Emigdio Casimiro Espinoza

Expediente 436/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
436/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
18/09/2023

Partes del expediente

  • Emigdio Casimiro Espinoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término quince días que refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, del que disponía la parte quejosa en el presente asunto, para interponer el recurso de inconformidad en contra del auto de ocho de agosto de dos mil veintitrés, en el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio, mismo que fue notificado a la parte quejosa el veintitrés de febrero siguiente, transcurrió del diecisiete de agosto al seis de septiembre, ambos de dos mil veintitrés,, sin que lo hicieran; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, con apoyo en el artículo 196, cuarto párrafo en relación con el 214 de la Ley de Amparo, remítase el presente juicio al archivo como asunto totalmente concluido. Finalmente, vistos los autos del presente expediente y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Quinto Transitorio, Titulo Segundo, Capítulo Primero, artículo 6; Capítulo Segundo, ordinal 8; capítulo Tercero numeral 14, fracción II, y, Capítulo Quinto, numeral 17, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto es CONSERVABLE al ubicarse en la hipótesis prevista en el Capítulo Quinto, artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo en mención. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de agosto de dos mil veintitrés. Vistos los presentes autos, y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa, no realizó manifestación en relación con las constancias remitidas por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, procede a pronunciar resolución sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: Mediante sentencia de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, dictada por este órgano jurisdiccional, en la cual se concedió el amparo y protección de la justicia federal a ********************, para el efecto de que la responsable Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: "- De inmediato emita el acuerdo respectivo, en relación a la admisión y/o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral ********************/2021". b) En auto de catorce de junio de dos mil veintitrés, causó ejecutoría la sentencia definitiva y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. c) Así el Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, en cumplimiento a la citada ejecutoria realizó lo siguiente: 1.- Mediante el oficio J30/4523/2023-KCRR, de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, recibido en oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el veintidós siguiente, por medio del cual la responsable anexó en original el acuerdo emitido el veintiuno de junio de dos mil veintitrés dictado dentro del juicio laboral ********************/2021; en el que se proveyó respecto de la admisión y/o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes en el controvertido de origen. Con base en lo hasta aquí expuesto, se declara que en la especie la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad, sin excesos ni defectos, puesto que el Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante veintiuno de junio de dos mil veintitrés dictado dentro del juicio laboral ********************/2021; en el que se proveyó respecto de la admisión y/o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes en el controvertido de origen; sin que la parte quejosa realizara manifestación en contrario a dicho cumplimiento; de ahí, como se mencionó se tenga por cumplida la ejecutoria de amparo sin excesos ni defectos. Sirve de apoyo la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 22/2021 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pública en la página 1891, Libro 1, Mayo de 2021, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, con número de registro 2023104, que a la letra dice: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO DE DISTRITO POR VACACIONES DEL TITULAR, ESTÁ FACULTADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA, POR SU CARÁCTER URGENTE. Hechos: Uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si el pronunciamiento sobre el cumplimiento de una sentencia de amparo puede estimarse como un auto de trámite o una resolución de carácter urgente y, en consecuencia, si el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones de su titular está facultado para decidir sobre el particular, sostuvo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dicho secretario está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, habida cuenta que de los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo se desprende que el juzgador debe dictar las medidas necesarias para que tales ejecutorias se cumplimenten a la brevedad para resarcir el quebranto al orden público derivado de los actos declarados inconstitucionales, de lo que se sigue que el pronunciamiento sobre su debido acatamiento constituye una resolución de carácter urgente; en cambio, el otro tribunal contendiente determinó que atendiendo a lo previsto en los preceptos legales en cita, la declaratoria de cumplimiento o incumplimiento de una ejecutoria de amparo no puede estimarse como un acuerdo de trámite, dado que puede derivar en la imposición de una multa a las autoridades responsables e incluso en su destitución y consignación, ni tampoco como una resolución urgente, tan es así que es legalmente factible ampliar el plazo concedido inicialmente a las responsables para acreditar su acatamiento, de lo que se sigue que el secretario encargado del juzgado por vacaciones del titular carece de atribuciones para resolver al respecto. