Emiliano Cabrera Ramírez

Expediente 203/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
203/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
22/04/2019

Partes del expediente

  • Fiscal Regional de Zamora, Michoacán
  • Emiliano Cabrera Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa y autorizados, el acuerdo y/o resolución de fecha veintidós de abril de dos mil diecinueve, el cual en lo conducente señala: ... Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se desprende que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto siete de marzo de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de garantías que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, mismo que transcurrió del quince al veinticinco de marzo de dos mil diecinueve; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención; en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional, ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente, así también que de no comparecer dentro del plazo de tres días a recoger las copias de demanda que exhibió, sin previo acuerdo se ordenará su destrucción...

  2. Principal

    ...Agréguese el escrito signado por el quejoso EMILIANO CABRERA RAMÍREZ, mediante el cual cumple con la prevención realizada en auto de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, en la que se le requirió para que precisara, el acto que reclamaba en esta instancia constitucional, precisando, como tal, la omisión de ejecutar la orden de aprehensión dictada el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal, del distrito judicial de Zamora, Michoacán, dentro de la causa penal 3/2018, en contra de Juan Carlos Ochoa Sandoval, por la comisión del delito de Fraude Específico, en agravio del quejoso, no obstante, se advierte que resulta notoriamente improcedente pues en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los artículos 1° y 2° y 77 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". En tanto que los artículos 1° y 2° disponen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley". "Artículo 2o. El juicio de amparo se tramitará en vía directa o indirecta. Se substanciará y resolverá de acuerdo con las formas y procedimientos que establece esta Ley" "Artículo 77. Los efectos dela concesión de amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley". La interpretación gramatical y teleológica de tales disposiciones pone de manifiesto que la procedencia del juicio de amparo, respecto de las hipótesis enumeradas en el artículo 107 de la Ley de Amparo, tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite respecto de normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, como el objeto del juicio de amparo es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado, con el fin de restituirlo en el goce de los derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador estableció como principio que rige su procedencia, la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. Sin embargo, en ninguna de esas hipótesis se ubica, el acto de omisión reclamado, por el aquí quejoso, relativo a ejecutar la orden de aprehensión de que se trata. Ello, porque tal acto no constituye una controversia suscitada respecto de normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo objeto es el estudio en el juicio de amparo. Lo anterior, porque se advierte que ese acto involucra una cuestión relacionada con la actuación o el cumplimiento de las funciones de las autoridades en su ámbito administrativo, empero reclamados de manera genérica y no específica, como lo marca la técnica y la procedencia del juicio de amparo, esto es, no se reclamó como un acto concreto de aplicación, sino como como un acto genérico de omisión. Esto es, las facultades exclusivas de las autoridades administrativas, en su calidad de auxiliares en la administración de justicia, constituyen un derecho social que no conforma la esfera jurídica de los particulares, y que no pueden ser reclamados en amparo indirecto, pues tales actos revisten el carácter de interés público. Por tanto, la presunta omisión de ejecutar una orden de captura, no puede ser reclamada como tal, dado que para cumplimentar las órdenes de aprehensión o detención dictadas por autoridades facultadas, aquéllas realizan diversas actos tendentes a lograr su cumplimiento que no incumbe al gobernado dado el sigilo al que están sujetas sus investigaciones, esto es, en el caso no existe un interés particular oponible al interés general, pues en todo caso, ante la existencia de una omisión se actualizaría una responsabilidad administrativa. Se cita al respecto la tesis Aislada II.2o.P.50 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal Del Segundo Circuito, visible en la página 2497, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, Materia Penal, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "MINISTERIO PÚBLICO. SI EN EL AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA EL HECHO DE QUE ESA REPRESENTACIÓN SOCIAL ACUERDE SOBRE LA CONSIGNACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA O CARPETA DE INVESTIGACIÓN, EJERCITA LA ACCIÓN PENAL Y SOLICITA LA ORDEN DE APREHENSIÓN O AUDIENCIA PARA FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN, EL JUICIO CONSTITUCIONAL ES IMPROCEDENTE. La representación social puede solicitar la orden de aprehensión o citación, pero contra tal acto, el amparo es improcedente, porque si bien el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa o, en su caso, una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que está facultado para realizar aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, lo cierto es que el desahogo de diligencias para ese fin, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde