Emiliano Aguilar Cantón
Expediente 45/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 9 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 45/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 14/02/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Emiliano Aguilar Cantón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Agréguese a los presentes autos únicamente para que obre como corresponda el oficio 37/2017 signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, mediante el cual en ejercicio de la intervención que legalmente le corresponde, de acuerdo a lo previsto por los numerales 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, realiza diversas manifestaciones a manera de alegatos; sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que mediante acuerdo dictado el trece de febrero del año en curso (fojas 38 a 41) se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto. Finalmente, como lo solicita el citado Agente, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, según su normativo 2°, expídase a su costa las copias certificadas que solicita y hágasele debida entrega de las mismas, cuando las labores de este Juzgado Federal así lo permitan, previa identificación y razón de entrega que se deje en autos.
- Principal
(AVISO) Toda vez que la parte quejosa y tercero interesada no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado el dieciséis de los corrientes; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de trece de febrero del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de siete del mes y año en curso (fojas 23 a 24), remite copia certificada de la causa penal 19/2016 de su índice, así como las constancias relativas al recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso contra el auto de formal prisión de veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis que constituye el acto reclamado por esta vía. A las referidas constancias se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, atento a lo previsto en el diverso precepto legal 2°. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, cuyo rubro y texto dicen: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena.". En ese orden de ideas, tal como se advierte de las constancias anexas al oficio de cuenta, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, consistente en que esté pendiente de resolverse el recurso ordinario que el quejoso haya interpuesto, y que el mismo puede tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Una vez establecido lo anterior, cabe señalar que el estudio de las causales de improcedencia, al ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación del Juez de amparo, que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, entrar a su estudio, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora, conviene precisar que el acto reclamado por la parte quejosa lo hizo consistir en: El auto de formal prisión de veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis, dictado por el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo en la causa penal 19/2016 de su índice. En ese sentido, del informe rendido por el Juez responsable (foja 22), así como de las constancias que remitió como justificación del mismo, se observa que el quejoso Emiliano Aguilar Canton interpuso recurso de apelación contra el auto de formal prisión que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo, el cual fue admitido por la responsable mediante acuerdo de dos de enero de la anualidad que cursa, estando pendiente su remisión al tribunal de alzada, hasta en tanto quedaran notificadas todas las partes del diverso auto de uno de febrero del año en curso; por tanto, tal circunstancia pone de manifiesto en forma notoria e indudable que está pendiente de resolverse el citado recurso ordinario que el quejoso interpuso contra el acto reclamado, y que pudiera tener por efecto modificar, revocar o nulificar el mismo; lo que a su vez actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado;". Dicha fracción del precepto legal invocado prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando esté pendiente de resolverse el recurso ordinario que el quejoso haya interpuesto, y que el mismo puede tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; esa causa de improcedencia tiene como consecuencia evitar la coexistencia de un medio ordinario de defensa con la instancia constitucional, contra el mismo acto, lo que traería como consecuencia que pudieran emitirse dos resoluciones respecto del mismo planteamiento legal, incluso, podrían ser contradictorias. Bajo ese contexto, para que se actualice la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, es necesario que concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad, contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de amparo; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Asimismo, se puede afirmar que el juicio de amparo, no admite la posibilidad de que coexistan el juicio constitucional y los recursos o medios de defensa ordinarios; es decir, que puedan hacerse valer simultáneamente, permitiendo entonces, primero, el ejercicio de una vía, que excluye a la otra o segundo, el ejercicio de ambas vías, pero no simultáneo sino en todo caso sucesivo, que se actualiza cuando el interesado opta por interponer el recurso o medio de defensa ordinario, hipótesis en la que debe agotar todas las instancias ordinarias subsecuentes y esperar a que éstas sean resueltas antes de promover el amparo, si la resolución definitiva le fuera desfavorable. Ahora, en al caso concreto, la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: "IV. Acto Reclamado: Lo Constituye el Acto Reclamado el Auto de Formal Prisión de fecha 27 de Diciembre del 2016 y Notificada por la Actuaria el día 30 de Diciembre del 2016, que Dictara el C. Juez Responsable, dentro del Proceso Penal Número 19/2016, del Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, que se Me Instruye, por la Comisión del Delito de Fraude Genérico, del que se dice Ofendida la Caja de Previsión y Ahorros del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social a través de su Apoderada Legal María Enriqueta Velázquez Vargas, quien Declara ante la Autoridad que la Misma Caja de Ahorro Absorbe el Desfalco cometido por su Trabajador C. Juan Roberto Ramírez Fernández, en Virtud de las investigaciones Hechas, Dejando a los Ahorradores con los Saldos Correctos. Por lo que el Supuesto Delito se Extingue al ser Resarcida del Daño Ocasionado. Por lo que el Acto Reclamado es Conculcatorio en Mi Perjuicio, aquí Agraviado Directo, de las Garantías de Legalidad y Seguridad Jurídica que Consagran los Artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Federal. Por no Existir Delito Alguno en Mi Contra y mucho menos los Elementos del Tipo Penal, Fundado y Motivado, ya que la responsable se deja llevar por Suposiciones y probabilidades sin estar Acreditado y comprobado mi Responsabilidad y mucho menos Mi Participación en el Supuesto Delito con otras personas y la cual haya Engaño, actuado con Dolo y haber obtenido un Lucro, ya que Desconocía de donde Obtenía el Dinero el C. Juan Roberto Ramírez Fernández para darme los Préstamos. Teniendo la certeza de ser responsable, sin que haya habido datos de la Indagatoria que esté tomando como valoración para Justicia el cuerpo del ilícito. " Asimismo, la autoridad responsable al rendir su informe justificado manifestó lo siguiente: ".De igual forma, hago de su conocimiento que con anterioridad