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones del titular está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, en tanto es menester que al concluir el plazo concedido a las autoridades responsables para demostrar su acatamiento o al fenecer el plazo de la vista otorgada a la parte quejosa y a la parte tercero interesada con las constancias relativas, se determine si los deberes impuestos en el fallo protector se encuentran satisfechos para, en su caso, dictar las medidas necesarias para conseguirlo, máxime que la urgencia de la decisión no radica exclusivamente en los posibles daños que se podrían ocasionar al agraviado en caso de que la sentencia no se ejecute de inmediato, sino también en lograr el objetivo del juicio de amparo, el cual estriba en restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado a la brevedad posible, a fin de evitar que el retraso en la ejecución de la decisión torne nugatoria la protección de la Justicia Federal. Justificación: En el dictamen a la iniciativa de la Ley de Amparo en vigor, se precisó que la ejecución de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal constituye una parte toral del juicio de amparo, en tanto que su objetivo es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho vulnerado con el acto declarado inconstitucional; por tal razón se estimó necesario implementar medidas que permitan lograr su eficaz y oportuno cumplimiento, habida cuenta que las dilaciones o fallas en su ejecución podrían anular sus efectos restitutorios. Lo que se corrobora al tener en cuenta que el derecho de acceso a la justicia que se tutela en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conlleva para los órganos jurisdiccionales el deber de garantizar la efectividad de los recursos y los medios de defensa, lo que de suyo implica asegurar la debida ejecución de sus decisiones sin dilaciones indebidas o innecesarias. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que de acuerdo con el principio de efectividad de los recursos o medios de defensa previsto en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios, lo que puede ocurrir, por ejemplo, al verificarse cualquier situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión, o en la ejecución de la misma. Incluso, el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención establece la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso, lo que significa que la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia porque se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas. Luego, es claro que en tratándose del juicio de amparo, es indispensable que la ejecución de la reparación al derecho violado, esto es, el cumplimiento del fallo protector, se realice sin dilaciones indebidas o injustificadas, pues de lo contrario se tornaría ilusorio y lo dotaría de ineficacia, en detrimento del acceso a la tutela jurisdiccional efectiva." En ese orden de ideas, una vez que transcurra el término de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, a efecto de que alguna de las partes en el presente asunto interponga, de ser su deseo, recurso de inconformidad en contra del presente proveído, provéase lo relativo al archivo de este expediente. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B, RESPECTIVAMENTE, DE LA LEY DE AMPARO, PUBLICADA EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS QUE SE PUBLICA EN ESTE JUZGADO FEDERAL, A LA PARTE QUEJOSA, EL(LA) ACUERDO Y/O RESOLUCIÓN, DE FECHA OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, EL(LA) CUAL EN LO CONDUCENTE SEÑALA: Morelia, Michoacán, ocho de agosto de dos mil veintitrés. Vistos los presentes autos, y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa, no realizó manifestación en relación con las constancias remitidas por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, procede a pronunciar resolución sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: Mediante sentencia de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, dictada por este órgano jurisdiccional, en la cual se concedió el amparo y protección de la justicia federal a ********************, para el efecto de que la responsable Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: "- De inmediato emita el acuerdo respectivo, en relación a la admisión y/o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral ********************/2021". b) En auto de catorce de junio de dos mil veintitrés, causó ejecutoría la sentencia definitiva y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. c) Así el Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, en cumplimiento a la citada ejecutoria realizó lo siguiente: 1.- Mediante el oficio J30/4523/2023-KCRR, de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, recibido en oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el veintidós siguiente, por medio del cual la responsable anexó en original el acuerdo emitido el veintiuno de junio de dos mil veintitrés dictado dentro del juicio laboral ********************/2021; en el que se proveyó respecto de la admisión y/o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes en el controvertido de origen. Con base en lo hasta aquí expuesto, se declara que en la especie la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad, sin excesos ni defectos, puesto que el Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante veintiuno de junio de dos mil veintitrés dictado dentro del juicio laboral ********************/2021; en el que se proveyó respecto de la admisión y/o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes en el controvertido de origen; sin que la parte quejosa realizara manifestación en contrario a dicho cumplimiento; de ahí, como se mencionó se tenga por cumplida la ejecutoria de amparo sin excesos ni defectos. Sirve de apoyo la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 22/2021 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pública en la página 1891, Libro 1, Mayo de 2021, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, con número de registro 2023104, que a la letra dice: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO DE DISTRITO POR VACACIONES DEL TITULAR, ESTÁ FACULTADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA, POR SU CARÁCTER URGENTE. Hechos: Uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si el pronunciamiento sobre el cumplimiento de una sentencia de amparo puede estimarse como un auto de trámite o una resolución de carácter urgente y, en consecuencia, si el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones de su titular está facultado para decidir sobre el particular, sostuvo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dicho secretario está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, habida cuenta que de los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo se desprende que el juzgador debe dictar las medidas necesarias para que tales ejecutorias se cumplimenten a la brevedad para resarcir el quebranto al orden público derivado de los actos declarados inconstitucionales, de lo que se sigue que el pronunciamiento sobre su debido acatamiento constituye una resolución de carácter urgente; en cambio, el otro tribunal contendiente determinó que atendiendo a lo previsto en los preceptos legales en cita, la declaratoria de cumplimiento o incumplimiento de una ejecutoria de amparo no puede estimarse como un acuerdo de trámite, dado que puede derivar en la imposición de una multa a las autoridades responsables e incluso en su destitución y consignación, ni tampoco como una resolución urgente, tan es así que es legalmente factible ampliar el plazo concedido inicialmente a las responsables para acreditar su acatamiento, de lo que se sigue que el secretario encargado del juzgado por vacaciones del titular carece de atribuciones para resolver al respecto. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones del titular está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, en tanto es menester que al concluir el plazo concedido a las autoridades responsables para demostrar su acatamiento o al fenecer el plazo de la vista otorgada a la parte quejosa y a la parte tercero interesada con las constancias relativas, se determine si los deberes impuestos en el fallo protector se encuentran satisfechos para, en su caso, dictar las medidas necesarias para conseguirlo, máxime que la urgencia de la decisión no radica exclusivamente en los posibles daños que se podrían ocasionar al agraviado en caso de que la sentencia no se ejecute de inmediato, sino también en lograr el objetivo del juicio de amparo, el cual estriba en restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado a la brevedad posible, a fin de evitar que el retraso en la ejecución de la decisión torne nugatoria la protección de la Justicia Federal. Justificación: En el dictamen a la iniciativa de la Ley de Amparo en vigor, se precisó que la ejecución de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal constituye una parte toral del juicio de amparo, en tanto que su objetivo es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho vulnerado con el acto declarado inconstitucional; por tal razón se estimó necesario implementar medidas que permitan lograr su eficaz y oportuno cumplimiento, habida cuenta que las dilaciones o fallas en su ejecución podrían anular sus efectos restitutorios. Lo que se corrobora al tener en cuenta que el derecho de acceso a la justicia que se tutela en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conlleva para los órganos jurisdiccionales el deber de garantizar la efectividad de los recursos y los medios de defensa, lo que de suyo implica asegurar la debida ejecución de sus decisiones sin dilaciones indebidas o innecesarias. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que de acuerdo con el principio de efectividad de los recursos o medios de defensa previsto en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios, lo que puede ocurrir, por ejemplo, al verificarse cualquier situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión, o en la ejecución de la misma. Incluso, el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención establece la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso, lo que significa que la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia porque se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas. Luego, es claro que en tratándose del juicio de amparo, es indispensable que la ejecución de la reparación al derecho violado, esto es, el cumplimiento del fallo protector, se realice sin dilaciones indebidas o injustificadas, pues de lo contrario se tornaría ilusorio y lo dotaría de ineficacia, en detrimento del acceso a la tutela jurisdiccional efectiva." En ese orden de ideas, una vez que transcurra el término de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, a efecto de que alguna de las partes en el presente asunto interponga, de ser su deseo, recurso de inconformidad en contra del presente proveído, provéase lo relativo al archivo de este expediente. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, RESPECTIVAMENTE, DE LA LEY DE AMPARO, PUBLICADA EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS QUE SE PUBLICA EN ESTE JUZGADO FEDERAL, A LA PARTE QUEJOSA, EL(LA) ACUERDO Y/O RESOLUCIÓN, DE FECHA VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, EL(LA) CUAL EN LO CONDUCENTE SEÑALA: Morelia, Michoacán, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio J30/4523/2023-KCRR, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite el auto de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, mediante el cual proveyó respecto de las pruebas en el juicio laboral 893/2021; con su contenido dése vista a la parte quejosa para que en el término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su interés convenga al respecto, apercibido que de no hacerlo este órgano jurisdiccional dictara la resolución que en derecho corresponda. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

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