la Octava Época, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos, lo que no acontece al tratarse de solicitudes ante el órgano judicial respectivo. Por tanto, resulta igualmente improcedente el amparo cuando se reclama el hecho de que el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la averiguación previa o carpeta de investigación, y ejercita la acción penal, pues es al Juez del proceso a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso, porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función a su cargo, lo cual es de orden público e interés social, y consiste en la práctica de diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito, como la consignación en sí y solicitar la orden de aprehensión o petición correspondiente; todo lo cual no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, revisten el carácter de actos de interés público como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse, por sí mismos, como generadores de afectar el interés jurídico del quejoso, pues no existe algún derecho particular oponible al interés general relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a una investigación judicializada, máxime que en este último caso, conforme al sistema acusatorio, el Ministerio Público, en cuanto a dicha solicitud, pierde, incluso, el carácter de autoridad, el juicio de amparo es improcedente." Así como la tesis aislada XXIV.17 P, del entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, visible en la foja 2119, Tomo XXV, Mayo de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ORDEN DE APREHENSIÓN. LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE EJECUTARLA, NO ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO, SINO QUE EN TODO CASO EL OFENDIDO, LA VÍCTIMA O EL DENUNCIANTE PUEDEN EJERCITAR LAS ACCIONES QUE CONTEMPLA LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE NAYARIT. La omisión del Ministerio Público de ejecutar una orden de aprehensión no puede equipararse a un desistimiento de la acción penal, porque su ejecución está vinculada a un mandamiento de la autoridad judicial, el cual no podría desatenderse sin que los servidores públicos encargados de ella incurrieran en responsabilidad en los términos de la ley respectiva. En ese sentido, dicha circunstancia resulta determinante para considerar improcedente el juicio de garantías en su contra, pues los factores que inciden en la inejecución de un mandato de captura son múltiples y variados, y muchas veces ajenos a la autoridad ejecutora; por ende, para el caso de que algún ofendido, víctima o denunciante considere que de manera dolosa el Ministerio Público omitió dar cumplimiento a una orden de aprehensión girada por la autoridad judicial competente, tiene la posibilidad de ejercitar las acciones que contempla la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit." Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, procede DESECHAR la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, y autorizados el acuerdo y/o resolución de fecha siete de marzo de dos mil diecinueve, el cual en lo conducente señala: ...Agréguese el escrito signado por el quejoso EMILIANO CABRERA RAMÍREZ, mediante el cual cumple con la prevención realizada en auto de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, en la que se le requirió para que precisara, el acto que reclamaba en esta instancia constitucional, precisando, como tal, la omisión de ejecutar la orden de aprehensión dictada el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal, del distrito judicial de Zamora, Michoacán, dentro de la causa penal 3/2018, en contra de Juan Carlos Ochoa Sandoval, por la comisión del delito de Fraude Específico, en agravio del quejoso, no obstante, se advierte que resulta notoriamente improcedente pues en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los artículos 1° y 2° y 77 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". En tanto que los artículos 1° y 2° disponen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley". "Artículo 2o. El juicio de amparo se tramitará en vía directa o indirecta. Se substanciará y resolverá de acuerdo con las formas y procedimientos que establece esta Ley" "Artículo 77. Los efectos dela concesión de amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley". La interpretación gramatical y teleológica de tales disposiciones pone de manifiesto que la procedencia del juicio de amparo, respecto de las hipótesis enumeradas en el artículo 107 de la Ley de Amparo, tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite respecto de normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, como el objeto del juicio de amparo es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado, con el fin de restituirlo en el goce de los derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador estableció como principio que rige su procedencia, la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. Sin embargo, en ninguna de esas hipótesis se ubica, el acto de omisión reclamado, por el aquí quejoso, relativo a ejecutar la orden de aprehensión de que se trata. Ello, porque tal acto no constituye una controversia suscitada respecto de normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo objeto es el estudio en el juicio de amparo. Lo anterior, porque se advierte que ese acto involucra una cuestión relacionada con la actuación o el cumplimiento de las funciones de las autoridades en su ámbito administrativo, empero reclamados de manera genérica y no específica, como lo marca la técnica y la procedencia del juicio de amparo, esto es, no se reclamó como un acto concreto de aplicación, sino como como un acto genérico de omisión. Esto