta procedente examinar la constitucionalidad de un acto o ley cuando ha mediado el consentimiento expreso de la parte quejosa, que responde evidentemente a un principio de certidumbre jurídica orientado a evitar que aquélla haga uso del juicio de amparo para desconocer y sustraerse ilegítimamente de los efectos de la conducta que ella misma haya exteriorizado de manera libre y espontánea con arreglo al acto o ley de que se trate. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis VI.1o.39 K, del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se lee: "CONSENTIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. LAS MANIFESTACIONES DE VOLUNTAD QUE LO ENTRAÑAN PUEDEN PRODUCIRSE DURANTE LA TRAMITACION DEL JUICIO DE AMPARO Y APOYAN LA IMPROCEDENCIA DE ESTE. De acuerdo con los artículos 1803 del Código Civil para el Distrito Federal aplicable en toda la República en Materia Federal y 1457 del Código Civil del Estado de Puebla, el consentimiento puede expresarse verbalmente, por escrito o mediante signos inequívocos, a lo que debe sumarse que debido a sus características, por regla general es un acto de voluntad, que por lo mismo, puede expresarse en cualquier momento hasta antes de que se dicte sentencia en el juicio de garantías. De lo anterior, se sigue, que de estar probado ese consentimiento, ha lugar a declarar la improcedencia de la acción constitucional." Asimismo, el consentimiento expreso debe significar, en todo caso, una consecuencia para aquel que teniendo la posibilidad de acudir al juicio de amparo en reclamo de sus derechos, opta por someterse a los efectos perjudiciales del acto o ley reclamada, pues sólo en ese supuesto puede afirmarse que la promoción del juicio se tornaría improcedente en cuanto a que con ella se pretendería sustraer de su conducta precedente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que para que se consienta un acto de autoridad, para efectos de la improcedencia del juicio de amparo, se requieren tres requisitos: a). Que el acto reclamado exista, pues no podría expresarse el consentimiento de un acto que no se conoce y que, por lo mismo, no se hayan ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar de eso, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad. Si la aprobación del quejoso se refiere a un acto futuro, que es inexistente al momento de su manifestación de voluntad, no se podría tener por cumplido este requisito. b). Que el acto cause un agravio al quejoso, pues si no fuera así, aunque el quejoso estuviera conforme con aquél, ninguna relevancia tendría para la promoción del amparo que, desde luego, no sería intentado. Esto es, este requisito no se cumpliría, si los actos de sometimiento al dispositivo legal impugnado se producen en beneficio del quejoso. c). Que el quejoso se haya conformado con el acto reclamado o haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. En ese sentido, se consiente expresamente un acto cuando el particular realiza una conducta de manera espontánea que se apoye en dicho acto o ley, es decir, cuando se produce una conducta concreta con la que se está cumpliendo una orden de autoridad (o como en el caso, una omisión) o se está sometiendo a los supuestos normativos de un ordenamiento. Dicho criterio se contiene en la tesis aislada que se lee: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad." Hasta aquí dichas premisas. SUBSUNCIÓN Antes de exponer por qué razones se satisfacen los tres requisitos que estableció la Suprema Corte deben cumplirse para considerar consentido expresamente un acto de autoridad, conviene recordar que el acto reclamado que en este momento de la resolución se analiza, se hace consistir en el inicio del procedimiento administrativo disciplinario con el número de expediente ******************** del índice del Consejo de Disciplina de la Heroica Escuela Naval Militar en Alvarado, Veracruz. En el caso concreto, se actualizan todos los requisitos previstos para que dicho acto reclamado sea considerado como consentido en forma expresa. Primer requisito En primer lugar, la existencia del aludido acto reclamado se advierte de las constancias que integran este sumario constitucional, en particular, del Acta de once de octubre de dos mil veintidós, relativa a la reunión del Honorable Consejo de Disciplina de la Heroica Escuela Naval Militar en Alvarado, Veracruz, en la que se resolvió: iniciar procedimiento administrativo disciplinario contra el Cadete de Primera Quinto Año de Infantería de Marina Paracaidista ********************, a efecto de conocer la verdad de los hechos por su probable falta grave a la disciplina naval y, radicar el expediente ******************** (fojas 148-151). Segundo requisito Por otra parte, el perjuicio que el acto causa al quejoso se demuestra con el desconocimiento de éste de los hechos por los cuales se inició en su contra el aludido procedimiento administrativo disciplinario. Lo anterior, porque de la constancia de la notificación del referido procedimiento, no se advierte que se le haya notificado de manera íntegra el acta de once de octubre de dos mil veintidós, relativa al inicio del procedimiento administrativo disciplinario abierto en su contra y, en su caso, se le haya corrido traslado con las pruebas que sirvieron de base para su instauración (fojas 143-146). Con dicho actuar de la responsable se dejó en incertidumbre al quejoso, al no conocer de manera completa los