Emigdio Antonio Estrada Muños
Expediente 170/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 170/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Emigdio Antonio Estrada Muños
Actuaciones
- Principal
Se tiene por no presentado el recurso de queja en contra del auto de siete de abril de dos mil dieciséis, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por el quejoso **********. Consecuentemente y en vista de la segunda de las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los cuales se advierte que el plazo de cinco días, a que se refiere el artículo 98, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto dictado el siete de abril del presente año, en el que se desechó la demanda de amparo, ha fenecido y el recurso que hizo valer el quejoso contra el auto de desechamiento, no fue ratificado ni reconocida la firma ante esta instancia jurisdiccional, por ello, con fundamento en los preceptos legales en mención, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, vista la tercera certificación de cuenta, de la que se advierte que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo.
- Principal
(AVISO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado el ocho de los corrientes; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de siete de abril del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Vista la comparecencia de cuenta, se advierte que el seis de abril de dos mil dieciséis compareció el quejoso Emigdio Antonio Estrada Muños y/o Emigdio Antonio Estrada Muñoz, a fin de dar cumplimiento al requerimiento que se le formuló el treinta y uno de marzo del año en curso (foja 57), esto es, reconoció la firma que calza el ocurso que presentó el treinta de marzo de la presente anualidad en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, y ratificó el contenido del mismo; por tanto, habiéndose actualizado el extremo a que se contrae el auto de treinta y uno de los corrientes, se provee: Consideraciones previas. De entrada, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De manera que, el numeral reproducido impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, es por lo que se realiza el análisis respectivo. Luego, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto establecen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Previo a determinar la causal de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del análisis integral de la demanda que nos ocupa se advierte que, bajo protesta de decir verdad, el promovente del amparo manifestó, bajo protesta de decir verdad en lo que interesa, que: "PRIMERO: Que el pronunciamiento de la Sala Administrativa está contenido en la hoja 8 del acuerdo del 12 de enero, el cual consiste, en que determina textualmente que: "SE DESECHA POR IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE NULIDA, (sic) toda vez que lo impugnado no encuadra en los supuestos de competencia de esta sala" SEGUNDO. Que le reviste el carácter de terceros interesados también a: EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE SOLIDARIDAD Y AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUINICIPAL. TERCERO. Que me entere el día cuatro de marzo del 2016, del acuerdo emitido por el honorable C. Magistrado de Sala Constitucional y Administrativa el doce de enero del 2016 Manifestación que constituye una confesión que hace prueba plena en términos del artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De lo anterior, se advierte que los peticionarios de amparo reclaman lo siguiente: Esto es, la parte quejosa reclama el acuerdo de doce de enero de dos mil dieciséis, dentro del expediente S.C.A./A/225/2015 dictado por la Sala Constitucional y Administrativa, del Tribunal Superior de Justicia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Quintana Roo, que recayó a la demanda de responsabilidad patrimonial por actividad administrativa irregular que presentó el quejoso Emigdio Antonio Estrada Muños y/o Emigdio Antonio Estrada Muñoz. Auto del cual señala el quejoso tuvo conocimiento el cuatro de marzo del presente año. En ese contexto, se advierte que en relación con el acto reclamado en este juicio de garantías, se actualiza una causa manifiesta e indudable que hace improcedente el juicio de amparo indirecto, prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la ley de la materia, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Del precepto transcrito, se aprecia que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, prevé que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. La finalidad que persigue la norma legal es que la propia autoridad que dicta el acto reclamado o su superior jerárquico, según sea el caso, examine la legalidad de la resolución que se impugna, con lo que se busca por un lado la economía procesal, ante la propia autoridad y, por otro, evitar que proliferen los amparos innecesariamente, toda vez que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de control constitucional que no constituye una instancia más, por lo que en principio la parte quejosa debe sujetarse a la competencia originaria de las autoridades del fuero común. Lo anterior permite concluir, que para que se actualice la causa de improcedencia referida, es indispensable que se cumplan con los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado sea proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial puede ser modificada, revocada o nulificada. En relación al inciso a), tenemos que la parte quejosa reclama un proveído dictado dentro del expediente S.C.A./A/225/2015 dictado por la Sala Constitucional y Administrativa, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Quintana Roo. Además, en relación a los incisos b) y c), relativos a que la ley conceda un recurso y que, por virtud de éste, el acto se pueda modificar, revocar o nulificar, también se actualizan en razón a que la determinación en comento es impugnable de conformidad con el artículo 208, de la Ey de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, que dispone: "ARTICULO 208.