a la presentación de la demanda de que se trata, el quejoso EMILIANO AGUILAR CANTON, mediante escrito de fecha treinta de diciembre de dos mil dieciséis, interpuso recurso de apelación en contra del acto ahora reclamado, consistente en el Auto de Formal prisión dictado en fecha veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis, medio ordinario de defensa que le fue admitido mediante el proveído de fecha dos de enero del presente año y el cual se encuentra en vías de ser enviado al Tribunal de alzada para su substanciación." De las anteriores transcripciones se desprende que el quejoso promovió el presente juicio de amparo señalando como acto reclamado el auto de formal prisión dictado el veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis en la causa penal 19/2016 de la estadística del Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo. De igual forma, se advierte que por acuerdo de dos de enero del año que cursa el Juez responsable admitió el recurso de apelación hecho valer por el ahora quejoso contra el citado auto de término que constituye el acto reclamado en el juicio de control constitucional en que se actúa. Por lo anterior, es evidente que el acto reclamado de que se trata se encuentra subjudice a lo que se resuelva en el recurso de apelación hecho valer por Emiliano Aguilar Canton, en el cual de obtener sentencia favorable quedará insubsistente el acto señalado. Todo lo cual se corrobora con las constancia remitidas por la autoridad responsable como justificación a su informe, las cuales fueron debidamente valoradas en párrafos que anteceden. Es aplicable al caso, la jurisprudencia J/133, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 632, Tomo VII, abril de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CUANDO LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO ORDINARIO ESTÁ PENDIENTE. Si el juicio de amparo se promueve antes de que sea resuelto un recurso ordinario intentado en contra del mismo acto reclamado, éste no tiene el carácter de definitivo y, por ello, es claro que la acción constitucional es improcedente." Así como la tesis 1a. XXII/98, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 61, Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: "RECURSO ORDINARIO INTERPUESTO EN CONTRA DEL ACTO RECLAMADO. HACE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO SE HAYA ACORDADO SU TRÁMITE. En términos del artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional de garantías es improcedente cuando se está tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, por lo que basta que esté acreditado que se interpuso un recurso ordinario en contra del tal acto para que opere la causal en comento, independientemente de que no se haya admitido, pues lo cierto es que se encuentra pendiente de trámite, máxime si no se demuestra que ha habido desistimiento del mismo. Es decir, aun suponiendo que en el recurso todavía no hubiera sido admitido, por estar pendiente de acuerdo, esto no implica, para efectos del juicio de amparo, que no se esté tramitando, debido a que si bien, en términos procesales, todavía no se le da trámite o se desecha o se tiene por no admitido, esto de ninguna manera trae como consecuencia que deba tenerse por no interpuesto, porque conforme a lo dispuesto en el citado numeral, al hablar de que se está tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso, se está haciendo referencia a la existencia de un medio de defensa que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, independientemente de que se alegue que no ha sido admitido, ya que sigue subsistiendo esa posibilidad." En efecto, al actualizarse la causal de improcedencia aludida de manera notoria, manifiesta e indudable, de tal forma que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Lo anterior tiene sustento en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". En ese contexto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia a que alude la fracción XIX del artículo 61 de la ley de la materia. Sin que sea obstáculo para lo anterior el hecho de que no se haya dado vista a la parte quejosa con las documentales de cuenta, en la medida de que, la vista de que se trata, es solo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del informe justificado y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca; además de que ninguna finalidad práctica tendría conceder la oportunidad probatoria, si con ninguna prueba podría desvirtuarse la causal de improcedencia en estudio; y más aún, de considerar lo contrario, una vez transcurrido ese lapso, tendría que celebrarse la audiencia constitucional respectiva, y en ese sentido, la hipótesis contenida en el criterio jurisprudencial en cuestión, nunca se actualizaría. Dado el sentido de esta determinación, se deja insubsistente la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional la cual estaba fijada para las diez horas con veinte minutos del dieciséis de febrero de dos mil diecisiete.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por la Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, por virtud del cual rinde su informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan del mismo y manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de su relación en la audiencia respectiva. De igual modo, se tiene a la autoridad oficiante aportando, como pruebas, las documentales siguientes: ***. Mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Por otra parte, del informe de cuenta se advierte que la autoridad responsable aduce anexar también copia certificada de la causa penal *** de su estadística, sin embargo, es omisa en adjuntar la citada documental de la que emana el acto reclamado por el quejoso. En ese contexto, toda vez que dichas constancias resultan necesarias para la solución del presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, para que en el término de veinticuatro horas remita a este Juzgado, en copia certificada, completa y legible, la causa penal *** de su orden. Asimismo, la responsable oficiante informa que *** interpuso recurso de apelación contra el auto de formal prisión de veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis [acto reclamado] el cual fue admitido mediante acuerdo de dos de enero del presente año y se encuentra pendiente de ser remitido al Tribunal de alzada para su substanciación. En tal virtud, con fundamento en el citado numeral 75 de la ley de la materia, requiérase al Juez responsable para que en el mismo término de veinticuatro horas, remita a este órgano de control constitucional, en copia certificada, completa y legible, las constancias relativas al mencionado recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso contra la resolución que constituye el acto reclamado por esta vía.
- Incidental
(AVISO) Toda vez que la parte tercero interesada no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado el veintisiete de los corrientes; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica la resolución de veinticuatro de enero del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: R E S U E L V E : ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por ***, contra el acto reclamado al Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, consistente en el auto de formal prisión dictado en la causa penal ***, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude genérico, por los motivos expuestos en el cuarto punto considerativo de esta interlocutoria
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