fundamentos y motivos por los cuales se emitió la aludida acta y se determinó el inicio del procedimiento administrativo disciplinario en su contra. Tercer requisito A fin de constatar que, efectivamente, la parte quejosa consintió el inicio del procedimiento administrativo disciplinario abierto en su contra, a través de manifestaciones de su voluntad que entrañan ese consentimiento expreso, se relatan los siguientes antecedentes: 1). El once de octubre de dos mil veintidós, se levantó un acta relativa a la reunión del Honorable Consejo de Disciplina de la Heroica Escuela Naval Militar en Alvarado, Veracruz, en la que se resolvió: iniciar procedimiento administrativo disciplinario contra el Cadete de Primera Quinto Año de Infantería de Marina Paracaidista ********************, a efecto de conocer la verdad de los hechos por su probable falta grave a la disciplina naval y, radicar el expediente ******************** (fojas 148-151). 2). Mediante oficio sin número de veintidós de octubre siguiente, el cadete ******************** designó al Tte. Frag. IM.P. Mario Cortés Santiago, como su defensor en dicho procedimiento (foja 128). 3). Mediante oficio 253/2022, de veinticuatro de octubre del citado año, signado por el Presidente del Honorable Consejo de Disciplina de la Heroica Escuela Naval Militar, se notificó al Tte. Frag. IM.P. Mario Cortés Santiago, su designación como defensor del cadete investigado, a fin de que lo asistiera jurídicamente en la audiencia que al efecto se desahogara en dicho procedimiento (foja 127). 4). Por diverso oficio 404/20222, de quince de diciembre de dos mil veintidós, signado por el Presidente del Honorable Consejo de Disciplina de la Heroica Escuela Naval Militar, se notificó al cadete ******************** que feneció el plazo de quince días para inconformarse con la sanción impuesta en el aludido procedimiento disciplinario, precisamente en la audiencia celebrada el veinticuatro de noviembre anterior en la que se le consideró culpable de mala conducta respecto de uno de los cargos que se le atribuyeron, por lo que se le aplicó la sanción de: PÉRDIDA TOTAL DE RECESO ACADÉMICO CUANDO TENGA DERECHO AL MISMO (fojas 187-188). 5). Luego, mediante escrito de quince de diciembre veintidós, el cadete quejoso comunicó al Presidente del Honorable Consejo de Disciplina de la Heroica Escuela Naval Militar, que en esa propia fecha comenzó a cumplir con la sanción disciplinaria que se le impuso (foja 189) y, mediante diverso escrito de diez de enero de dos mil veintitrés, dicho cadete comunicó al mismo órgano disciplinario, la terminación del cumplimiento de la sanción disciplinaria aludida, lo cual ocurrió el tres de enero del citado año (foja 190). 6). Finalmente, a través del oficio 035/23 de diez de enero de dos mil veintitrés, el Presidente del Honorable Consejo de Disciplina de la Heroica Escuela Naval Militar comunicó al cadete quejoso que al haber cumplido con la sanción impuesta, se le restableció al servicio efectivo (foja 191). Hasta aquí los antecedentes. De lo hasta aquí expuesto, se evidencia que, un primer momento, esto es, el quince de diciembre de dos mil veintidós, el cadete quejoso compareció en el procedimiento administrativo disciplinario de origen a fin de manifestar que ese mismo día comenzaría a cumplir con la sanción impuesta y, en un segundo momento, a saber, el diez de enero de dos mil veintitrés, compareció nuevamente para manifestar el cumplimiento de la aludida sanción. Atento ello, resulta claro y evidente que con esas manifestaciones el quejoso se sometió expresamente a lo decido por la autoridad al resolver el procedimiento disciplinario abierto en su contra, en el cual fue encontrado culpable de un cargo y sancionado a la pérdida total de receso académico cuando tuviera derecho al mismo. Ante ese panorama, es posible inferir válidamente que, desde el momento en que la parte quejosa comunicó por escrito a la autoridad responsable Presidente del Honorable Consejo de Disciplina de la Heroica Escuela Naval Militar, su intención de cumplir con la sanción impuesta en dicho procedimiento y su posterior CUMPLIMIENTO TOTAL de la misma, se actualizó la hipótesis normativa de consentimiento expreso, contenida en la fracción XIII del dispositivo 61 de la Ley de Amparo, porque desde ese instante realizó manifestaciones de voluntad en forma expresa tendentes a consentir el inicio del procedimiento administrativo disciplinario abierto en su contra con el número ********************, que constituye el acto reclamado en el presente asunto, lo que produce la improcedencia del presente juicio de amparo. Lo mismo ocurre respecto de las disposiciones normativas tildadas de inconstitucionales, dado que si el quejoso realizó manifestaciones expresas que consintieron el inicio del procedimiento administrativo disciplinario abierto en su contra, el cual señaló como primer acto de aplicación de aquéllas, entonces es evidente que también consintió expresamente dichas normas y, por tanto, también es improcedente el juicio de amparo respecto de éstas. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis aislada que dice: "ACTOS CONSENTIDOS. Si el quejoso se allanó a cumplir con la ley de donde emana el acto reclamado, es indudable que se conformó con la misma, y este consentimiento trae como consecuencia el del acto que reclama, en si mismo, y la improcedencia del juicio de garantías, en los términos del artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo; sin que obste que el quejoso haya intentado la acción constitucional en contra de la ley creadora del acto, dentro de los quince días siguientes al del mismo acto reclamado, pues la improcedencia del amparo establecida a "contrario sensu" por la citada disposición legal, presupone necesariamente que no ha habido consentimiento alguno, ni tácito ni expreso, del propio acto reclamado." De igual forma, por analogía, sirve de respaldo a la conclusión aquí alcanzada, la tesis de jurisprudencia 2a. XXVII/99 que dice: "CONSENTIMIENTO EXPRESO. SE PRESENTA CUANDO EL QUEJOSO SE ACOGE A UN BENEFICIO ESTABLECIDO A SU FAVOR, CUYO NACIMIENTO SE ENCUENTRA CONDICIONADO POR LA OBLIGACIÓN O PERJUICIO QUE LE OCASIONA EL ACTO RECLAMADO. El artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo establece que el juicio es improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento, lo cual debe entenderse como el acatamiento consciente que se hace de una ley o acto que cause un agravio o perjuicio presente y actual al quejoso. En esas condiciones, si el acto o la ley reclamada en el amparo establece diversas prescripciones, entre las que se encuentra un beneficio en favor del particular afectado, cuyo nacimiento está condicionado necesariamente a la aceptación del perjuicio o agravio, una vez que el quejoso haya aceptado aquél, dicha conducta supone también la aceptación de este último, por lo que el juicio resulta improcedente en los términos del precepto antes citado." Asimismo, debido a que, como se vio, el quejoso realizó manifestaciones que extrañan su intención y posterior cumplimiento total de la única sanción que se le impuso, a saber, la pérdida total de receso académico cuando tuviera derecho al mismo; entonces, debe considerarse que se conformó con la decisión y consecuencias integrales que implican el acto de autoridad reclamado; lo que es acorde con el criterio de jurisprudencia 2a./J. 8/2018 (10a.) de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que se lee: "CONSENTIMIENTO EXPRESO O POR MANIFESTACIONES DE VOLUNTAD QUE LO ENTRAÑEN. NO SE ACTUALIZA EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR EL PATRÓN CONTRA UN LAUDO RESPECTO DEL CUAL PREVIAMENTE HUBIERA CUMPLIDO SÓLO ALGUNA O ALGUNAS DE LAS PRESTACIONES A QUE FUE CONDENADO. El artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo -equivalente al 73, fracción XI, de la abrogada-, establece que el juicio de amparo es improcedente "contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento", lo que se produce cuando, respecto del acto reclamado, el interesado expresa un allanamiento, anuencia o conformidad de manera verbal, por escrito o por signos inequívocos, pero que sea indudable y completo, es decir, debe revelar de manera evidente que se ha conformado con la decisión y consecuencias integrales que implican el acto de autoridad reclamado. Así, el hecho de que, ante un laudo que condene respecto de diversas prestaciones, el patrón cumpla sólo alguna o algunas de esas condenas -quedando pendientes de solucionar o solventar otras- no conlleva el consentimiento del laudo y, por ende, la improcedencia del juicio de amparo en su contra, pues el cumplimiento de una condena sólo se vincula con la decisión que al respecto y de manera destacada haya emitido la autoridad jurisdiccional del trabajo, pero no puede relacionarse con el resto de las prestaciones a que hubiere sido condenado, por lo que esa conducta no debe calificarse como una manifestación clara e inequívoca de que haya consentido el laudo, es decir, de que está conforme con la totalidad de los pronunciamientos en él contenidos, ya que, se insiste, quedan pendientes de solventar las condenas que no fueron objeto de cumplimiento." (Lo subrayado y resaltado es propio de esta sentencia) CONCLUSIÓN En consecuencia, por las razones antes expuestas, se concreta el motivo de improcedencia antes analizado. Por tanto, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el presente asunto respecto de la totalidad de los actos reclamados. Al decretarse el sobreseimiento en el asunto, no resulta permitido el estudio de los conceptos de violación. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos reclamados y por las autoridades responsables, conforme a los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de este fallo. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diez de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Capitán de Navío del Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor 1. Presidente del Consejo de Disciplina de la Heroica Escuela Naval Militar, con sede en Antonio Lizardo, municipio de Alvarado, Veracruz; en atención a su contenido, téngasele dando cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veinticuatro de enero del año en curso, ya que remite diversas constancias en alcance a su informe justificado; en esas condiciones, con fundamento en el artículo 119 de la ley antes citada, se tiene por anunciada las PRUEBAS DOCUMENTALES que anexa al oficio de cuenta, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos del citado artículo 124 de la Ley de Amparo, y con las mismas, así como con el oficio con registro 1109 que obra en autos, dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el citado artículo 124 de la ley de la materia. Notifíquese en términos de ley.

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