- Podrán ser impugnadas por las partes, mediante recurso de reclamación: I.- Los autos que admitan o desechen la demanda la contestación o las pruebas;." Sobre esta base, se establece que antes de acudir a la promoción del juicio de amparo indirecto, los quejosos, debieron agotar el aludido medio ordinario de defensa, en cumplimiento al principio de definitividad del acto reclamado que rige en esta materia, pues de acuerdo a las disposiciones derivadas del citado ordinal 208, debe decirse que tratándose de los autos contra los cuales se deseche la demanda, procede el recurso de reclamación en contra de ellos, el cual tiene por objeto que la propia autoridad responsable revoque o modifique el proveído combatido. En ese sentido, resulta claro que contra el acuerdo de de doce de enero de dos mil dieciséis, dictado por la Sala Constitucional y Administrativa, del Tribunal Superior de Justicia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Quintana Roo, dentro del expediente S.C.A./A/225/2015, con residencia en esta ciudad, en la que se desechó la demanda presentada por el aquí promovente, procede el recurso de reclamación; por tanto, este juzgado determina que la demanda de amparo indirecto promovida por Emigdio Antonio Estrada Muños y/o Emigdio Antonio Estrada Muñoz, resulta improcedente en términos del artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Orienta lo expuesto la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE GARANTÍAS IMPROCEDENTE, SI NO SE SURTE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. El principio de definitividad consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, el cual se encuentra contemplado en el inciso b) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución General de la República. Ahora bien, tal principio no se satisface con el hecho de haber interpuesto el recurso de apelación en contra de la interlocutoria reclamada vía amparo indirecto y el cual fue desechado, sino que era necesario además impugnar dicho acuerdo para lograr que se admitiera el recurso de apelación interpuesto y que se decidiera el mismo mediante resolución definitiva, modificando, revocando o nulificando la interlocutoria recurrida, resolución definitiva que es la susceptible de reclamarse vía amparo indirecto, y al no dar cumplimiento a ese principio de definitividad, es claro que la demanda de garantías es improcedente y debe desde luego desecharse de plano, conforme a lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 73, en relación con el diverso 145, ambos preceptos de la Ley de Amparo." Aunado a lo anterior, se destaca que la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo prevé diversas excepciones al principio de definitividad; sin embargo, ninguna de ellas se actualiza en el caso concreto, ya que no se está en presencia de actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, el acto no afecta la libertad personal y los quejosos no son terceros extraños al procedimiento. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia VI.2o.C. J/260, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1816, Marzo de 2006, tomo XXIII, Novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por Emigdio Antonio Estrada Muños y/o Emigdio Antonio Estrada Muñoz, contra actos de la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Domicilio procesal y autorizados Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que cita en su escrito inicial de demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Alberto Álvarez Novoa y en términos restringidos a Dalila Yesenia Ávila Euan. Habilitación de horas inhábiles A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio, debiendo verificarlas dentro del plazo de tres días hábiles a que se contrae el diverso numeral 24 de la propia legislación. Anotaciones háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y las capturas deban de efectuarse en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente agréguese a los autos el escrito signado por Alberto Álvarez Novoa, mediante el cual pretende que se reconozca su personalidad como apoderado del quejoso con las copias simples de la escritura pública que anexa a su escrito de cuenta, en tal virtud por cuanto dicha documental se trata de copias simples que carecen de valor, dígase que no ha lugar a proveer su petición, máxime por que hasta este momento procesal no se cuenta con constancias emitidas por la autoridad responsable, de las que pudiera este órgano cerciorarse de su carácter.
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