es, las facultades exclusivas de las autoridades administrativas, en su calidad de auxiliares en la administración de justicia, constituyen un derecho social que no conforma la esfera jurídica de los particulares, y que no pueden ser reclamados en amparo indirecto, pues tales actos revisten el carácter de interés público. Por tanto, la presunta omisión de ejecutar una orden de captura, no puede ser reclamada como tal, dado que para cumplimentar las órdenes de aprehensión o detención dictadas por autoridades facultadas, aquéllas realizan diversas actos tendentes a lograr su cumplimiento que no incumbe al gobernado dado el sigilo al que están sujetas sus investigaciones, esto es, en el caso no existe un interés particular oponible al interés general, pues en todo caso, ante la existencia de una omisión se actualizaría una responsabilidad administrativa. Se cita al respecto la tesis Aislada II.2o.P.50 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal Del Segundo Circuito, visible en la página 2497, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, Materia Penal, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "MINISTERIO PÚBLICO. SI EN EL AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA EL HECHO DE QUE ESA REPRESENTACIÓN SOCIAL ACUERDE SOBRE LA CONSIGNACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA O CARPETA DE INVESTIGACIÓN, EJERCITA LA ACCIÓN PENAL Y SOLICITA LA ORDEN DE APREHENSIÓN O AUDIENCIA PARA FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN, EL JUICIO CONSTITUCIONAL ES IMPROCEDENTE. La representación social puede solicitar la orden de aprehensión o citación, pero contra tal acto, el amparo es improcedente, porque si bien el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa o, en su caso, una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que está facultado para realizar aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, lo cierto es que el desahogo de diligencias para ese fin, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde la Octava Época, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos, lo que no acontece al tratarse de solicitudes ante el órgano judicial respectivo. Por tanto, resulta igualmente improcedente el amparo cuando se reclama el hecho de que el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la averiguación previa o carpeta de investigación, y ejercita la acción penal, pues es al Juez del proceso a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso, porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función a su cargo, lo cual es de orden público e interés social, y consiste en la práctica de diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito, como la consignación en sí y solicitar la orden de aprehensión o petición correspondiente; todo lo cual no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, revisten el carácter de actos de interés público como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse, por sí mismos, como generadores de afectar el interés jurídico del quejoso, pues no existe algún derecho particular oponible al interés general relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a una investigación judicializada, máxime que en este último caso, conforme al sistema acusatorio, el Ministerio Público, en cuanto a dicha solicitud, pierde, incluso, el carácter de autoridad, el juicio de amparo es improcedente." Así como la tesis aislada XXIV.17 P, del entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, visible en la foja 2119, Tomo XXV, Mayo de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ORDEN DE APREHENSIÓN. LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE EJECUTARLA, NO ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO, SINO QUE EN TODO CASO EL OFENDIDO, LA VÍCTIMA O EL DENUNCIANTE PUEDEN EJERCITAR LAS ACCIONES QUE CONTEMPLA LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE NAYARIT. La omisión del Ministerio Público de ejecutar una orden de aprehensión no puede equipararse a un desistimiento de la acción penal, porque su ejecución está vinculada a un mandamiento de la autoridad judicial, el cual no podría desatenderse sin que los servidores públicos encargados de ella incurrieran en responsabilidad en los términos de la ley respectiva. En ese sentido, dicha circunstancia resulta determinante para considerar improcedente el juicio de garantías en su contra, pues los factores que inciden en la inejecución de un mandato de captura son múltiples y variados, y muchas veces ajenos a la autoridad ejecutora; por ende, para el caso de que algún ofendido, víctima o denunciante considere que de manera dolosa el Ministerio Público omitió dar cumplimiento a una orden de aprehensión girada por la autoridad judicial competente, tiene la posibilidad de ejercitar las acciones que contempla la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit." Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, procede DESECHAR la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    ...Agréguese el oficio número 400-08-00-00-00-2019-0054, signado por el Administrador Central de Apoyo Jurídico de Recaudación, en ausencia del Administrador General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en la ciudad de México, por medio del cual informa que conminó a las autoridades responsables al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Michoacán "1", del Servicio de Administración Tributaria y al Verificador, Notificador y/o Ejecutor adscrito a la referida Administración, ambos con residencia en esta ciudad, para que den cumplimiento a la ejecutoria de amparo...

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,297 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano